Voces

viernes 23 abr 2021 | Actualizado a 06:43

Bolivia se nos muere

/ 1 de marzo de 2021 / 01:07

Bajo esta sentencia, Paz Estenssoro en 1985 anunció el fin de la época de la minería, una actividad que dio gloria a Potosí y situó a Bolivia como principal productor de estaño. La marcha fúnebre de la minería estatal fue algo que se preparó desde la época de la misma nacionalización de las minas, ya que los mineros insurrectos habían impuesto la medida, frente a la vacilación del MNR.

Esta actitud de los neoliberales no era nueva: la lucha permanente de la nación contra la anti-nación. Lucha que se retrotrae a la época de la colonia, cuando concesionarios mineros buscaban liberarse de la tutela española y negociar libremente con el capitalismo inglés, o la Guerra del Pacífico donde un impuesto de 10 centavos fue tomado como agresión a la libre empresa. Tanto los conservadores de la plata como los liberales del estaño tenían una misma lógica cuando se trataba de apropiarse de la riqueza de los bolivianos y, a título de libre tránsito, renunciaron a la salida al mar. El nacionalismo del MNR ha dejado enterrada la memoria de Busch y Villarroel, cuyas trágicas muertes se originan en el control de las divisas de la minería por parte del Estado.

Quince años resistió el proletariado minero la agresión de 1985. Con resultado trágico, la fuerza laboral asalariada en la minería se redujo de 50.000 a menos de 2.000. Los yacimientos rentables y los proyectos en marcha de la Comibol fueron entregados a las transnacionales, que hoy se vanaglorian de “sus” proyectos: Manquiri, Bolívar, Porco, San Vicente, Choroma, Caracoles, Colquiri, Huanuni. Las minas conflictivas o marginales se las dieron a las cooperativas, que caen en la bolsa de las transnacionales al vender sus concentrados. Además, se suprimió la regalía minera, que es un derecho de las regiones por la explotación de un recurso natural.

Hoy la minería está pujante. En 2019 fue el principal rubro de exportación, con cerca de $us 4.000 millones anuales de valor exportado —concentrados, lingotes, joyas y desperdicios— , por lo que supera ampliamente a los hidrocarburos y la agroindustria. Sin embargo, Bolivia no vive de los minerales, exportar es simplemente sacar, sin que su valor vuelva al país. La renta minera no llega a 10%. Las operaciones mineras se han ensanchado y el Estado es incapaz de controlar la explotación ilegal y el juqueo; el surgimiento de comercializadoras privadas la viabiliza. Se mantiene la libre exportación de capitales, los exportadores no entregan las divisas al Banco Central. Se ha superado la monoproducción del estaño, se ha diversificado la minería, sin embargo se ha paralizado el proceso de fundición e industrialización. La fuerza laboral llega a 150.000 trabajadores, el 90% informal. Es la época del libre mercado: dejar hacer, dejar pasar, sin importar el costo.

¿Podemos esperar otra cosa? La esperanza nunca muere. El pueblo luchó contra el neoliberalismo, se forjó una nueva Constitución (2009) y recuperó su ajayu. “Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano”. “El Estado podrá suscribir contratos de asociación con personas jurídicas, bolivianas o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales. Debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país”. “La industrialización de los recursos naturales será prioridad en las políticas económicas”. ”Industrialización de los recursos naturales para superar la dependencia de la exportación de materias primas y lograr una base económica productiva, en el marco del desarrollo sostenible”.

Se atacó lo inmediato, lo irritable, la venta del gas: con la nacionalización, los hidrocarburos son de los bolivianos en boca de pozo, la renta petrolera es del 82% y se avanzó en su industrialización.

En el caso de la minería se formuló la Ley Minera 535 (2014) que cambia el régimen de concesiones por el de contrato administrativo minero, que no da derecho propietario, el dueño sigue siendo el Estado; los contratos deben aprobarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) tiene como objetivo lograr el desarrollo productivo diversificado, la transformación de la matriz productiva minera, el desarrollo industrial y la generación de excedentes económicos. Los contratos de asociación que suscriba deben garantizar una participación igual o mayor al 55%. La empresa estatal deja de tener obligaciones de subvención con las cooperativas.

La Ley 535 fue promulgada en 2014, pero al presente no acaba de ponerse en vigencia. ¿Por qué? Mientras tanto golpea la consciencia el legado de Busch, Villarroel, Lechín, López, Édgar Ramírez.

   José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.   

Comparte y opina:

Desalojo de la casa propia

/ 10 de abril de 2021 / 23:05

La clase obrera es producto de la revolución industrial. Se fue formando en la comprensión de que la técnica y la ciencia aplicadas a la producción pueden sustituir el duro trabajo físico del hombre, a la vez que generan una enorme producción y ganancia.

La experiencia del proletariado minero boliviano es ejemplificadora. Confinado en la desolación de la montaña, obligado a constituir familia permanente en el campamento, su lucha se volcó a garantizar la educación para sus hijos. Desde el establecimiento de escuelas primarias como obligación patronal, las conquistas se fueron ampliando a los establecimientos secundarios en los municipios y posteriormente en los de la empresa. El deseo de aprender los llevó a plantearse lograr becas en las instituciones de educación superior como la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo en La Paz o el Politécnico de Oruro; en este abanico también se encontraba el Colegio Militar y la Academia de Policías. La creciente necesidad les planteó la creación de centros de profesionalización en los mismos campamentos mineros: la Escuela de Enfermeras de Catavi y los colegios industriales de Colquiri y Telamayu. A éstos se sumaban los esfuerzos de las propias familias mineras que se preocupaban de mandar a sus hijos a profesionalizarse por cuenta propia.

El avance social no es lineal. La ocupación de las minas llevó a que el poder del Estado utilice a estos profesionales en su acción represiva, su resistencia era sancionada con despidos y transferencias a minas alejadas, la preservación de un status adquirido y la seguridad de la familia hacían que se sometan y sean los ejecutores de las acciones represivas. Por otro lado, numerosos jóvenes que habían logrado el bachillerato ante la imposibilidad de continuar estudios superiores se incorporaron a la vida productiva minera.

Así surgió la necesidad de establecer una Universidad en los campamentos mineros, para evitar el desarraigo y continuar con la profesionalización de los trabajadores. El célebre XIV Congreso Minero de Siglo XX en 1970 formuló la creación de la Universidad Obrera. Su planteamiento coincidió con un momento político de ebullición de las ideas en el movimiento universitario nacional; la juventud retomaba las banderas autonomistas de la década de los 30, para liberarse de una conducción apoltronada en los privilegios del status académico de una Autonomía traicionada. Volvieron a relucir las consignas: exámenes de competencia y evaluación permanente para el desempeño docente, libertad de cátedra, llevar la Universidad al seno del pueblo, una educación para el desarrollo nacional, compromiso con la defensa de los recursos naturales y la lucha contra la opresión imperialista. En ese ambiente el planteamiento de la Universidad Obrera tuvo el respaldo del IV Congreso de la Asociación Universitaria Boliviana.

La dictadura banzerista (1971-78) frustró estos sueños. Proscribió el movimiento sindical minero y cerró las universidades por dos años, para abrirlas bajo la tutela de la dictadura. Sin embargo, el pueblo se levantó y en 1980 los mineros replantearon su proyecto de Universidad Obrera: solo el 1 de agosto de 1985 se concretó la creación de la Universidad Nacional Siglo XX.

La criatura nació en momentos aciagos. El mismo mes se lanzó el DS 21060 que destruyó la industria minera y condenó a la desaparición al movimiento sindical minero. El modelo de formación adoptado estaba basado en el estudio en el trabajo. Los laboratorios, los talleres, el tope de la mina, los problemas operativos de la producción debían ser incentivo para explicar el fenómeno y encontrar una solución científica. Los hospitales de especialidades debían mostrar el origen y desarrollo de la enfermedad, el seguimiento del tratamiento debía explicar las mutaciones del organismo humano. La red de radios mineras, que promovía la creación y cohesión de la identidad minera, sería los inicios de una comunicación alternativa a nivel nacional, ampliando su acción a la prensa escrita y la televisión.

El modelo neoliberal llevó a la UNS-XX a una lucha por su sobrevivencia, titánica tarea que hoy la tiene en pie, pero ¿cuánta de su genética se mantiene? Esta rememoración amplía la interrogante al sistema universitario nacional, cuyos documentos de compromiso con el desarrollo nacional y la liberación nacional están presentes desde la década de los 70, pero su práctica es la formación profesional para el mercado y no para las necesidades del país. En la minería hay pocas industrias de punta en explotación, pero nadie conoce cuántos minerales se van en los concentrados de complejos, ni los costos reales de su realización; se ha paralizado el proceso de fundición de los minerales y no se ha dado un solo paso en su industrialización. Por otro lado, hay una minería de sobrevivencia artesanal, con baja eficiencia, altos índices de riesgo profesional y ninguna previsión ambiental que debiera conmover a la sociedad, pero ante todo a los profesionales conscientes de esta realidad.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

Comparte y opina:

Comibol en el limbo

/ 29 de marzo de 2021 / 01:06

Definido el objetivo nacional de la explotación de los recursos naturales: su carácter estratégico y público para el desarrollo del país; establecida la política minera: la acción para dar valor agregado y excedentes económicos para beneficio del pueblo boliviano; se determina los actores para este fin: estatal, privado y cooperativas.

Cada sector tiene su naturaleza propia: el sector privado por la acumulación de capital para intereses particulares, mayoritariamente transnacionales; las cooperativas mineras por su carácter social, sin fines de lucro, y la empresa estatal, obligada a dar réditos económicos para beneficio del pueblo boliviano. De allí nace el carácter estratégico de la empresa estatal minera, sin la transferencia de recursos al Estado es inalcanzable el desarrollo nacional. Un análisis del sector muestra que del valor exportado —$us 4.175.431.507 en 2018—, al sector privado correspondió el 51,29%, al cooperativo 41,88% y al sector estatal, 6,80%. De la misma manera la distribución de áreas mineras muestra que el sector privado dispone del 63,49%, las cooperativas del 23,80% y la Comibol, del 12,69%.

Esto nos obliga al análisis minucioso de la Comibol actual.

Con el neoliberalismo, la empresa estatal es una administradora de contratos de arrendamiento y riesgo compartido, en un proceso de liquidación de todo su patrimonio. Hoy su función legal es hacer contratos, cobrar y cuidar el resto de patrimonio que le queda, mucho del cual ha sido transferido al Tesoro General de la Nación. En el Proceso de Cambio ha venido asumiendo funciones de carácter productivo a través de sus empresas subsidiarias, sin cambiar su naturaleza de empresa del sector público, ni su estructura administrativa en la dinámica que requiere una empresa productiva. La creación de empresas filiales, para dar paso a procesos productivos como Huanuni, Colquiri, Karachipampa, Corocoro, era una medida coyuntural mientras se definiera la Ley de Minería. Aprobada la ley en 2014, aún no se ha puesto en vigencia.

La casa matriz debe velar por la planificación estratégica, la ejecución de proyectos, la creación de empresas, su integración en la cadena productiva, establecer las normativas para su funcionamiento y la supervisión. Estas labores no son propias de una empresa del sector público, son tareas que tienen otra dinámica donde la utilidad económica es el parámetro de su eficiencia y no el cumplimento de un presupuesto. Ante el interés económico prima la acción oportuna, por lo que requiere un personal altamente calificado para tomar decisiones, formular proyectos y hacer el seguimiento y la fiscalización en su ejecución. La administración debe ser ágil para tomar decisiones inmediatas en cualquier emergencia en la producción o las variaciones del mercado de los minerales.

Las empresas filiales tienen autonomía para la producción, es su única labor; asumir labores de planificación y ejecución de proyectos superan sus capacidades, a la vez descuida su tarea principal, la eficiencia productiva. Esto no implica que se descuide su sostenibilidad, la que debe ser encarada con evaluaciones del comportamiento del yacimiento, la incorporación de nuevas tecnologías, seguimiento al mercado; elementos de evaluación diaria de la casa matriz.

Hoy se habla de atraer inversiones, nuevos contratos, pero no se dice nada de nuevos emprendimientos productivos en la Comibol. Es cómodo vivir de los arriendos, por más míseros que sean. El desafío en este momento histórico es integrar toda la cadena productiva, desde la exploración, explotación, fundición, industrialización y comercialización, es la única manera de aprovechar eficientemente la explotación de un recurso natural no renovable, con valor económico intrínseco.

La Comibol entonces, con las alas cortadas, marcha al ritmo del neoliberalismo: está condenada a un rol meramente administrativo. La burocracia es un lastre, sus gastos son mayores que las rentas que obtiene.

Últimamente hemos visto tensión entre las empresas mineras filiales y la fundición de Vinto —que según la ley minera están integradas en la Comibol—, su autonomía les permite contraer deudas y no pagarlas para finalmente recurrir a la casa matriz para solucionar el entuerto, olvidando que la transferencia de recursos económicos a las filiales está prohibida. De hecho, la autonomía es tan liberal que no beneficia ni a Comibol ni a las empresas.

El cambio no puede esperar más, hay que asumir el desafío de reconstruir la empresa estatal minera. 

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

Comparte y opina:

Contratos mineros con soberanía

/ 15 de marzo de 2021 / 02:30

Según la Constitución Política del Estado Plurinacional, los recursos naturales son de todos los bolivianos, hombres y mujeres. Su explotación en función del desarrollo del pueblo boliviano debe aprobarse en la Asamblea Legislativa. Esta medida que muchos consideran formal tiene la fuerza de una ley; no hay mayor transparencia ni seguridad jurídica.

La Comisión Mixta de Investigación de Privatización y Capitalización de la Asamblea Legislativa 2015-2020 concluyó que los contratos de la Comibol en el modelo neoliberal eran leoninos, en contra de los intereses del pueblo boliviano. ¿En qué consistían?

Bajo el título de “alquiler” se pagaba un canon de arrendamiento de 5 a 8% del valor bruto de venta del mineral explotado del yacimiento alquilado de la Comibol; la locación no solo era del yacimiento, sino se trataba de toda la infraestructura existente (campamentos, ingenios, talleres, estudios previos, etc.), es decir todo lo invertido en años de trabajo en el desarrollo de la mina y la infraestructura social en el campamento.

En el “riesgo compartido” se adjudicaba la explotación del yacimiento a una empresa con una participación de 30% del flujo de caja o 50% de las utilidades para la Comibol. Este derecho lo adquiría a partir de una inversión, que era lo primero en recuperarse; después de devuelta la inversión la empresa seguía usufructuando de la explotación de la mina. En el contrato se establecía un reconocimiento del know how administrativo equivalente a 10% del costo de producción; los ingresos de la Comibol bajaban en más del 10%. El dueño de la mina, el Estado, no podía intervenir en el desarrollo de las operaciones y su labor de fiscalización solo se daba en la elección de un auditor externo.

Anular los contratos era muy difícil, blindados con la ley minera de Sánchez de Lozada. El contrato fijaba tribunales arbitrales internacionales para la solución de controversias. Por eso se tuvo que esperar la nueva Constitución (2009) y la ley minera (2014) para imponer cambios.

Su aplicación, sin embargo, no ha sido fácil. La migración de contratos exigida por la ley la debía autorizar la Autoridad Jurisdiccional Minera (AJAM), pero recién salió en mayo de 2017. Para complicar más la situación, en una ley (845-2016), para evitar la asociación de las cooperativas con transnacionales se añadió un artículo que creaba los contratos de producción minera en la Comibol con el pago de una “participación” acordada por las partes, liberalidad amplia para eludir el mandato constitucional.

Así, hoy podemos afirmar que los contratos neoliberales siguen vigentes, al no haber aprobado la Asamblea Legislativa Plurinacional ninguno de ellos.

Me equivoco. Los contratos firmados por la Comibol con Comsur, empresa de Sánchez de Lozada, por la explotación de las minas de Porco y Bolívar y transferidas a Sinchi Wayra, merecieron observaciones del gobierno del MAS. El único error fue que éstos no fueron aprobados por el Congreso Nacional. Esto permitió iniciar una negociación larga que concluyó cuando se aprobó la nueva Constitución, con la migración a un contrato de asociación. Este contrato establecía una participación de 55% de las utilidades para la Comibol, el capital invertido no debería ser repuesto, la empresa lo recuperaba de sus ganancias derivadas del contrato; se determinaba una amplia fiscalización por la Comibol y la necesidad de que el Directorio del contrato autorice los planes, contratos e inversiones de la empresa. Los ejecutivos del contrato tenían un sueldo y no se reconocía el know how administrativo. El contrato respetaba los preceptos de la Constitución, por ello lo aprobó el Directorio de la Comibol.

Sin embargo, al publicar la ley que aprobaba el contrato, se observó un “error”: la fecha de inicio del contrato del 1 de octubre de 2011, cambiado al 1 de octubre de 2012, un año en el cual Comibol perdería $us 20 millones. ¿Quién lo habría cambiado? Los miembros del Directorio pidieron explicaciones a la parte jurídica y no habiendo respuesta formularon la denuncia a la Fiscalía, sin resultado alguno.

La negociación detallada del contrato y la modificación apresurada de la fecha llevaron a inviabilizar el contrato, otros artículos hacían referencia a la fecha original. En negociaciones con la empresa y el Ministerio de Minería se llegó a la conclusión que el contrato debía volver al texto original, refrendado por otra ley, lo que nunca se dio.

Hoy se habla de un nuevo contrato de producción minera a firmarse entre la Comibol y la empresa privada para la explotación de la mina Amayapampa de oro. Esperamos que se tome en cuenta el espíritu de la Constitución, transparencia y beneficio mayor para el Estado y se devuelva las inversiones realizadas por la Comibol. Finalmente se nos explique por qué la Comibol ha renunciado a ser una empresa productiva.

 José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

Comparte y opina:

Sostenibilidad de la Empresa Minera Huanuni

Sostenemos que las fallas en Huanuni se deben a problemas de gestión administrativa y no a la inviabilidad del proyecto; es en esa convicción que el gobierno del presidente Evo Morales ha dado un nuevo apoyo financiero a Huanuni.

/ 18 de abril de 2016 / 04:02

Los resultados financieros de la gestión 2015 de la Empresa Minera Huanuni (EMH) han llamado a la preocupación y reflexión de la parte ejecutiva de la empresa, el Gobierno y los propios trabajadores. Se han formulado muchas preguntas: ¿fue correcta la absorción del sector cooperativista a las planillas de la empresa?, ¿es sostenible el funcionamiento de la empresa y cómo?, ¿la disminución de la fuerza laboral es la solución?, ¿es necesaria y positiva la participación de los obreros en la gestión empresarial?

Consideramos que la explotación del yacimiento de Posokoni por un solo actor minero es acertada y necesaria. La experiencia nos muestra que cuando dos o más sectores están en un mismo yacimiento es latente que surjan futuros conflictos, no solamente sociales, y que pueden convertirse en problemas políticos. El desafío era formular un proyecto que haga sostenible a la empresa, por lo que se planteó como meta la explotación de 3.000 TMB/día (Toneladas Métricas Brutas al día).

¿Cómo hacerlo? Se hizo la consultoría para el diseño final del ingenio (2009), se establecieron los niveles de reservas de mineral, se planificó la explotación y extracción masiva, se planificó la dotación de agua y la construcción del dique de colas. Era una enorme inversión: 100 millones de dólares, pero que se justificaba por los réditos económicos que se esperaban.

Mientras tanto, ¿cómo mantener la producción y sostener la empresa? No había alternativa sino entrar en un proceso de transición en que se mantenían tanto la forma individual de producción artesanal como la industrial. A la primera se la cualificó con producción selectiva y con apoyo de la empresa en la dotación de maquinaria, seguridad industrial, materiales, etc. Por esta producción se pagaba un precio según la cantidad y calidad del concentrado. Paralelamente, se continuó con la producción convencional o industrial. Los resultados de esta forma de hacer las cosas fueron positivos, lo que se ilustra con el cuadro adjunto.

Se muestra elocuentemente que lo positivo ocurrió hasta 2012. Hasta esa fecha se puede decir que las inversiones programadas se podían efectuar con recursos propios de la empresa; así, en 2011 se adjudicó la construcción del ingenio, por un monto de 50 millones de dólares, se encaró la construcción del dique de colas y de la rampa de la mina (con maquinaria pesada comprada específicamente para esto, la cual debía ser operada por la empresa). Estas inversiones significaron 10 millones de dólares. Asimismo, se compró un Raise Boring para la perforación de chimeneas con un costo de 10 millones de dólares.

Lamentablemente, los tiempos de ejecución no fueron coordinados y sufrieron un retraso: en febrero de 2015 se entregó el ingenio y no se tenía ni dique ni agua ni la mina estaba preparada para garantizar carga a dicho ingenio. Aunque así y todo se podían iniciar pruebas y ajustes, con instalaciones transitorias.

Lo peor es que cambiaron los criterios técnicos para solucionar el problema. Se consideró que la construcción en forma directa iba a llevar más tiempo y ser más cara, por lo que se optó por la modalidad de adjudicar las obras a empresas privadas. Naturalmente, para este trabajo la EMH ya no tenía recursos, por lo que se los solicitó al Gobierno, concediendo éste un fideicomiso de 50 millones de dólares, para encarar los proyectos ligados al plan estratégico de la EMH —extraer 3.000 TMB/día. Aunque estos recursos fueron concedidos en noviembre de 2014, su ejecución fue prácticamente nula hasta ahora.

Todas estas circunstancias muestran que no se dio la importancia debida al proyecto estratégico, pues se priorizó los problemas inmediatos de la producción, convirtiéndose la forma de trabajo circunstancial en lo dominante. La producción en ingenio representa el 40% de la producción, mientras la guía mina y selectiva, un 60%. Por otro lado, los precios de compra de mineral a los trabajadores se fueron elevando en la medida en que subía el precio internacional del estaño; cuando este precio internacional bajó, no ocurrió lo mismo con los precios de compra de minerales a los obreros, produciéndose una pérdida en el balance de la empresa, situación que hoy tiene que ser enmendada.

Sostenemos, por tanto, que las fallas en Huanuni se deben a problemas de gestión administrativa y no a la inviabilidad del proyecto; es en esa convicción que el gobierno del presidente Evo Morales ha dado un nuevo apoyo financiero a Huanuni, para que cubra sus deudas con proveedores, garantice cubrir sus gastos de operación y así lograr una utilidad en esta gestión, lo que le permita cubrir, a largo plazo, sus obligaciones financieras.

Mientras tanto, el derrotero será poner en marcha el plan estratégico. El nuevo modelo garantiza una utilidad de 30 millones de dólares por año, con el actual nivel de precios (7,20 USD/lb.) y una recuperación del 75% del estaño en el ingenio, una ley de cabeza de 1,70 y una utilización del 80% de la capacidad instalada del ingenio.

Sin embargo, se debe enfrentar problemas externos, como la oposición de algunas comunidades que evitan el uso de agregados para la construcción del dique de colas, exigiendo puestos de trabajo. Por otro lado, la ley tributaria obliga a las fundiciones a pagar 13,5% sobre el precio internacional del metal, por concepto del IVA en transacciones internas: esto ha llevado a que Vinto deba a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y a la EMH algo más de 9 millones de dólares, al no haber saldado su deuda con Cedeim.

En conclusión: Huanuni es promisorio, la experiencia lo reitera; las políticas estratégicas no pueden depender de la voluntad individual, hay que persistir sobre ellas, el control social de los trabajadores solo se justifica si se cuida el bien común. La esperanza está en nuestras manos, asumamos el desafío.

Comparte y opina:

Crisis de la minería o dependencia?

Cuando el mineral se funde en el país, el IVA es un castigo a la industrialización, algo propio del modelo neoliberal. Si bien esta incongruencia busca ser revertida con la Ley de Minería, su no aplicación al presente crea problemas de liquidez a las empresas mineras estatales.

/ 1 de febrero de 2016 / 04:03

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) dio a conocer su Memoria 2014. Llama la atención la información del sector minero: la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) tributa más que las otras empresas del rubro. Comibol pagó Bs 303,6 millones, mientras que San Cristóbal, Bs 121,4 millones. Más allá de la sorpresa o la afirmación de que esto no es posible, se justifica un análisis de la situación impositiva de la minería.

La tributación minera básicamente establece los siguientes tributos: la regalía, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y la Alícuota Adicional al IUE (AA-IUE).

La regalía minera es el pago por un derecho y una compensación: el de explotar un recurso natural no renovable, como son los minerales. Beneficia a los departamentos y municipios donde se realiza la explotación minera. Su valor se calcula sobre el precio internacional del mineral, por el volumen que se extrae, en función de tablas de las alícuotas de regalías; éstas no han sido modificadas desde 1993, a pesar de la subida de los precios internacionales en años recientes.

El IVA es un impuesto a una transacción interna, al que se agrega un 13% al valor de costo de la mercancía. En la minería, la referencia es el precio internacional de los minerales. Es sobre este precio que se impone el IVA, y las ventas las efectúa el productor a las fundiciones, las que deberán pagar el precio internacional más 13%, y éstas los venderán en el exterior al precio internacional. Teóricamente, esta diferencia que crea el IVA será devuelta al exportador con Certificados de Devolución Impositiva (Cedeim).

El IUE es el impuesto que se paga sobre las utilidades de las empresas  —equivalentes al 25%— que se deriva de la diferencia entre el precio de venta y el costo de producción.

La AA-IUE, que es del 12,5% sobre las utilidades en épocas de precios altos, tiene una incidencia proporcional a la utilidad de la empresa. Se creó en 2007 en épocas de precios altos, ante la negativa de aumentar la regalía por parte de los productores. Ahora podemos analizar las cifras que brinda el SIN y el Ministerio de Minería y Metalurgia.

La regalía es un tributo que se justifica plenamente por cuanto se trata de la explotación de un recurso natural no renovable y que tiene un valor intrínseco. La proporción es discutible, las regiones siempre pedirán más y los productores querrán ligarla a la utilidad que obtienen. Pero la pertinencia de su explotación es algo que lo determina el productor. En este rubro, el pago de regalías está en función al peso de la empresa. Así, San Cristóbal —que generó $us 812.298.524 de producción en 2014— contribuyó con $us 43.227.826 al departamento de Potosí y al municipio de Colcha “K”, donde están asentadas sus operaciones. Por su parte, la Comibol, con sus empresas Huanuni, Colquiri y Corocoro, generó $us 311.711.866 y aportó $us 11.030.926 a los departamentos de Oruro y La Paz.

Cuando el mineral se funde en el país, el IVA es un castigo a la industrialización, algo propio del modelo neoliberal. Si bien esta incongruencia busca ser revertida con la Ley de Minería, su no aplicación al presente crea problemas de liquidez a las empresas, a los productores mineros y a las fundidoras, en particular cuando no hay la devolución de los Cedeim. En el caso que estamos analizando, San Cristóbal no funde en el país, pero sí lo hace Comibol con sus minas de estaño de Huanuni y Colquiri, siendo el agente de retención la Empresa de Fundiciones Vinto. Como el estaño es el principal rubro de producción de Comibol, el valor de IVA se aplica a casi toda su producción, por lo que por este concepto pagó $us 22.836.290 y San Cristóbal, cero.

El IUE se paga sobre la utilidad de la empresa y se supone que cuando una empresa usa tecnología de punta sus utilidades debieran ser considerables; en el caso de la minería en Bolivia esto no pasa de ser lírico, pues las empresas en nuestro país solo producen el mineral en su fase primaria: el concentrado, su refinación, se hace en el exterior con un costo enorme y sobre el cual no tiene control el Estado. Este rubro, en el caso de San Cristóbal, llega al 43% del valor bruto del mineral, en algunos casos de comercializadoras, llega al 70%. Esto naturalmente merma las utilidades de las empresas mineras en el país, aunque en el contexto internacional —las empresas ligadas a transnacionales— no dejan de ostentar enormes ganancias. En el caso de San Cristóbal, la utilidad en el país llega a $us 46,61 millones pagando por IUE $us 11,65 millones. En Comibol, las utilidades llegan a $us 58,58 millones, debiendo pagar por IUE $us 14.64 millones.

La AA-IUE en esta época de bonanza hizo partícipe al Estado de sus beneficios. En 2014, San Cristóbal aportó $us 5,68 millones y Comibol, $us 7,23 millones.

Para finalizar, diremos que es una ficción que Bolivia capte de sus exportaciones mineras el 100% de lo que sale —$us 3.531.603.743. En el exterior se queda una gran parte de este monto por gastos de realización y fundición, ingresando al país solamente lo necesario para cumplir sus costos de operación interna, el pago de regalías e impuestos, quedando para la empresa en el país una mínima utilidad.

Concluimos que Comibol, que funde en el país su producción, no tiene una mayor utilidad que la Minera San Cristóbal que exporta concentrados. Comibol, con una incidencia del 8,66% en la producción nacional, tributa más que la Minera San Cristóbal cuya producción llega al 23% de ésta. El hecho que pague mayor regalía tiene relación con el volumen de riqueza minera que se apropia, lo que no se toma en cuenta a la hora de pagar los impuestos.

De ahí que se justifique la sentencia constitucional: la explotación de los recursos naturales solo se justifica si se le da valor agregado para beneficio del pueblo boliviano. Aumentar la exportación de concentrados —con precios altos o bajos— es prolongar la expoliación de los minerales y mantener al país como exportador de minerales en su situación primaria, negándole al país la posibilidad de ampliar la diversificación de su capacidad productiva.

Comparte y opina: