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viernes 7 may 2021 | Actualizado a 10:10

La empresa privada y el incremento salarial

/ 18 de abril de 2021 / 00:38

Los ciudadanos bolivianos esperamos que la economía y la salud mejoren. Los empresarios estamos dispuestos a coadyuvar para aportar en la salida de la crisis sanitaria y económica que vivimos, como emergencia de la pandemia del coronavirus. Con ese propósito necesitamos que el Gobierno cree las condiciones necesarias para desarrollar la iniciativa privada, con seguridad jurídica, clima de negocios adecuado, generación y preservación de empleos. Con un gran pacto público-privado para la reactivación económica.

Todo hace pensar que no se pueden repetir los incrementos generales de salarios, determinados unilateralmente por el Gobierno, luego de someras consultas con la COB. Ni las arcas fiscales ni los recursos de los diversos empleadores están en condiciones de erogar un incremento de salarios retroactivo al comienzo de año, por encima de los niveles oficiales de inflación y del aumento de la productividad general de la economía. La inflación fue del 0,7% en la gestión anterior, dato utilizado para el cálculo del alza salarial, por tal razón los empresarios recomendamos que no haya un aumento.

La dictación de ese tipo de medidas respondía a una circunstancia que ha sido largamente superada por la desaceleración económica, agravada por las consecuencias derivadas de la pandemia del COVID-19 (como lo señala el analista Horst Grebe).

Los efectos de la pandemia en la economía del mundo entero, y la boliviana en particular, se hacen más visibles en el preocupante incremento del desempleo, que al tercer trimestre de 2020 llegó a más de 400.000 desocupados. El analista Jaime Dunn considera que revertir la tasa de desempleo urbano en el país puede demorar por lo menos dos años, especialmente en los sectores clave para la generación de fuentes de empleo.

De acuerdo con el análisis de la empresa privada de Bolivia, los empleos en la administración pública y los generados por la mediana y gran empresa privada llegan aproximadamente al 25% de todos los generados en el país. El empleo privado generado por los micro y pequeños empresarios, con datos a 2019, llegó a su pico con el 74,5%.

Estamos viviendo, en la historia económica del país, el momento más difícil con la caída del PIB, que en 2020 llegó a -11%, eso quiere decir que hemos dejado de producir $us 4.400 millones en bienes y servicios. Estamos con una recesión mundial parecida a la de 1929.

Si el incremento salarial es del 1,5%, el costo para el sector privado es de $us 80,34 millones y para el sector público, $us 68,6 millones. Y, con un aumento salarial del 10%, el costo para el sector privado llegaría a $us 535,61 millones y para el sector público, a $us 457,2 millones, haciendo un total de $us 992,8 millones, equivalentes al 1,14% del PIB.

Cada punto porcentual de incremento salarial representa $us 47 millones adicionales en el sector público y $us 54 millones en el sector privado asalariado formal.

Los empresarios estamos convencidos de que los costos laborales crecientes contraen el empleo formal e inducen a incrementar el empleo informal y precario, con graves efectos en la seguridad de los trabajadores.

Los propios trabajadores deben entender que el empleo informal no ofrece ningún seguro de salud para éste y sus dependientes, no hay pensiones de jubilación, se carecen de vacaciones, aguinaldo, bonos, primas, indemnización y otros beneficios.

En el periodo analizado, en 2009 fue el mejor año para el sector formal de la economía, llegando a representar el 44,9%, frente al 54,8% del sector informal. Debemos reconocer que la informalidad en el país subió antes de la pandemia. Ahora el 61% de la población ocupada es informal y eso tiende a subir con la pandemia y sus variantes.

El analista Horst Grebe señala que cada país tiene que adoptar las estrategias y políticas que estén a su alcance para enfrentar los problemas. Y, entre las prioridades generales se deben mencionar: la atención sanitaria, que ahora incluye la distribución y aplicación de las vacunas contra el COVID-19; la reactivación de la economía y el empleo a corto plazo, con una visión estratégica de largo plazo. Los empresarios estamos de acuerdo con lo manifestado por Grebe.

Para los empresarios es prioritario la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, para tener protegidos a los funcionarios y trabajadores de las empresas, así como a la sociedad en su conjunto para lograr la reactivación de la economía a corto y largo plazo.

  Rolando Kempff Bacigalupo es economista, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.

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Fundempresa, entidad transparente y confiable

/ 2 de mayo de 2021 / 00:20

Fundempresa es una fundación sin fines de lucro, que alcanzó su mayor logro al haberse consolidado el Registro Nacional de Comercio como entidad transparente y confiable.

En los 20 años de concesión de Fundempresa se logró alcanzar la modernización del Registro de Comercio en Bolivia, a través del ordenamiento, sistematización, simplificación y definición de reglas claras y transparentes. Podemos asegurar que esta fundación es la mejor muestra de una alianza público-privada realizada en el país, que coadyuva con la administración del Estado en sus diferentes niveles, permitiendo alcanzar una mayor formalización de la economía mediante el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de los diferentes sectores productivos, actores principales del desarrollo económico y social de Bolivia, generando empleo y contribuyendo al desarrollo.

La administración ejemplar del Registro de Comercio por parte del sector privado resulta una evidencia clara de que modelos inteligentes de asociación público-privada son beneficiosos para la sociedad civil, el emprendimiento y el país en su conjunto. La Fundación para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa) fue creada por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz).

Fundempresa se pone a plena disposición del Estado para mantener, impulsar y desarrollar alianzas entre los sectores público y privado que permitan mejorar la eficacia y eficiencia de gestión en el ámbito de registro del país. Tiene como una de sus principales políticas internas el procesar los trámites que le llegan en menos de 24 horas, evitando que el trámite sea observado en varias ocasiones. A lo largo de 2020 se han atendido 243.069 trámites, de los cuales más del 88% fueron inscritos sin observaciones.

En este tiempo de pandemia, nos sumamos a las políticas nacionales de precautelar primero la salud de los bolivianos. Por eso trabajamos en estrecha coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, logrando poner en marcha oficinas para la atención a distancia en los principales trámites del Registro de Comercio.

Por medio de la innovación tecnológica, los trámites del registro se realizan en tiempo récord, sin necesidad de la presencia física ni desplazamientos innecesarios. Ahora, una empresa también puede inscribirse o actualizar su información en línea en menos de 24 horas, agilizando procesos y mejorando el clima de negocios. Esta fundación coadyuva a todos los emprendedores del país en su tarea de construir un futuro con oportunidades y seguridad jurídica, promoviendo la inclusión y la innovación permanentes.

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural administra el Registro de Comercio que realiza Fundempresa, y lo fiscaliza la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP). La gestión profesional del archivo de documentos que desarrolló Fundempresa se tradujo en que ahora toda la documentación ordenada y clasificada está digitalizada en un moderno sistema informático. Está resguardada en 15.000 cajas, ordenada en más de 900.000 carpetas y más de un millón de documentos catalogados, que generaron más de dos millones de imágenes disponibles para consulta inmediata y rápida.

Para desarrollar su trabajo de la mejor forma posible, Fundempresa tiene como premisa desarrollar un adecuado trabajo. Para ello adquirió un sistema informático especializado, desarrollado en Colombia con tecnología alemana. Con esto atendió sin dificultades todos los requerimientos a escala nacional, con características multiusuario (conectados muchos a la vez) y almacenó datos e imágenes.

Cuando el Registro de Comercio estaba bajo responsabilidad de la gestión pública, no generaba ingresos para el Estado. En estos últimos 20 años, por concepto de derecho de concesión, Fundempresa cancela el 40% sobre los ingresos netos. Hasta diciembre de 2020 se entregó Bs 210.255.321 ($us 30.209.098) al Ministerio de Desarrollo Productivo. Y, en 20 años, nunca se incrementaron los aranceles en ningún trámite.

Durante 20 años, Fundempresa ha mantenido una gestión transparente, sin corrupción en sus operaciones. Todas las acciones señaladas permitieron que esta fundación consolide un servicio con seguridad jurídica, confiable y transparente para el sector empresarial y la sociedad boliviana.

Rolando Kempff Bacigalupo es economista, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.

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La logística para mejorar el comercio

/ 3 de abril de 2021 / 01:20

Con la finalidad de encarar las limitaciones y mejorar las prestaciones de servicios en logística de exportaciones, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) participó en marzo del conversatorio digital El rol de la logística en la recuperación de la economía Perú- Bolivia. Bolivia tiene mucho que hacer en la mejora de la logística para el desarrollo de la actividad comercial, y así afectar positivamente en la recuperación de la economía: el 62% de las empresas no tiene gerente responsable para la logística y el 26% no mide el costo de la actividad.

Este encuentro digital fue apoyado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), los periódicos LARAZÓN de Bolivia y Gestión, diario de economía y negocios del Perú. En la inauguración, Claudia Benavente, directora de LARAZÓN, expresó la importancia de la logística en el comercio entre Perú y Bolivia.

Por Perú, el conversatorio contó con la participación de Gabriel Monge, gerente general de Tisur; Leonie Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN); José Luis Guasch, exjefe de Expertos Globales en Asociaciones Pública-Privadas (APP) del Banco Mundial (BM). Por Bolivia estuvieron Carlos Gill, presidente de las ferroviarias Andina y Oriental; Fernando Hurtado, presidente de la Cainco, y mi persona, como presidente de la CNC. Como moderador estuvo invitado Daniel Sánchez, past presidente de la CEPB.

En casi tres horas se analizó si la logística está cumpliendo su rol de impulsar las economías de ambos países, cuál es el potencial de desarrollo de esta industria, qué tan integrados están sus servicios, y cuál es el foco de la inversión en logística en Perú y Bolivia, por vinculación carretera, ferroviaria, puertos y trámites en frontera.

Una encuesta de la Cámara muestra que en nuestro país, las barreras que impactan en la logística empresarial son los excesivos trámites, los elevados tiempos en puertos y aduana, la escasez de oferta de servicios de logística, y la aún deficiente infraestructura vial. Y los mayores problemas son la falta de planeación de la demanda y de oportuno abastecimiento y gestión de proveedores, y las limitaciones en la distribución y entrega de mercancía al cliente.

Carlos Gill habló de la integración multimodal y la importancia del ferrocarril para abaratar costos en las exportaciones de Bolivia por los puertos del Pacífico. La CNC destacó la importancia del ferrocarril Santos (Brasil)-puertos del Pacífico, conocido como ferrocarril bioceánico, que permitirá exportar productos de Latinoamérica a China evitando pasar por el Canal de Panamá, y resaltó el acuerdo de Libre Comercio con Perú, de 1929, similar al que tenemos con Chile (1904).

La Zona Franca en Ilo —de 60 hectáreas— y los proyectos en Bolivia Mar, de la época de Fujimori- Paz Zamora, acuerdo Bolivia-Perú, aún no han sido desarrollados pese a que tienen gran potencial y lugares estratégicos para desarrollar zonas para la prestación de servicios logísticos.

En 2019, el BM midió el índice de desempeño logístico: la eficiencia aduanera de Perú llega a 86, la de Bolivia a 117; la calidad de infraestructura de Perú es 111 y la de Bolivia, 129; la competitividad de transporte internacional de carga en Perú es de 65 y en Bolivia, 106; la competencia y calidad en los servicios logísticos peruanos es 110 y la boliviana, 139; y en la puntualidad en el transporte de entrega Perú alcanza 54 y Bolivia, 127. Como se puede apreciar, estamos lejos de tener un adecuado desempeño logístico.

En resumen, Perú puso en marcha los Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF). Los CEBAF están regulados por la Decisión 502 de la Comunidad Andina, también por disposiciones complementarias y reglamentarias, acuerdos y disposiciones emitidas por la Junta de Administradores. Entre los avances, Bolivia y Perú iniciarán pronto el funcionamiento del CEBAF provisional de Desaguadero y se comenzará el estudio de factibilidad y diseño final del CEBAF definitivo en ese paso de frontera.

Hay una ley nacional sobre el puerto seco en Oruro, pero no se ha avanzado con las reglamentaciones para implementarlo correctamente, ya que un puerto seco debe ser un recinto aduanero primario. La carretera por el Hito 4, la más directa que vincula Bolivia y Perú, está concluida en el lado del vecino país, en el nuestro faltan algunos tramos; este proyecto permitirá el desarrollo del puerto peruano Miguel Grau como nueva alternativa.

Necesitamos delimitar los roles de los sectores público y privado, y promover las alianzas para generar inversiones en el desarrollo logístico. La normativa que se desarrolla en cuanto a regulaciones debe generar certidumbre y apoyo a la operación logística del comercio binacional.

  Rolando Kempff Bacigalupo es economista, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.

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Desarrollo económico e incremento salarial

/ 21 de marzo de 2021 / 00:36

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la inflación del año pasado, parámetro que sirve para determinar el posible incremento salarial, fue inferior al 1%. Se estima que en 2020, Bolivia terminó con un decrecimiento de 10% del PIB y la tasa de inflación acumulada llegó solo al 0,67%. Es decir que el país ha dejado de producir aproximadamente $us 4.200 millones en bienes y servicios, y el salario no ha perdido valor adquisitivo.

Los trabajadores fabriles de La Paz hicieron conocer su demanda salarial de un aumento de 10% al mínimo nacional. Un ampliado de la COB definirá el pliego que entregarán al presidente Arce. Sin embargo, el incremento salarial debe ser una negociación tripartita entre el Gobierno, empresarios y trabajadores de acuerdo a las normas de la OIT. En este momento en que el país vive la emergencia sanitaria, y con una economía en crisis, no tiene sentido un alza salarial. Por el contrario, la prioridad en estos tiempos que vivimos en todo el mundo, debe ser mantener las fuentes de empleo y reactivar la economía del país.

La incertidumbre sobre cuál será la proyección de la economía para esta gestión aún está latente, básicamente porque la segunda ola del coronavirus había sido prevista para febrero de 2021 y se dio en diciembre de 2020; por tanto, las proyecciones para un crecimiento de 4% del PIB debido al efecto rebote económico, se han puesto en riesgo y se agravan por una posible tercera ola.

Debemos remarcar que pedir incremento salarial y, al mismo tiempo, mantener estabilidad laboral y promover la reactivación del aparato productivo no es congruente, más bien iría contra la estabilidad laboral y la reactivación de la economía del país. En ese sentido, resaltamos las palabras del ministro de Economía, Marcelo Montenegro: “Hay que evaluar cómo está la economía; que en cierta forma va a determinar si es posible un parámetro de incremento y hay que evaluar, estamos recién terminando el segundo mes (del año); hay que ser cuidadosos, la economía ha sido ultrajada, ha caído en el piso, ha sido lastimada, hay que ver cómo va esta recuperación y hay que ver los elementos que pueda brindar la economía para evaluar esta posibilidad”.

La situación de la empresa privada en el país es preocupante. Se ha establecido que el año pasado, la industria perdió 70.000 empleos por la crisis económica derivada de la pandemia, por lo que estas empresas no están en condiciones de cumplir con un incremento salarial. La crisis también afecta al sector de la microempresa, en 2020 al menos 100.000 pymes se declararon en quiebra ante la emergencia sanitaria, lo cual significa que por lo menos 500.000 personas perdieron su fuente de trabajo, porque cada una de estas empresas tiene hasta cinco trabajadores. Esta situación se agrava porque en el país habrían otras 600.000 pequeñas empresas que corren el riesgo de no volver a operar.

La Confederación de la Micro y Pequeña Empresa establece que las pymes representan el 79% de la base de la economía boliviana y generan alrededor del 40% de los empleos nacionales. Si se les obliga a dar un incremento salarial, se tendrá como respuesta el cierre de más microempresas, con el consiguiente incremento del desempleo. Esta dolorosa realidad del sector formal, no importando cual fuere el tamaño de empresa, permitió el crecimiento del sector informal, que en Bolivia llega al 80% de la actividad económica.

Se debe priorizar la preservación del empleo, en lugar de exigir un incremento salarial desproporcionado que ahonde aún más la crisis económica que atraviesa Bolivia. Todos debemos invertir el tiempo en reinventarnos, los empresarios constantemente estamos viendo nuevas formas de aplicar más profundamente la economía 4.0, que no es otra cosa que la economía del talento, debemos ser inventivos y practicar la economía circular que tanta falta le hace a nuestro planeta.

Por su lado, el Gobierno, junto a todos sus colaboradores, debe generar las mejores condiciones para industrializar el litio, realizar exploraciones para encontrar reservas de gas, y promover un manejo adecuado del sector minero que reactive la actividad minera del país. Así lo manifestó el presidente Luis Arce en el conversatorio sobre la reactivación económica realizado el lunes 1 de marzo, destacó la importancia del sector privado en la reactivación económica y el desarrollo empresarial, y comprometió su apoyo a la creación de nuevas empresas mixtas para la producción de biodiésel por ejemplo, y a las asociaciones público privadas como Fundempresa.

La reactivación económica es un esfuerzo conjunto de todos los que habitamos este hermoso país, es hora de trabajar hombro a hombro sin discriminación para lograr el bienestar común.

 Rolando Kempff Bacigalupo es economista, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.

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El CCCM respalda el acuerdo Mercosur-UE

/ 5 de marzo de 2021 / 02:06

Las cámaras de comercio de los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) manifiestan su apoyo a la firma del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur. El respaldo fue dado a conocer mediante una declaración conjunta del Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur (CCCM) —léase Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— y países asociados (Bolivia y Chile).

Este apoyo se funda en que la vinculación entre ambos bloques —que en conjunto representan un mercado de 800 millones de habitantes y casi una cuarta parte del PIB mundial, que se refleja en los flujos comerciales de bienes y servicios por cerca de $us 100.000 millones al año— generará un considerable aumento en las exportaciones regionales, consolidando la participación de empresas sudamericanas en las cadenas de valor, acelerando el proceso de transferencia tecnológica y aumentando la competitividad de la economía.

Este acuerdo también permitirá el permanente fortalecimiento de los vínculos políticos, culturales y económicos estratégicos de los países del Mercosur con la UE, a la par que facilitará las condiciones de acceso a bienes, servicios e inversiones, al reducir y eliminar actuales restricciones.

Al mismo tiempo, este acuerdo implicará una nueva etapa en la relación de los países de ambas regiones, dinamizará el comercio intrarregional del Mercosur y dará lugar a nuevos compromisos en materia de circulación, armonizando normativas y simplificando procedimientos internos. Por todo ello, el CCCM expresa públicamente su apoyo a la firma y puesta en marcha del acuerdo.

Tras 20 años de negociaciones, a mediados de 2019 el Mercosur y la UE acordaron conformar una asociación que representa un hito en las relaciones de estos dos procesos de integración.

En lo comercial, como lo señala un informe del BID, la UE se comprometía a liberalizar el 92% de las importaciones provenientes del Mercosur, mientras el bloque sudamericano liberaría gradualmente el 91% de las importaciones europeas.

Con la entrada en vigor del acuerdo, el Mercosur pasaría a tener tratados de libre comercio con 23,5% del PIB global (vs. tan solo 1,4% cuando empezaron las negociaciones). Los plazos acordados para la desgravación contemplan las heterogeneidades estructurales entre ambas regiones, con tiempos sustancialmente más cortos para la liberalización que debe realizar la UE, y una transición más gradual para el Mercosur. En cuatro años a partir de la entrada en vigor del acuerdo, la UE estará aplicando la mitad del arancel promedio actual mientras que el Mercosur reducirá su arancel promedio a la mitad recién en nueve años.

Este acuerdo es importante porque brindará certidumbre legal y mejorará el clima de negocios, aumentando el atractivo de los países miembros del Mercosur como destino para la Inversión Extranjera Directa (IED).

También, el convenio consolida una mesa de diálogo y negociación permanente, abre oportunidades para mejorar el acceso al cerrado mercado europeo de bienes agrícolas, y podría contribuir a fortalecer las cadenas de valor y aumentar la competitividad de las economías del Mercosur.

Junto a la declaración conjunta del CCCM también se difundió la declaración firmada entre este Consejo y la Eurochambres sobre el acuerdo, espacios que nuclean a las instituciones empresarias del comercio y los servicios de los países miembros y asociados del Mercosur y la UE, y que manifiestan públicamente su apoyo a la firma.

El respaldo mencionado se funda en la convicción de que el acuerdo generará un considerable aumento en el flujo comercial, consolidando la participación de empresas sudamericanas y europeas en los mercados respectivos, acelerando el proceso de transferencia tecnológica y aumentando la competitividad de las economías de los países miembros. A la vez, establecerá un vínculo político, cultural y económico estratégico permanente entre ambos bloques, a la par que facilitará las condiciones de acceso a bienes, servicios e inversiones, al reducir y eliminar restricciones.

Por todo ello, y conociendo que los pasos esperados para consolidar el acuerdo están vinculados con la garantía del cumplimiento de los estándares y normas productivos expresados en el texto ya aprobado por ambos bloques, el CCCM y Eurochambres se adhieren al propósito de apoyar las mejoras que resulten oportunas para alcanzar las condiciones cualitativas necesarias, a fin de prontamente avanzar con el proceso de la firma y puesta en marcha del acuerdo.

   Rolando Kempff Bacigalupo es economista, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y académico de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.  

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La deuda externa y la pandemia

/ 18 de enero de 2021 / 01:50

El crecimiento de la deuda externa, tanto pública como privada, es un problema de envergadura, porque hay que dedicar cada vez más recursos para amortizarla, en perjuicio de los fondos que se necesitan para poner en marcha la actividad económica del país y enfrentar la pandemia del COVID-19. El déficit fiscal se encuentra por encima del 10%, lo cual es preocupante. No es lo mismo financiar un hospital o una carretera que puede tener una duración de 10 años, que un gasto corriente.

La deuda externa de Bolivia de mediano y largo plazos, al 10 de junio del 2020, suma $us 11.624,8 millones, de los cuales la deuda con los organismos multilaterales llega a un total de $us 7.857,8 millones, se incluye el préstamo que desembolsó el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us 327 millones, mientras que la deuda bilateral suma $us 1.468,6 millones, donde tenemos a China como el mayor acreedor con 1.030,4 millones.

El indicador de la relación entre el servicio de la deuda y el valor de las exportaciones, en el caso del país llega al 6,7%, cuando se tiene un límite referencial de 20% establecido en el Marco de Sostenibilidad de Deuda del BM-FMI.

La actual deuda interna del país tuvo un elevado incremento en la gestión pasada, debido principalmente a la emergencia del COVID-19. De acuerdo con informes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, creció de Bs 44.277 millones a fines de 2019 a Bs 61.152,3 millones en septiembre de 2020.

Si bien los indicadores de la deuda externa muestran un amplio margen de endeudamiento, es recomendable que el Gobierno maneje adecuadamente esta actividad. No podemos olvidar que la indiscriminada captación de crédito externo por el gobierno de Banzer en los años 70 fue una de las causas de la crisis que derivó en la hiperinflación de los años 80 del siglo pasado.

En la década de los 80, la deuda externa fue renegociada con mucho criterio, la deuda bilateral fue condonada; la deuda del sector privado se la compró con un 90% de rebaja con un fondo de fideicomiso manejado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este fondo fue creado por donaciones de países amigos. Esta situación no se la volverá a tener por el desarrollo que tuvo el país.

De  acuerdo con el informe del Banco Central de Bolivia (BCB), al 10 de junio los créditos externos sumaban $us 11.624,8 millones, de los cuales se adeuda un total de $us 7.857,8 millones a los organismos multilaterales.

Los niveles de endeudamiento externos están subiendo en todo el mundo, porque se necesitan mayores cantidades de recursos para encarar la pandemia y sus efectos en la economía.

En el caso particular de Bolivia, la tendencia es la misma. De acuerdo con estimaciones, llegamos a fines de 2020 con una deuda externa que podría estar fluctuando entre los $us 13.000 millones y 14.000 millones.

Un buen porcentaje de estos nuevos endeudamientos se destinaron a atender las necesidades sanitarias debido al COVID-19 y llenar el vacío generado por medidas como el diferimiento del pago de impuestos o la reprogramación de deudas.

En una reunión con los presidentes de países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur), el presidente Luis Arce planteó la realización de una reunión de ministros del área económica de los Estados miembros a fin de construir ejes que nos posibiliten solicitar a países desarrollados y a organismos de financiamiento un conjunto de medidas de alivio a la deuda externa en favor de nuestros países.

El Presidente sugirió la creación de un fondo de crédito que permita a donantes y aportantes el acceso a créditos blandos y el incremento de la ayuda oficial al desarrollo de las fuentes de financiamiento externo para los países en desarrollo.

El nuevo endeudamiento externo debe ser muy cuidadoso. Contraer nuevos empréstitos viene aparejado de nuevas obligaciones. Ya señalamos líneas arriba las consecuencias de un endeudamiento sin control, que afectó la estabilidad política de gobiernos posteriores.

Si los nuevos préstamos no ayudan a crear nuevas fuentes de trabajo y más actividades productivas, pueden convertirse en un lastre para las futuras generaciones.

Rolando Kempff Bacigalupo es economista, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.

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