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Tuesday 19 Mar 2024 | Actualizado a 03:18 AM

Bolivia se nos muere

/ 1 de marzo de 2021 / 01:07

Bajo esta sentencia, Paz Estenssoro en 1985 anunció el fin de la época de la minería, una actividad que dio gloria a Potosí y situó a Bolivia como principal productor de estaño. La marcha fúnebre de la minería estatal fue algo que se preparó desde la época de la misma nacionalización de las minas, ya que los mineros insurrectos habían impuesto la medida, frente a la vacilación del MNR.

Esta actitud de los neoliberales no era nueva: la lucha permanente de la nación contra la anti-nación. Lucha que se retrotrae a la época de la colonia, cuando concesionarios mineros buscaban liberarse de la tutela española y negociar libremente con el capitalismo inglés, o la Guerra del Pacífico donde un impuesto de 10 centavos fue tomado como agresión a la libre empresa. Tanto los conservadores de la plata como los liberales del estaño tenían una misma lógica cuando se trataba de apropiarse de la riqueza de los bolivianos y, a título de libre tránsito, renunciaron a la salida al mar. El nacionalismo del MNR ha dejado enterrada la memoria de Busch y Villarroel, cuyas trágicas muertes se originan en el control de las divisas de la minería por parte del Estado.

Quince años resistió el proletariado minero la agresión de 1985. Con resultado trágico, la fuerza laboral asalariada en la minería se redujo de 50.000 a menos de 2.000. Los yacimientos rentables y los proyectos en marcha de la Comibol fueron entregados a las transnacionales, que hoy se vanaglorian de “sus” proyectos: Manquiri, Bolívar, Porco, San Vicente, Choroma, Caracoles, Colquiri, Huanuni. Las minas conflictivas o marginales se las dieron a las cooperativas, que caen en la bolsa de las transnacionales al vender sus concentrados. Además, se suprimió la regalía minera, que es un derecho de las regiones por la explotación de un recurso natural.

Hoy la minería está pujante. En 2019 fue el principal rubro de exportación, con cerca de $us 4.000 millones anuales de valor exportado —concentrados, lingotes, joyas y desperdicios— , por lo que supera ampliamente a los hidrocarburos y la agroindustria. Sin embargo, Bolivia no vive de los minerales, exportar es simplemente sacar, sin que su valor vuelva al país. La renta minera no llega a 10%. Las operaciones mineras se han ensanchado y el Estado es incapaz de controlar la explotación ilegal y el juqueo; el surgimiento de comercializadoras privadas la viabiliza. Se mantiene la libre exportación de capitales, los exportadores no entregan las divisas al Banco Central. Se ha superado la monoproducción del estaño, se ha diversificado la minería, sin embargo se ha paralizado el proceso de fundición e industrialización. La fuerza laboral llega a 150.000 trabajadores, el 90% informal. Es la época del libre mercado: dejar hacer, dejar pasar, sin importar el costo.

¿Podemos esperar otra cosa? La esperanza nunca muere. El pueblo luchó contra el neoliberalismo, se forjó una nueva Constitución (2009) y recuperó su ajayu. “Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano”. “El Estado podrá suscribir contratos de asociación con personas jurídicas, bolivianas o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales. Debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país”. “La industrialización de los recursos naturales será prioridad en las políticas económicas”. ”Industrialización de los recursos naturales para superar la dependencia de la exportación de materias primas y lograr una base económica productiva, en el marco del desarrollo sostenible”.

Se atacó lo inmediato, lo irritable, la venta del gas: con la nacionalización, los hidrocarburos son de los bolivianos en boca de pozo, la renta petrolera es del 82% y se avanzó en su industrialización.

En el caso de la minería se formuló la Ley Minera 535 (2014) que cambia el régimen de concesiones por el de contrato administrativo minero, que no da derecho propietario, el dueño sigue siendo el Estado; los contratos deben aprobarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) tiene como objetivo lograr el desarrollo productivo diversificado, la transformación de la matriz productiva minera, el desarrollo industrial y la generación de excedentes económicos. Los contratos de asociación que suscriba deben garantizar una participación igual o mayor al 55%. La empresa estatal deja de tener obligaciones de subvención con las cooperativas.

La Ley 535 fue promulgada en 2014, pero al presente no acaba de ponerse en vigencia. ¿Por qué? Mientras tanto golpea la consciencia el legado de Busch, Villarroel, Lechín, López, Édgar Ramírez.

   José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.   

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Dólares

El hueco que deja el MESCP es lo social y distributivo, que se logra direccionando el uso de los recursos nacionales

José Pimentel Castillo

/ 5 de marzo de 2024 / 06:52

El convenio del Gobierno con los empresarios privados se ha mostrado como una solución ante la ausencia de dólares y sus efectos en la economía nacional. ¿Será una solución?

El problema no es nuevo, ni la propuesta la única ensayada para solucionarlo: acelerar la extracción del litio, ahorro en dólares de las remesas, ley del oro, tipo de cambio diferencial, etc.; alternativas que no han dado resultados: todas tienen la lógica de ser atractivos desde la demanda en el mercado de las divisas. Hoy se trata de lo mismo: libre exportación, pagos acelerados de Cedeim, bonos en dólares, apoyo a la producción agrícola, facilidades en el transporte, etc., medidas para que los empresarios aumenten su producción y traigan sus dólares al país o los retiren del mercado negro. Estas nuevas medidas corren el riesgo de no ser atractivas frente al destino actual que se les da: los depósitos e inversiones en el exterior y el ingreso de los dólares en el mercado negro siempre resultan más atractivos que los señuelos propuestos.

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Al final de 2022, el presidente Arce declaró: “récord histórico (en las exportaciones) de 13.653 millones de dólares, con un 23,2 por ciento de incremento respecto a 2021”, sin embargo, ese mismo año las reservas de divisas bajaron $us 847 millones. El hecho muestra que exportar es sacar el producto y no precisamente ingresar divisas: esto se deriva de la lógica neoliberal de la libre exportación de bienes y capitales, “exportar es desarrollo”.

El Modelo Económico Social Comunitario y Productivo (MESCP) busca aumentar la producción, en base a muchos esfuerzos realizados: infraestructura caminera y aeroportuaria, aumento de la capacidad energética, subvención a los combustibles, divisas baratas, provisión de insumos (fertilizantes), liberación para la importación de bienes de capital (maquinaria), programas de riego, etc., estos son los esfuerzos que han logrado un crecimiento de la economía, expresada en la evolución del PIB, que se triplicó de 2006 a 2022..

Sin embargo, el hueco que deja el MESCP es lo social y distributivo, que se logra direccionando el uso de los recursos nacionales, lo contrario da como resultado la concentración de la riqueza, que lamentablemente viene ocurriendo, ante la incapacidad del Estado de controlar el flujo financiero.  Hay sectores empresariales que han sabido concentrar este desarrollo para su beneficio: los empresarios mineros, los agroexportadores, los banqueros, comerciantes, etc., los que, como antes en el capitalismo de Estado, crecen a costa de los recursos captados por el Estado, acumulando, eso sí, su riqueza en el exterior. Mientras tanto el Banco Central de Bolivia (BCB) solo dispone de las divisas captadas por las empresas estatales —hidrocarburos y minería— y carga sobre sí la demanda nacional; agrava la situación el achicamiento de las empresas estatales, que no salen de su condición de rentistas para ser productoras, sin encarar el desafío de desarrollar toda la cadena productiva desde la exploración hasta la industrialización.

El análisis de la estructura del sector exportador nos muestra que todos sus componentes tienen como origen la explotación de los recursos naturales: hidrocarburos, minerales y metales, madera, joyas, aceites y torta de soya. Su fragilidad es grande por las fluctuaciones del mercado y la dependencia de la bondad o el capricho de la naturaleza, eventualidades que solo se pueden superar con la agregación de valor vía la industrialización.

Así se impone la obligatoriedad de entrega de divisas al BCB, para que éste distribuya las mismas, según las políticas de desarrollo nacional. Su utilización puede determinar el rumbo de la política del desarrollo del país, como el cambio de la matriz energética, alentando el cambio de vehículos a combustión por eléctricos y a gas; evitando la importación de productos suntuarios o los que produce la industria nacional; pero también apoyando proyectos estratégicos de industrialización, como lo ha hecho en época de bonanza a proyectos como el litio, la fábrica de fertilizantes y el teleférico. Se trata del control del comercio exterior, como una constatación de la soberanía económica. La obligación es la única manera de lograr el ingreso de divisas al país. Dejarlo a la buena fe de los empresarios, como manifiesta el ministro de Economía, es desconocer la lógica del capital que buscará lucrar en cualquier espacio y lugar que se le presente.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

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En busca de nuestra democracia

Los militares no estaban contentos con su rol subalterno, así se fueron sucediendo golpe tras golpe

José Pimentel Castillo

/ 20 de febrero de 2024 / 06:57

La apertura a la democracia fue algo inesperada. Banzer, a su retorno de una entrevista con el presidente Jimmy Carter, anunció la convocatoria a elecciones, sorpresiva por cuanto el movimiento popular estaba diezmado, luego de la intervención militar a las minas (1976), el sometimiento a los sindicatos con los relacionadores, las universidades controladas, el movimiento campesino aherrojado por el pacto militar-campesino, los partidos políticos destruidos. ¿Qué pasó para que el dictador diera ese paso? Simplemente la estrategia del norte había cambiado, se impuso la democracia “controlada”; fue una parodia de democracia donde se vota pero no se elige. La premisa era clara, al concentrar el poder en una élite, excluye a las mayorías, justificando rebeliones: ya era previsible el triunfo sandinista en Nicaragua (1979).

Banzer cumplió la orden. En noviembre de 1977 sacó una convocatoria para elecciones generales, con la exclusión de medio millar de ciudadanos. La puerta entreabierta abrió paso a la huelga de las mujeres mineras, que con su masificación logró que el dictador diera la amnistía general; esta concesión no implicaba negar su estrategia, tenía el poder para controlar el proceso electoral. Nombró la corte electoral, eligió su candidato, tensó el pacto militar-campesino para garantizar los votos de esa mayoría que alcanzaba el 65% de la población. El fraude fue tan escandaloso que la corte electoral no dudó en anular las elecciones.

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Los militares no estaban contentos con su rol subalterno, así se fueron sucediendo golpe tras golpe, sumándose 13 presidentes en menos de cuatro años. Los golpes fueron alentados por políticos y por las dictaduras de Brasil, Argentina y Paraguay. En este periodo fue la movilización popular obrero-campesina que hacía retroceder a los golpes, la COB era el frente de lucha, sin pretender tomar el Poder Ejecutivo; para llegar a eso había que romper la democracia liberal e implantar un gobierno de los trabajadores, visión que se perdió cuando las banderas socialistas y de poder popular se trocaron por la constitucionalización. Finalmente, la narcodictadura de García Meza les llevó al aislamiento y en 1982 se hizo el traspaso de la presidencia a un civil. Para tomar medidas contra la crisis económica, herencia de la dictadura, el presidente Siles fue preso del parlamento opositor; al final de su mandato declaró la mora de la deuda externa, era tarde.

El fracaso de la Unidad Democrática y Popular arrastró a toda la izquierda, mientras el poder lo mantenía la oligarquía ligada al imperialismo y las fuerzas coercitivas; se impuso el modelo neoliberal en lo económico y el sistema de partidos en lo político. La angurria de poder creó infinidad de partidos, obligando a la sumatoria de sus votos para elegir presidente, las propuestas electorales quedaron atrás; el voto popular dado a uno y en contra de otro desaparecía en la repartija de cargos. El desprestigio fue tal que tuvieron que aplicar mecanismos para recuperar su credibilidad y fortalecer a los partidos: corte electoral de notables, financiamiento estatal y fiscalización de las cuentas, diputados uninominales, defensor del pueblo, participación popular, control social; pronto las recetas eran olvidadas, volviendo a las viejas mañas. Mientras tanto, el modelo neoliberal seguía con la privatización y transnacionalización de los recursos naturales y los servicios, aumentando la pobreza con la flexibilidad laboral.

Desde la profundidad de la marginalidad, el movimiento del campo pudo perfilar una nueva democracia sin partidos políticos: sus eventos sindicales eran fuente de inspiración, sus resoluciones definían objetivos con claridad y preveían los obstáculos, veían unidas la naturaleza y su vida; su subsistencia era una lucha en el mercado capitalista, su lucha gremial siempre concluía en convenios que no se cumplían o eran rechazados por ser políticos, ámbito al que estaban prohibidos; de ahí surgió la necesidad de un instrumento que incursione en la arena política y plasme las resoluciones de sus ampliados y congresos. Su participación en las “guerras” del agua y del gas mostró su perfil de líder nacional.

En momentos de incertidumbre valga la pena recordar, para reafirmar, que nuestra democracia inscrita en la Constitución Plurinacional no es la democracia de partidos, sino la acción organizada del pueblo, que tenga la capacidad de definir objetivos y sea quien ejecute: democracia directa y participativa, debate constante en todos los ámbitos de la vida social. Estar orgulloso de ser y vivir como pueblo, crecer con él.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

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Oro blanco

Sin embargo, no se dice nada de la industrialización del litio, que es el objetivo del Estado Plurinacional

José Pimentel Castillo

/ 6 de febrero de 2024 / 10:50

Cuando en 2008 el presidente Evo Morales, el ministro de minería, la presidencia de la Comibol y la bancada del MAS-IPSP de Potosí escuchamos su clamor de la Frutcas (Federación de Campesinos del Altiplano Sur) “Ahora es Cuando” para comenzar la explotación del litio, la respuesta fue de satisfacción y compromiso: Manos a la obra.

La tarea no fue fácil. El tema, la explotación e industrialización del litio, era nuevo para el mundo minero de Bolivia. Recuerdo a los pioneros que se asentaron en Llipi, un solar alejado de la civilización, sin agua ni luz, viviendo en carpas, enfrentando a una naturaleza arisca que cuida sus tesoros, con temperaturas entre los 19 y -20 grados, con vientos huracanados, un sol en picada; verlos con melenas no lavadas y la barba crecida nos retrotraía a los viejos mineros aventureros, su motivación no era el lucro, sino consolidar la Revolución Democrática y Cultural.

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A los tres años se tenía cuantificadas las reservas del salar, se construyó el campamento para albergar a 150 personas, las piscinas de evaporación, los laboratorios, las plantas piloto para la producción de cloruro de potasio y carbonato de litio. Los gastos efectuados por la Comibol llegaron a $us 19 millones, siendo el costo de la planta piloto de 4 millones. El siguiente paso era encarar la fase industrial: Evaporíticos firmó contratos con las firmas CAMC y Maison/CMEC, por un total de $us 288 millones para la construcción de las plantas de cloruro de potasio y carbonato de litio, mientras Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) asumía el compromiso de construir la infraestructura, caminos, red eléctrica, construcción de las piscinas y dotación de agua; el financiamiento estaba garantizado con un crédito del Banco Central. La planta de cloruro de potasio se entregó en octubre de 2018 y la entrega de la de litio se preveía para 2020.

En 2010 se elaboró la estrategia de la industrialización de los recursos evaporíticos en la cual se tenía como objetivo la construcción de plantas de hidróxido de litio, hidróxido de magnesio, la obtención de materiales catódicos y finalmente la fabricación de baterías; este esfuerzo requiere el concurso de varios sectores como minería, para la provisión de los ánodos y conductores: cobalto, níquel, cobre; la química básica, para ácidos sulfúrico y clorhídrico; hidrocarburos, para el suministro de envases, de hecho, se construirían 43 unidades productivas en torno al litio. Se creó el centro de investigación de La Palca, con laboratorios y una planta piloto para material catódico y otra para la fabricación de baterías. Sus productos fueron probados y comprados, entre otros, por la fábrica de autos eléctricos Quantum. En esta etapa se vio la necesidad de recurrir a alianzas con empresas con conocimiento, capital y mercado asegurado; así se firmó un contrato con ACI Systems de Alemania, para encarar la fase de industrialización; se preveía la obtención de hidróxido de litio en 2019 y de baterías en 2022.

La crisis de 2019 llevó a romper el contrato con ACI Systems y el gobierno de facto paralizó el proyecto en la búsqueda de un método “más eficiente y rápido”, olvidando que solo faltaban dos años para la producción industrial. En noviembre de 2020, el nuevo gobierno introdujo el concepto de extracción directa del litio (EDL) e YLB, postergando sus tareas de concluir el proyecto de la industrialización, lanzó una convocatoria para la aplicación de esta tecnología. Hasta febrero de 2023 se firmaron tres convenios para la producción de más de 100.000 toneladas de carbonato de litio, con una inversión de $us 2.800 millones; estos contratos comprometían la explotación de los salares de Uyuni, Pastos Grandes y Coipasa; pero a casi un año de firmados los convenios, en diciembre de 2023 y enero 2024 se informó de la suscripción de dos nuevos convenios para la instalación de plantas pilotos con las mismas empresas de 2023, para la verificación de la tecnología, que supuestamente en 2021 eran las mejores. La producción comprometida, dentro de dos años, llegaría a 16.000 toneladas y la inversión a $us 500 millones.

Por otro lado, el 26 de enero se lanzó otra convocatoria para aportar nuevas tecnologías en siete salares. Naturalmente son múltiples los deseos de comprar el carbonato de litio de la planta industrial, cuya inauguración fue ampliamente publicitada, pero este año solo producirá 4.000 toneladas.

Sin embargo, no se dice nada de la industrialización del litio, que es el objetivo del Estado Plurinacional, distinto al extractivismo del capitalismo de Estado, que medra de la naturaleza y no se preocupa de darle un valor agregado. En su primera fase, al transformarse en material catódico, el carbonato de litio duplica su valor y, siendo parte de la batería, se eleva a 10. La venta directa del preciado carbonato de litio traería divisas necesitadas, sin embargo, el objetivo aquí debe ser la industrialización del litio, y no su venta como materia prima.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

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Incertidumbres y certezas

El oro nos pone ante el dilema de vida o muerte, hay que defender la vida de los hombres y la naturaleza

José Pimentel Castillo

/ 25 de enero de 2024 / 07:15

En el primer mes del año asoma la incertidumbre. Los problemas no resueltos en la gestión pasada crearon un escenario de alta conflictividad; La Razón lo puntualiza: “Ante críticas por prórroga al menos dos magistrados renuncian”; “Las RIN llegan a los $us 1.709 millones, similar a 2005”; “Montenegro: en la economía informal hay $us 10.000 MM”; “Arce se arropa en el Pacto de Unidad y critica la división”; “Un prorrogado Huarachi en la COB recibe apoyo moral”; “Vinto pide a Huanuni y Colquiri pagar $us 951 por t tratada”; “Lima desahucia a Evo como candidato; él dice que no se rendirá”; “Biodiésel ahorrará $us 450 millones anuales al país”; “El Gobierno instruye austeridad en gastos en entidades públicas”; “Medio Tipuani está bajo el agua, hay 600 familias afectadas”; “CBC invertirá $us 100 MM para emplazar planta piloto de litio”; “Andrónico convoca a reunión para allanar el camino de las judiciales”.

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La postergación de las elecciones judiciales marca un tensionamiento previsible, la situación ha sido creada por intereses políticos confrontados, interferencia de poderes y finalmente negligencia. El Ejecutivo se lava las manos, achacando a la Asamblea Legislativa Plurinacional, olvidando que la cabeza de ella es el Vicepresidente, miembro del Ejecutivo. La solución es simple, pero difícil de aceptarse, convocatoria consensuada de la Asamblea, no hay otra.

El proceso de cambio tiene un titular, las organizaciones sociales, en particular las del área rural, son ellas las que han dicho “votemos por nosotros mismos”; a fuerza de duras luchas este anhelo se coronó con el triunfo del MAS-IPSP en 2005. Su fuerza estuvo en la estructura nacional que tienen, la cohesión de su discurso: anticapitalista y anticolonial, y un liderazgo indiscutible. La función gubernamental las ha debilitado y ha dado paso a su cooptación; el proceso de cambio se frustra si las organizaciones sociales —incluida la COB— no recuperan su autonomía, logren su unidad y erijan un liderazgo, el actual u otro, para desarrollar estas tareas.

El ministro Lima hace de vocero del TCP y tribuno del Poder Electoral y no precisamente de justicia, que es reconocer los derechos de todos y todas. El principal argumento interpuesto para la buscada inhabilitación de Evo Morales es la declaración de la CIDH, la que se dirige al entorno latinoamericano y no solo a Bolivia, así no aplica para que Lula no pueda volver a presentarse a elecciones luego de una pausa; además nuestra Constitución es clara, dos gestiones continuas. No hay tal entuerto.

Escasez de divisas. Uno de los éxitos del modelo económico fue el crecimiento de las exportaciones, cinco veces: lo paradójico es que no hay divisas, la permisividad con el sector privado hace que éste envíe sus ganancias a los paraísos fiscales o simplemente no las devuelven al país, mientras las empresas estatales cargan con las obligaciones nacionales. Sin mayores vueltas, la obligatoriedad de entrega de las divisas al Banco Central resolvería el problema, sin embargo, para esto se necesita decisión y voluntad política. Más allá de esto, ciertamente hay que aumentar la capacidad exportadora del país; el litio era una esperanza, sin embargo, la gestión se ha avocado a firmar convenios que no dan resultado. La empresa china CBC acaba de firmar un nuevo contrato para instalación de una planta piloto para la producción de 2.500 toneladas de carbonato de litio; en 2022 se comprometieron a instalar una planta de 150.000 toneladas. ¿Es que los convenios no son obligatorios?

La pelea entre las empresas estatales las muestra como feudos, consecuencia de la inexistencia de un ente matriz y director de la cadena productiva minera; la situación actual llevará a la quiebra a las empresas. Si bien Vinto debe a Huanuni y Colquiri $us 90 millones y $us 25 millones, respectivamente, cada una debe más de $us 50 millones al Estado. Urge la integración de las empresas en una corporación minera metalúrgica.

La sustitución del diésel por el biodiésel ahorrará $us 400 millones por año, pero se dejará de exportar $us 250 millones de aceite de soya por su utilización en el proceso, ya que las plantaciones de palma negra, sorgo, morococo, no existen. Lo mejor sería prohibir la importación de automotores que funcionan con diésel y gasolina, y facilitar el ingreso de eléctricos y a gas.

El oro nos pone ante el dilema de vida o muerte, hay que defender la vida de los hombres y la naturaleza; pero, ante todo, defender la riqueza del país. Requerimos un esfuerzo nacional para la explotación racional, la seguridad de los trabajadores y habitantes de las regiones productoras y el beneficio de todos/todas los bolivianos, el oro lo garantiza.

Así el año se pinta difícil, pero los problemas no son insolubles, simplemente hay que recuperar el ajayu plurinacional, ser amplios y ponerse a trabajar.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

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Loas o acciones

La planta de carbonato de litio es una frustración, los afanes innovadores negaron lo avanzado

José Pimentel Castillo

/ 9 de enero de 2024 / 10:24

La pertinencia de un modelo se demuestra por los resultados y éstos no son solo producto de la concepción correcta en el contexto concreto, sino fundamentalmente la forma cómo se la viabiliza. El Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) es una respuesta de la sociedad boliviana a partir de su lucha contra el modelo neoliberal: excluyente, especulador del mercado, concentrador del excedente y cipayo a los mandatos de las grandes potencias. Es un cambio en la manera de concebir la construcción de la sociedad, no como la suma de individuos, sino de comunidades en su territorio, buscando su vivir bien.

 Este modelo, que cautivó con su acción redistributiva de los excedentes creados con base en la renta petrolera, se fue agotando con el declinar de ésta: por lo dubitativo de la gestión gubernamental, incapaz de exigir inversión a las transnacionales y timorata para remplazarlas; por la exacción a las empresas estatales para las subvenciones en un esfuerzo nacional, liberando al sector privado; manteniendo el libre comercio exterior que permite la fuga de divisas, por todo ello, paradójicamente se han quintuplicado las exportaciones pero no hay dólares. Las divisas que ingresan al Banco Central las generan las empresas estatales y las remesas de bolivianos y bolivianas en el exterior; la economía comunitaria va desapareciendo; la producción cooperativista no ayuda a superar las desigualdades sociales, al contrario, encubre la más dura explotación del trabajador y la naturaleza, alentada por transnacionales encubiertas en prestadoras de servicios y comercializadoras, convirtiéndose en la principal fuente del saqueo del país.

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Hoy un ruido asoma, nos pone en el dilema de afirmar si estos sonidos estentóreos son los de su ocaso o del parto que no logra vida plena. En efecto, lo recorrido no muestra una línea continua de acciones que concreten lo buscado, tal vez la urgencia de la gestión, más riqueza, nos hizo perder de vista cómo lograrlo, llevando a la exclusión de las fuerzas del pueblo, que son inagotables. Se trata de identificar objetivos deseados, capaces de lograrse con esfuerzo, no hay otra manera de ir creando la fe en su capacidad de conducción. Lo otro es delegar a un técnico que hará los esfuerzos requeridos y tal vez logre lo buscado, pero un fracaso solo pone una mancha negra en su hoja de vida, mientras para el pueblo será una verdadera decepción, creando las bases del qué me importa, es decir su exclusión de la gestión.

Veamos un ejemplo. La planta de carbonato de litio es una frustración, los afanes innovadores negaron lo avanzado; no se preparó la mina, en este caso piscinas, mientras se concluía la planta; el bochorno fue grande, se despidió al gerente; desde hace tiempo en la planta no hay sindicato, los comunarios han sido marginados de la gestión y la gente que inició el proyecto fue despedida; ¿quién podía dar la alerta, sin ser tildado de dinosaurio? Las pérdidas son cuantiosas, el desprestigio es mayor para la empresa pública.

Otro ejemplo es el de Huanuni y Vinto. El proceso de nacionalización unificó a todos, la absorción de más de 3.500 nuevos trabajadores imponía el aumento de la producción, así se planteó la construcción de un ingenio que trate 3.000 toneladas de mineral diarias, a la vez que se construía un nuevo horno de fundición para duplicar su producción. En total, una inversión de $us 120 millones que, al presente, luego de cinco años de haberse concluido las plantas, no dan réditos; esto por desidia, por anteponer los intereses personales, seccionales y hasta regionales sobre los nacionales. Las dos empresas están en quiebra técnica y no se inmuta nadie. El desprestigio se profundiza.

YPFB se queda sin gas y sin mercado, cunde el pánico; los únicos que no se pronuncian son los trabajadores, parece que tienen ganado el paraíso; el camino que le queda es disponer del poco gas que se tiene para el consumo interno y la industrialización de los polímeros, para obtener una gama de fibras plásticas; la planta de urea es un ejemplo a seguir de la cadena de valor. Si no es así, ¿para qué tenemos empresas estatales, llamadas estratégicas?

El MESCP merece, más que loas, una reivindicación, ser participativo, englobar a todos los actores en el rol que les corresponda, invertir soberanamente en la cadena de valor de los recursos naturales, desarrollar los recursos humanos en este empeño contra el atraso tecnológico; nuestra lucha es por construir una sociedad avanzada y justa.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

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