Nos acercamos al final de otro año más sorteando la escalada de crisis, desastres y récords climáticos con acrobacias de sobrevivencia, mientras los acuerdos para frenar el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y sus impactos galopantes avanzan sin mucho impulso en las negociaciones mundiales. Este 2024 va camino a posicionarse como el año más caluroso registrado, superando a 2023 y el umbral de 1,5 grados centígrados de aumento de la temperatura del planeta. Una nueva alerta roja lanzada semanas atrás por la Organización Meteorológica Mundial.

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Estamos conviviendo con paisajes más inflamables y un clima de fuego que favorece la proliferación de incendios voraces, como los que hemos visto este año en gran parte del planeta y especialmente en Bolivia. La sequía extrema y las temperaturas anormalmente altas, agravadas por el fenómeno de El Niño y factores vinculados al uso de la tierra y la deforestación, nos han expuesto al mayor desastre que ha enfrentado el país en términos de escala y afectación, con consecuencias devastadoras para la naturaleza y la sociedad que perdurarán en el tiempo. Las emisiones de carbono de los incendios alcanzaron los niveles más altos registrados para Bolivia, según el Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus, reforzando el ciclo de retroalimentación peligrosa con el cambio climático.

Mientras continúa el balance de los daños, la sociedad demanda respuestas a qué hacer después de los incendios. Las propuestas desde el ámbito de la conservación abogan por estrategias que prioricen la regeneración natural como la vía más efectiva para restaurar los ecosistemas afectados, siempre que se establezcan las condiciones que permitan que la naturaleza siga su curso en la recuperación de la salud del suelo y la biodiversidad. Desde luego, esto se logra con políticas y medidas que garanticen su protección para evitar su conversión a otros usos de la tierra, que sean compatibles con la prevención y respondan a las necesidades y aspiraciones de las comunidades locales y pueblos indígenas, cuya vulnerabilidad se ha profundizado tras la sequía y los incendios forestales, y cuyas voces deben estar al centro de las discusiones.

En un año tan complejo para la economía mundial, los desastres relacionados con el clima y la naturaleza nos recuerdan que no puede haber recuperación económica sin invertir en soluciones que aborden de manera eficaz las causas y consecuencias de los riesgos crecientes. Tras años de negociaciones polarizadas, los países finalmente acordaron un nuevo objetivo colectivo de financiamiento climático en la Conferencia sobre el clima en Bakú (COP29), con el compromiso de canalizar al menos 300.000 millones de dólares al año hacia los países en desarrollo, para apoyar sus esfuerzos frente a la crisis climática. Una meta que para muchos resulta insuficiente, y, aun así, constituye un paso adelante en el camino hacia economías más limpias y sostenibles, que ayuden a proteger a las poblaciones vulnerables de los efectos del cambio climático.

En medio del oleaje de incertidumbres y cantos de sirenas que rodean los mercados de carbono y otros mecanismos financieros basados en la naturaleza, conviene saber navegar el potencial que ofrecen para la conservación de los bosques y la resiliencia de las comunidades. El tiempo es crucial para crear incentivos positivos que ayuden a revertir la ecuación económica que hace que la tierra sea más valiosa deforestada que con bosques en pie.

La financiación climática no es caridad, es una inversión, como señaló Antonio Guterres. Se trata de invertir en nuestro futuro y en un mundo más seguro, sano y próspero para todos.

(*) Verónica Ibarnegaray es directora de proyectos, Fundación Amigos de la Naturaleza

En casi todas las culturas resulta común la asociación entre mujer y naturaleza. La mujer ha sido identificada con la imagen de la tierra exuberante proveedora de frutos y la naturaleza con la madre fértil y generosa. Durante siglos se ha visto a la naturaleza como simple materia prima y recursos disponibles para beneficiar al hombre. A la par, mujer y naturaleza han quedado sometidas a una condición inferior, objeto de explotación y dominación de una sociedad patriarcal y un modelo de desarrollo insostenible.

Las mujeres desempeñan un papel esencial en el mantenimiento de sus hogares y comunidades y en la gestión de los recursos naturales, sin embargo, sus contribuciones han sido siempre subestimadas y se han visto excluidas de sus derechos fundamentales. Pese a ser más de la mitad de la población mundial, las mujeres representan solo el 13 por ciento del total de propietarios de tierras agrícolas. El 70 por ciento de las personas que viven en la pobreza son mujeres y son las más vulnerables frente al cambio climático y los desastres naturales.

Lograr la igualdad de género se ha vuelto un tema central en la agenda global de desarrollo sostenible, que entre sus ambiciosos objetivos busca empoderar a todas las mujeres y niñas y conseguir un Planeta “50-50” para 2030.

Hoy vemos cada vez más mujeres en roles de liderazgo en torno a la conservación de la naturaleza, desde el ámbito mundial hasta el local. Tengo el privilegio de trabajar con tantas mujeres intrépidas que día a día deben enfrentar prejuicios y barreras de género latentes en nuestra sociedad. Bolivia parece estar a la vanguardia en participación de la mujer, al ser el tercer país en el mundo con mayor representación de mujeres en el Parlamento. No cabe duda de que hay avances importantes hacia la paridad de género, pero las brechas para acabar con las desigualdades en otros ámbitos son grandes y precisan cambios transformadores.

De cara al Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo las Naciones Unidas nos instan a “Pensar en igualdad, construir con inteligencia e innovar para el cambio”, buscando aprovechar el potencial de la tecnología y la innovación para acelerar los avances hacia sistemas inclusivos e infraestructuras sostenibles con el rol activo de las mujeres. Es nuestro tiempo para cambiar las cosas. Atravesamos un momento crucial que exige cambios estructurales no solo a nivel tecnológico, sino fundamentalmente en la forma en que nos vemos y nos relacionamos con nuestro entorno, sobre la base de la igualdad y la sostenibilidad.

Verónica Ibarnegaray

es directora de Proyecto en la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN)

En el Foro Económico Mundial realizado semanas atrás en la localidad de Davos (Suiza) se destacó la recuperación de la economía global, cuyo crecimiento se espera que este año alcance el 4%. Pero también se alertó sobre los crecientes riesgos que amenazan esta estabilidad financiera mundial, señalando a los riesgos ambientales relacionados con eventos extremos, desastres naturales, escasez de agua y el cambio climático como los más importantes en términos de impacto, de acuerdo con el Informe de Riesgos Globales 2018.

Resulta innegable que estos riesgos son tangibles y están aumentando; 2017 fue uno de los tres años más cálidos registrados hasta el momento, junto a 2016 y 2015; y ha sido el año más caliente sin el Fenómeno del Niño, que suele provocar un aumento de la temperatura global. Fue un año caracterizado por desastres naturales y eventos extremos, desde incendios hasta inundaciones, huracanes y sequías. Se estima que los desastres relacionados con el clima han causado daños valorados en al menos $us 1,4 billones durante la última década, según estimaciones de las Naciones Unidas. La crisis por la escasez de agua está afectando también a grandes urbes, como Ciudad del Cabo, que corre el riesgo de quedarse sin agua potable en los próximos meses debido a la extrema sequía.

En lo que va del año, los desastres naturales que tienen al país en estado de emergencia por las lluvias intensas, inundaciones, riadas, mazamorras y derrumbes en distintas regiones han puesto nuevamente en evidencia la insuficiente preparación y capacidad de respuesta, así como nuestra vulnerabilidad ante estos eventos. Nos demuestran también a qué punto ha aumentado la toma de conciencia ciudadana sobre los distintos factores que intervienen en la ocurrencia de estos desastres, desde el rol de los bosques y árboles como reguladores del clima, del ciclo del agua y distribución de las lluvias, a las consecuencias del crecimiento urbano desordenado y la falta de una adecuada planificación y gestión territorial que aborde adecuadamente las interdependencias entre los riesgos e impactos ante escenarios de cambio climático.

Cada día surge nueva evidencia sobre el impacto de nuestro modelo de desarrollo en el medioambiente y la gravedad de los riesgos actuales y potenciales para nuestra sociedad. Lo cierto es que todo parece caer en saco roto, pues aún no hemos aprendido a desarrollar nuestra economía sin degradar el medioambiente. Es de esperar que el optimismo respecto al crecimiento económico sea una oportunidad bien aprovechada para encarar los riesgos y desafíos ambientales con la premura y prioridad que merecen.

La trágica sucesión de desastres naturales que vienen ocurriendo en el mundo parece demostrar que no hay lugar del planeta que no esté expuesto a estos eventos. Los huracanes que han golpeado las islas del Caribe y el sur de Estados Unidos; las olas de incendios desatadas en Norteamérica, Sudamérica y Europa; las inundaciones causadas por las lluvias monzónicas en el sur de Asia; y la sequía extrema que ha afectado el sur de África han dejado miles de muertos, millones de personas desplazadas, hambrunas, pérdidas millonarias y devastación a su paso, poniendo una vez más en evidencia la urgente necesidad de redoblar los esfuerzos para reducir el impacto de estos eventos en el futuro.

En los últimos años se está dando un cambio de paradigma en la forma de afrontar estos sucesos, buscando dar mayor énfasis en la reducción del riesgo que en la gestión de desastres, bajo el impulso del Marco de Sendai, adoptado en 2015 por los países miembros de las Naciones Unidas. En la práctica, salir del enfoque tradicional de atención a emergencias y construir una cultura de prevención no es tarea fácil. Kofi Annan lo expuso así: mientras que los costos de prevención deben ser pagados en el presente, los beneficios están en un futuro distante, son menos tangibles, pues son desastres que no sucedieron. Es por esta razón que las medidas de prevención resultan impopulares a la vista de las autoridades de turno, que prefieren invertir en obras que sean inaugurables en su gestión que en riesgos futuros potenciales, donde los efectos se verán a largo plazo. Esto se refleja en la insignificante inversión pública destinada para la reducción de riesgos de desastres en comparación con los enormes fondos que deben ser destinados a la atención de emergencias y de recuperación.

Peor aún, a esta racionalidad se suma el paquete de proyectos promovidos en nombre del desarrollo que ocasionan la degradación ambiental y la destrucción de ecosistemas que juegan un rol clave en la reducción de riesgos y la protección contra eventos extremos, como inundaciones, sequías, deslizamientos, además de la regulación del clima.

Con todo, los desastres naturales seguirán ocurriendo, agravados por el cambio climático; y mientras no exista una adecuada comprensión de la naturaleza de los riesgos actuales y futuros en todas sus dimensiones, y éstos no sean considerados como un problema de desarrollo prioritario que debe ser abordado con un enfoque integral e inclusivo, no será posible alcanzar las metas trazadas para erradicar la pobreza, disminuir la inequidad y lograr el desarrollo sostenible. 

Los incendios forestales constituyen una amenaza que engloba más que el fuego, ya que intervienen en su ocurrencia factores sociales, y tal vez por eso tenemos la ilusión de poderlos controlar. Hoy los expertos coinciden en que estamos ante una nueva generación de incendios forestales de alta intensidad, que arrasan grandes superficies sobrepasando toda capacidad de respuesta. Uno de estos llamados megaincendios golpeó Portugal el mes pasado, dejando el trágico saldo de 64 muertos y centenares de heridos. En Chile ardieron más de 467.000 hectáreas a principios de año, en uno de los incendios más destructivos de este siglo. Estados Unidos y Canadá actualmente se encuentran tratando de controlar incendios que están azotando distintas regiones de su territorio, invirtiendo cifras millonarias de recursos en las labores de extinción.

Son diversas las causas que explican el origen de estos incendios, pero un factor determinante del comportamiento y severidad del fuego son las condiciones climáticas en las que se desarrollan. Las altas temperaturas y olas de calor registradas en gran parte del planeta han propiciado condiciones para desatar una ola de incendios devastadores en lo que va del año.

En Bolivia tenemos escenarios potencialmente peores. Las tendencias y proyecciones climáticas advierten un incremento sostenido de la temperatura media del país y un calentamiento de 2 a 4ºC para mediados de siglo, mostrando un aumento más pronunciado durante la época seca, que exacerbaría aún más los riesgos de incendios. Durante 2016, un año de intensa sequía con récords de temperatura, se quemaron cerca de 3,5 millones de hectáreas de bosques y pampas en todo el país, registrando la mayor superficie afectada de los últimos cinco años, según el monitoreo de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). Ese año vimos cómo el fuego se acercó peligrosamente a zonas urbanas, poniendo en riesgo vidas humanas y ocasionando niveles de contaminación por encima de lo tolerable.

Ya estamos en julio y antes de que el país se cubra nuevamente de humo y vuelva la presión social contra los chaqueos y las quemas, exigiendo sanciones y medios eficaces para atender la emergencia, resulta de vital importancia tener presente que la gestión de incendios se construye todo el año, y que su enfoque no debe centrarse únicamente en la supresión del fuego. Resulta fundamental contar con políticas claras y consistentes con los problemas ambientales y de desarrollo del país, susceptibles de mejorar las condiciones del medio rural con una adecuada gestión de los bosques y el territorio, y de reducir los riesgos antes de que llegue el fuego. Urge exigir y fomentar una gestión integral de los incendios forestales, con acciones sostenidas que no se disipen una vez más con el humo.