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viernes 7 may 2021 | Actualizado a 10:15

Minería con ‘camisa de fuerza’ (II)

/ 16 de abril de 2021 / 01:50

Siguiendo con el tema, un aspecto primordial es la estructura del sector minero y las opciones que un inversor encuentra cuando quiere generar un nuevo proyecto minero y, sobre todo, cuán complicado es en un país como Bolivia. Como se adelantó, la filosofía de la Ley 535 es empoderar al Estado, ser permisivos con el sector minero artesanal cooperativo y dejar un rol secundario a la iniciativa privada que debe aceptar las reglas o perecer en el intento. El sector estatal, controlado por el Ministerio de Minería y Metalurgia, tiene un brazo legal para la problemática de derechos mineros (AJAM); un brazo operativo (Comibol) que ahora controla las minas: Huanuni, Colquiri, Corocoro, las metalúrgicas Vinto y Karachipampa, que cedió el control del Proyecto Siderúrgico Mutún y del Complejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (CIRESU) por presiones políticas y regionales, para dar nacimiento a las autárquicas Empresa Siderúrgica del Mutún y Yacimientos de Litio Bolivianos (ESM y YLB). Tiene algunos proyectos en línea, entre los que destacan Amayapampa y Mallku Khota, emprendimientos privados revertidos al Estado por razones ampliamente conocidas. El sector tiene un brazo de servicios con el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeomin), el Servicio Nacional de Registro de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) y el Centro de Investigación Minero Metalúrgica (CIMM); también un brazo financiero con los fondos Faremin y Fofin de ayuda a la minería chica y cooperativa. (Detalles en Título II, Cap. I, Arts. 36 y siguientes de la Ley 535, ley de creación de YLB de abril de 2017, ley que refrenda la creación de la Empresa Siderúrgica del Mutún de 24 de noviembre de 2007 y otras normas de detalle).

La estructura es claramente ortodoxa y era obvio que fuera así por los designios de la nacionalización de 1952 que pretendía un sector estatal “omnipotente”, la destrucción de los oligarcas de la plata del siglo XIX y de los Barones del Estaño del siglo XX no fue así, con breves interregnos la tendencia mundial hacia una globalización de la industria, se impuso y se impone frente a esquemas “progresistas”. De esta forma, querer hacer negocios en Bolivia es retornar en el tiempo y las dificultades serán muchas.

La estructura tiene instituciones especializadas en cada etapa del negocio minero pero, ¿funcionan? Sergeomin por ejemplo, tiene entre sus atribuciones destacadas, elaborar la Carta Geológica y un portafolio de proyectos y prospectos mineros para promocionar el potencial minero del país (Art. 80 de la Ley 535) ¿Cómo lo hará con los esmirriados ingresos con que trabaja y donde la coparticipación del 10% del 85% de la Regalía Minera (RM), asignada a los gobiernos departamentales productores, es el ingreso principal? (Art. 229 de la Ley 535). En los últimos años el nivel de la RM en Potosí, principal productor, fue de aproximadamente Bs 600 millones al año, con lo que la participación de Sergeomin sería de Bs 51 millones/año y debe gastarse necesariamente en proyectos mineros en el departamento. Obviamente la suerte de los departamentos con menor participación de la RM sería decepcionante. Exploración se hace con dinero, con aproximadamente $us 7 millones/año en el mejor de los casos para un solo proyecto, normalmente son más; solo se llegaría a evaluaciones preliminares de áreas potenciales y lo que la industria quiere para invertir son proyectos mineros con PEA (Preliminary Economic Assessment por sus siglas en inglés) concluido, o el proyecto se vuelve eterno, como ya ocurrió anteriormente.

Soluciones hay muchas, volveremos a tocar en el futuro estos aspectos que hacen a la “camisa de fuerza” con que los mineros se encuentran cuando deciden invertir en minería en el país.

 Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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Minería con ‘camisa de fuerza’

/ 19 de marzo de 2021 / 07:15

Hace muchísimo tiempo, aun antes de la promulgación de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, había usado ya el término “camisa de fuerza” para referirme a la disfuncionalidad de algunas de las normas insertas en esta ley, que a esta altura de los acontecimientos ya es evidente. Los detalles al respecto pueden ser analizados en varias de mis columnas recopiladas en mi libro De Oro, Plata y Estaño, Ensayos sobre la minería nacional (Plural Editores, 2014 y 2017, La Paz Bolivia). Lo que quiero hoy, aprovechando que está en marcha una “Cumbre” del sector minero, es puntualizar algunos de los aspectos generales de esta atípica situación que los operadores mineros deben enfrentar en su intento de generar producción minera competitiva a nivel regional y global. Lo de la hermenéutica de la “Cumbre” es otra historia, que comentaré en otra oportunidad.

1) El sistema de concesiones ha sido anulado por la Ley 535 de 28 de mayo de 2014, ahora hay “contratos” con el Estado (administrativos y de asociación, Arts. 131 al 150) o licencias para explorar, explotar, beneficiar, comercializar, etc. (Arts. 154- 184). Un operador privado nacional y/o extranjero que tenía un “Derecho Minero Real” con la Ley 1777 (Art. 4), con la nueva Ley 535 pasa a ser “operador” del Estado, al estilo de los contratos de operación en el sector de hidrocarburos.

2) Cualquier operador que quiera ingresar a un área minera controlada por el Estado (áreas de empresas nacionalizadas, minas en operación, áreas de reserva fiscal o áreas exclusivas) debe firmar un contrato con el Estado a través de la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera), y con la Corporación Minera de Bolivia que fue creada entre otras cosas para representar al Estado en éste y en todos los aspectos inherentes a la actividad minera en el territorio nacional. El operador deberá cumplir entre otras cosas, con la Función Económica Social, Interés Económico Social, coparticipación económica con los pueblos indígena originario campesinos (Arts. 17 al 19) y en caso de éxito deberá coparticipar con el Estado el 55% de las utilidades (Art. 148-I).

3) Para llegar a este punto, el operador debió generar una inversión previa para desarrollar el proyecto minero, que en el caso que nos ocupa no podía/puede ser a través de un banco o una bolsa de valores (que es lo habitual) porque la ley prohíbe la anotación de derechos mineros, recursos o reservas, como garantía de financiamiento (Art. 98 I, II y III).

Sobre estos tres primeros puntos que analizo, ¿cuál es la primera impresión que cualquier inversionista puede tener del ambiente de negocios del país? Es obvio que la inédita combinación de ausencia de concesión minera, contratos con muchas cláusulas con derechos de los pueblos y comunidades que se traducen al final del día en costos adicionales, prohibición de anotar derechos mineros con fines de financiamiento y en áreas fiscales la participación mínima del Estado de 55% de las utilidades, forman un coctel muy difícil de asimilar si se toma en cuenta que, la carga impositiva o Government take del país es una de las más altas del continente: alrededor del 80% de la utilidad operativa y 41% del valor bruto de venta, para el caso de un contrato de asociación con el Estado.

Los resultados de la legislación vigente saltan a la vista, en más de una década se puede contar con los dedos de una mano las audaces empresas que han llegado al país con intención de invertir en proyectos mineros y que lo hayan logrado. Ahora bien, el país es soberano en sus decisiones pero, ya va siendo tiempo de definir si la minería de cánones actuales tendrá cabida en el país, que de “país minero” solo tiene el título. CONTINUARÁ.

 Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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Estaño, metal del diablo

/ 19 de febrero de 2021 / 00:35

Siguiendo la temática de mi columna anterior sobre las perspectivas de la minería boliviana tocaré un tema de coyuntura que tiene que ver con lo que podemos esperar en el futuro cercano. Hace algunos días una publicación de la International Tin Association (ITA) daba cuenta que en 2020, Bolivia dejó de estar entre los Top 10 productores de estaño metálico del mundo; puede sonar baladí por las características colaterales que vivió el mundo, pero para los bolivianos hablar de estaño es hablar de la “Provincia Estannífera” más importante (Tin Belt en el léxico especializado), de la epopeya de Simón I. Patiño que colocó a Bolivia, Llallagua y a la mina Siglo XX en la cúspide de los negocios mineros globales. Es también hablar de la larga y dolorosa historia que precedió a la nacionalización de las minas y de la concreción de la primera fundidora de estaño en el país en Vinto (Oruro), en 1971, de su historia de avances y retrocesos y de una frustración muy grande al ver los límites a los que la minería nacional está llegando. ¿Qué está pasando en el país?

Las causas de la baja performance de la fundidora estatal son parte de una crisis estructural del sector minero que no encuentra el norte de lo que como país queremos hacer, vivimos pendularmente arrimados a políticas nacionalistas unas veces y liberales otras, y en cada caso hay repunte de la minería estatal o de la privada alternativamente, dependiendo además del mercado externo y sus precios de materias primas. La fundidora estatal ha tenido dos picos importantes de producción, uno en 1981 y otro en 1994, en ambos casos se llegó a la capacidad máxima de producción (20.000 toneladas de estaño metálico); en el primer caso alentados por la subida de precios (más de $us 6/lb fina) y en el segundo por la apertura al capital privado (Joint Venture) que permitió un considerable aumento de la producción de estaño de minas de la Comibol y también de empresas privadas. En años recientes la producción fue de aproximadamente 12.000 t/año pese a los planes de ampliación de la capacidad productiva con la instalación del Horno Ausmelt (Datos Empresa Metalúrgica Vinto). La fundición de estaño concebida como un revolucionario intento para añadir valor a nuestras exportaciones, en medio siglo de existencia demostró que el remedio a nuestros males no va por ese camino. ¿Por qué?

Como reitero en mis escritos, la minería es un negocio global, debemos definir si nos insertamos a la globalidad o si no queremos hacerlo —como parece—; si seguimos con los paradigmas de los años 40, nos seguirá yendo como en la guerra, para usar una frase popular. Por eso fue importante lo hecho por Simón I. Patiño en los primeros años del siglo XX al lograr integrar sus minas al circuito mundial con operaciones mineras en Indonesia, Malasia, Australia, Europa y Estados Unidos, y entrar al circuito financiero manejado por Nueva York y Londres. Esto que pareciera un cuento capitalista clásico permitió crear una economía de escala con la Patiño Mines & Enterprises Consolidated Inc., con sede en Delaware y directorio en Nueva York. Esa transnacional soportó las desventajas de sus intereses en Bolivia y se proyectó a nivel mundial. Cuando en 1952 se nacionalizan las minas se rompe esta estructura y el país queda con las minas de Patiño, pero no con su imperio (D. Garzón, 2014 y 2017, De oro, plata y estaño, Plural Editores, La Paz Bolivia, pp. 46 y siguientes).

Así nos fue con el estaño, también con la plata, nos está yendo con el oro y seguramente nos irá con el litio, el potasio, el hierro, etc., si no cambiamos de chip, dejamos el lamento boliviano que tanto daño nos hace y actuamos en consecuencia.

  Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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Minería 2021, ¿mirándonos el ombligo?

/ 22 de enero de 2021 / 01:27

Empieza un nuevo año, dejamos atrás otro que fue para el olvido; siempre hay buenos deseos pero es vital el análisis frío para tener un panorama real de lo que puede ser el sector minero en este 2021 y a futuro. Estamos hablando del sector que fue el generador del 47,4% del valor de las exportaciones en 2019 y del 39,89% a noviembre de 2020, pese a la pandemia y considerando solo exportaciones de zinc, plata, oro y estaño (INE, Comex enero-diciembre 2018 y 2019 y Boletín Sectorial No. 1/21). El sector está actualmente, y casi siempre estuvo, en una crisis estructural que no augura buenas noticias en el corto y mediano plazo si no se toman medidas a la altura de la emergencia.

Es interesante analizar el comportamiento del Índice General de la Actividad Económica (IGAE) del sector durante el año de pandemia; en los primeros meses y hasta mayo bajó a un mínimo de contracción de -41,57%, de junio a octubre con reactivación parcial y paulatina de labores, el IGAE se recuperó a -33,25%, cifra que tendría muy poca variación al cierre de 2020. Esto muestra la poca capacidad de reacción del sector a la crisis, reacción apalancada por el comportamiento del sector aurífero, controlado por la minería artesanal y cooperativa, cuya actividad tuvo muy poca variación a lo largo de la gestión por sus características de informalidad. El valor de las exportaciones de oro de este sector, que fue de $us 174 millones en enero, cerró en octubre en $us 141 millones, cifras que concuerdan con el promedio mensual de 2019, que fue de $us 144,5 millones. ¿Qué se puede concluir de estas cifras? 1) Con la reducida reacción del IGAE en periodos de crisis, cualquier variación del mercado y/o de factores colaterales no previstos, desencadenara caídas muy altas en productividad, valor de la producción, exportaciones y en el excedente minero en general. 2) El alto grado de informalidad del sector, si bien resuelve parcialmente el problema de desempleo y disfraza la crisis, acentúa la caída de recaudaciones para el Estado. 3) La falta de un portafolio de proyectos nuevos, que se acentúa con el paso del tiempo, permite avizorar que la crisis sectorial nos acompañará por muchos años. Se promete reactivar viejos proyectos (elefantes blancos en algunos casos) como el Mutún, Karachipampa, el litio, etc., pero no se sabe si son proyectos rentables que generarán riqueza o si son fanfarrias políticas para disfrazar una realidad lacerante.

Hace más de un año y en esta columna apuntaba sobre el tema: “casi no tenemos petróleo, el gas parece que se acaba, la minería también, las minas importantes ya están en periodos de cierre o de pre-cierre, sobrevive la minería informal y en muchos casos ilegal, nuestros proyectos industriales están parados, son elefantes blancos o se mueven a paso de tortuga, el contrabando y el blanqueo de capitales es cada vez más frecuente, el empleo es informal o del aparato estatal, la iniciativa privada está muy restringida por la inseguridad jurídica y … un largo etc.” (Tiempo de definiciones, 20.12.2019). Así las cosas, nada cambió hasta hoy, seguimos mirándonos el ombligo como decimos en estos casos, ufanándonos de tener el salar más grande, uno de los mayores depósitos de hierro o la provincia estannífera más grande, del planeta; soñando grandezas y concretando casi nada. Si no generamos un importante portafolio de proyectos en el menor tiempo posible, el futuro del sector se ve muy negro. Sin cambiar la Ley sectorial 535, la CPE en los capítulos pertinentes y otras normas menores específicas, esto no sucederá, la apertura a capitales privados para exploración es vital; el Estado no puede hacerlo todo, ya se demostró en los años precedentes.    

Dionisio j. Garzón m. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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Un año para el olvido

Así las cosas, el sector productivo está en crisis, de manera particular el sector minero formal del país.

/ 25 de diciembre de 2020 / 02:18

Para usar el término futbolero del título hay que estar realmente sobrecogidos por los resultados, y creo que todos nos sentimos sobrecogidos de espanto, estrés, desaliento y un largo etc., que puede pintar sin tapujos lo que hemos vivido cada uno de nosotros en un año atípico donde los buenos deseos con que se suele empezar cada gestión, pasaron a segundo plano para enfrentar un enemigo nuevo, desconocido y atroz. Sobrevivir la pandemia ya era un triunfo, seguir con la familia completa y con cada componente estable física y emocionalmente era para congratularse. No todos pudieron hacerlo, hubo muchísimas pérdidas a nivel global y también mercaderes del sufrimiento que lucraron y bastante; pero eso es harina de otro costal que no corresponde analizar aquí.

Con dos transiciones políticas en un año, solo se podían esperar medidas gubernamentales de coyuntura centradas en el sector salud, en mantener la capacidad mínima de sobrevivencia de los sectores menos favorecidos de la sociedad y maquillar el sector productivo que se paralizó por meses, reaccionó poco y mal y cuya estructura de reacción resultó ineficaz para operar en condiciones de alta presión. Pasado el primer sofocón de la pandemia —ya se anuncia un segundo que tendría características de mayor gravedad—, los funcionarios gubernamentales y los políticos de gestiones oficiales anteriores se dan a la tarea de acusarse mutuamente de la paupérrima situación económica del país, no solo por efecto de la pandemia sino también por la pésima administración que deviene ya de años anteriores, cuando la época de las vacas gordas había pasado. En una anterior columna (La Razón 04.09.20) detallo por qué considero a Bolivia un país de gastadores, esta cualidad llevó al país y a través de su historia a crisis existenciales cuando la plata escaseaba y a parafernalias apoteósicas cuando ocurría lo contrario; nunca pensamos más allá de la coyuntura y los políticos, con honrosas excepciones, son los magos de la improvisación y del cálculo. Así las cosas, el sector productivo está en crisis, de manera particular el sector minero formal del país, ejemplos hay muchos: El proyecto de litio, la fábrica de úrea y amoniaco, el Mutún que vende «al raleo» y a precios de gallina muerta su esmirriada producción de hierro para mantener su planilla básica pero no el avance del proyecto de acería, Amayapampa, Mallku Khota, Karachipampa, etc.; mientras tanto los políticos de turno se pelean por sobresalir en un inédito casting para acceder a candidaturas para las elecciones subnacionales; nadie debate sobre la crisis económica, peor sobre la pandemia que a esta altura de los acontecimientos ya tiene visos de descontrol, todos o casi todos bailan la fanfarria electorera, total de lo demás se ocupará en última instancia la Divina Providencia.

En estos días que deberían ser de paz a pesar de la pandemia, meditemos estas cosas, sin acudir a cifras ni a estadísticas como es la costumbre en esta columna; solo pensemos cómo el inmediatismo y la anomia resultante degradan lenta pero inexorablemente nuestros valores morales como sociedad al anteponer intereses personales y/o corporativos a los de la sociedad, como nos limita el horizonte y como llegamos a asombrarnos del poder como nos asombran los sahumerios y espejitos de colores de los gitanos; y así nacen los áulicos del poder. “El asombro es la base de la adoración”, decía Carlyle en uno de sus escritos y la adoración no tiene límites cuando de amor o de poder se trata. Solo un delgado hilo de racionalidad queda todavía para hacernos reaccionar como nación; ojala lo logremos y ojala empecemos 2021 con nuevos bríos y con energía renovada. FELICES FIESTAS.

Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

 

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Definiciones en la transición

/ 27 de noviembre de 2020 / 01:23

Toda transición política tiene sus matices de percepción según sea el punto de vista desde el que se analice; aunque el último cambio político suena más a retorno que a transición, ya se aprecian tintes autoritarios, de venganza en algunos casos y también de imposición de autoridades por los grupos corporativos de toda laya que no tardan en reaparecer cuando la oportunidad se presenta. Sin entrar en estos detalles, que escapan del alcance de esta columna, me llamó la atención la perspectiva variopinta que tiene la gente sobre la reactivación del sector productivo minero e industrial del país, que va desde mantener la preponderancia de la minería artesanal e informal como protagonista de primera línea, ignorar al sector privado manteniendo la camisa de fuerza que le impide aportar más al desarrollo de la minería mediana y de gran escala, mantener la expectativa en antiguos distritos ya casi marginales como Huanuni, Karachipampa, Corocoro o Telamayu, hasta proponer un Ministerio del Litio para reactivar el proyecto de Uyuni (Nota en El Financiero de La Razón del 22.11.20). Todo comprensible desde el punto de vista político pero incoherente, para decir lo menos, desde el punto de vista técnico.

Como reitero en mis escritos, la tarea principal ahora es definir si se quiere hacer minería moderna, de clase mundial, amigable con el medioambiente y que genere excedentes para el Estado y para los operadores o se quiere fomentar la minería tradicional que genera empleo a un alto costo ambiental y económico para el Estado y en el caso del oro se da un mix un poco raro pero efectivo de grupos corporativos que se aprovechan de la informalidad y/o ilegalidad para amasar fortunas en detrimento de los intereses del Estado. Hay una tercera posición obviamente, la de los grupos antiminería que tienen hoy la posibilidad de demostrar que la transición hacia una economía verde en el país es factible sin el sector extractivista (minería e hidrocarburos). Tomada la definición hay protocolos a seguir, áreas y proyectos potenciales a desarrollar, tecnologías a las que se puede acceder y personal idóneo para manejar los emprendimientos.

Otra definición necesaria, ¿seguiremos dependiendo de la inversión estatal en minería como hasta ahora o se abrirán accesos al capital privado nacional y extranjero para nuevos proyectos mineros e industriales? Hay que modificar la Constitución y las leyes sectoriales para viabilizar la segunda opción.

También es necesario definir si proyectos como la producción de hierro y acero del Mutún o la extracción e industrialización de sales de litio, potasio, boro, etc., al grado de productos intermedios y finales (v.g. cátodos y baterías de uso múltiple en el caso del litio) son objetivos políticos a conseguir a toda costa, o se pretende viabilizar proyectos competitivos en el ámbito global. Para lo último, es necesario “medir” en cada etapa la viabilidad de cada uno de ellos a nivel de Evaluación Técnica Preliminar, Pre factibilidad, hasta llegar a su Factibilidad Final (PEA, PFS, FFS por sus siglas en ingles); no estamos acostumbrados a estas delicadeces pero ya va siendo hora de un manejo adecuado de la inversión, más aún de aquella proveniente de las arcas del Estado. Así evitaríamos generar elefantes blancos o proyectos de muy baja competitividad como es el caso de la actual planta piloto de carbonato de litio, que tiene una recuperación del 18% y tendría que competir con un nivel tecnológico de última generación en proyectos similares en curso en Chile y Argentina, que tienen recuperaciones mayores al 90%, costos muy bajos y mínima afectación del entorno hidrológico de los salares. Y podemos seguir.

Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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