Siguiendo con el tema, un aspecto primordial es la estructura del sector minero y las opciones que un inversor encuentra cuando quiere generar un nuevo proyecto minero y, sobre todo, cuán complicado es en un país como Bolivia. Como se adelantó, la filosofía de la Ley 535 es empoderar al Estado, ser permisivos con el sector minero artesanal cooperativo y dejar un rol secundario a la iniciativa privada que debe aceptar las reglas o perecer en el intento. El sector estatal, controlado por el Ministerio de Minería y Metalurgia, tiene un brazo legal para la problemática de derechos mineros (AJAM); un brazo operativo (Comibol) que ahora controla las minas: Huanuni, Colquiri, Corocoro, las metalúrgicas Vinto y Karachipampa, que cedió el control del Proyecto Siderúrgico Mutún y del Complejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (CIRESU) por presiones políticas y regionales, para dar nacimiento a las autárquicas Empresa Siderúrgica del Mutún y Yacimientos de Litio Bolivianos (ESM y YLB). Tiene algunos proyectos en línea, entre los que destacan Amayapampa y Mallku Khota, emprendimientos privados revertidos al Estado por razones ampliamente conocidas. El sector tiene un brazo de servicios con el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeomin), el Servicio Nacional de Registro de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) y el Centro de Investigación Minero Metalúrgica (CIMM); también un brazo financiero con los fondos Faremin y Fofin de ayuda a la minería chica y cooperativa. (Detalles en Título II, Cap. I, Arts. 36 y siguientes de la Ley 535, ley de creación de YLB de abril de 2017, ley que refrenda la creación de la Empresa Siderúrgica del Mutún de 24 de noviembre de 2007 y otras normas de detalle).
La estructura es claramente ortodoxa y era obvio que fuera así por los designios de la nacionalización de 1952 que pretendía un sector estatal “omnipotente”, la destrucción de los oligarcas de la plata del siglo XIX y de los Barones del Estaño del siglo XX no fue así, con breves interregnos la tendencia mundial hacia una globalización de la industria, se impuso y se impone frente a esquemas “progresistas”. De esta forma, querer hacer negocios en Bolivia es retornar en el tiempo y las dificultades serán muchas.
La estructura tiene instituciones especializadas en cada etapa del negocio minero pero, ¿funcionan? Sergeomin por ejemplo, tiene entre sus atribuciones destacadas, elaborar la Carta Geológica y un portafolio de proyectos y prospectos mineros para promocionar el potencial minero del país (Art. 80 de la Ley 535) ¿Cómo lo hará con los esmirriados ingresos con que trabaja y donde la coparticipación del 10% del 85% de la Regalía Minera (RM), asignada a los gobiernos departamentales productores, es el ingreso principal? (Art. 229 de la Ley 535). En los últimos años el nivel de la RM en Potosí, principal productor, fue de aproximadamente Bs 600 millones al año, con lo que la participación de Sergeomin sería de Bs 51 millones/año y debe gastarse necesariamente en proyectos mineros en el departamento. Obviamente la suerte de los departamentos con menor participación de la RM sería decepcionante. Exploración se hace con dinero, con aproximadamente $us 7 millones/año en el mejor de los casos para un solo proyecto, normalmente son más; solo se llegaría a evaluaciones preliminares de áreas potenciales y lo que la industria quiere para invertir son proyectos mineros con PEA (Preliminary Economic Assessment por sus siglas en inglés) concluido, o el proyecto se vuelve eterno, como ya ocurrió anteriormente.
Soluciones hay muchas, volveremos a tocar en el futuro estos aspectos que hacen a la “camisa de fuerza” con que los mineros se encuentran cuando deciden invertir en minería en el país.
Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.