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domingo 18 abr 2021 | Actualizado a 10:46

¿Crédito del FMI o intercambio de divisas?, el falso debate

/ 31 de marzo de 2021 / 02:29

 Los swaps son contratos derivados entre dos partes que involucran el intercambio de flujos de efectivo, existiendo diferentes tipos como ser: “Swap de tasas de interés”, que implica el intercambio de pagos de intereses en la misma moneda; y “Swap de Divisas”, que se refiere al intercambio de una cantidad de efectivo en una divisa por la misma cantidad en otra. En ambos casos existen condiciones, tratándose de mecanismos de financiamiento que están ligados al riesgo.

En este marco, es importante esclarecer que el crédito negociado entre el gobierno de transición y el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue una operación de “Swap de Divisas”, mecanismo de financiamiento definido anteriormente como el intercambio de flujos de efectivo de una divisa por otra, en el cual se asumieron los riesgos de las variaciones del tipo de cambio de los Derechos Especiales de Giro (DEG), la tasa de interés para este tipo de créditos, el pago de comisiones cobradas para este efecto y un plazo determinado para la devolución de los mismos.

El FMI otorgó asistencia financiera de los DEG gestionada por el gobierno de transición, con el argumento de utilizarlos para afrontar la crisis sanitaria pero que, al mismo tiempo, implicaban condiciones para la implementación de diferentes políticas en nuestro país, como la cambiaria. Cabe recordar que los DEG son recursos que se constituyen en un activo de reserva para los países miembros y su valor se calcula en base a un conjunto de monedas (dólar de Estados Unidos, euro de la Unión Europea, renminbi de la República Popular China, yen de Japón y la libra esterlina del Reino Unido), asimismo, cada país miembro tiene una cuota en DEG en función a su participación accionaria.

Los mencionados recursos de crédito alcanzaron la suma de 240,1 millones de DEG, mismos que tenían que ser restituidos como cualquier otra deuda convencional, en el plazo de cinco años por parte del Estado boliviano. A febrero de 2021 los DEG se apreciaron, por cuanto en términos de variación cambiaria representaron un costo de $us 19,6 millones sobre el crédito otorgado, al cual se sumaron los intereses y comisiones por un valor de $us 4,7 millones, dando un total de $us 24,3 millones por concepto de costos totales de la operación, que sumados al capital alcanzaron un total de $us 351,5 millones al momento de la devolución al FMI.

Por otra parte, es importante aclarar que en una operación de intercambio de divisas se transan las mismas a un valor de tipo de cambio preestablecido en el momento, por una autoridad monetaria o el mercado, quedando cerrada la operación al instante del intercambio, por lo que no es comparable con el mencionado crédito negociado con el FMI, que como ya se mencionó anteriormente, implicó riesgos de variación del tipo de cambio, tasa de interés, comisiones y el plazo para la restitución de estos recursos.

Por la descripción realizada precedentemente, se recalca que la operación realizada entre el gobierno transitorio con el FMI es una operación de deuda tipo “Swap de Divisas”. Sin embargo algunas personas, con el ánimo de minimizar este hecho, que se suma al conjunto de desaciertos que cometió el anterior gobierno, y con el afán de desinformar y generar confusión con sus declaraciones y publicaciones, mienten a la población.

Finalmente cabe establecer que no existe ningún fundamento teórico ni conceptual que sustente el cuestionamiento de la citada operación de crédito con el FMI, si éste fue un ¿crédito o intercambio de divisas?, esta interrogante es parte de un falso debate, situación a la cual nos tienen acostumbrados algunos opinólogos en materia económica.

 Gustavo Gómez es economista.

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Las sombras del FONDO

/ 8 de marzo de 2021 / 04:22

Durante la conferencia de Bretton Woods de 1944, se creó el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte del sistema económico internacional que reconfiguró el nuevo escenario mundial con la división de las áreas de dominio e influencia territorial, incurriendo en un colonialismo moderno. La finalidad de su creación versa en la estabilidad del sistema monetario internacional, a objeto de garantizar la estabilidad financiera de los países miembros, políticas que fueron aplicadas en la época de posguerra.

La participación del FMI en Bolivia fue poco significativa hasta los años 70, alcanzando protagonismo después de la crisis de la deuda y el final de la guerra fría a finales de los años 80. En concordancia con estos hechos, esta entidad cambió sus directrices adoptando su interés en el liberalismo económico, por lo que este contexto fue el espacio propicio para el relanzamiento y posicionamiento ideológico en la región.

Durante la primera parte de los años 80 del siglo XX, Bolivia estaba en plena crisis económica producto de la elevada deuda externa, que tuvo consecuencias funestas como la hiperinflación, únicamente comparables con épocas de conflictos bélicos, decrecimiento del Producto Interno Bruto, y un descontento generalizado con un gobierno popular que intentaba enarbolar las banderas de la revolución nacional, pero que dada esta situación extrema, abandonó los ideales nacionalistas. Asimismo, el deterioro de los términos de intercambio de nuestro país, exportador de materias primas, condujo en el largo plazo al desequilibrio de la balanza de pagos, lo cual obligó a la búsqueda de financiamiento externo con la finalidad de salir de esta extrema situación.

Este escenario se convirtió en una oportunidad propicia para ejercer el dominio del FMI sobre un país en extremo necesitado de recursos externos para superar la crisis, por lo que a mediados de los años 80 se gestó la intervención de organismos internacionales que prepararon sendos paquetes de medidas tendientes a contrarrestar y superar la crisis del país, pero que a la par imponían la ideología de los países desarrollados. Con la implementación del Programa de Ajuste Estructural, el FMI condicionó la otorgación de créditos, implementando el chantaje de los denominados “créditos atados”, estas medidas de naturaleza ortodoxa lograron controlar la hiperinflación y estabilizar el tipo de cambio, pero el costo social fue muy alto, ya que demandaban ajustes de índole económico de carácter regresivo.

Las medidas afectaron principalmente a los sectores más vulnerables, que perdieron su fuente de empleo y se vieron obligados a desarrollar actividades desconocidas para ellos, sin alternativa alguna que pueda representar un empleo sustituto; por otra parte, se incrementaron los niveles de pobreza, de desigualdad, se acentuó la discriminación clasista y se profundizó la pigmentocracia, entre otras consecuencias.

En los años 90, cuando la economía boliviana viraba hacia el neoliberalismo, se estableció la segunda etapa del programa de ajuste estructural, cuyo elemento central era el proceso de privatización de las empresas públicas, sin importar su nivel de rentabilidad; este proceso se denominó “capitalización”, cuyo objeto era ceder el patrimonio nacional a empresas extranjeras a precios que solo consideraron su valor en libros. Este hecho representó para los gobernantes de turno el beneplácito de los organismos internacionales y principalmente del FMI, poco a poco las empresas públicas pasaban a manos privadas afectando a miles de trabajadores que se vieron de la noche a la mañana sin empleo.

A principios del nuevo milenio, la ideología implementada se había afianzado con la intensificación del libre comercio y se pretendía completar el proceso de privatización de las empresas estratégicas, que tenían un componente residual en propiedad de los bolivianos. El FMI condicionó nuevos créditos para completar las transferencias plenas de las empresas públicas a manos privadas, utilizando como argumentos el déficit fiscal y la implementación de un impuestazo que afectaba directamente a la clase trabajadora del país. La reacción de la población ante semejante situación generó una crisis política que derivó en conflictos internos que costaron la vida de muchos compatriotas, en tanto el FMI y otros organismos internacionales observaban el desenlace de los sucesos que ellos habían generado en complicidad con la clase política entreguista que gobernaba el país.

En 2020, después de 15 años de ausencia, el gobierno de transición acudió a esta instancia internacional bajo la excusa de atender la pandemia, negociando de esta manera recursos condicionados que significaban para los bolivianos retornar a los años de dependencia económica, perder la soberanía y someter a nuestro país a cambio de dólares foráneos; una operación que, además, no tenía ningún tipo de legitimidad y que vulneraba la normativa constitucional, razones suficientes para devolver los recursos indebidamente recibidos.

La historia descrita muestra solo sombras en el paso desafortunado del FMI por Bolivia, senda que solo dejó luto, pobreza y recesión para la mayoría de la población boliviana.

 Gustavo Gómez es economista.

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El círculo virtuoso de la calidad educativa

/ 26 de octubre de 2020 / 02:23

La calidad educativa puede ser entendida como el conjunto de cualidades intelectuales, sociales, morales y emocionales que se generan en los estudiantes, resultado de la integración de las dimensiones que componen el círculo virtuoso de la calidad educativa: normativo, infraestructura, profesores y estudiantes.

El componente normativo, en general, está definido por el Gobierno mediante la estrategia o plan sectorial en materia educativa, instrumento que define el objetivo estratégico y las directrices sectoriales, el mismo debe contener elementos socioculturales propios de cada país rescatando los valores y tradiciones culturales para la mejor asimilación de los contenidos curriculares, pero además, es imprescindible que esté en concordancia con los parámetros y lineamientos internacionales en materia educativa, incorporando de esta manera al país en el contexto mundial. En este núcleo se incluyen, además, el diseño curricular de las asignaturas, las metodologías de evaluación y la reglamentación interna de cada institución educativa, elementos alineados al plan sectorial.

El segundo componente se refiere a la infraestructura que contiene los ambientes físicos para el desarrollo pleno de la actividad educativa, aulas, pupitres y pizarras; asimismo, laboratorios, ambientes deportivos y espacios recreativos, a estos elementos se suman las computadoras, pantallas digitales y conexiones a internet como herramientas imprescindibles de apoyo.

Otro de los elementos fundamentales dentro del círculo virtuoso de la educación se refiere a los profesores, que deben tener vocación, capacidad intelectual, formación académica y pedagógica para transmitir sus conocimientos a los educandos, mediante diferentes herramientas en el desarrollo de sus clases, además de ser motivadores y exigentes, con capacidad de identificar liderazgos, facilitadores que cumplan con la programación y los objetivos académicos establecidos para cada gestión.

El círculo se completa con el elemento central del proceso, los estudiantes, los cuales deben tener principios y valores, respeto por el otro y sus diferencias, equilibrio emocional, conscientes de sus derechos y deberes, con metas claras y deseo de superación, capaces de asimilar los conocimientos impartidos por sus profesores y motivados a la investigación. Parte de estas cualidades son impartidas en el hogar, siendo la institución educativa un complemento determinante en la formación académica.

Estas dimensiones conforman el círculo virtuoso de la calidad educativa, interaccionan de manera sistemática e integral, generando de esta manera sinergias para lograr calidad y excelencia en la educación.

Bolivia está muy distante de alcanzar, al menos, alguno de los núcleos mencionados, las razones son estructurales y no atribuibles a ésta o la anterior gestión de gobierno, vienen de muchas décadas pasadas en las cuales ha existido poca o nula atención por parte de las autoridades de turno que se conformaron con diseños superficiales y poco estructurados en esta materia, que no contribuyeron al desarrollo pleno de la educación boliviana.

La pandemia obligó la implementación de clases a distancia y/o virtuales a instituciones, profesores y estudiantes que tuvieron que improvisar en la utilización de estos sistemas para tratar de salvar la presente gestión educativa; sin embargo, es importante resaltar que gran parte de los estudiantes en Bolivia no cuentan con acceso y cobertura a internet, además de carecer de equipos para este propósito, desnudando de esta manera las deficiencias en materia educativa.

Las medidas desacertadas de la actual gestión de gobierno, clausura del año escolar y la desorientación al sistema universitario, entre otras, han dejado a la educación en el limbo del abismo y en colapso, por lo que resulta imprescindible e ineludible que la próxima gestión de gobierno considere a la educación como una verdadera prioridad nacional, corrigiendo de esta manera los errores del pasado y visualizando una educación de calidad para todas y todos.

Gustavo Gómez es economista y académico universitario.

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