Voces

domingo 9 may 2021 | Actualizado a 09:58

Desalojo de la casa propia

/ 10 de abril de 2021 / 23:05

La clase obrera es producto de la revolución industrial. Se fue formando en la comprensión de que la técnica y la ciencia aplicadas a la producción pueden sustituir el duro trabajo físico del hombre, a la vez que generan una enorme producción y ganancia.

La experiencia del proletariado minero boliviano es ejemplificadora. Confinado en la desolación de la montaña, obligado a constituir familia permanente en el campamento, su lucha se volcó a garantizar la educación para sus hijos. Desde el establecimiento de escuelas primarias como obligación patronal, las conquistas se fueron ampliando a los establecimientos secundarios en los municipios y posteriormente en los de la empresa. El deseo de aprender los llevó a plantearse lograr becas en las instituciones de educación superior como la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo en La Paz o el Politécnico de Oruro; en este abanico también se encontraba el Colegio Militar y la Academia de Policías. La creciente necesidad les planteó la creación de centros de profesionalización en los mismos campamentos mineros: la Escuela de Enfermeras de Catavi y los colegios industriales de Colquiri y Telamayu. A éstos se sumaban los esfuerzos de las propias familias mineras que se preocupaban de mandar a sus hijos a profesionalizarse por cuenta propia.

El avance social no es lineal. La ocupación de las minas llevó a que el poder del Estado utilice a estos profesionales en su acción represiva, su resistencia era sancionada con despidos y transferencias a minas alejadas, la preservación de un status adquirido y la seguridad de la familia hacían que se sometan y sean los ejecutores de las acciones represivas. Por otro lado, numerosos jóvenes que habían logrado el bachillerato ante la imposibilidad de continuar estudios superiores se incorporaron a la vida productiva minera.

Así surgió la necesidad de establecer una Universidad en los campamentos mineros, para evitar el desarraigo y continuar con la profesionalización de los trabajadores. El célebre XIV Congreso Minero de Siglo XX en 1970 formuló la creación de la Universidad Obrera. Su planteamiento coincidió con un momento político de ebullición de las ideas en el movimiento universitario nacional; la juventud retomaba las banderas autonomistas de la década de los 30, para liberarse de una conducción apoltronada en los privilegios del status académico de una Autonomía traicionada. Volvieron a relucir las consignas: exámenes de competencia y evaluación permanente para el desempeño docente, libertad de cátedra, llevar la Universidad al seno del pueblo, una educación para el desarrollo nacional, compromiso con la defensa de los recursos naturales y la lucha contra la opresión imperialista. En ese ambiente el planteamiento de la Universidad Obrera tuvo el respaldo del IV Congreso de la Asociación Universitaria Boliviana.

La dictadura banzerista (1971-78) frustró estos sueños. Proscribió el movimiento sindical minero y cerró las universidades por dos años, para abrirlas bajo la tutela de la dictadura. Sin embargo, el pueblo se levantó y en 1980 los mineros replantearon su proyecto de Universidad Obrera: solo el 1 de agosto de 1985 se concretó la creación de la Universidad Nacional Siglo XX.

La criatura nació en momentos aciagos. El mismo mes se lanzó el DS 21060 que destruyó la industria minera y condenó a la desaparición al movimiento sindical minero. El modelo de formación adoptado estaba basado en el estudio en el trabajo. Los laboratorios, los talleres, el tope de la mina, los problemas operativos de la producción debían ser incentivo para explicar el fenómeno y encontrar una solución científica. Los hospitales de especialidades debían mostrar el origen y desarrollo de la enfermedad, el seguimiento del tratamiento debía explicar las mutaciones del organismo humano. La red de radios mineras, que promovía la creación y cohesión de la identidad minera, sería los inicios de una comunicación alternativa a nivel nacional, ampliando su acción a la prensa escrita y la televisión.

El modelo neoliberal llevó a la UNS-XX a una lucha por su sobrevivencia, titánica tarea que hoy la tiene en pie, pero ¿cuánta de su genética se mantiene? Esta rememoración amplía la interrogante al sistema universitario nacional, cuyos documentos de compromiso con el desarrollo nacional y la liberación nacional están presentes desde la década de los 70, pero su práctica es la formación profesional para el mercado y no para las necesidades del país. En la minería hay pocas industrias de punta en explotación, pero nadie conoce cuántos minerales se van en los concentrados de complejos, ni los costos reales de su realización; se ha paralizado el proceso de fundición de los minerales y no se ha dado un solo paso en su industrialización. Por otro lado, hay una minería de sobrevivencia artesanal, con baja eficiencia, altos índices de riesgo profesional y ninguna previsión ambiental que debiera conmover a la sociedad, pero ante todo a los profesionales conscientes de esta realidad.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Soberanía nacional

/ 9 de mayo de 2021 / 01:02

La prensa consigna que la transnacional Glencore busca vender las operaciones de sus minas del “cinturón de plata” en cuatro países de Sudamérica, entre ellos Bolivia. Esta actividad propia del mundo de los negocios, la oportunidad para maximizar la ganancia, no siempre concuerda con los intereses de los países que les acogieron para hacer negocios. En nuestro caso, donde vivimos un proceso de transición del régimen neoliberal a uno de economía de mayor planificación estatal, los cambios no han sido del agrado de muchos, buscando resistir sin abandonar el barco.

Glencore heredó el imperio minero de Gonzalo Sánchez de Lozada, poco después de su huida en octubre de 2003. Compró sus empresas, la interrogante es a cuánto, porque al estar la empresa Comsur Ltda. registrada en el paraíso fiscal de Panamá, la transacción fue un secreto: no fue registrada en Bolivia, ni mucho menos se pagó un centavo por esta transferencia al país. En base a una cláusula del contrato, la Comibol autorizó el cambio del titular del contrato en 2004.

La actual situación de los contratos mineros es diferente. Éstos no se conciben como una transferencia de la propiedad nacional —los recursos naturales— a un privado, ni siquiera a un ente estatal. El contrato es una autorización para la explotación de los minerales en función de un plan de operaciones que incluye la inversión de capital, un cronograma de ejecución y la información periódica para demostrar el cumplimento del mismo. Es de suponer que para una transferencia de derechos, los contratos de las áreas de Caballo Blanco: Colquechaquita, Reserva y Tres Amigos, y de Soracaya tienen que estar vigentes, es decir, que el plan se cumpla, lo cual solo lo puede certificar la Autoridad Jurisdiccional Minera (AJAM). ¿Se tiene esta certificación y de cuándo data?

Glencore/Sociedad Minera Illapa S.A. además tiene un contrato de asociación con la Comibol, titular de las minas de Bolívar y Porco. Éste nunca se ejecutó debido a una modificación del contrato original aprobado por el Directorio de la empresa estatal minera y modificado en su trámite en 2013, situación advertida por el exvicepresidente Álvaro García Linera, y denunciada a la Fiscalía por dos miembros del Directorio de la Comibol. El daño provocado por esa modificación y calculado por técnicos de la Comibol alcanzaba a $us 20 millones.

Esta modificación inviabilizó su ejecución, porque no había acuerdo de las partes sobre la fecha inicial del contrato, por tanto no se pudo hacer el cierre de los contratos anteriores de riesgo compartido y alquiler, ni las auditorías que exigía el contrato. Los contratos de asociación, en la perspectiva de la Constitución del Estado Plurinacional, pretenden una alianza público-privada con la inyección de capital para dar valor comerciable a un recurso natural, con una participación mayoritaria para el pueblo boliviano. En el caso que nos ocupa, la participación de la Comibol era del 55%, con una inyección de $us 104 millones en cinco años para aumentar la producción en 50% más que los niveles de producción de 2011, con la generación de reservas, modernización de las instalaciones y la construcción de un ingenio nuevo.

Se buscó resolver el entuerto con una adenda suscrita el 5 de octubre de 2018, que volvía a los términos del contrato original. Esta adenda que modificaba un contrato aprobado por una ley tenía que tener la misma fuerza para su ejecución, por lo que fue remitida al Ejecutivo en 2019 para su trámite. Sin embargo, nunca se promulgó la ley.

De la información disponible, la situación en cuanto al contrato de asociación seguiría en las mismas condiciones, y la empresa sigue explotando sin que haya contrato perfeccionado. Por otra parte, el contrato establece que “Las partes no podrán ceder, transmitir o delegar sus derechos y obligaciones a terceros originados por este contrato, salvo acuerdo expreso suscrito por las mismas”. Como la decisión hecha pública por Glencore sobre la intención de la transferencia de derechos tiene fecha de noviembre 2020, la autorización de la Comibol habrá sido anterior a esta fecha. ¿Cuándo y por quiénes?

Esta situación debe aclararse por los órganos llamados por ley: Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Asamblea Legislativa, más allá del Control Social del pueblo boliviano.

 José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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La COB y la nacionalización de las minas

/ 24 de abril de 2021 / 23:56

Después de los combates, los trabajadores bolivianos se reunieron el 16 y 17 de abril de 1952 para crear la Central Obrera Boliviana (COB). Las masas insurrectas vieron la necesidad de unirse y crear una organización propia que les representara en el proyecto revolucionario, no obstante la militancia de sus dirigentes en el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

La primera resolución que aprobaron fue el respaldo a Juan Lechín y Germán Butrón para que sean ministros del gobierno de la Revolución Nacional. Así se iniciaba el cogobierno o en definitiva la lucha contra la derecha del MNR para dirigir el Estado. La segunda resolución delineaba un programa revolucionario: “Luchar por la Nacionalización de Minas, Ferrocarriles y Revolución Agraria, diversificación industrial y creación de nuevas fuentes de riqueza como base fundamental de nuestra soberanía económica y de mejoramiento socialcultural y material de la masa asalariada”.

Con la Nacionalización de las Minas esperaban poner fin a la expoliación de la riqueza nacional y la explotación del trabajador boliviano. Desde la época de la colonia, la riqueza de la plata y el trabajo esclavo de los mitayos crearon riquezas en otros lares, impulsando el desarrollo industrial de Europa. En el siglo XX le tocó al estaño ser protagonista de la nueva revolución industrial. El Súper Estado Minero construyó su imperio en el exterior, aunque su capital se originara en los socavones de Bolivia. Patiño controlaba las minas, las fundiciones y la banca como base de su imperio.

Internamente, esta acumulación se dio a través de: el pago del derecho a la exportación del mineral fue de un mísero 3% del valor bruto del mineral; la instalación en Inglaterra y Estados Unidos de las fundiciones de estaño; la retención en el exterior de las divisas generadas por las exportaciones de los minerales; la determinación del tipo de cambio de la libra esterlina o el dólar, en detrimento del valor del peso boliviano; la declaración de la inexistencia de utilidades en las empresas en territorio boliviano, aunque éstas eran bonancibles en el extranjero; la no declaratoria de otros metales agregados en los concentrados de estaño; los míseros salarios y pésimas condiciones de vida y trabajo en los campamentos mineros.

El anuncio de la nacionalización, el 11 de abril de 1952, provocó por parte de los empresarios la suspensión de envíos de insumos para la minería, el resguardo de sus bienes y el inicio de un cerco para hacer fracasar la nacionalización. Esta situación llevó a los trabajadores a plantear que trabajarían solo por la pulpería (sin sueldo), a la vez que exigían la construcción de hornos de fundición en el país, para lo que estaban dispuestos a aportar económicamente.

Sin embargo, pronto empezó a ceder el gobierno del MNR, acordando una indemnización a los “barones del estaño” y garantizando la provisión del estaño a las fundiciones de Patiño. La fundición de estaño de Oruro recién se hizo realidad en 1971.

Mientras tanto se abandonó la idea de la industrialización con base en la minería, para imponer una visión de diversificación y vertebración del país. Así, con los recursos de las minas se construyó el camino asfaltado Cochabamba-Santa Cruz, se dio paso al plan de colonización del Oriente, se garantizó mercado a la naciente agroindustria con precios subvencionados por las minas, se potenció Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que, fundado en 1936, seguía refinando el petróleo en la Argentina. Se mantuvo un tipo de cambio en contra del interés de la empresa estatal minera (Comibol) y a favor de los importadores del MNR. Treinta años después, Guillermo Bedregal diría que Comibol nunca dejó de ser rentable, solo que mantenía al país.

La traición a la nacionalización de las minas se dio al romper la cadena productiva, creando GEOBOL para hacer exploración en el país y la fundición de estaño, al margen de la Comibol, causando choque de intereses; además se le quitó la facultad de exportación y por tanto de financiamiento. Durante el gobierno de la UDP, el tipo de cambio diferencial sepultó a la Comibol, dando la imagen de una empresa en quiebra. Dictado el 21060 en agosto de 1985, los trabajadores mineros plantearon un plan de emergencia para salvar la empresa estatal minera, con un tipo de cambio real. La respuesta fue el cerco a la Marcha por la Vida y la relocalización.

Hoy pareciera que estamos como en 1952: la minería es el principal rubro de exportaciones del país pero la minería estatal está reducida al 6% del sector, está vigente la libre exportación y los exportadores no entregan las divisas al país, somos uno de los primeros productores de indio y éste no figura en la lista de nuestras exportaciones, seguimos exportando concentrados —plomo, plata y zinc— con costos para su fundición superiores al 50% del valor de exportación. Comibol se ha convertido en simple arrendatario de sus yacimientos, descuidando la producción y la industrialización: las condiciones de vida del minero, particularmente los trabajadores de las cooperativistas, son paupérrimas.

Seguimos soñando que nuestras riquezas nos pertenezcan y que sean la palanca para superar el atraso. ¿Será necesario otro sacudón para movilizar la conciencia y la fuerza del pueblo? Creemos que sí, ojalá sea con el aporte decidido de la histórica COB.

 José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Comibol en el limbo

/ 29 de marzo de 2021 / 01:06

Definido el objetivo nacional de la explotación de los recursos naturales: su carácter estratégico y público para el desarrollo del país; establecida la política minera: la acción para dar valor agregado y excedentes económicos para beneficio del pueblo boliviano; se determina los actores para este fin: estatal, privado y cooperativas.

Cada sector tiene su naturaleza propia: el sector privado por la acumulación de capital para intereses particulares, mayoritariamente transnacionales; las cooperativas mineras por su carácter social, sin fines de lucro, y la empresa estatal, obligada a dar réditos económicos para beneficio del pueblo boliviano. De allí nace el carácter estratégico de la empresa estatal minera, sin la transferencia de recursos al Estado es inalcanzable el desarrollo nacional. Un análisis del sector muestra que del valor exportado —$us 4.175.431.507 en 2018—, al sector privado correspondió el 51,29%, al cooperativo 41,88% y al sector estatal, 6,80%. De la misma manera la distribución de áreas mineras muestra que el sector privado dispone del 63,49%, las cooperativas del 23,80% y la Comibol, del 12,69%.

Esto nos obliga al análisis minucioso de la Comibol actual.

Con el neoliberalismo, la empresa estatal es una administradora de contratos de arrendamiento y riesgo compartido, en un proceso de liquidación de todo su patrimonio. Hoy su función legal es hacer contratos, cobrar y cuidar el resto de patrimonio que le queda, mucho del cual ha sido transferido al Tesoro General de la Nación. En el Proceso de Cambio ha venido asumiendo funciones de carácter productivo a través de sus empresas subsidiarias, sin cambiar su naturaleza de empresa del sector público, ni su estructura administrativa en la dinámica que requiere una empresa productiva. La creación de empresas filiales, para dar paso a procesos productivos como Huanuni, Colquiri, Karachipampa, Corocoro, era una medida coyuntural mientras se definiera la Ley de Minería. Aprobada la ley en 2014, aún no se ha puesto en vigencia.

La casa matriz debe velar por la planificación estratégica, la ejecución de proyectos, la creación de empresas, su integración en la cadena productiva, establecer las normativas para su funcionamiento y la supervisión. Estas labores no son propias de una empresa del sector público, son tareas que tienen otra dinámica donde la utilidad económica es el parámetro de su eficiencia y no el cumplimento de un presupuesto. Ante el interés económico prima la acción oportuna, por lo que requiere un personal altamente calificado para tomar decisiones, formular proyectos y hacer el seguimiento y la fiscalización en su ejecución. La administración debe ser ágil para tomar decisiones inmediatas en cualquier emergencia en la producción o las variaciones del mercado de los minerales.

Las empresas filiales tienen autonomía para la producción, es su única labor; asumir labores de planificación y ejecución de proyectos superan sus capacidades, a la vez descuida su tarea principal, la eficiencia productiva. Esto no implica que se descuide su sostenibilidad, la que debe ser encarada con evaluaciones del comportamiento del yacimiento, la incorporación de nuevas tecnologías, seguimiento al mercado; elementos de evaluación diaria de la casa matriz.

Hoy se habla de atraer inversiones, nuevos contratos, pero no se dice nada de nuevos emprendimientos productivos en la Comibol. Es cómodo vivir de los arriendos, por más míseros que sean. El desafío en este momento histórico es integrar toda la cadena productiva, desde la exploración, explotación, fundición, industrialización y comercialización, es la única manera de aprovechar eficientemente la explotación de un recurso natural no renovable, con valor económico intrínseco.

La Comibol entonces, con las alas cortadas, marcha al ritmo del neoliberalismo: está condenada a un rol meramente administrativo. La burocracia es un lastre, sus gastos son mayores que las rentas que obtiene.

Últimamente hemos visto tensión entre las empresas mineras filiales y la fundición de Vinto —que según la ley minera están integradas en la Comibol—, su autonomía les permite contraer deudas y no pagarlas para finalmente recurrir a la casa matriz para solucionar el entuerto, olvidando que la transferencia de recursos económicos a las filiales está prohibida. De hecho, la autonomía es tan liberal que no beneficia ni a Comibol ni a las empresas.

El cambio no puede esperar más, hay que asumir el desafío de reconstruir la empresa estatal minera. 

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Contratos mineros con soberanía

/ 15 de marzo de 2021 / 02:30

Según la Constitución Política del Estado Plurinacional, los recursos naturales son de todos los bolivianos, hombres y mujeres. Su explotación en función del desarrollo del pueblo boliviano debe aprobarse en la Asamblea Legislativa. Esta medida que muchos consideran formal tiene la fuerza de una ley; no hay mayor transparencia ni seguridad jurídica.

La Comisión Mixta de Investigación de Privatización y Capitalización de la Asamblea Legislativa 2015-2020 concluyó que los contratos de la Comibol en el modelo neoliberal eran leoninos, en contra de los intereses del pueblo boliviano. ¿En qué consistían?

Bajo el título de “alquiler” se pagaba un canon de arrendamiento de 5 a 8% del valor bruto de venta del mineral explotado del yacimiento alquilado de la Comibol; la locación no solo era del yacimiento, sino se trataba de toda la infraestructura existente (campamentos, ingenios, talleres, estudios previos, etc.), es decir todo lo invertido en años de trabajo en el desarrollo de la mina y la infraestructura social en el campamento.

En el “riesgo compartido” se adjudicaba la explotación del yacimiento a una empresa con una participación de 30% del flujo de caja o 50% de las utilidades para la Comibol. Este derecho lo adquiría a partir de una inversión, que era lo primero en recuperarse; después de devuelta la inversión la empresa seguía usufructuando de la explotación de la mina. En el contrato se establecía un reconocimiento del know how administrativo equivalente a 10% del costo de producción; los ingresos de la Comibol bajaban en más del 10%. El dueño de la mina, el Estado, no podía intervenir en el desarrollo de las operaciones y su labor de fiscalización solo se daba en la elección de un auditor externo.

Anular los contratos era muy difícil, blindados con la ley minera de Sánchez de Lozada. El contrato fijaba tribunales arbitrales internacionales para la solución de controversias. Por eso se tuvo que esperar la nueva Constitución (2009) y la ley minera (2014) para imponer cambios.

Su aplicación, sin embargo, no ha sido fácil. La migración de contratos exigida por la ley la debía autorizar la Autoridad Jurisdiccional Minera (AJAM), pero recién salió en mayo de 2017. Para complicar más la situación, en una ley (845-2016), para evitar la asociación de las cooperativas con transnacionales se añadió un artículo que creaba los contratos de producción minera en la Comibol con el pago de una “participación” acordada por las partes, liberalidad amplia para eludir el mandato constitucional.

Así, hoy podemos afirmar que los contratos neoliberales siguen vigentes, al no haber aprobado la Asamblea Legislativa Plurinacional ninguno de ellos.

Me equivoco. Los contratos firmados por la Comibol con Comsur, empresa de Sánchez de Lozada, por la explotación de las minas de Porco y Bolívar y transferidas a Sinchi Wayra, merecieron observaciones del gobierno del MAS. El único error fue que éstos no fueron aprobados por el Congreso Nacional. Esto permitió iniciar una negociación larga que concluyó cuando se aprobó la nueva Constitución, con la migración a un contrato de asociación. Este contrato establecía una participación de 55% de las utilidades para la Comibol, el capital invertido no debería ser repuesto, la empresa lo recuperaba de sus ganancias derivadas del contrato; se determinaba una amplia fiscalización por la Comibol y la necesidad de que el Directorio del contrato autorice los planes, contratos e inversiones de la empresa. Los ejecutivos del contrato tenían un sueldo y no se reconocía el know how administrativo. El contrato respetaba los preceptos de la Constitución, por ello lo aprobó el Directorio de la Comibol.

Sin embargo, al publicar la ley que aprobaba el contrato, se observó un “error”: la fecha de inicio del contrato del 1 de octubre de 2011, cambiado al 1 de octubre de 2012, un año en el cual Comibol perdería $us 20 millones. ¿Quién lo habría cambiado? Los miembros del Directorio pidieron explicaciones a la parte jurídica y no habiendo respuesta formularon la denuncia a la Fiscalía, sin resultado alguno.

La negociación detallada del contrato y la modificación apresurada de la fecha llevaron a inviabilizar el contrato, otros artículos hacían referencia a la fecha original. En negociaciones con la empresa y el Ministerio de Minería se llegó a la conclusión que el contrato debía volver al texto original, refrendado por otra ley, lo que nunca se dio.

Hoy se habla de un nuevo contrato de producción minera a firmarse entre la Comibol y la empresa privada para la explotación de la mina Amayapampa de oro. Esperamos que se tome en cuenta el espíritu de la Constitución, transparencia y beneficio mayor para el Estado y se devuelva las inversiones realizadas por la Comibol. Finalmente se nos explique por qué la Comibol ha renunciado a ser una empresa productiva.

 José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Bolivia se nos muere

/ 1 de marzo de 2021 / 01:07

Bajo esta sentencia, Paz Estenssoro en 1985 anunció el fin de la época de la minería, una actividad que dio gloria a Potosí y situó a Bolivia como principal productor de estaño. La marcha fúnebre de la minería estatal fue algo que se preparó desde la época de la misma nacionalización de las minas, ya que los mineros insurrectos habían impuesto la medida, frente a la vacilación del MNR.

Esta actitud de los neoliberales no era nueva: la lucha permanente de la nación contra la anti-nación. Lucha que se retrotrae a la época de la colonia, cuando concesionarios mineros buscaban liberarse de la tutela española y negociar libremente con el capitalismo inglés, o la Guerra del Pacífico donde un impuesto de 10 centavos fue tomado como agresión a la libre empresa. Tanto los conservadores de la plata como los liberales del estaño tenían una misma lógica cuando se trataba de apropiarse de la riqueza de los bolivianos y, a título de libre tránsito, renunciaron a la salida al mar. El nacionalismo del MNR ha dejado enterrada la memoria de Busch y Villarroel, cuyas trágicas muertes se originan en el control de las divisas de la minería por parte del Estado.

Quince años resistió el proletariado minero la agresión de 1985. Con resultado trágico, la fuerza laboral asalariada en la minería se redujo de 50.000 a menos de 2.000. Los yacimientos rentables y los proyectos en marcha de la Comibol fueron entregados a las transnacionales, que hoy se vanaglorian de “sus” proyectos: Manquiri, Bolívar, Porco, San Vicente, Choroma, Caracoles, Colquiri, Huanuni. Las minas conflictivas o marginales se las dieron a las cooperativas, que caen en la bolsa de las transnacionales al vender sus concentrados. Además, se suprimió la regalía minera, que es un derecho de las regiones por la explotación de un recurso natural.

Hoy la minería está pujante. En 2019 fue el principal rubro de exportación, con cerca de $us 4.000 millones anuales de valor exportado —concentrados, lingotes, joyas y desperdicios— , por lo que supera ampliamente a los hidrocarburos y la agroindustria. Sin embargo, Bolivia no vive de los minerales, exportar es simplemente sacar, sin que su valor vuelva al país. La renta minera no llega a 10%. Las operaciones mineras se han ensanchado y el Estado es incapaz de controlar la explotación ilegal y el juqueo; el surgimiento de comercializadoras privadas la viabiliza. Se mantiene la libre exportación de capitales, los exportadores no entregan las divisas al Banco Central. Se ha superado la monoproducción del estaño, se ha diversificado la minería, sin embargo se ha paralizado el proceso de fundición e industrialización. La fuerza laboral llega a 150.000 trabajadores, el 90% informal. Es la época del libre mercado: dejar hacer, dejar pasar, sin importar el costo.

¿Podemos esperar otra cosa? La esperanza nunca muere. El pueblo luchó contra el neoliberalismo, se forjó una nueva Constitución (2009) y recuperó su ajayu. “Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano”. “El Estado podrá suscribir contratos de asociación con personas jurídicas, bolivianas o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales. Debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país”. “La industrialización de los recursos naturales será prioridad en las políticas económicas”. ”Industrialización de los recursos naturales para superar la dependencia de la exportación de materias primas y lograr una base económica productiva, en el marco del desarrollo sostenible”.

Se atacó lo inmediato, lo irritable, la venta del gas: con la nacionalización, los hidrocarburos son de los bolivianos en boca de pozo, la renta petrolera es del 82% y se avanzó en su industrialización.

En el caso de la minería se formuló la Ley Minera 535 (2014) que cambia el régimen de concesiones por el de contrato administrativo minero, que no da derecho propietario, el dueño sigue siendo el Estado; los contratos deben aprobarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) tiene como objetivo lograr el desarrollo productivo diversificado, la transformación de la matriz productiva minera, el desarrollo industrial y la generación de excedentes económicos. Los contratos de asociación que suscriba deben garantizar una participación igual o mayor al 55%. La empresa estatal deja de tener obligaciones de subvención con las cooperativas.

La Ley 535 fue promulgada en 2014, pero al presente no acaba de ponerse en vigencia. ¿Por qué? Mientras tanto golpea la consciencia el legado de Busch, Villarroel, Lechín, López, Édgar Ramírez.

   José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.   

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