Un tema relevante ha estado dominando el análisis político y económico mundial en las últimas semanas, relacionado con la expansión del bloque BRICS (Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica) y su configuración que pretende ir más allá de un espacio de cooperación económica y comercial.

Si bien es difícil establecer los impactos que alcanzará dicha iniciativa, se tiene claramente definido que la prioridad hoy en día es incentivar canales de intercambio comercial en monedas diferentes al dólar estadounidense. Dicho escenario lleva a creer que se avecina el fin del mundo unipolar y que en consecuencia se podría contar con un comercio más justo.

En ese contexto, una delegación boliviana a la cabeza del presidente Luis Arce participó de la XV Cumbre del bloque BRICS el 24 de agosto, atendiendo a la invitación realizada por el mandatario sudafricano Cyril Ramaphosa en su calidad de presidente pro-témpore.

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La presencia de la representación boliviana estuvo orientada a lograr alianzas estratégicas e inversiones que aceleren el proceso de industrialización de los recursos naturales, buscando avanzar hacia un desarrollo sustentable, crecimiento económico e integración comercial, teniendo como principal referencia el litio, toda vez que Bolivia cuenta con la primera reserva mundial de este recurso natural, en un contexto internacional que advierte una necesidad de reemplazar la matriz energética. Sin embargo, no se debe dejar de lado la capacidad productiva de alimentos, energía, ciencia y tecnología, que convierten a Bolivia en un potencial socio estratégico para los países emergentes.

En ese contexto, es fundamental considerar que en el mundo actual existen dos bloques económicos en pugna: el G7, con Estados Unidos a la cabeza, y los ya mencionados BRICS, con un gigante como China al frente. Para el análisis de esa pugna de poder, es importante tomar en cuenta las posibles reconfiguraciones que se podrían suscitar en el contexto internacional en el ámbito económico-comercial, a partir de las variaciones que se han ido produciendo en los últimos años.

Es así que en 2000, el G7 contaba con el 44% del PIB mundial frente al 18% de los BRICS, sin embargo, en la presente gestión la composición se ha invertido, de tal forma que el G7 cuenta con el 30% del PIB mundial, respecto al 32% del bloque BRICS, vale decir que en estos últimos 23 años la producción de los BRICS no solo ha igualado a la del G7, sino que la ha superado. Mismos escenarios se replican en temas de comercio exterior, comercio mundial e inclusive en cuanto a la concentración de la población mundial.

A razón de estos elementos se justifica el por qué Bolivia mira a los BRICS como una oportunidad para fortalecer el camino hacia la industrialización de sus recursos naturales, es por ello que oficializó la solicitud de ingreso como miembro pleno del bloque, apelando a la igualdad, complementariedad, solidaridad, inclusión, consenso y el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Es importante denotar que actualmente los BRICS ya ofrecen ventajas para los países que se suman a la iniciativa, al proporcionarles oportunidades de inversión, financiamiento y cooperación técnica.

Tomando en cuenta todos estos elementos, el bloque BRICS puede desempeñar un papel muy trascendental en la creación de un orden global más equitativo y multipolar, aunque esto dependerá de su capacidad para colaborar, abordar desafíos y equilibrar sus intereses individuales con el objetivo colectivo de un crecimiento sostenible y nuestro país no debería quedar ajeno a dicho proceso.

(*) Álvaro Nina Nina es economista

Sin lugar a dudas, los censos son la fuente primaria de información estadística más importante y amplia con la que puede disponer un país. Puesto que obedecen a una necesidad de proporcionar datos estadísticos actualizados sobre las características demográficas, sociales, económicas y condiciones habitacionales existentes en todo el territorio nacional. Todo esto con la finalidad de orientar, de forma adecuada y eficiente, las políticas públicas, de tal modo que se pueda cubrir oportunamente las necesidades insatisfechas identificadas.

La coyuntura actual denota una evidente intención de politizar el proceso censal y acelerar su realización, en base a medidas de presión e intereses particulares de algunos sectores en el oriente, disfrazados de demandas regionales, sin siquiera presentar los mínimos argumentos técnicos que demuestren dicha posibilidad.

Es más, estos actores políticos reducen la importancia del Censo a una necesidad de reconfiguración del mapa electoral y un perjuicio para las regiones con mayor ritmo de crecimiento poblacional, y que actualmente reciben proporcionalmente menos recursos, reflejan en consecuencia que para ellos la actividad censal es una simple posibilidad de un nuevo cuoteo político y una potencial redistribución de los recursos provenientes de la coparticipación tributaria, abandonando así que la oportunidad que nos brinda realizar un censo técnico y transparente nos abre las puertas hacia el desarrollo nacional, regional, departamental y municipal en base a una visión de planificación, de mediano y largo plazo.

Es indiscutible que la intención de adelantar el proceso censal obedece a cálculos netamente políticos, en tanto desconocen u omiten que el proceso censal es un conjunto de etapas sistemáticamente organizadas que deben cumplirse una tras otra para avanzar de manera ordenada y transparente. En ese sentido, abordar el Censo responsablemente implica rescatar las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales especializados. Es por ello que la elección oportuna del día de la realización del Censo es una tarea exclusivamente técnica, en tanto deberá tomar en cuenta aspectos como el ciclo de desplazamientos poblacionales estacionales durante el año por factores climáticos, la zafra o aquellos vinculados al inicio y conclusión del año escolar.

Por otro lado, es importante que más allá de asumir posiciones drásticas asociadas a medidas de presión que tienen la finalidad de abreviar el proceso censal sin haber vertido ningún justificativo técnico válido al respecto, se tome la iniciativa de debatir los importantes avances que se han logrado hasta el momento a objeto de alcanzar un relevamiento de información transparente, fidedigna e imparcial.

A propósito de la imparcialidad, se debe tomar en cuenta que este proceso cuenta con el respaldo y acompañamiento de una comisión técnica de alto nivel conformada por representantes de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) y el Banco Mundial (BM), instancias que con la experiencia que cuentan en procesos censales recomendaron que el empadronamiento se postergue y se realice en 2024 para garantizar su transparencia.

En ese sentido, mas allá de asumir posiciones intransigentes y mantenerse en la simple posición de amenazar con “ultimátums”, resultará altamente productivo aprovechar todos los espacios de diálogo establecidos a objeto de alcanzar un acuerdo que pueda satisfacer a todas la partes, sin embargo es imperante que para alcanzar un acuerdo se planteen posiciones sólidamente sustentadas con argumentos técnicos válidos por parte de los que promueven la abreviación del proceso censal, y se demuestre la posibilidad real de adelantar dicho evento sin que aparente que dichas intenciones son improvisadas en tanto sus argumentos no reflejan la viabilidad de alcanzar lo solicitado.

Sin lugar a dudas el Censo tiene una relevancia por demás importante; sin embargo, garantizar la calidad de sus resultados es también crucial como instrumento de la planificación del desarrollo del país. En ese sentido, se debe velar por su adecuado desarrollo con responsabilidad y transparencia.

Álvaro Nina Nina es economista.

La invasión rusa contra Ucrania promovió un considerable cambio geopolítico, el cual inevitablemente condicionará la realidad mundial a largo plazo, habiéndose promovido además la transformación de la agenda internacional. Ante este escenario, es propicio mencionar que la historia refleja que algo similar ocurrió con la caída del Muro de Berlín allá por 1989 y la desaparición del bloque soviético en 1991, el atentado contra las Torres Gemelas en 2001 y la crisis financiera global de 2008. Si bien con el hecho más reciente pareciera emerger un mundo más incierto, tanto económica como geopolíticamente, se pueden avizorar espacios de oportunidad para terceros países, y un ejemplo claro de ello son los de América Latina.

En ese entendido, la actual coyuntura ha vuelto a conceder cierto protagonismo a los países latinoamericanos, los cuales han afrontado diversos efectos directamente vinculados con el conflicto bélico. Desde el punto de vista económico, un hecho perceptible es el incremento del precio de los hidrocarburos y de otras materias primas, lo que ha beneficiado a los países productores y castigado a los consumidores. Asimismo, se ha podido constatar importantes tensiones inflacionarias.

Es evidente que la invasión rusa a Ucrania ha reactivado la incertidumbre mundial, deteriorando las expectativas de crecimiento económico y dificultando aún más la salida de la crisis pospandemia en América Latina. Sin embargo, la subida del precio del petróleo es un aliciente para los países productores con problemas de inflación o caída de recursos, o que han experimentado un deterioro de sus cuentas fiscales. En este escenario, el aumento de los precios de las materias primas que comenzó en 2021 y cobró un mayor impulso a causa de la crisis ucraniana, podría promover a las economías latinoamericanas que dependen de las exportaciones de dichos insumos. Sin embargo, esto repercute en la interrogante de si el auge actual de las materias primas podría incentivar a contraer tasas de crecimiento más rápidas en una región que ha estado en un modo de crecimiento lento desde el último auge de las materias primas en 2014.

Quedando establecido que existe una fuerte correlación entre los precios de las materias primas y el crecimiento económico de los países latinoamericanos. El auge de estos insumos, fomentado por una fuerte demanda mundial, ha sido un factor clave del crecimiento económico en una región que continúa dependiendo de las exportaciones de productos básicos. Ante tal escenario, es importante reconocer que la dependencia de los países latinoamericanos de las materias primas para impulsar el crecimiento los deja vulnerable a las crisis de precios y ciclos económicos. Lo cual se pudo constatar de forma evidente en gran parte de la región, posterior al último auge de las materias primas en 2014.

Ante esta coyuntura, la revista Economist Intelligence Unit (EIU) realizó un estudio denominado Las perspectivas para América Latina en medio de la guerra de Ucrania, que tuvo la particular intención de medir qué países de esta región del mundo están mejor posicionados respecto a otros para resistir e incluso prosperar en el entorno global actual, para lo cual tuvieron a bien diseñar un mapa de calor (diseñado en una escala de 1 a 5, donde la proximidad a 1 muestra una mejor posición) que evalúa el desempeño de la región en el ámbito de siete indicadores clave, tales como la inflación, la deuda pública, los pagos de intereses/ingresos del sector público, el ratio de las exportaciones de materias primas respecto a las exportaciones totales, balanza por cuenta corriente (% del PIB, 2021), riesgo de estabilidad política y el riesgo legal y regulatorio.

Los resultados de dicho estudio demuestran que Bolivia es el país mejor posicionado entre los cinco menos vulnerables de la región, con una puntuación de 2,14, seguido por Ecuador, Paraguay, Chile y Perú. El otro lado de la moneda son El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Todos están entrando en crisis con niveles relativamente altos de deuda pública, desequilibrios externos sustanciales y alta inflación, y ninguno es un importante exportador de materias primas.

Este suceso refleja una vez más, ante constantes críticas carentes de fundamentos reales, la eficiencia del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) diseñado e implementado por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce. Es un hecho destacable que el MESCP sí funciona y prueba de ello es que ha logrado estabilizar la economía boliviana ante escenarios bastante adversos, obteniendo como resultado perspectivas favorables para la población boliviana en el ámbito interno y externo.

Álvaro Nina Nina es economista.

Uno de los objetivos más destacables y de mayor análisis del Estado Plurinacional de Bolivia es la construcción colectiva de una sociedad sin pobreza ni desigualdades, con una clara orientación hacia el Vivir Bien en equilibrio y armonía con la Madre Tierra, contemplando de forma articulada el conjunto de ámbitos social, económico, político, cultural, ambiental, comunitario y espiritual, que hacen al desarrollo integral y sustentable de un país.

El Vivir Bien formula el encuentro entre pueblos y comunidades, respeta la diversidad e identidad cultural y regional, representa la convivencia en comunidad sin asimetrías de poder, en armonía con la naturaleza y en igualdad. En ese sentido, la Constitución Política del Estado establece y promueve el Vivir Bien como el horizonte estratégico del Estado Plurinacional de Bolivia, como modelo alternativo al capitalismo y a la modernidad, que nace en la manera de ver e interpretar el mundo de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, el cual es concebido en el contexto de la interculturalidad para ser alcanzado de forma colectiva, complementaria y solidaria.

El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones” adopta una visión de desarrollo integral y sustentable, reconociendo el patrimonio natural y los derechos de la Madre Tierra, promoviendo las diversas formas de organización económica (comunitaria, estatal, privada y social cooperativa), en línea a lo establecido por el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), el cual, abstrayendo la realidad económica y social, invoca al desarrollo económico, social, comunitario y productivo del país, promoviendo la justicia social a partir de la redistribución del ingreso y la reducción de la desigualdad, en lo extenso de sus diferentes manifestaciones.

En definitiva, la aplicación del MESCP, más allá de lograr tasas de crecimiento económico destacables a nivel regional y sostenidas en el tiempo, alcanzó evidentes avances respecto al desarrollo económico, traduciendo su éxito en la inclusión y movilidad social. En ese sentido, entre las gestiones 2006 y 2019 se registró una reducción continua de la pobreza moderada de un 59,9% en 2006 a 37,2% en 2019 y de la pobreza extrema de 37,7% a 12,9% en dicho periodo. Asimismo, se registró una reducción de la desigualdad medida por el Índice de Gini de 0,59 en 2006 a 0,42 en 2019; sin embargo, posteriormente a la ruptura del orden constitucional, en 2020 este indicador mostró un retroceso significativo alcanzando a 0,45, explicado particularmente por el incremento de la pobreza moderada y extrema, que alcanzaron a 39,0% y 13,7%, respectivamente.

Con la recuperación de la democracia en noviembre de 2020 se pudo reinstaurar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, con un Gobierno constitucional llamado a reconstruir económica y productivamente el país, siguiendo el enfoque de la redistribución del ingreso, erradicación de la pobreza material, social y espiritual, en armonía con la Madre Tierra y con justicia social, lo cual permitió restablecer las políticas económicas y sociales orientadas a reducir las brechas de desigualdad en el Estado Plurinacional de Bolivia, y como consecuencia inmediata de ello se logró una reducción significativa en los niveles de pobreza, alcanzando la moderada a 36,3% y la extrema a 11% en la gestión 2021.

De forma evidente, Bolivia ha iniciado una nueva etapa de reconstrucción de la patria en unidad y paz con el objetivo de retomar la senda del crecimiento económico, la industrialización con sustitución de importaciones, reducción de la pobreza y la desigualdad, un compromiso serio para salir adelante a partir de la construcción de una sociedad más humana, más justa y más equitativa.

Álvaro Nina Nina es economista.

Luego de haberse cumplido un año del gobierno del presidente Luis Arce, surgen posiciones encontradas en torno a los resultados obtenidos tras la recuperación de la democracia en octubre de 2020. Sin embargo, más allá de las críticas vertidas por parlamentarios de la oposición, que carecen de argumentos sostenibles, existe una verdad objetiva que permite demostrar los importantes avances direccionados a la reconstrucción económica del país.

Con la restitución del modelo económico social comunitario y productivo, Bolivia se encaminó a la vía de la sostenibilidad económica, dando prioridad a las necesidades inmediatas de la población, con el objetivo de lograr los niveles de crecimiento económico que se habían alcanzado antes de la ruptura del orden constitucional.

Entre los hitos se puede resaltar una destacada gestión en el ámbito de la salud, avanzando de manera significativa en la apertura y equipamiento de centros hospitalarios y cobertura de la población vacunada contra el COVID-19, reduciéndose sustancialmente la tasa de letalidad a un 0,8% hasta noviembre. Asimismo, se restituyó un derecho fundamental de la población (educación), lográndose retomar las clases en sus modalidades presenciales y semipresenciales después de la súbita clausura del año escolar en 2020.

Por otro lado, la reconstrucción económica resulta ser una realidad evidente, en tanto que el Producto Interno Bruto (PIB) al segundo trimestre de 2021 mostró un crecimiento de 9,4%, en comparación de la caída del 12,9% en similar periodo de 2020. Ante esta situación no es posible refutar que las medidas implementadas por el Gobierno han tenido resultados considerablemente positivos, revirtiendo el indicador del nivel de producción de la economía hacia una tendencia positiva. Sin embargo, la realidad actual demuestra que esta tendencia debe ser acompañada por un proceso de planificación de mediano y largo plazos, para un crecimiento sostenido en los próximos años.

En este contexto, se ha formulado el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones” (PDES), en el que se encuentran metas, resultados, acciones, el escenario macroeconómico y el presupuesto plurianual, alineado a los objetivos trazados en el Plan General de Desarrollo Económico y Social, y la Agenda Patriótica.

El PDES es el resultado de una construcción participativa emanada no solo de una coordinación sectorial sino también de las nueve cumbres departamentales para la Reconstrucción Económica y Productiva y una cumbre nacional, de entre agosto y octubre, en las que fueron partícipes organizaciones sociales, microempresarios, artesanos, juntas vecinales, así también las organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana como gremiales, trabajadores, médicos, mineros y una diversidad de sectores representativos de la realidad económica nacional; a la par de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, universidades y el sector privado.

En línea a la tendencia asumida por el PIB, el PDES establece lineamientos de política económica y social enmarcados en el modelo económico social comunitario y productivo, proyectándose un crecimiento promedio anual del PIB de 5,1%, ineludiblemente ligado al componente social a través de la reducción de la pobreza moderada del 39% al 19%, disminución de la pobreza extrema del 13,7% al 5,3% y reducción de la desigualdad de ingresos del 0,45 a 0,42 hasta 2025.

Estos objetivos responden a un programa de inversión nunca antes realizado de $us 33.197 millones hasta 2025, de los cuales el 53% está destinado al sector productivo, para fortalecer una estrategia de industrialización con sustitución de importaciones, acompañada de una política en materia de seguridad alimentaria con soberanía, incrementando así los niveles de productividad del sector agropecuario enfocados al abastecimiento del mercado interno y además de la generación de excedentes para la exportación con valor agregado, sentando las bases para el crecimiento con desarrollo económico en el mediano y largo plazos.

Finalmente, es importante una reflexión respecto a la desinformación y la generación de falsos debates, entendiendo que la reconstrucción económica de nuestro país será el resultado de la participación activa de cada boliviano desde el ámbito de sus potencialidades, en la que cada uno se apropie y se haga partícipe de la ejecución del PDES 2021-2025.

Álvaro Nina Nina es economista.