La empresa privada y el incremento salarial
Los ciudadanos bolivianos esperamos que la economía y la salud mejoren. Los empresarios estamos dispuestos a coadyuvar para aportar en la salida de la crisis sanitaria y económica que vivimos, como emergencia de la pandemia del coronavirus. Con ese propósito necesitamos que el Gobierno cree las condiciones necesarias para desarrollar la iniciativa privada, con seguridad jurídica, clima de negocios adecuado, generación y preservación de empleos. Con un gran pacto público-privado para la reactivación económica.
Todo hace pensar que no se pueden repetir los incrementos generales de salarios, determinados unilateralmente por el Gobierno, luego de someras consultas con la COB. Ni las arcas fiscales ni los recursos de los diversos empleadores están en condiciones de erogar un incremento de salarios retroactivo al comienzo de año, por encima de los niveles oficiales de inflación y del aumento de la productividad general de la economía. La inflación fue del 0,7% en la gestión anterior, dato utilizado para el cálculo del alza salarial, por tal razón los empresarios recomendamos que no haya un aumento.
La dictación de ese tipo de medidas respondía a una circunstancia que ha sido largamente superada por la desaceleración económica, agravada por las consecuencias derivadas de la pandemia del COVID-19 (como lo señala el analista Horst Grebe).
Los efectos de la pandemia en la economía del mundo entero, y la boliviana en particular, se hacen más visibles en el preocupante incremento del desempleo, que al tercer trimestre de 2020 llegó a más de 400.000 desocupados. El analista Jaime Dunn considera que revertir la tasa de desempleo urbano en el país puede demorar por lo menos dos años, especialmente en los sectores clave para la generación de fuentes de empleo.
De acuerdo con el análisis de la empresa privada de Bolivia, los empleos en la administración pública y los generados por la mediana y gran empresa privada llegan aproximadamente al 25% de todos los generados en el país. El empleo privado generado por los micro y pequeños empresarios, con datos a 2019, llegó a su pico con el 74,5%.
Estamos viviendo, en la historia económica del país, el momento más difícil con la caída del PIB, que en 2020 llegó a -11%, eso quiere decir que hemos dejado de producir $us 4.400 millones en bienes y servicios. Estamos con una recesión mundial parecida a la de 1929.
Si el incremento salarial es del 1,5%, el costo para el sector privado es de $us 80,34 millones y para el sector público, $us 68,6 millones. Y, con un aumento salarial del 10%, el costo para el sector privado llegaría a $us 535,61 millones y para el sector público, a $us 457,2 millones, haciendo un total de $us 992,8 millones, equivalentes al 1,14% del PIB.
Cada punto porcentual de incremento salarial representa $us 47 millones adicionales en el sector público y $us 54 millones en el sector privado asalariado formal.
Los empresarios estamos convencidos de que los costos laborales crecientes contraen el empleo formal e inducen a incrementar el empleo informal y precario, con graves efectos en la seguridad de los trabajadores.
Los propios trabajadores deben entender que el empleo informal no ofrece ningún seguro de salud para éste y sus dependientes, no hay pensiones de jubilación, se carecen de vacaciones, aguinaldo, bonos, primas, indemnización y otros beneficios.
En el periodo analizado, en 2009 fue el mejor año para el sector formal de la economía, llegando a representar el 44,9%, frente al 54,8% del sector informal. Debemos reconocer que la informalidad en el país subió antes de la pandemia. Ahora el 61% de la población ocupada es informal y eso tiende a subir con la pandemia y sus variantes.
El analista Horst Grebe señala que cada país tiene que adoptar las estrategias y políticas que estén a su alcance para enfrentar los problemas. Y, entre las prioridades generales se deben mencionar: la atención sanitaria, que ahora incluye la distribución y aplicación de las vacunas contra el COVID-19; la reactivación de la economía y el empleo a corto plazo, con una visión estratégica de largo plazo. Los empresarios estamos de acuerdo con lo manifestado por Grebe.
Para los empresarios es prioritario la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, para tener protegidos a los funcionarios y trabajadores de las empresas, así como a la sociedad en su conjunto para lograr la reactivación de la economía a corto y largo plazo.
Rolando Kempff Bacigalupo es economista, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.