El 17 de febrero de 2021 el Banco Central de Bolivia informó que el Gobierno había decidido devolver $us 346,7 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI). Según su explicación, se trataba de un préstamo irregular y oneroso, que generó costos económicos millonarios al Estado e imponía condiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias con el FMI. Se dijo también que tal préstamo transgredía la Constitución Política.
Recordemos que el gobierno anterior tuvo un entredicho con la Asamblea Legislativa por este tema, pues no obtuvo su aprobación. Por su deseo de concertar, el gobierno de Áñez había pedido aprobar esa operación que, en realidad, no necesitaba de aval parlamentario, pues no implicaba la contratación de un crédito. En ese caso, Bolivia ejercía un derecho como “accionista” del FMI, no como clienta.
Se trataba, en realidad, de una operación relativamente novedosa mediante la cual un país miembro ejerce su derecho de utilizar por un tiempo un monto equivalente a su propio aporte de capital, retirando su participación en Derechos Especiales de Giro (DEG) a cambio de un modesto interés. Esto se denomina Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) y fue creado en 2011 mediante una enmienda al Convenio constitutivo del FMI, que ya estaba aprobada por Bolivia (DS 946 del 05/08/2011).
El IFR por lo tanto permite a los países miembros utilizar una parte o el total de su aporte de capital al Fondo por un periodo limitado. La manera en que lo hace es vendiendo al Fondo sus Derechos Especiales de Giro, con el compromiso de comprarlos de vuelta en un plazo de 5 años (con lo que repondría su aporte de capital). Durante ese periodo el país pagaría un interés del 1,066% al año además de una comisión del 0,5% por una sola vez. Estos costos son mucho más bajos que los créditos con la China (que cobra 2,6% al año) o con la CAF (que cobra anualmente 3,6%).
El instrumento IFR se creó para atender necesidades de emergencia de los países miembros. Eso es lo que sucedió. Bolivia se encontró que tenía un déficit muy grande cuando llegó la pandemia del COVID en marzo de 2020 y, al igual que varios otros países, pidió al Fondo acceder a esos recursos. El Directorio del Fondo, como lo hizo con otros casos en similar emergencia, autorizó la operación en una semana.
Como se trataba de acceder a un derecho como socio del Fondo, esos siete días solamente sirvieron para verificar cifras y documentos. El procedimiento es diferente en el caso de créditos, pues ahí un país acude al Fondo en calidad de cliente que, por tanto, debe demostrar que el uso que hará del préstamo le permitirá pagarlo o, al menos, no comprometerá su capacidad de hacerlo. La obligación de demostrar todo eso es lo que suele molestar a algunos gobiernos que acusan al FMI de imponer condiciones, programas económicos, políticas tributarias y de manejo fiscal, etc. Tal molestia, muchas veces traducida como protesta política, ignora que el FMI es una especie de banco que trabaja con dinero ajeno, y que está obligado a cuidar ese dinero, recuperarlo cuando lo presta y rendir cuentas a los socios, entre los cuales también está Bolivia desde la fundación misma del FMI, en 1945.
Lo que Bolivia hizo el 10 de abril de 2020 fue, por lo tanto, actuar como socio accionista del FMI, logrando que se le “devolviera” temporalmente la totalidad de su aporte para enfrentar la emergencia. Lo hizo a través del Ministerio de Economía y con la participación del Banco Central como agente financiero, en los mismos términos pactados para otros miembros del FMI como Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Paraguay, entre otros. Otros países, como Chile y Colombia, pidieron créditos rápidos porque querían disponer de sumas mayores.
Aunque no habían condiciones contractuales para el uso de esos recursos, el gobierno se había propuesto dedicarlos a la contratación de personal de salud y la adquisición de pruebas y medicamentos para controlar el COVID, o las vacunas cuando ellas estuvieran disponibles, o por último a pagar con esos recursos los bonos de apoyo a la población en el periodo de cuarentena.
No está claro si con la devolución decidida por el Gobierno actual el FMI “perdonará” la comisión del 0,5% que se cobra al iniciar la operación, que representa $us 1,7 millones, y el interés de los 10 meses (algo más de 3 millones). Lo que sí debe lamentarse es que al devolver los $us 346,7 millones del IFR, Bolivia pierde la oportunidad y el derecho de utilizar su propio aporte. Obtener una suma similar de otra fuente costará bastante más en tiempo y dinero, lo que en un periodo de pandemia como el que vivimos se traduce también en vidas truncadas y familias afectadas.
Roberto Laserna es economista.