Voces

viernes 23 abr 2021 | Actualizado a 00:57

Mi desacuerdo con Colanzi

/ 26 de marzo de 2021 / 01:32

 ¿Existe lo blanco en Bolivia? Mi negación hacia esta categoría no es, por supuesto, accidental. No omito su existencia, la niego deliberadamente, en lógica respuesta a la negación de lo indio por aquellos que se creen blancos. Es una postura defensiva ante la abierta ofensiva del racismo exacerbado. Si lo blanco existe en nuestra tierra, dicha identidad representa más un obstáculo que una solución al problema del racismo en Bolivia.

¿Dónde ésta lo blanco, me preguntan? Veamos a Poppe, y ahí nos daremos cuenta de por qué dicha identidad es tan problemática. Lo blanco es la obsesión dentro de las cabezas que no tardaron en aplaudir las masacres de Senkata y Sacaba y que llamaron “bestias humanas” a otros ciudadanos. Es el complejo de aquel exministro de los ojos verdes. Una fijación patológica.

En Bolivia, lo blanco no es una identidad cultural, ni una nacionalidad. Es un fetiche, incompatible con una ecuación de sociedad verdaderamente democrática. Por eso, debe extinguirse toda forma de privilegio asociada a esta pseudo-identidad construida socialmente como una forma de capital que aceita la vida de algunos mientras asfixia la de otros.

Desde mi punto de vista, la única forma de ser auténticamente progresista e incluso de izquierdas en nuestro país pasa necesariamente por el rechazo a la idea de blanquitud. A partir de ahí todo me resulta válido, desde “raza cósmica” hasta quechua o guaraní. Y lo digo porque, es obvio, soy zurdo.

Hay pues, izquierdas y derechas en Bolivia. No son nociones ajenas a nuestra realidad o imposiciones eurocéntricas, porque hay personas que creen que las cosas están bien como están, mientras que otras creemos que es necesario un cambio urgente. Bobbio señaló que dichos conceptos eran todavía útiles incluso después de la caída de la URSS, porque las personas pueden dividirse de acuerdo a su posición frente a cuestiones como la igualdad, la justicia y la libertad, con diferentes grados de radicalidad, claro.

Y por ello mismo, desde mi vereda, el racismo no solo debe ser denunciado sino ferozmente combatido, porque desde noviembre de 2019 una parte de los bolivianos ha decidido quemar wiphalas y agredir a mujeres de pollera. No hay diálogo posible con eso. Nadie nace facho, claro, pero aquellos que se sienten en libertad de asumir cínicamente tal identidad, la de facho, como Poppe, le declaran la guerra a todo un país. No creo que hubiera sido posible redimir a Hitler, ni tampoco trataría de razonar con alguien del Ku Kux Klan.

“Buscar y descontextualizar expresiones discriminatorias —y forzadamente vincularlas a una región— para culpar, es ideologizar; y, como tal, la ideología es per se FALSA CONCIENCIA”, interpretación forzada de Alejandro Colanzi. Cuando denuncié el vulgar racismo de Calvo y los muchachos que quitaron la wiphala de una plaza, fui particular en mi acusación. Fueron Calvo y los dos muchachos. Santa Cruz es más que el barrio Equipetrol y ciertamente ninguna de estas personas representa ni por asomo la cruceñidad. Qué terrible sería, se imaginan, que personas como Yassir Molina fueran todo lo que Cochabamba puede ofrecer. Capone no representa a New York.

Debo aclarar que mi respuesta no alberga hostilidad alguna hacia Colanzi. Por lo que entiendo de su artículo, se trata de alguien que desprecia el racismo tanto como yo. Pero tengo la impresión de que él cree que la mejor forma de superarlo es ignorándolo, mientras que yo creo que es combatiéndolo o, por lo menos, denunciándolo. Con cariño.

 Carlos Moldiz es politólogo.

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Yassir Molina y el lumpen

/ 9 de abril de 2021 / 03:08

En Los Orígenes del Totalitarismo, Hannah Arendt señala de forma precisa la distinción entre pueblo y populacho, observando un fenómeno que emergía con claridad en las postrimerías del siglo XIX: la sociedad de masas. Confundido entre las multitudes actuaba ya desde entonces este sujeto sin forma que, muy a menudo, se presenta a sí mismo como el pueblo, pero que, a diferencia de éste, no aspira a la construcción de ninguna forma de organización política, sino a la más licenciosa anarquía.

Arendt nos dice: “El populacho es principalmente un grupo en el que se hallan representados los residuos de todas las clases. Esta característica torna fácil la confusión del populacho con el pueblo, que también comprende a todos los estratos de la sociedad. Mientras el pueblo en todas las grandes revoluciones lucha por la verdadera representación, el populacho siempre gritará en favor del ‘hombre fuerte’, del ‘gran líder’. Porque el populacho odia a la sociedad de la que está excluido tanto como al Parlamento en el que no está representado”.

También podemos llamarlo lumpen proletariado, baja sociedad o aquellos que están de sobra, y que generalmente viven no en los intersticios de la formalidad del Estado, sino en la más franca ilegalidad. Pandilleros, narcotraficantes, pequeños matoncitos de barrio y proxenetas. Todos aquellos elementos execrados por el mundo civilizado, y con toda razón, porque de entre sus filas emergieron personajes tan funestos y detestables como Pablo Escobar, Al Capone y demás mafiosos.

¿Por qué la reflexión? Recuerdo cuando en el preludio del golpe de Estado de noviembre, Luis Fernando Camacho llamaba a la sociedad cruceña a “sacar la agenda como hacía Pablo Escobar, para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo”, invitando con ello a comportarse como un mafioso de baja laya como fue, justamente, Pablo Escobar.

No faltaban, por supuesto, oídos receptivos para tal mensaje, y poco después bandas de pandilleros organizados en la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala asaltaban comunidades enteras a bordo de motocicletas y armados hasta los dientes, como las hordas de Gengis Kan a lo largo del norte de Asia. ¿Quiénes resultaron ser los vándalos?

Entre sus líderes destacó el infame Yassir Molina, en cuya página de Facebook puede apreciarse su inclinación hacia la cultura gangster, tal como ese otro abogadillo que tenía un afiche de El Padrino en su oficina. ¿Debe sorprendernos, entonces, que todo el movimiento “pitita” se haya comportado en el gobierno como estas bandas de “motoqueros” lo hicieron en las calles, como verdaderos criminales?

Pero su elección de ídolos no podría ser más desacertada en un país como Bolivia, cuya tradición sindical y comunitaria, o la impronta de lo nacional popular en nuestra historia, hubieran puesto en su lugar a Escobar, Capone y demás personajillos, seguramente decorando algún poste de luz en cualquiera de nuestras calles.

No se puede construir sociedad con el hampa, porque sus elementos todavía viven en el belicoso estado de naturaleza temido por Hobbes. Bolivia no es país para gangsters y Yassir está donde debe estar. El desafío de nuestro tiempo se encuentra, ahora, en purgar esta justicia que parece estar al servicio de cualquier poder tal como lo estaría un sicario. No me preocupa la detención de este hombre, sino que aquellos que lo encerraron fueron los mismos que perseguían a masistas durante la dictadura de Áñez.

 Carlos Moldiz es politólogo.

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Un rey chiquito

/ 12 de marzo de 2021 / 01:28

Elecciones democráticas no necesariamente producen resultados democráticos. Es bien sabido que Hitler llegó al poder impulsado por una ola de fanatismo antisemita que luego tendría consecuencias catastróficas para el mundo entero durante la primera mitad del siglo pasado. Creo no ser exagerado cuando afirmo que la victoria de Camacho en las últimas elecciones subnacionales encierra perspectivas sombrías para el futuro de nuestro país en el corto plazo. Con la victoria de Camacho, en Santa Cruz acaba de triunfar una élite económica retrógrada pero pujante, cuyo proyecto político está en las antípodas de los ideales republicanos que pretende defender.

Para sostener mi punto, me remito al excelente trabajo coordinado por Ximena Soruco, Los barones del oriente: el poder en Santa Cruz ayer y hoy, publicado en marzo de 2008, meses antes de que aquella misma élite se embarcara en una aventura golpista destinada al fracaso en septiembre de ese año, lo que no los detendría de intentarlo nuevamente en 2019, solo que esta última vez, con éxito.

En el primer capítulo de esta obra, Soruco parte de la premisa de que de aquella élite económica de tendencias endogámicas ha cambiado muy poco desde que se constituyó por primera vez a partir del auge de la goma a finales del siglo XIX, lo que explica la persistencia de su discurso excluyente, abiertamente racista y colonial, guiado siempre por una lógica extractivista y antinacional. Lo peligroso de este grupo social, concluye la autora, reside no tanto en su caducado paradigma ideológico como en que es capaz de poner en peligro la propia existencia de la comunidad boliviana para garantizar su supervivencia.

Y no se equivoca, a juzgar por su fugaz desempeño como clase dirigente durante el año pasado, tiempo durante el cual la desinstitucionalización y saqueo del Estado superó por mucho su discurso de los “14 años de despilfarro y corrupción”, llegando incluso a ponernos nuevamente en las manos del FMI y la Embajada de los Estados Unidos.

Pero lo que más me llamó la atención de este trabajo fue la afirmación de que en orden de imponer la narrativa de la lucha de regiones por sobre la lucha de clases, esta élite suprimió por la fuerza posibles proyectos populares en el seno de la sociedad cruceña, lo que me trae a la mente un concepto de mis años universitarios llamado “autoritarismo subnacional” que, grosso modo, se refiere a una situación donde un reducido grupo de familias controla la localización de recursos y oportunidades de una sociedad, vulnerando siempre los principios de convivencia democrática, como por ejemplo: no golpear indígenas en las calles. Poco importa en esto si su caudal de votos fue amplio o reducido. No es cómo entraron; es lo que hacen lo que los define.

Los autoritarismos subnacionales son, entonces, una suerte de feudos. Generalmente se contentan con reservarse ciertos privilegios dentro de su área de control territorial, pero puede darse la situación en la que los mismos busquen irradiar su influencia a nivel nacional y en contra del nivel central. Cuando esto sucede, la democratización de estos enclaves autoritarios es un imperativo para la sobrevivencia de la comunidad nacional como un todo, lo que puede suceder desde dentro de estas sociedades, o desde el nivel nacional.

Esto significa que Camacho no es más que un rey chiquito, con un apoyo nacional de solamente 14%, y poco más de la mitad de los votantes en el departamento de Santa Cruz. Espero no lo olvide.

 Carlos Moldiz es politólogo.

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Acá no hay blancos

/ 26 de febrero de 2021 / 01:35

¿Cómo hablar sobre racismo en Bolivia sin herir algunas sensibilidades? Creo que no es posible. Es un problema que atraviesa a nuestra sociedad hasta la médula, un elemento constitutivo de lo que es la bolivianidad, derivado de los múltiples traumas provocados por la colonialidad de nuestros orígenes republicanos. No obstante, creo que su discusión resulta más incómoda para aquellos que intentan disfrazarlo que para aquellos que se proponen desenmascararlo. En Bolivia hay racismo porque hay racistas, no hay donde perderse.

Cuando el actual presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, calificaba como bestias humanas a las personas que protestaban a lo largo y ancho del país en contra de las pretensiones prorroguistas del gobierno de Áñez, lo hacía desde una lógica señorial que implícitamente se percibía a sí misma como blanca, no india y occidental. De la misma forma que los dos jóvenes que, en indisimulado acto de desprecio hacia los pueblos indígenas de Bolivia, quitaron la bandera wiphala de un espacio público en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, arguyendo haber desconocido que se trataba de un símbolo patrio para justificar su acto de vandalismo, todavía no sancionado hasta donde sé.

En ambos casos, se trataba de un acto de negación de la identidad indígena como otredad, e incluso como una negación de la identidad propia: del yo. Algo que resulta bastante curioso en un país reconocido mundialmente como uno de mayoritaria población indígena. Se puede decir que, virtualmente, no existe un boliviano que pueda considerarse plena o completamente blanco, genealógicamente hablando. No obstante, la irrupción “pitita” de noviembre de 2019 ha abierto la caja de Pandora, y no son pocas las manifestaciones de racismo que se han dado desde entonces.

Pero ahí reside, justamente, la raíz de este problema: en la categoría de blanco, que a estas alturas de la historia universal puede querer decir cualquier cosa, siendo mucho más ambigua en el caso de nuestro país. Si hay algo ajeno, impertinente, no válido, para una realidad como la nuestra es justamente la autoidentificación que alguien pueda tener con la idea de blanquitud. Por otro lado, no hay nada más propio, más esencial, más original que la categoría de indio, que seguramente tiene más asidero histórico y cultural que incluso la de mestizo.

Tal vez la mejor forma de abordar el problema del racismo en Bolivia, al menos en un principio, es apreciar su paradójica naturaleza, pues es una ideología persistente en el más indígena de los países de nuestro continente. Algo que incluso la izquierda tradicional no pudo reconocer durante mucho tiempo, adoptando posiciones paternalistas que a fin de cuentas solo reforzaban la inferiorización de unos bolivianos a quienes pretendían defender frente a otros a partir de los hechos más fortuitos, como el apellido, la casualidad de haber accedido a cierto tipo de educación, o haber nacido en determinado lugar. La película La nación clandestina, de Jorge Sanjinés, es, como me dijo un amigo, una tesis audiovisual al respecto.

De esto me hizo dar cuenta mi pareja. Le llamaba la atención que hablara sobre racismo como alguien ajeno al problema, como si yo no considerara lo indígena como algo ajeno. “No eres blanco”, me aclaró. “Acá no hay blancos, zurdito”.

   Carlos Moldiz es politólogo.

 

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Carta abierta al general Tomás Peña

/ 12 de febrero de 2021 / 01:33

La semana pasada encontré un artículo titulado La servidumbre y el politólogo, escrito por el general Tomás Peña y Lillo Tellería, en el periódico Página Siete, donde se fustigaba lo que sostuve en una nota de opinión que había escrito anteriormente. No pude contener mi emoción, cuando se lo comenté a mi compañera, a quien le dije casi gritando: “¡Ves, me leen!” Ahora debo responder.

Lo primero que me llamó la atención fue este pasaje: “nuestra jubilación, de ella ignora que no alcanza al 80%, que los jubilados mayores ganan una miseria que no se incrementa hace 15 años y que es el resultado de nuestros propios aportes por 35 años ininterrumpidos, por otro lado ¿qué propone? ¿Igualar la miseria?, ¿si quería tener una jubilación digna, por qué no entró al Colegio Militar?”

Me pregunto si los oficiales en cuestión ignoran que el TGN desembolsa hasta Bs 180 millones cada año para que los militares reciban una renta de casi el 100% del sueldo con el que se jubilaron, para lo cual se benefician de un conjunto de bonificaciones como el bono Antigüedad, el bono Jerarquía o el bono Frontera. Se trata de ingresos considerados como una “conquista” en sus filas, aunque tal vez sería más honesto llamarlos “botín de guerra”, asegurados a lo largo de nuestra cruenta historia de golpes militares. Es un sector indudablemente, e inmerecidamente, privilegiado. Y no señor Peña, no me hubiera gustado el Colegio Militar.

¿Por qué cree, señor Peña, que ustedes merecen semejantes salarios más que, digamos, la madre soltera que vende frutas en la feria de mercado y que muchas veces ni siquiera percibe una jubilación? Créame, su esfuerzo no es menor al suyo.

Lo segundo que me llamó la atención fueron las siguientes líneas, referidas al supuesto servicio que las FFAA le prestan a nuestro Estado: “Sumamos a esto los beneficios para los jóvenes soldados y marineros, que incluyen la inculcación de valores morales, el conocimiento y las habilidades para la vida, el aumento de la autoestima, la sana competencia de capacidades, la disciplina y el orgullo de cumplir con sus deberes ante su familia, la sociedad y la patria”

Sabía usted, señor Peña, que entre 2017 y 2018 la Defensoría del Pueblo registró 32 denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército, que van desde casos de tortura, violencia física y psicológica, e incluso discriminación. Me viene a la mente Juan Carlos Morales Ticona, asesinado a golpes por un oficial de la institución que usted tanto venera, y decenas como él, que murieron no al servicio de la Patria, sino como víctimas del privilegio que sus funcionarios disfrutan. ¿Esos son los beneficios a los que usted se refiere?

Pero lo que más me indignó fue esta partecita, respecto a las masacres de Senkata y Sacaba, que el uniformado niega vehementemente: “Nada de esto pasó en ambos lugares, donde las FFAA actuaron con la mayor cautela posible, si hubieran querido usar la fuerza letal indiscriminada, las víctimas hubieran sido cientos o miles”, y luego añade, “se olvida que era una muchedumbre con diversas armas que trataba de llegar a un punto para causar destrucción…”

“Si hubieran querido… las víctimas hubieran sido cientos o miles” “Muchedumbre con diversas armas…” ¿En serio, general? Era una protesta desarmada, y ustedes abrieron fuego contra ella. Tengo la impresión de que lo que recientemente hicieron los militares en Myanmar no es la excepción, sino la regla. Ellos también creían que nadie tenía el derecho de negarles sus privilegios. Yo creo que sí.

     Carlos Moldiz es politólogo.

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Irreverencia policial

/ 29 de enero de 2021 / 02:11

Se me acusó de ser demasiado duro con las Fuerzas Armadas en mi último artículo de opinión, recordándome que en la historia de nuestro país también se pueden encontrar militares patriotas y comprometidos con su pueblo y no con las élites oligárquicas que lo han sometido desde su fundación, y aunque puedo reconocer que ciertamente sí hubo vidas ejemplares entre sus filas, estoy convencido de que personas como Toro, Villarroel, Busch y Torres fueron más la excepción que la regla. De todos modos, lo que sostuve fundamentalmente hace un par de semanas no era si los militares son buenas o malas personas, sino que la institución como tal es demasiado costosa para los bolivianos en términos fiscales, y que el Servicio Militar Obligatorio sirve de poco para nuestra sociedad, razón por la cual deberíamos abolirlo.

Algo parecido pienso respecto a la Policía Nacional, que muy pocos bolivianos consideran una institución ejemplar. De acuerdo con el Latinobarómetro 2018, solamente 23% de los bolivianos encuestados en aquel informe afirmaron confiar en ella; mientras que uno de cada cinco bolivianos afirma haber sido víctima de un soborno por parte de algún oficial policial, según una investigación de David Pion y Miguel Carreras, que traducida al castellano titula Fuerzas Armadas, Policía y lucha contra el crimen en Latinoamérica, y que advierte que la inefectividad policial en el cumplimiento de su deber inclina a muchos habitantes de nuestro hemisferio a apoyar la intervención militar en asuntos de seguridad interna, a pesar del costo que ello implica para los derechos humanos.

Si sumamos a la ineficiencia y la corrupción el hecho de que también se trata de una corporación con un considerable poder de veto sobre la toma de decisiones gubernamentales, entonces se entenderá porqué su reforma es un asunto urgente. Esa es la conclusión a la que llega, también, el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, cuya investigación Policía y democracia en Bolivia: una política institucional pendiente, advierte que no es posible consolidar una sociedad democrática y respetuosa del Estado de Derecho si una de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley funciona de forma diametralmente opuesta a como debería. Entre las falencias institucionales más preocupantes de la Policía, el autor advierte, se encuentra una, “autonomía policial, fenómeno que traduce la dramática pérdida progresiva de liderazgo, control y capacidad de fiscalización de las autoridades públicas civiles sobre una de las parcelas estatales más importantes que detenta el monopolio legítimo de la coerción”.

Lo que también hace difícil cualquier intento por reformarla, debido a que de una buena relación con ella depende en gran medida la estabilidad del gobierno de turno. Esto hace que el Estado en su conjunto sea tolerante con escandalosos casos de corrupción protagonizados por oficiales de alto rango mientras que sus miembros de base deben soportar salarios míseros y condiciones de vida miserables. Y eso es lo peor ¡Todos pierden! La sociedad que no puede encontrar garantías para el resguardo de su seguridad y los propios policías de base, que deben soportar la postergación que el privilegio de los altos mandos ocasiona. Altos mandos, por lo demás, irreverentes y peligrosos para la democracia, como noviembre de 2019 demuestra.

Es comprensible que todos los intentos por reformar la Policía Nacional hayan fallado hasta ahora, lo que no significa que debamos dejar de tratar.

     Carlos Moldiz es politólogo.    

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