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viernes 23 abr 2021 | Actualizado a 08:17

El desairado fin de Lava Jato

/ 3 de marzo de 2021 / 03:37

Se vendía como la mayor operación anticorrupción del mundo, pero se volvió el mayor escándalo judicial de la historia. El anterior mes, el grupo de trabajo a cargo de la operación Lava Jato fue disuelto por el Procurador General de Brasil. El fin de la operación anticorrupción, cuya acción cambió la historia de Brasil y de América Latina, pudo haber suscitado una reacción encendida: para unos se trata de uno de los pocos esfuerzos contra la impunidad a políticos y empresarios que debe seguir activa y para otros es un ejemplo más de politización de la justicia que nació con severas fallas de origen.

Se esté a favor o en contra de la operación, queda clara una cosa: el tejemaneje entre corrupción y política sigue estando al orden del día. El mismo día en el que se anunció la disolución de la operación, Arthur Lira, un político investigado por posibles actos de corrupción, fue electo presidente de la Cámara de Diputados. Pero ni en las calles ni en las redes sociales, ninguno de los dos anuncios generó mayor indignación. El inmenso capital político y social acumulado por Sergio Moro, el célebre juez que inició Lava Jato, y los procuradores se ha ido evaporando en los últimos años. Y esto lleva a otra conclusión: en lugar de ayudar a erradicar la corrupción, lograr mayor transparencia en la política y fortalecer la democracia, la famosa operación contribuyó al caos que hoy vive Brasil. Se vendía como la mayor operación anticorrupción del mundo, pero se volvió el mayor escándalo judicial de la historia brasileña.

Su desairado fin nos dice mucho sobre el descrédito en el que cayó después de la victoria de Jair Bolsonaro, impulsada en buena medida por la indignación social provocada por el “lavajatismo”. También permite esbozar una reevaluación del legado de la operación y de la manera en la que entrará en los libros de historia, en particular tras la publicación reciente de nuevos diálogos vía Telegram entre Moro y los procuradores, que confirmaron su carácter eminentemente político. Para defender su obra, los procuradores de Lava Jato han presentado una serie de cifras, que dan muestra del tamaño descomunal de esta operación. En siete años, se libraron 1.450 órdenes de aprehensión, 179 acciones penales, 174 condenas de empresarios y políticos del más alto nivel, incluyendo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pero, para conseguirlo, los procuradores cayeron en violaciones al debido proceso sin que por ello la corrupción haya disminuido.

Si bien era conocido desde hace tiempo que Moro había condenado a Lula da Silva por “actos indeterminados” y cargos dudosos, ahora se sabe que fue el propio Moro quien dirigió la construcción de la acusación contra el expresidente, violando el principio jurídico de no ser juez y parte al mismo tiempo.

Moro se ufanó en sus conferencias de las sumas de dinero recuperadas a favor de las arcas públicas, pero omitió decir que el 50% del dinero proveniente de las multas impuestas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a Petrobras y Odebrecht tendrían como destino una fundación de derecho privado, cuyos gestores serían los propios miembros de Lava Jato, junto con dirigentes de oenegés. En 2019, la Corte Suprema suspendió la fundación.

Si usamos los criterios del juez Moro para juzgar las acciones del ciudadano Moro, estos diálogos revelan actos ilegales. Ante estas revelaciones, Moro y los procuradores continúan negando la veracidad de los diálogos. El inconveniente de ese argumento es que fue la propia Policía Federal brasileña, bajo las órdenes de Moro, cuando era ministro de Justicia, que llevó a cabo una revisión de los mensajes, y consideró que eran verdaderos.

En 2019, los periodistas de The Intercept recibieron 43,8 gigabytes de datos que originaron más de un centenar de artículos sobre Lava Jato. Hasta ahora, solo 10% de 7 terabytes han sido analizados, con lo que se espera que sigan apareciendo fallas e ilegalidades en la operación. Pero incluso con ese pequeño porcentaje revisado, los diálogos confirman que esta operación pervirtió la Justicia, vulneró el Estado de derecho de Brasil y fue un factor fundamental en la construcción de la distopía que vive el país, con una crisis política exacerbada y con el segundo lugar mundial de más fallecidos por la pandemia.

Hay, dentro de todo, buenas noticias para Brasil: no todas las instituciones han sido cooptadas. Algunas han denunciado estos atropellos, haciéndose eco de las voces de la sociedad civil que exigen el restablecimiento del Estado de derecho, empezando por la restitución de los derechos políticos de Lula. Es necesario continuar fiscalizando y denunciando estas arbitrariedades y reevaluar de manera crítica el significado de la operación Lava Jato para la Justicia y la democracia de Brasil.

Lo anterior no quiere decir que no sea imprescindible la actuación firme de la Justicia en contra de la corrupción. Por el contrario, es necesario reforzar los instrumentos para terminar con la relación incestuosa entre el dinero y la política.

Gaspard Estrada es director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC) de Sciences Po, en París.

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La cruzada hipócrita de Sérgio Moro contra Jair Bolsonaro

Ahora que ha salido del Gobierno brasileño, el exjuez y exministro ha redescubierto las bondades del Estado de derecho que contribuyó a poner en riesgo. No debemos olvidarlo

/ 13 de junio de 2020 / 06:33

Brasil vive muchas crisis al mismo tiempo. Está por volverse uno de los epicentros mundiales de la pandemia y también cada día se profundiza una crisis política.

En las últimas semanas, al menos cuatro ministros del gobierno de Jair Bolsonaro han renunciado o han sido forzados a renunciar. Quizás la renuncia más desafiante para el presidente sea la de quien fue su ministro de Justicia, Sérgio Moro. Cuando renunció, acusó públicamente a Bolsonaro de querer interferir políticamente en la policía federal. De este modo, el exjuez —quien dirigió la operación anticorrupción Lava Jato—, dejó clara su intención de recuperar el papel de “justiciero” de Brasil que lo llevó a fama.

Pero al hacerlo, Moro se aventura en un terreno pantanoso.

Al fondo de este súbito cambio de ministro estrella de Bolsonaro a su perseguidor, hay una paradoja que los brasileños no deberían perder de vista: en 2017, como autoridad del poder judicial, Moro condenó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y se popularizó su frase: “La ley es para todos”. Pero cuando tiempo después se dio a conocer información sobre cómo el exjuez había manipulado los mecanismos de delación compensada y que había ocultado pruebas del proceso a la Suprema Corte—condenó a Lula da Silva por “actos de oficio indeterminados” con el beneplácito de la corte de apelación de Porto Alegre, que estimó que la operación Lava Jato “no necesita seguir las reglas procesales comunes”—, quedó en evidencia que para él la ley no es igual para todo mundo.

Así que cuando Moro acusó a Bolsonaro de querer politizar la Justicia intentando interferir en la policía federal para tener información de investigaciones en curso, haríamos bien en ver la ironía.

Si bien es indispensable que se investigue el supuesto intento de Bolsonaro de interferir en órganos judiciales autónomos, la Justicia y los ciudadanos no deben dejar de cuestionar (e indagar) los métodos de Moro en su cruzada anticorrupción cuando era juez y su silencio y complicidad cuando fue miembro del gobierno de Bolsonaro.

La revelación de vínculos de la familia del presidente con las milicias que controlan buena parte de Río de Janeiro y las tentativas del presidente, dadas a conocer al público en los meses pasados, para entorpecer las investigaciones judiciales le dan verosimilitud a las denuncias de Moro. Sin embargo, lo que el exjuez no le dijo a la opinión pública —ni a los policías que lo interrogaron recientemente— es que, según algunas investigaciones periodísticas, él también hizo uso de su influencia política como ministro: de acuerdo con el propio Bolsonaro, Moro le dio información privilegiada sobre operaciones en curso de la policía federal que podían afectar a miembros de su gobierno.

Incluso antes de su llegada al gabinete de Bolsonaro, durante su paso por la magistratura, Moro dio señales claras de no respetar el Estado de derecho. Como juez a cargo de Lava Jato, no dejó de intimidar y amedrentar a las pocas personas que lo criticaron en aquel entonces, fueran periodistas, abogados o miembros de la academia. Aunque oenegés como Reporteros Sin Fronteras u organismos como la Orden de Abogados de Brasil protestaron por los métodos de Moro, el entonces juez mantuvo sus prácticas e incluso llegó a espiar ilegalmente las conversaciones telefónicas entre abogados y clientes para anticiparse a las estrategias de la defensa.

En lugar de presentar su renuncia, Moro se limitó a pedir “disculpas” a la Corte Suprema. Esta estrategia ha sido común en el gobierno de Bolsonaro: ha sido suficiente admitir la culpa y no sufrir consecuencias judiciales. El ministro de Ciudadanía, Onyx Lorenzoni, se disculpó por haber recibido dinero ilegal para sus campañas electorales. En vez de iniciar una investigación oficial a través de la policía federal —bajo su comando—, Moro expresó “admiración” por su colega al “asumir la culpa y tomar las medidas para reparar su error”. El propio Jair Bolsonaro ha pedido disculpas (de manera reciente, a una periodista a la que había mandado callar) sin mayores repercusiones.

Cuando Moro era ministro de Bolsonaro se quedó en silencio ante distintos atropellos democráticos. No dijo nada cuando el presidente comenzó a intervenir en los principales organismos del Estado con la intención de controlarlos. Y así fue como el fisco y los servicios de inteligencia fueron progresivamente tutelados por el entorno de Bolsonaro. E incluso, unos días antes de renunciar a su cargo, Moro le sugirió al presidente una vía legal para disminuir las atribuciones de fiscalización del Instituto Brasileño de Protección del Medioambiente.

Habría que hacer un ejercicio de memoria: a finales de 2018, cuando Moro aceptó formar parte del gobierno de Bolsonaro, parecía vender la idea de que su incorporación sería una garantía del respeto al Estado de derecho. Gracias a las revelaciones del periodista Glenn Greenwald y del archivo Vaza Jato, hoy sabemos su idea de Estado de derecho: colusión entre el juez y la acusación, selectividad en las investigaciones, manipulación de denuncias y motivaciones financieras detrás de la bandera “anticorrupción”. Cuando se dio a conocer esa información, Moro respondió adoptando la misma estrategia del presidente: asociando a los periodistas con criminales e intentando destruir pruebas.

Ahora que ha salido del gobierno, Moro ha redescubierto las bondades del Estado de derecho y de la libertad de prensa que contribuyó a poner en riesgo. No debemos olvidarlo.

Hoy la democracia brasileña está en peligro. Aunque Moro haya hecho lo correcto al renunciar y denunciar posibles infracciones a la ley del presidente, la Justicia brasileña debe juzgar cuanto antes las investigaciones sobre sus métodos como juez y como ministro.

Si el propio Moro quisiera defender la democracia del país y evitar que los retrocesos autoritarios profundicen la distopía brasileña, debería renunciar a sus ambiciones políticas y reconocer que no se puede luchar contra la corrupción usando métodos corruptos. Una disculpa no es suficiente.

Gaspard Estrada es director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC) de Sciences Po, en París.

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Brasil en la ‘tregua olímpica’

Tras las emociones de las Olimpiadas, los próximos meses darán lugar a hondas luchas políticas.

/ 6 de agosto de 2016 / 04:51

En la Grecia antigua, los Juegos Olímpicos significaban la paz. Las guerras se suspendían temporalmente para dar paso a la justa deportiva. Si bien el contexto es totalmente diferente, el Brasil de 2016 parece entrar de la misma manera en una especie de “tregua olímpica”, en el marco de la peor crisis política, económica y social que se conozca desde el inicio de la transición política, en 1985. Para el expresidente Lula, el gran impulsor de la organización de este evento en Río de Janeiro, los Juegos Olímpicos iban a permitir cristalizar frente a la opinión pública internacional el ascenso de su país en el escenario mundial. Si bien Brasil, considerado en el exterior como el país de la cordialidade (parafraseando al historiador holandés Sergio Buarque), recibirá a los atletas y turistas con los brazos abiertos, la imagen que mostrará al mundo será la de una nación dividida y polarizada, con dos presidentes disputándose el poder.

Contrariamente al proceso de destitución de Fernando Collor de Mello, en 1992, que creó las condiciones para una estabilización económica y una mejora social posterior, el proceso de impeachment de Dilma Rousseff no se ha traducido en una disminución de la crisis brasileña. Más bien lo que existe hoy en día es una batalla de expectativas entre el Gobierno interino y la presidenta suspendida. En el plano de la economía —la principal preocupación de los brasileños— la administración Temer ha mandado señales más que ambiguas: por un lado, ha anunciado el recorte de los presupuestos de salud y educación, y puesto en duda la eficacia de los programas sociales. Por el otro, el Gobierno ha sacado la chequera para agradar a su base parlamentaria, así como a los funcionarios públicos, que recibieron importantes aumentos de salario a pesar de la “austeridad” pregonada por Michel Temer. Hasta ahora, los mercados financieros han mostrado una actitud benevolente ante tales medidas, al contrario de la aversión que habían manifestado frente a Dilma Rousseff, pero es improbable que esto se mantenga con el tiempo. En particular no queda claro si Temer será capaz de hacer aprobar medidas impopulares con un Congreso tan dividido e inmerso en escándalos de corrupción, y que se rehusó ya a votar tales medidas en 2015.  

De manera más estructural, la triple crisis brasileña reveló buena parte de los problemas del país, como la gran promiscuidad existente entre la política y el dinero, originada por un sistema electoral disfuncional que no impone límites de gastos en las campañas y fomenta la fragmentación partidaria. Sin embargo, al nombrar en su equipo a ministros implicados en escándalos de corrupción (y compuesto exclusivamente por hombres blancos), Michel Temer da muestras de querer hacer prevalecer el statu quo. Si bien es probable que las movilizaciones disminuyan durante las Olimpiadas, no podemos olvidar que en las encuestas de opinión más del 60% de los brasileños apoyan elecciones anticipadas. Y si las elecciones se llevaran a cabo hoy, Lula vencería en la primera vuelta. En el país de la cordialidade, después de las emociones de las Olimpiadas, los próximos meses darán lugar, sin duda, a hondas luchas políticas.
 

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¿Será capaz el PMDB de gobernar Brasil?

El PMDB ha tenido el usufructo del poder, mas no ha asumido los costes del ejercicio gubernamental.

/ 16 de mayo de 2016 / 11:35

La crisis brasileña ha evidenciado la complejidad y la opacidad de su sistema político. En efecto, hasta hace pocas semanas, la prensa internacional orientó su mirada —y su crítica— hacia el Partido de los Trabajadores (PT), la formación política de la presidenta Dilma Rousseff y del expresidente Lula. La impopularidad de la Presidenta, los malos resultados en la economía y una opinión pública exasperada por la avalancha de denuncias de corrupción concentraban la agenda mediática. Sin embargo, al avanzar el proceso de destitución de la Presidenta en el Congreso, así como el número de implicados en el escándalo Java-Jato (incluyendo miembros eminentes de la oposición), el ángulo de la cobertura noticiosa cambió.

En particular, se puso de relieve la dificultad para la/el presidenta/e de dirigir un país siendo minoritaria/o en el Congreso (lo que Sergio Abranches, politólogo brasileño, definió como el “presidencialismo de coalición”), a la par de la extrema promiscuidad entre el dinero y la política en Brasil, encarnada por la figura de Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados hasta hace pocos días. Hoy en día, con el inicio del interinato de Michel Temer en la presidencia de la República, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) acapara la atención de la opinión pública. ¿Acaso el PMDB podrá liderar un gobierno capaz de dar respuestas inmediatas en el plano de la economía, cimentar una mayoría política fuerte y estable en el Congreso, y dar total libertad a las investigaciones de la Justicia en el escándalo Java-Jato? ¿Tendrá la osadía de impulsar la reforma política y del financiamiento de la vida política de Brasil, después de haber sido el principal beneficiario de este sistema?

Visto de manera general, es posible afirmar que el PMDB nunca ha dejado de gobernar, ya sea desde el Planalto (la sede de la presidencia, entre 1985 y 1990), desde la explanada de los ministerios de Brasilia (a excepción de los dos primeros años del primer gobierno de Lula), y —sobre todo— en la mayoría de los estados y municipios de Brasil. Esta presencia territorial le ha permitido elegir numerosas bancadas en el Congreso, lo cual le da la posibilidad de exigir a cualquier gobierno, de izquierda o de derecha, una porción importante del pastel ministerial.
Por ende, si bien el PMDB ha gobernado desde 1985, sería preciso indicar que más bien este partido ha tenido el usufructo del poder, mas no ha asumido los costes políticos del ejercicio gubernamental. El PMDB surge y se alimenta de la disputa política local, y proyecta esta fuerza en Brasilia, usando para ello el arma de la división. En efecto, a diferencia del Partido de la Social-Democracia Brasileña (PSDB), una escisión del PMDB, y del PT, que siempre han privilegiado un proyecto político nacional, y que por ende cedieron espacios importantes de la máquina gubernamental, tanto en el ámbito nacional como regional y local, a cambio de tener la preeminencia de la orientación política de sus coaliciones, los caciques del PMDB siempre han negociado de manera separada sus espacios en la máquina pública, tomando como referencia la correlación de fuerzas en el ámbito local, y respetando una división tácita, pero consistente, entre las bancadas del Senado y de la Cámara de Diputados.

La multiplicidad de las agendas y la fragmentación territorial del PMDB, aliado a liderazgos endebles en el plano de la opinión pública, hacen que el PMDB prospere en la división. Paradójicamente, un PMDB unido es un PMDB frágil o fracturado. El problema para este partido (y en particular para su presidente honorífico, Michel Temer) es que, hoy en día, quien tiene que dar la orientación política del Gobierno es el propio PMDB. Si bien se trata de la primera fuerza política del país, sigue siendo minoritario en el Congreso, como lo fueron el PSDB y el PT en su momento.

La economía, la principal preocupación de los brasileños, será sin duda el gran desafío del Gobierno interino (incluso para intentar ocultar el hecho de que una buena parte de la cúpula del PMDB se encuentra bajo investigación de la Justicia). Sin embargo, a diferencia de 2003, cuando Lula tenía no solo la legitimidad de las urnas sino que además tenía la fuerza política para imponer a su partido y a los partidos de su coalición medidas impopulares, hoy en día una parte no despreciable de la opinión pública considera a Michel Temer como un presidente “ilegítimo”.

En el Congreso, Michel Temer tendrá que lidiar con la misma mayoría parlamentaria que no quiso aprobar medidas impopulares durante 2015.

¿Sobre todo, el PMDB estará dispuesto a sacrificarse en aras de obtener la gobernabilidad del país? En el libro El gatopardo, Giuseppe Lampedusa decía que “todo tenía que cambiar para que nada cambie”. El problema es que tal vez en esta ocasión la opinión pública no esté de acuerdo.
 

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