Voces

domingo 20 jun 2021 | Actualizado a 11:34

Analista de manual

/ 24 de abril de 2021 / 02:10

El día en que Archondito redactó que una dupla política interesante y con proyección ganadora en elecciones presidenciales la conformaban Juan del Granado y Ernesto Suárez, llegué a la conclusión de que los estudios de posgrado no garantizan lucidez y talento para la prognosis. Suficiente con una simple observación para verificar en qué lugar del tablero político han terminado el exmirista y el exadenista. De todas maneras, el analista en cuestión siguió empeñado en ser un funcionario aplicado, pues pasó del Banco Mundial a la representación boliviana en Naciones Unidas en el gobierno de Evo Morales con el que más tarde terminaría enemistado, debido a la chambonada encabezada por un persecutor que lo acusó de haber asumido como embajador de manera indebida, ya que el cargo se lo había dejado en bandeja de plata su antecesor-jefe, Pablo Solón. Desde entonces, el ahora habitante de Puebla, México, emprende sistemáticas arremetidas contra Evo, el MAS, y contra quienes lo expulsaron hacia la vereda de enfrente.

Dice el analista, oficio que ejerce con fruición, que lo sucedido en noviembre de 2019 es “un intento de falsificación del pasado inmediato” y que según Edward Luttwak, para que haya golpe de Estado son indispensables las condiciones de “infiltración y desplazamiento”, que “no hay golpe si el motor es la gente movilizada”. Para completar su cuadro de interpretación de los hechos, afirma que “todo golpe transcurre del mismo modo”. Estas afirmaciones certifican que para el autor de Incestos y blindajes (2003), el libro- demolición contra Raúl Garafulic padre, y que ahora escribe para el diario de Raúl Garafulic hijo, el concepto de golpe suave no existe, y en el que la llamada estrategia de lawfare es producto de nuestra afiebrada imaginación y, por lo tanto, lo que sufrió Dilma Rousseff en 2016 a través de un impeachment urdido por la derecha brasileña bien secundada por los militares, no habría sido un golpe de Estado.

Lo interesante del analista de manual es cómo justifica entre líneas su condición “pitita”, al atribuirles a las clases medias urbanas que salieron a gritar “¡fraude!” la legitimidad necesaria para forzar la renuncia de Evo Morales del gobierno, ignorando deliberadamente a la otra gente movilizada que salió con wiphalas a cerrar filas en defensa de su proceso histórico político y que entre el 15 y el 19 de noviembre fue reprimida y acribillada con un saldo de casi 40 muertos, dos centenares de heridos y la inauguración de un régimen represivo, criminalizador y judicializador-extorsivo de la política. En otras palabras, hay una legitimidad que vale y la otra no, vieja práctica de ninguneo e invisibilización de los nadies, a cargo de los operadores del establishment.

El analista dice que la narrativa del “golpe de Estado” es la mentira del año y, por lo tanto, los que creemos firmemente que hubo un quebrantamiento de la institucionalidad democrática boliviana, somos unos mentirosos afanados por querer imponer nuestra versión como verdad histórica. Pues bien, en este tramo corresponde subrayar que a este analista se lo entiende mejor por lo que no dice. Por lo que no quiere mirar. Ni escuchar. Porque incluso concediéndole que no hubo golpe de Estado, apoyado en su autor de cabecera, Edward Luttwak, sabe perfectamente que la sucesión de Jeanine Áñez fue inconstitucional. Que en ese camino del tránsito de segunda vicepresidenta del Senado a presidenta del Estado Plurinacional, violó por lo menos una docena de leyes tipificadas en el Código Penal como resoluciones contrarias a la Constitución. Que si bien no se suprimió el funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Áñez ejerció la representación del Órgano Ejecutivo de facto, considerando que esa legitimidad a la que se refiere el analista estuvo sustentada en motines policiales que contravienen el ordenamiento jurídico, lo mismo que la “sugerencia” de renuncia a cargo de los militares, que también, según su ley orgánica, no deliberan, es decir, están impedidos de actuar en la arena política. ¿Legitimidad? ¿Y la legalidad? ¿De qué hablas Willis?

El analista quiere creer en los golpes de Estado estereotipados por Hollywood. Y para no reconocer que Áñez y sus colegas senadores Murillo y Ortiz tomaron por asalto el gobierno, recurre a una bibliografía en la que no se consignan los golpes blandos y las guerras de cuarta generación, y tampoco está escrito cómo los militares, los curas de la jerarquía eclesiástica y los embajadores — el tardofranquista León de la Torre de la Unión Europea a la cabeza— se atribuyen “legitimidades” que nadie les ha otorgado para decidir en nombre del pueblo. Hay una diferencia abismal que enfrenta la legitimidad contra la injerencia y la violación del Estado de derecho.

El 9 de diciembre de 2020 en su H Parlante- Facebook, el analista se refiere a este periodista: “él sí sabe de lo que escribe”. Con este alegato ya no tendrá dudas acerca de su afirmación.

 Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Los senadores que impusieron la presidencia de Jeanine Áñez

Los instigadores de la inconstitucionalidad llegaron a puertas del Senado, cerradas por Óscar Ortiz, Arturo Murillo y Jeanine Áñez para cocinar la materialización de la sucesión.

Jeanine Áñez, flanqueada principalmente por Yerko Núñez, Arturo Murillo y Óscar Ortiz.

/ 20 de junio de 2021 / 00:04

Aproximadamente a las seis de la tarde del domingo 10 de noviembre de 2019, en la residencia de la Embajada de México situada en la exclusiva Rinconada de la ciudad de La Paz, llegó, vía celular, un mensaje que confirmaba las renuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera a la presidencia y vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. El mensaje era taxativo, pues se trataba de una instrucción que no admitía debate: los representantes parlamentarios del MAS en la línea sucesoria constitucional debían renunciar a sus cargos para que no se produjeran dudas acerca de las características conspirativas y golpistas con las que se estaba operando la sucesión presidencial.

En tal escenario, Evo Morales y Carlos Mesa coincidían, por motivaciones obviamente opuestas, en que Adriana Salvatierra no debía asumir la presidencia del Estado. El argumento de preservar la vida de Evo era una prioridad y por ello, el lunes 11 de noviembre, en reunión realizada en la Universidad Católica con los articuladores de la anulación de las elecciones y la renuncia de Morales, a fin de acelerar los acontecimientos, se trataba en primer lugar de generar las condiciones para la salida de Bolivia de los exmandatarios, sanos y salvos. La violencia, los secuestros, las quemas de viviendas de parlamentarios y dirigentes, las órdenes de detención policial contra dirigentes masistas, pero sobre todo contra quienes formaban parte de la línea sucesoria constitucional eran objeto de una gran manipulación mediática para generar la versión de una pretendida —¡y heroica!— gesta civil.

Un oficial coloca la banda presidencia a Jeanine Áñez. Foto: Óscar Ortiz

Tuto Quiroga se encargó de comprometer al comandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Gonzalo Terceros, para que tal condición, previa a cualquier diálogo, se cumpliera. Las representantes del MAS que conversaron con Quiroga entre el  lunes 11 y el martes 12 no sabían que cuando Morales, García Linera y Gabriela Montaño aterrizaron en Chimoré (domingo 10 por la noche) estaban siendo inicialmente conducidos a la zona militar del aeropuerto muy probablemente para ser detenidos, decisión cambiada por el piloto de la nave ante una advertencia hecha por García Linera, que dijo que con la marea cocalera que esperaba en la plataforma principal podía generarse una tragedia espeluznante. Una vez en tierra, los exmandatarios y la exministra de Salud fueron envueltos por sus compañeros hasta ser internados monte adentro, donde policías y militares no pudieran llegar para capturarlos.

Para Evo Morales el golpe se tornaba en la estrategia perfecta, el hecho político que borraría casi mágicamente la ira que provocó violar la voluntad ciudadana del referéndum del 21 de febrero de 2016. Para los instauradores de la versión del fraude era la oportunidad de expulsar al MAS del poder y para siempre, y es ahí donde encaja la declaración de Mesa del mismo domingo 10: Salvatierra o cualquier otro masista no debían acceder a la sucesión presidencial, lo que en otras palabras significaba violar el artículo 169 de la Constitución y el reglamento de la Cámara de Senadores que exige la composición de la directiva con los representantes de la bancada mayoritaria en la presidencia y en la primera vicepresidencia.

Bronca

Mesa actuaba movido por la bronca de la derrota. En su fuero interno sabía que había perdido en las urnas y la estratagema en sociedad con los observadores de la OEA enviados por Luis Almagro era armar un escenario insoportable: los masistas, no contentos con haber escamoteado el resultado del 21F a través de una figura forzada por el Tribunal Constitucional —ser reelegible como derecho humano—, pretendían imponer un triunfo viciado de nulidad, del que hasta el día de hoy, dicho sea de paso, no se tienen pruebas fehacientes e irrefutables. A partir de ese momento, a Evo le empezaba a funcionar la instalación de la matriz del golpe de Estado, cosa que probablemente no hubiera sucedido si Mesa, Camacho y compañía optaban por política con la cabeza y no con el hígado, orientando su estrategia a que el MAS asumiera la sucesión según el precepto constitucional para someterlo a un desgaste final con la convocatoria a elecciones en 90 días y en ese breve lapso, lograr que la victoria contra Evo se diera en las urnas, legítima e irreversible, frente a otro binomio azul.

Mesa, Doria Medina, Ortiz, Jerjes Justiniano representando a Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga y sus “facilitadores” hicieron todo lo contrario. Decidieron y actuaron de acuerdo a lo que el MAS necesitaba para recomponerse en el lapso que al final se extendió por casi un año, aunque el precio en vidas humanas terminara siendo irreparable. Primero con Evo viajando entre México, Buenos Aires y La Habana en plan víctima internacional, recibido con honores y gestos de admiración por los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández. Segundo, intensificando una campaña sobre la ilegalidad/ilegitimidad de la presidencia asumida por Jeanine Áñez, que facilitó aún más las cosas cuando fue proclamada candidata (alianza Juntos) con el propio Mesa afirmando que con su intempestiva decisión se podría pensar que efectivamente su gobierno era producto de un golpe de Estado.

Evo decidió que Salvatierra no asumiera la presidencia del Estado para cuadricular como golpistas a quienes forzaron su renuncia. Mesa se hizo el despistado con la sucesión constitucional, convencido de que el MAS quedaría afuera del poder sin opciones de retorno. El tiempo transcurrido nos informa que la sagacidad del cocalero bloqueador de carreteras terminó imponiéndose a la ilustración desangelada del candidato de Comunidad Ciudadana, perfectamente mal asesorado. La sucesión que se produjo fue un garabato producido en tres reuniones —la primera sin representantes del MAS— auspiciadas por curas, embajadores de la derecha internacional y un par de exdefensores del Pueblo en las que las representantes del MAS —Salvatierra, Rivero, Morales — se limitaron a decir que no podían actuar sin consultar previamente a sus bancadas. Aguantaron y dieron la cara frente a unos mediadores con la camiseta opositora bien puesta bajo la dirección de monseñor Eugenio Scarpellini, secundado por el embajador de la Unión Europea León de la Torre.

Los hechos quedaron a la vista de la ciudadanía. Los negociadores —los expertos en Derecho Penal los llamarían instigadores— armaron las condiciones para una sucesión trucha, usando un comunicado de prensa del Tribunal Constitucional que seguramente era “lo más cercano a la Constitución” según Waldo Albarracín —el ipso facto pensado por Luis Vásquez Villamor—, poniendo en entredicho su transparencia como abogado con experiencia en derechos humanos, pues bien sabe que no hay un instrumento legal interpretativo para determinar, en este caso, la sucesión constitucional que llega solamente hasta el presidente de la Cámara de Diputados, y de ninguna manera a una segunda vicepresidencia por minoría del Senado, tal como aconteció con Jeanine Áñez, por más que otros abogados de dilatada trayectoria pública, para comenzar el propio Vásquez Villamor, argumentaran el “derecho prevalente (evitar un supuesto vacío de poder), porque fue imposible lograr el quórum con la bancada oficialista por su falta de voluntad”, una falsedad que la propia Adriana Salvatierra se ha encargado de desmentir en entrevista con la directora de La Razón, Claudia Benavente (Piedra, papel y tinta, 17 de junio de 2021).

Sucesión

Los negociadores o instigadores de la inconstitucionalidad llegaron hasta las puertas del Senado que el 12 de noviembre fueron cerradas por Óscar Ortiz, Arturo Murillo y Jeanine Áñez para cocinar la materialización de la sucesión: 1) El senador Ortiz acompaña en helicóptero a la senadora Jeanine Áñez a una reunión con Luis Fernando Camacho. ¿Los militares operativizando el cambio de mando presidencial? Sí. Los mismos que le sugirieron a Evo Morales renunciar. 2) El senador Murillo reconoce ante un funcionario del Senado que lo que van a perpetrar es inconstitucional, pero que hay legitimidad conseguida con las movilizaciones callejeras. 3) Jeanine Áñez recibe a la jerarquía de la Iglesia Católica en el despacho de la presidencia del Senado, oficina de la que dispone sin pedir permiso cuando todavía ni siquiera se había armado el sainete con el que se la habilita como presidenta de la Cámara Alta. 4) No hay registro de instalación de sesión de la Cámara en que se elige presidenta del Senado a Áñez, ni siquiera una sin quórum. Lo que se produce es nada más que un simulacro. 5) El senador Ortiz controla los accesos al edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional con “pititas”, policías y militares. Salvatierra y Rivero, presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, son impedidas de ingresar a la plaza Murillo por los uniformados (miércoles 13 por la tarde), uno de los cuales zamarronea a la presidenta del Senado y amaga con llevársela detenida, incidente que no tiene registro audiovisual, o que si existe fue cuidadosamente archivado por los medios afines a la conspiración senatorial. 6) El senador potosino Edwin Rodríguez, que en su momento formara binomio por los Demócratas junto a su colega Ortiz, y renunció a su candidatura para apoyar entre líneas a Mesa, es sustituido por su suplente sin justificación alguna. Él manifiesta que había entablado negociaciones con senadores del MAS para recomponer la directiva de la Cámara. 7) Los senadores del MAS Omar Aguilar, Efraín Chambi y Eva Copa establecen trato fluido y continuo con su excolega senador Murillo que el 13 de noviembre jura como ministro de Gobierno. Conforme se va consolidando el régimen de facto, Copa elude comunicarse con Evo Morales, que en ese momento ya se encontraba en Ciudad de México en calidad de asilado político. 

Jeanine Áñez con el clero de la Iglesia Católica antes de proclamarse. Foto: RTP

De facto

El 24 de enero de 2020, Jeanine Áñez ya no era solo presidenta transitoria de facto. Se convirtió en candidata para las elecciones que serían dos veces pospuestas con el pretexto del “estado de excepción” al que nos somete la invasión del coronavirus. Sus colegas senadores recibieron datos de una encuesta que la apuntaban como la opción de la unidad para enfrentar al MAS. Se emocionaron de tal manera con la posibilidad que creyeron tocar el cielo con las manos y en ese exacerbado estado de ánimo gobernaron operativizando tareas, que ahora se develan: 1) Decreto que libera de responsabilidades penales a militares ante la inminencia de la represión y masacre en Sacaba-Huayllani, Senkata y El Pedregal. 2) Combate a la pandemia con la compra irregular de unos respiradores que nunca funcionaron. 3) Combate a “sediciosos” y “terroristas” con gases lacrimógenos que también se compran a través de un business armado entre Murillo y sus amigos de juventud expertos en la materia, prófugos de la Justicia paraguaya, entre otros datos de prontuario. 4) Criminalización, persecución, apresamiento, detenciones domiciliarias, detenciones en centros médicos, extorsiones concertadas entre el poder político y fiscales, torturas, conjunto de acciones represivas contra exautoridades, dirigentes sociales, empresarios y exfuncionarios gubernamentales de la última administración de Evo Morales. 5) Puesta en funcionamiento de un aparato persecutor mediático (Unitel, Brújula Digital, Página Siete y un largo etcétera) con participación de civiles que hacen vigilias en puertas de domicilios particulares a cambio de vales para hamburguesas. 6) Permisividad con organizaciones irregulares como la Resistencia Juvenil Cochala que siembran el terror en la zona Sur de la ciudad. En resumidas cuentas, violaciones a los derechos humanos a la orden del día. ¿Y la presidenta de la Asamblea Permanente, Amparo Carvajal? Bien, gracias. Sigue en el cargo.

Hacia los seis meses de su ejercicio, el de Áñez se consolidó como un gobierno virulento en el literal sentido de la palabra. Murillo amenazaba, reprimía y giraba de cacería por todo el país. Ortiz continuó como senador hasta que en junio se contagió de COVID-19 ya como ministro de Desarrollo Productivo, que lo dejó fuera de combate por aproximadamente un mes para regresar directamente en julio a ocupar la cartera de Economía y Finanzas Públicas. Ortiz estaba en todas y en el show televisivo de estos días no figura. Parece haber quedado convenientemente escondido, perdiéndose de vista su rol como negociador en las reuniones de la Universidad Católica y como parte del equipo de senadores junto al propio Murillo, Áñez y Yerko Núñez de una sucesión en que una parte del partido de Rubén Costas, los verdes del Movimiento Demócrata Social (MDS), es decir ellos mismos, tomaron el control del gobierno.

Una vez capturado y consolidado el nuevo poder, los senadores Ortiz, Murillo y Núñez, según diversas versiones periodísticas, efectuaron declaraciones públicas vinculadas a aprietes contra empresarios sindicados por afinidad al MAS, que sufrieron presiones y extorsiones judiciales, y de otros negocios vinculados al diésel y a la gasolina.

Luis Fernando Camacho, protegido por un aparato de expertos guardaespaldas extranjeros durante los 21 días de la crisis de 2019, hijo de un empresario al que se vincula con el paramilitarismo del golpe de Banzer en 1971, es de convicciones anticomunistas, lo mismo que Tuto Quiroga y Óscar Ortiz, de acuerdo al manual de las dictaduras militares de los años 70. Al igual que Mesa y Doria Medina coinciden en que era hora de eliminar del sistema político a Evo Morales, un nacionalista de izquierda,  defensor de la soberanía de los recursos naturales, y de ninguna manera un socialista o comunista como lo pudieron haber sido Fidel Castro y el Che Guevara. Ese enceguecimiento caracterizado por una equivocada lectura sobre su perfil ideológico, los llevó a actuar de manera precipitada y sin horizonte estratégico. No previeron que a Murillo y a su aparato no les interesaba el país, ni proyecto político alguno. Solamente llegaron a tomar el poder para hacer unos cuantos negocios groseros que les pudieran asegurar el futuro cuando éstos quedaran fuera de la actividad pública.

Plan B

El Plan B era Jeanine presidenta. Sí o sí. Habría que corregir al autor de la frase, Samuel Doria Medina, en sentido de que ese fue desde un principio el Plan A de representantes políticos, Iglesia Católica y Unión Europea. Y para su ejecución armaron una figura pretendidamente jurídica en forma de comunicado institucional que no se sostiene constitucionalmente. Los participantes de las reuniones de la Universidad Católica fueron los negociadores del golpismo. Los senadores Ortiz, Murillo, Áñez, y un poco más atrás Núñez, son los autores de la consumación de los hechos. Un golpe de Estado es la toma ilegal del poder, más específicamente de la presidencia de un país, y eso es lo que sucedió entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019.

Jeanine Áñez ha sido la víctima propiciatoria de este plan alocado, producto de la ansiedad y un grado de improvisación de gravísimas consecuencias para Bolivia. El golpe, a la larga, fue funcional al MAS. Regresó al poder luego de un paréntesis de un año con un contundente triunfo en las elecciones del 18 de octubre de 2020, sin que se necesitara al insustituible Evo en la papeleta. El precio más alto de este atentado contra la institucionalidad democrática es el de la masacre de 37 ciudadanos, cuyas familias hasta ahora no encuentran justicia.

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

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La Biblia en el Palacio

/ 19 de junio de 2021 / 02:03

El sábado 9 de noviembre de 2019, Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, ingresó en el Palacio Quemado para plantar la Biblia en medio del hall central. Dijo que la palabra de Dios regresaba a Bolivia, después de una década de Estado laico —y de ateísmo con olor a comunismo habría que agregar—, de vaciamiento de los sacrosantos valores humanos proclamados por la fe católica.

Durante esa mañana, con las facilidades otorgadas por batallones policiales que habían decidido amotinarse contra el poder constituido, Tuto Quiroga daba vueltas por la plaza Murillo con la autosuficiencia de que la consumación del golpe de Estado era cuestión de horas, que con el gobierno ya sin apoyo del aparato represivo legal, la verde olivo se convertía en el brazo protector de los “pititas”, esos clasemedieros urbanos envalentonados con vigilias en domicilios particulares y persecuciones de autoridades, dirigentes y activistas vinculados al Movimiento Al Socialismo (MAS) y al gobierno depuesto.

Durante los 21 días de las violentas movilizaciones producidas en el departamento de Santa Cruz, Camacho leía cada noche algún versículo y ponía de rodillas a quienes se congregaban alrededor del Cristo de la Monseñor Rivero. Las oraciones, las plegarias con los ojos cerrados y los brazos extendidos eran gestos de elocuente convencimiento de que los masistas, collas, sucios, sediciosos, terroristas, narcotraficantes, estaban a punto de perder a su presidente, que su caída era inminente.

El día en que Camacho secundado por Tuto, en plan Mariscal de Campo, decidió hacer de Dios la figura simbólica protectora del racismo conservador, sus enviados en la Tierra, los miembros de la jerarquía eclesiástica que conforman la Conferencia Episcopal Boliviana estaban listos para iniciar reuniones y así lo hicieron el domingo 10 de noviembre luego de que Evo Morales y Álvaro García Linera anunciaran sus renuncias. Ni cortos, ni perezosos, estos curas mal ordenados fueron los orquestadores de una reunión a la que no fueron invitados los representantes de la mayoría parlamentaria del MAS, porque estaban terminando de diseñar la sucesión ese mismo día anunciada desde Trinidad por Jeanine Áñez a través de la emisora televisiva que se convertiría en el canal oficial del gobierno de facto, Unitel. En esa reunión, ya conocida por los actores que intervinieron, se decidió la suerte de Bolivia al margen de la sucesión legal contemplada por nuestra Constitución Política del Estado.

La Iglesia Católica boliviana no actuó como mediadora. Tomó partido desde el primer momento en que ya se sabía que el aparato gubernamental a la cabeza de Evo Morales había quedado desvencijado, rendido, incapaz de seguir aguantando un asedio en el que campeaba la violencia, el ultimátum y una muy astuta puesta en escena mediática con barniz de legitimidad para que todos creyeran que en Bolivia se estaba produciendo una revolución ciudadana.

Durante la semana que concluye, a la Iglesia Católica no se le ocurrió mejor idea que emitir un documento de 25 páginas como si Dios, Jesucristo y sus discípulos fueran sus redactores. Apenas nos enteramos de su contenido, a través de sus primeros párrafos, supimos que volvían a la carga los Scarpellini (+), los Gualberti y todo ese pelotón de obedientes soldados del conservadurismo bien disfrazados con esas sotanas para largar homilías pretendidamente impolutas desde sus catedrales dominicales de misa.

El rol de la Iglesia Católica en la política boliviana nunca había sido tan abierto y descaradamente tendencioso. Retumba la voz de monseñor Jesús Juárez con esa voz de locutor de radio madrileña ofreciéndonos lecciones de moral y respeto por el prójimo, que por supuesto no fueron puestas en práctica durante el año en el que el gobierno de facto usó su poder como aplanadora para matar, encarcelar, torturar y extorsionar. De eso los obispos y los párrocos enemigos del MAS no tienen idea porque no les interesó averiguar. Les preocupaba nada más que formar parte del regreso de una estructura de poder en la que el catolicismo se mimetiza como ideología política, malversando la auténtica palabra del Dios predicada por esos sacerdotes de base, de aquellos pueblos perdidos y sumidos en la pobreza a los que se consuela y se ayuda con programas sociales.

En esa Iglesia Católica ligada al poder y al autoritarismo que se ejerció en Bolivia entre 2019 y 2020 es imposible creer. Solamente lo hacen quienes consideran que los pobres, los desheredados de la Tierra, no son otra cosa que la encarnación del demonio. En cualquier momento nos regalarán otro sesudo documento para volver a mentirle al país. Además de reaccionarios ya confirmamos que pasaron a formar parte de un conocido grupúsculo de pontificadores que proclaman verdades únicas de moral y buenas costumbres.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Jorge Tuto Quiroga, el ‘yuppie’ que encandiló al general Banzer

Tuto no ha dejado de perder, aunque tenga por consuelo el haber participado de la exitosa conspiración que expulsó a Morales de la presidencia en noviembre de 2019.

/ 13 de junio de 2021 / 02:13

Interesante desafío el de establecer cuál de los referentes paternos de Jorge Quiroga Ramírez ha influido más en esa vida de winner, graduado en universidad texana y regresado a Bolivia para trabajar en el sistema financiero y a continuación ser reclutado por el canciller de la República Carlos Iturralde Ballivián en el gobierno de Jaime Paz Zamora.

El despegue de Quiroga se inicia en el comercio exterior emprendiendo una carrera pública con esa vocación ganadora que se inculca en los reductos de la competencia individualista, desde el colegio La Salle, pasando por la práctica del básquetbol en el Nonis de Santa Cruz de la Sierra y más tarde escalando montañas, wiphala en mano, para demostrarse a sí mismo que si tenía vocación para las maratones y la conquista horizontal del mundo, también podía hacerlo verticalmente, buscando llegar al pico más alto.

Fernando Ramírez Velarde, abuelo materno de Quiroga, fallecido apenas a los 35 años, es autor de Socavones de angustia (1947), novela minera que narra el desgarro y sacrificio cotidiano de esa vanguardia obrera de Bolivia y que, según una reseña crítica de Guillermo Lora (Partido Obrero Revolucionario), apuesta por una visión despolitizada en la que el conflicto visto desde el análisis marxista de las contradicciones de clase no asoma en sus páginas. Para Ramírez Velarde, según Lora, la salvación de los mineros se encuentra en la educación, no en la lucha social. En estos términos, la clase trabajadora nunca fue un asunto que le haya quitado el sueño a este segundo Tuto, porque el primero, su padre, se llama Jorge Joaquín Quiroga Luizaga (1933).

Tuto hijo aprende de su padre, y para verificarlo solo se necesitan deducciones elementales, en la medida en que se constituye en el embajador de la dictadura del coronel-general Hugo Banzer Suárez ante el Consejo Internacional del Estaño con sede en Malasia, país al que se traslada con toda su familia para ejercer dicha representación diplomática comercial, con su hijo mayor transitando de la infancia a la adolescencia.

Si el abuelo materno, escritor de una sola y muy reconocida novela no influye especialmente en la vida de Tuto hijo, sí lo hace Tuto padre que en 1987 forma parte del directorio de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) junto a personalidades como Carlos Morales Landívar, alias Quinciño, el Gral. José Antonio Zelaya, Joaquín Aguirre Lavayén, Iván Guzmán de Rojas y Roger Levy. Dos décadas más tarde, ya en su condición de Vicepresidente del reciclado Banzer a la democracia, Tuto hijo organiza la Unidad de Asuntos Estratégicos de la Presidencia (Unasep), conformada con el mismo criterio por su propio hermano menor, Luis Fernando —luego viceministro de Coordinación Sectorial (Ministerio de Desarrollo Económico)—, José Luis Lupo, Salvador Romero, Raúl Peñaranda, Alberto Valdés y Alberto Leytón.

Los criterios de Tuto padre y Tuto hijo aparecen idénticos: formar equipos en que los apellidos y las calificaciones profesionales queden empatados. La Unasep concebida por el vicepresidente Quiroga se constituye, en esa lógica, en el equipo pensante del segundo gobierno de Banzer con propósitos de alerta temprana, monitoreo, realización de estudios de opinión y de otros métodos investigativos, todo ello apuntando al mejoramiento de los niveles de gobernabilidad.

El eslabón con Banzer

Ya tenemos que el abuelo novelista no deja una huella profunda en el nieto, pero en cambio el padre se erige en el eslabón que le permite, años más tarde, acercarse al Gral. Banzer, que queda muy entusiasmado al haber encontrado a su delfín, a quien llevará en 1997 a la candidatura vicepresidencial. Para Banzer —ese lobo con piel de cordero que de la dictadura se obsesiona con pasar a la democracia y descubre a este ingeniero de sistemas, hijo de un amigo al que hiciera embajador durante el septenio dictatorial—, Tuto es el complemento de nueva generación, y que ya había mostrado sus habilidades contables y organizativas como Subsecretario de Inversión Pública y Cooperación Internacional y como Ministro de Finanzas del gobierno del llamado Acuerdo Patriótico presidido por Jaime Paz Zamora, que tiene al General como socio principal.

Tuto es veloz. Es ministro a los 32 años. Paz Zamora queda encantado con la eficiencia de este yuppie que según alguna leyenda urbana es capaz de sumar mentalmente cifras de ocho dígitos. Todo un prodigio que en 1993 es nombrado jefe de campaña del binomio Banzer-Zamora Medinacelli, en 1995 asume la subjefatura nacional del partido —Acción Democrática Nacionalista (ADN)— y en 1997 forma tándem electoral con el General para llegar al poder con un 22,26% de los votos, con devolución de favores de Jaime Paz Zamora y su partido, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), para acceder a la presidencia. Para entonces, los verdugos banzeristas de la dictadura y las víctimas de la misma, los miristas, ya han cruzado muy juntos y varias veces los que se llamaron “ríos de sangre”, a partir de una coalición que se amplía con la participación de otras tiendas políticas como Condepa (Carlos Palenque), la UCS (Jhonny Fernández), la NFR (Manfred Reyes Villa) y el FRI (Óscar Zamora Medinacelli).

Con la entereza de Forrest Gump, pero con el ego del chico guapo de la fiesta, Tuto llega a la presidencia (2001-2002) porque su mentor y padre político renuncia para morir por un cáncer pulmonar. Con el General enterrado, la historia empieza a cobrar otro vuelo luego de haber formado parte de un gobierno, tres años en calidad de vicepresidente y uno como primer mandatario. A partir de entonces, con el transcurso del tiempo dejará de citar a Banzer, y saboteará al binomio de su propio partido —Ronald MacLean-Tito Hoz de Vila (+)— para las elecciones de 2002, cuando la ADN ha ingresado en la recta final de su existencia, camino a la desaparición. El binomio adenista obtiene un 3,4% de la votación.

El efecto Morales

Transcurridos cuatro años, con la “guerra del agua” como antecedente funesto en términos represivos, Quiroga Ramírez corre y corre, esta vez hacia la fundación de su propia fuerza política, Poder Democrático y Social (Podemos), y en 2005 decide participar en elecciones acompañado por la presentadora de televisión María Renée Duchén como candidata a la vicepresidencia, luego de un estrepitoso final de la llamada noche neoliberal con la salida del poder de Gonzalo Sánchez de Lozada, y más adelante de su sucesor, Carlos Mesa.

Lo que el presidente Jorge Quiroga Ramírez no llega a medir durante su mandato son las consecuencias que le acarreará el haber articulado la expulsión de Evo Morales de la Cámara de Diputados, acusado de asesinatos nunca demostrados en la zona del Chapare, subtrópico cochabambino, expulsión que potencia el liderazgo del dirigente cocalero, uno más de los personajes de la vida política del país que termina beneficiándose de la cultura de la victimización con la obtención del segundo lugar en las presidenciales (2002), resultado que al Movimiento Al Socialismo (MAS) le permite instalar una bancada de 35 senadores y diputados y que termina jugando un rol definitorio en las caídas de Sánchez de Lozada (2003) y Mesa (2005). A partir de entonces, el líder indígena de las federaciones cocaleras se convertirá en la pesadilla que llevará a Tuto del podio de los ganadores en sus estudios universitarios y en la función pública, a la zona de los perdedores electorales más notables de la democracia instalada en Bolivia en 1982.

“¿Quién le gana?… Nadie le gana…” sería un perfecto estribillo para resumir el sentimiento clasemediero conservador-neoliberal en la campaña electoral que conduce a las elecciones presidenciales de 2005 con Tuto candidato a conquistar la presidencia. Al frente tenía a Evo Morales, que según encuestas llegaba a un máximo de 35% de las preferencias para el 18D, porcentaje que pulveriza al alcanzar el 53,7%, destrozando todas las previsiones de los estudios de opinión del momento y que desnuda un alarmante margen de error de 18%.

Evo presidente. Por primera vez, luego del retorno a la democracia producido en 1982, un candidato gana con mayoría absoluta. Y le propina una tunda a su principal adversario, Tuto Quiroga, que obtiene el 28%. En Televisión Boliviana, asociada entonces con el diario El Deber de Santa Cruz, el moderador en pantalla del operativo de cobertura de elecciones se ve obligado a abandonar por unos minutos el set televisivo. Su incredulidad y su indisposición estomacal se han puesto de acuerdo: ¿Evo presidente? Ese mismo conductor termina, transcurridos los años y superados sus espasmos, como embajador del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Vaticano.

Cuando Tuto Quiroga fue nombrado por el ministro de Planeamiento Enrique García como Subsecretario de Inversión Pública y Cooperación Internacional (1990), la comidilla de economistas y tecnócratas es que se trata de un fuera de serie, perfil que se enaltece cuando Samuel Doria Medina sustituye a García, y el staff del nuevo dignatario de Estado es conformado por José Luis Lupo, Juan Carlos y Mario Requena, Flavio Escóbar y por supuesto este ingeniero hijo de otro ingeniero que sobre Evo Morales llega a decir: “Si este pueblo vota por un ignorante, que lo padezca”.  Ese “ignorante”, como afirmaría Tuto padre (Nuevas elecciones en una nueva Bolivia, NODAL, Lucio Garriga Olmo), se convertirá en el presidente que con su presencia en el poder postergará, parece que ad eternum, la ilusión presidencial de Tuto hijo por la vía eleccionaria.

Contra el progresismo latinoamericano

En su propósito sistemático de restarle autenticidad a los logros de los gobiernos de Evo Morales, Quiroga declara en 2014: “Basta con las mentiras de que la bonanza se debe a la nacionalización. Es absolutamente falso. Hoy el país exporta 10 veces más que hace una década. La nacionalización no tiene nada que ver. Hay bonanza económica por los precios altos. Los vecinos nos compran más materia prima (…) Además, hay dinero por la bonanza del gas que se dio por varios factores… Hay bonanza por el contrato de venta a Brasil que hizo Herbert Müller (su ministro de Hidrocarburos), que estipula los costos y volúmenes con los que hoy se vende; por los gasoductos que se hizo en mi gestión; por la ley de IDH que propuso Hormando Vaca Díez (presidente del Senado) y hay bonanza por la venta de materias primas.”

Para Tuto no hubo nacionalización y por lo tanto ninguna acción transformadora en la relación Estado boliviano-inversionistas extranjeros, tema sobre el cual recibe la siguiente respuesta: El presidente ejecutivo de YPFB, Carlos Villegas, acusó a Jorge Quiroga, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de pretender regalar todo el “gas rico” que hoy beneficia a los bolivianos mediante la nacionalización de los hidrocarburos.

“Usted señor Jorge Quiroga, es el principal promotor de regalar nuestro gas  con todos sus componentes a Brasil”, enfatizó al recordar que en todo el periodo de privatización que vivió Bolivia a fines de la década de los años 1990 y la mitad de la década de 2000, su gobierno, ni otros partidos aliados, realizaron gestión alguna para recuperar las fracciones líquidas contenidas en el gas rico exportado a precios de gas seco.

En función a las gestiones realizadas personalmente por el presidente Evo Morales, a partir de 2006, hemos recuperado, Petrobras acaba de pagar a YPFB $us 434 millones por la deuda de los componentes del “gas rico” y las Plantas de Separación de Líquidos, Río Grande en pleno funcionamiento en Santa Cruz y la nueva Gran Chaco próxima a inaugurarse en Tarija, permiten separar Gas Licuado de Petróleo (GLP) y gasolinas que se quedan y autoabastecen a Bolivia y además facilitar la exportación de excedentes a varios países de la región.

Por otro lado, Carlos Villegas dijo que en las páginas negras de nuestra historia, también está escrito cómo Jorge Quiroga Ramírez remató o privatizó las refinerías Gualberto Villarroel de Cochabamba y Guillermo Elder Bell de Santa Cruz, además de la cesión de mayoristas privados de las atribuciones de comercialización de carburantes en Bolivia.

“Estoy seguro que si no recuperábamos, nuestras refinerías, era inminente en la actualidad una crisis energética de magnitud en Bolivia”, subrayó. (Nota de prensa de 31 de agosto de 2009, YPFB).

En las elecciones presidenciales de 2014 —en las de 2009 no participa—, cuando Tuto ya está encaramado en las redes sociales para emprender una nueva carrera, esta vez de descalificaciones siempre adjetivadoras contra Evo Morales, el MAS y gran parte del  progresismo latinoamericano, Tuto es nuevamente candidato a la presidencia, sin Podemos que no pudo, esta vez con la sigla prestada del vetusto Partido Demócrata Cristiano (PDC) y formando binomio con Tomasa Yarhui, quien fuera su ministra de Asuntos Indígenas en 2002. En esta ocasión, Morales gana con el 61% y Tuto termina tercero con apenas el 9,02% de los votos.

Fiel a su estilo de participar intercaladamente en elecciones, Tuto no figura en la papeleta de 2014 y vuelve a habilitarse para 2020. Entonces la cosa se le pinta mucho peor: las encuestas no le dan más que 1% de las preferencias ciudadanas, muy por debajo de Luis Arce (MAS) e incluso de Carlos Mesa (CC), cruda realidad que lo conduce a bajarse de la candidatura, luego de haber sido estratega fundamental de la interrupción constitucional perpetrada entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 con el indispensable asesoramiento de su abogado y amigo, Luis Vásquez Villamor, aquel que fuera presidente de la Cámara de Diputados y concretara la expulsión de Evo Morales en 2002. Tuto pasea la plaza Murillo el sábado 9 de noviembre y es quien dirige operativos clave como la salida de Evo Morales, luego de su defenestración, con el Alto Mando Militar encabezado por el Gral. Williams Kaliman.

Tuto es el hijo pródigo de la Bolivia en que por clase o casta deben mandar los de arriba. Los de abajo han obedecido históricamente, hasta que aprendieron a ganar elecciones en 2005. Para la memoria histórica es siempre necesario subrayar que cuando se resistían a las instrucciones basadas en el manual de buenos ciudadanos, terminaron masacrados, muertos sin nombre, sin apellidos alemanes o judíos y por lo tanto no merecedores de semblanzas por sus servicios a la nación de parte de los diarios del establishment.

Tuto ingresa hacia la tercera edad con su amigo Raúl Garafulic Lehm, dueño de Página Siete, pidiendo que no se vote por él, porque Mesa representa el voto útil para ganarle al MAS. Garafulic dice que Tuto es el mejor, pero que no ganará, y en la lógica e itinerario vital del heredero de Banzer, lo que cuenta es ganar y desde 2005 ha estado dedicado a perder, y perder contra el MAS queda terminantemente prohibido. Este amigo entrañable de la Embajada de los Estados Unidos no ha dejado de perder, aunque tenga por consuelo el haber participado de la exitosa conspiración que expulsó a Evo Morales de la presidencia el 10 de noviembre de 2019.  

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

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Óscar Ortiz, el logiero que hizo presidenta a Jeanine Áñez

Ortiz ya nada tenía que ver con Tuto Quiroga en 2009 y comenzó a trabajar con Samuel Doria Medina, mientras Costas estructuraba a los “Verdes” que se convertirían en el Movimiento Demócrata Social (MDS).

Jeanine Áñez y Óscar Ortiz, en el juramento del cruceño. Foto: La Razón-archivo

/ 6 de junio de 2021 / 08:37

Cuando una tarde de sábado pasé por la heladería de la plaza de Concepción (Chiquitania, provincia Ñuflo de Chávez, Santa Cruz), jamás hubiera imaginado que quien esperaba unos conos de chocolate y frutilla, Óscar Ortiz Antelo, hubiera formado parte en sus jóvenes años de iniciación de la agrupación de laicos católicos conocida en Bolivia como Cristiandad, con jóvenes que salían a las calles con rectangulares estandartes color escarlata y un león dorado tatuado con una cruz roja erguido en dos patas, preparado para la cacería, a advertirnos sobre los peligros que se cernían sobre nuestras cabezas si nos dejábamos tentar por el diablo.

En realidad, la organización católica fundada en 1960 no se llama Cristiandad. Lleva el nombre de Tradición, Familia y Propiedad que según su fundador, el brasileño Plinio Correia de Oliveira, “no es un lema cualquiera. Es el lema anticomunista por excelencia, que atrae las simpatías de todos aquellos que aman la civilización cristiana, y provoca aversión, cuando no odio, en todos aquellos que se han dejado infectar por el virus del comunismo”.

No habrá sido casualidad, sino algo así como un alineamiento simbólico, el haber encontrado a Ortiz comprando helados (año 2010), mientras su familia esperaba en una 4×4, exactamente a una cuadra del museo histórico que originalmente fue la casa de Hugo Banzer Suárez, concepcioneño de origen alemán que gravitaría en la política boliviana durante tres décadas (1971-2001), de cuyo gobierno democrático este administrador de empresas graduado en la UPSA formó parte como asesor de comercio exterior e inversiones, y de vivienda y servicios básicos entre 1997 y 1999.

De Ortiz dicen varios que lo conocen, los que le tienen aprecio y los otros, que era lo que se conoce desde el estereotipo, un nerd, es decir un estudiante aplicado, obsesivo en el propósito de alcanzar metas, y algo retraído socialmente, lo que en alguna medida resulta contradictorio para alguien que decide hacerse anticomunista y salir a gritar su filiación católica conservadora a la plaza 24 de Septiembre, y años más tarde convertirse en un seguidor del banzerismo/adenismo/ tutismo, lo que nos confirma que este operador de la cruceñidad (*) era anticomunista por fe religiosa y más tarde, por adscripción ideológico-partidaria, es decir anticomunista aquí en la tierra como en el cielo.

PODEMOS. Si Ortiz parecía un nerd, seguramente esa pinta era lo que menos le importaba a este hijo de médico prestigioso y respetable familia tradicional, que entre 2008 y 2009 fue presidente del Senado durante el primer mandato de Evo Morales, cuando el masismo afirmaba que había alcanzado el gobierno pero que todavía no había conquistado plenamente el poder. En ese momento representaba a Poder Democrático y Social (Podemos), al que fue invitado por Jorge Tuto Quiroga, que en 2005 había perdido las elecciones frente al MAS y que llegaba de una larga relación partidaria con Banzer en Acción Democrática Nacionalista (ADN) formando binomio presidencial y a quien sucedió por muerte, producto de un cáncer que acabó con el General.

El haber llegado a gerente de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) posicionó a Ortiz como a un nítido representante de los Caballeros del Oriente, logia caracterizada por el pragmatismo en sus acciones, que además controlaba la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), varios colegios profesionales y la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas), envuelta en escándalos de corrupción en el último lustro. Era la época en la que el gerente de la Cainco recibía un plus —refuerzo salarial le llamaríamos en castellano— de todas las instituciones y empresas afiliadas, lo que le permitía un ingreso anual de banquero transnacional.

Hasta aquí estaba claro que visto desde una estrategia de marketing, Óscar Ortiz era un producto programado para un trayecto reglamentario de ascenso religioso, económico y político, que supo diagramar una agenda propia con el respaldo del gobernador Rubén Costas, quien lo convirtió en hombre de confianza como asesor de asuntos institucionales, aunque se hubiera equivocado desde la lógica del Consejo Nacional Democrático (Conalde) articulado por los gobernadores de la llamada “media luna” conformada por Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, primero con el alargamiento de la Asamblea Constituyente (2006- 2008) y luego con la puesta en vigencia de la Ley de Revocatoria de Mandato que lo convirtió en “enemigo de Santa Cruz” según quienes consideran que esa decisión generaría un impacto negativo en la agenda paralela de poder que se había iniciado con el referéndum autonómico cruceño el 4 de mayo de 2008, realizado por fuera del ordenamiento electoral boliviano.

Dicho y hecho, la ley del referéndum revocatorio se materializó en una aplastante ratificación plebiscitaria el 10 de agosto de ese mismo 2008, que le valió al binomio Morales-García Linera el 67,43% de los votos, mientras que los gobernadores de La Paz, José Luis Paredes, y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, tuvieron que dejar sus cargos producto de derrotas que oscilaron entre el 16 y el 29%.

Eran tiempos de polarización entre el MAS, que seguía camino hacia la concreción de una hegemonía política y de la “media luna” sindicada de separatista-independentista que dio lugar a los bullados casos Terrorismo I y II, sostenidos por más de una década durante la administración de Morales y que finalmente fueron cerrados durante el régimen de facto presidido por Jeanine Áñez, gobierno del que Ortiz sería gestor y protagonista indiscutido.

A pesar de sus significativos traspiés, Rubén Costas veía en Óscar Ortiz al operador ideal que representa intereses económico- empresariales, considerando sus habilidades como organizador de campañas y administrador de agendas de medios en óptimas relaciones con televisoras como Unitel. Costas no dubitó en romper acuerdos con Germán Antelo, que representaba a Nuevo Poder Ciudadano y era respetado miembro de la otra logia cruceña, Toborochis. Al exgobernador se lo conoce en los círculos influyentes cruceños como a alguien que ha estado muchas veces dispuesto a no cumplir con su palabra.

Ortiz ya nada tenía que ver con Tuto Quiroga en 2009 y comenzó a trabajar con Samuel Doria Medina, mientras Costas estructuraba a los “Verdes” que se convertirían en el Movimiento Demócrata Social (MDS). A partir de ese momento, Ortiz dejaría un pie en occidente a través de su relación con Unidad Nacional (UN) y pondría el otro en la Gobernación de Santa Cruz. Era el momento en que el vampirismo político del gobernador invisibilizaría al mismísimo Germán Antelo y a otra figura del movimiento cívico cruceño, Carlos Dabdoub, que alguna vez pensó y propuso una “Nación Camba”.

El apabullante triunfo de Evo Morales en las elecciones de 2009 (62%) daría lugar a la desaparición de la “media luna”, al repliegue de actores como Óscar Ortiz a su cuartel regional para relanzarse en 2014 con la supuesta conformación de un frente amplio promovido por Doria Medina, cosa que en los hechos nunca sucedió, articulándose otro artefacto que con el nombre de Unidad Demócrata (UD) cobijó a los “Verdes” del MDS, UN y hasta a facciones marginales del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

Rubén Costas es considerado “el epítome de la sobrevivencia política” como gobernador de Santa Cruz. Sus principales detractores hacen la siguiente comparación: Desde 1957 (conquista del 11% por regalías), el departamento más extenso y económicamente más pujante del país dispuso de $us 750 millones, esto es durante casi cuatro décadas. Entre 2006 y 2021, es decir solamente en 15 años, Costas dispuso de $us 2.600 millones, contexto en el que se lo acusa de haber transado una agenda con el gobierno del MAS por debajo la mesa, mientras Óscar Ortiz se erige, como se dice en clave de modismo, en “el mandado de la cruceñidad”.

OPERADOR. El declive de la gestión de Costas comenzaría a producirse cuando éste dejó de apoyar a los distintos gremios en un escenario en el que continuó funcionando a fuerza de agrupaciones ciudadanas sin características de estructuras partidarias orgánicas. En ese marco, Óscar Ortiz es el último gran operador en un ámbito considerado, por los más críticos analistas cruceños, de promiscuidad política en la que no hay actores formales ni reglas nítidas. Con la expiración de lo que algunos llaman “Rubenato”, se sabe hoy que Santa Cruz ya no es más el departamento en el que todo se decide desde un comité cívico, dos logias y tres cooperativas.

El departamento más grande del Estado Plurinacional de Bolivia tiene hoy aproximadamente tres millones y medio de habitantes con un alto grado de movilidad social y étnica, en el que personajes que desde muy jóvenes creyeron en “Cristiandad”, ya no encajan en su lógica, ni están a la altura de los nuevos desafíos. El cabildo del 4 de octubre de 2019 señalaba el inicio de la carrera en las preferencias de la clase media cruceña de Luis Fernando Camacho, hoy gobernador, con el que generacionalmente Ortiz no tiene mucho que ver. En ese cabildo, la Cainco y la CAO ya no tuvieron prácticamente incidencia alguna.

En todo ese recorrido de la mano de Tuto primero, de la de Samuel más adelante, pero sobre todo del brazo derecho de Rubén Costas, Óscar Ortiz desplegó una andadura en la que se las arregló para acceder a la presidencia de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), a la vicepresidencia de la Unión Democrática Internacional (IDU) y a convertirse en miembro del Patronato de la Fundación Internacional para la Libertad, además de haber promovido la creación de la Fundación Nueva Democracia. Ortiz mantiene nexos con sectores conservadores de los Estados Unidos y con reductos formativos españoles vinculados al Opus Dei que “ayuda a encontrar a Cristo en el trabajo, la vida familiar y el resto de actividades ordinarias”. Mejor conectado que en estas condiciones, muy difícil.

PRESIDENCIABLE. Wikipedia define al reaccionario como a quien “es partidario de mantener los valores políticos, sociales y morales tradicionales y se opone a reformas o cambios que representan progreso en la sociedad.” La aplicación de esta definición diría que Óscar Ortiz se ha distinguido por defender una visión-acción excluyentes, en la que el conglomerado plurinacional boliviano no figura como sujeto de sus desvelos y es en ese cuadrilátero electoral que finalmente alcanzó la candidatura presidencial para las elecciones de 2019, representando al Movimiento Demócrata Social (MDS) por el que Rubén Costas sacaba pecho en tanto lo exhibía como un partido serio y orgánico “con proyección nacional”.

A partir del momento en que Ortiz se hizo presidenciable, apartando de en medio a Samuel Doria Medina, el más perdedor de todos los candidatos perdedores frente al MAS, había que replantearse la vida entera, por lo que sus asesores de imagen le aconsejaron que archivara la cabellera postiza para sustituirla por un implante capilar que le otorgaría un aire remozado con raíces de cuero cabelludo rejuvenecido. A esas alturas, Ortiz lucía mejor y conforme iba avanzando su campaña, se animaba a sí mismo diciendo que subía y subía en las encuestas.

El resultado obtenido el 20 de octubre de 2019 fue lapidario: Alcanzó apenas el 4,24% de los votos a nivel nacional, catástrofe porcentual amortiguada por la anulación de dichos comicios por presunto fraude y que tuvo como consecuencia la caída del presidente Evo Morales.

Había llegado la hora de ejecutar ágiles movimientos para gestar una transición gubernamental a la medida de sus expectativas y ambiciones, y es en ese escenario que Ortiz cometió la proeza, junto a su colega senador Arturo Murillo, de fabricar en medio de la violencia y el desconcierto nacional la presidencia del Estado para su colega del Beni, Jeanine Áñez. Si se considera que Áñez ya se había autoproclamado por televisión el mismo 10 de noviembre y se ponía en ejecución el “plan B” referido por Doria Medina entre el 11 y 12 en reuniones en la Universidad Católica, la verdad material dice que Óscar, Arturo y Jeanine armaron el triángulo perfecto para violar el ordenamiento de la sucesión constitucional: los Demócratas se habían hecho del poder en 48 horas a sabiendas de las consecuencias jurídico-legales por las que hoy debe responder, en primer lugar, la autoproclamada e inconstitucional presidenta/ candidata de la transición.

Ortiz continuó como senador durante casi la mitad del gobierno de facto, pero apenas iniciado éste, se perfiló como pieza clave de la nueva maquinaria de poder, aunque se sabe que siempre apocado por el temperamento arrasador de Murillo de quien se había hecho compinche desde que fueran electos en 2014. Era el amigo sumiso del capo de la cuadra.

Orgulloso de sus tareas fiscalizadoras contra hechos de corrupción del gobierno del MAS, alguno de ellos comprobado, Ortiz había investigado el manejo del Fondo Indígena, CAMC y Gabriela Zapata, barcazas chinas, taladros en YPFB, y las habituales prácticas de contratación directa. El 8 de mayo asumió el Ministerio de Desarrollo Productivo y exactamente dos meses después llegó al de Economía y Finanzas Públicas. Desde allí continuaría enganchado en plan cacería junto a sus colegas Murillo y Yerko Núñez, ministro de la Presidencia, para acusar, por ejemplo, al presidente del directorio de la empresa de seguros Pro Vida, Marcelo Hurtado, de haber sacado del país $us 15 millones sin el conocimiento de la autoridad en el rubro, sin que dicha acusación pudiera probarse en lo más mínimo.

“He presentado una denuncia frente al Ministerio de Economía, en la cual pido que se realice una investigación sobre la transferencia que ha hecho la empresa Provida, de $us 15 millones, a un banco en Estados Unidos; $us 15 millones que corresponden a los seguros previsionales que forman parte del seguro”, afirmó Ortiz el 15 de enero de 2019 cuando todavía era senador.

Según responde el acusado Hurtado, se trata de una falsedad que lo ha decidido a procesar penalmente a Ortiz. En buenas cuentas, a Hurtado, que además forma parte de la estructura propietaria de las televisoras ATB y PAT, le montaron un caso que lo despachó durante nueve meses al penal de San Pedro por el que en primera instancia le pidieron $us 3 millones para dejarlo en paz y luego le rebajaron el monto a la mitad. No cedió ante las presiones. Este fue el modus operandi con el que el gobierno que fabricó Ortiz junto a Murillo se dedicó a perseguir, criminalizar, encarcelar y extorsionar.

“La virtud de Óscar es la moderación”, dice alguien que lo percibe desde la buena fe. ¿Sabrá el exsenador, exministro, despedido del gabinete de Áñez el día de su cumpleaños (28 de septiembre de 2020), si su contabilidad diaria lo da como ganador o perdedor? En la actualidad, luego de haber renunciado como militante de los Demócratas, conduce el streaming Óscar Ortiz de frente. En su última emisión se refirió al “Estado corrosivo”.

Quienes conocen muy bien a Ortiz, dicen que no le interesan las audiencias nacionales. Lo que busca es sostener su prestigio más allá de nuestras fronteras, donde no se conoce su carrera hacia el poder. Donde no saben que por ahora ha dejado la política, luego del estruendoso fracaso del transitorio gobierno de facto, obra de su creación.

(*) La Asamblea de la Cruceñidad es la instancia suprema de decisión conformada por el Comité Cívico pro Santa Cruz, el Comité Cívico Femenino y la Unión Juvenil Cruceñista. También participan directores y delegados de cada sector institucional, así como los presidentes de las instituciones provinciales y subcomités.

LA RAZÓN inicia hoy la publicación de una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

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Yo no fui, fue Teté

/ 5 de junio de 2021 / 01:51

Hay operadores disfrazados de neutrales que se han especializado en usar reflectores a partir de sus fobias y a mirar para otro lado cuando se trata de encarar asuntos que pueden incomodar sus fijaciones. Es eso lo que está sucediendo con la detención de Arturo Murillo en una cárcel de Miami, acusado de haber lavado dinero obtenido por la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en tiempos en que a los militares se les había fabricado una licencia en forma de decreto (4078) para dispararle a la población civil que no les acarreara consecuencias penales.

Dicen que no sabían y que ahora saben. No es cierto. Estaban debidamente informados de cómo venía la mano con Murillo a la cabeza del aparato represivo del Estado. El 31 de mayo de 2020, Junior Arias, de Gigavisión, sin otra protección que la de sus convicciones periodísticas destapó el caso, lo que le valió persecución y amenazas del régimen. Explicó con detalles las relaciones de Murillo con los Berkman, sus amigos de juventud de Cochabamba, pero tal era el estado masturbatorio de algunos opinadores que se hacían los despistados con el acoso callejero a masistas y no masistas que jamás tensaron pititas, que las hay de varios colores para información de quienes dicen que eso es una simplificación, y que conformaron una suerte de grupúsculo colaboracionista y persecutor.

Jeanine Áñez sabía quién y cómo era su colega senador antes de nombrarlo ministro. También lo sabía su dócil compinche, Óscar Ortiz, que acabó expulsado del gabinete el mismísimo día de su cumpleaños por mostrar su desacuerdo con un intento de devolución de acciones a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (ELFEC) ¿Promovido por quién?… Por quién más podría ser. Por Arturo Murillo, el omnipresente del régimen de facto.

Todos quienes formaron parte y avalaron la forma en que se concibió e instaló el gobierno de transición, sabían quién y cómo era Murillo, aunque no recuerden cómo aconsejó a las mujeres a suicidarse, a tirarse de un quinto piso, pero que no atentaran contra las vidas de seres en gestación, no culpables de venir al mundo, en franco respaldo a lo más conservador del catolicismo Pro Vida y antiaborto. Era suficiente con ese antecedente para que una mujer en la presidencia jamás tomara la decisión de entregarle la responsabilidad de administrar la seguridad interna del país.

A Murillo no le interesó jamás construir un proyecto político alternativo al del MAS. Solo quería aprovechar el cuarto de hora que le tocaba para hacer dinero, razón por la que recurrió a un execrable comportamiento cuyo núcleo central es el de la muerte de bolivianos en Sacaba-Huayllani, Senkata y El Pedregal, culpando a cubanos, venezolanos y “masistas que se dispararon entre ellos”. Lo de la persecución a “sediciosos” y “terroristas”, así como el combate contra la pandemia era nada más que un conjunto de maniobras distractivas para usar el Ministerio de Gobierno como caja chica, pero sobre todo como caja grande.

El actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó el pasado 18 de mayo que se detectaron adquisiciones irregulares por Bs 156 millones, por las que están siendo procesadas 52 personas contratadas por Murillo que deben responder por 49 procesos. Lo de los gases lacrimógenos es solamente la pequeña muestra de una estructura corrupta, represiva y violenta, de la que dicen miembros de la corporación de opinadores que recién se enteran y que ahora que están informados, no pueden aceptar que la transición haya estado a cargo de “la pandilla de Miami”, cosa que también es falsa.

La transición golpista no fue obra de ninguna pandilla con sede en la Florida norteamericana. Fue facilitada por los mandos militares y policiales bolivianos en forma de motines y pedidos de renuncia a Evo Morales, por Carlos Mesa, Ricardo Paz Ballivián, Carlos Alarcón, Jorge Tuto Quiroga, Luis Vásquez Villamor, Luis Fernando Camacho, Jerjes Justiniano, Samuel Doria Medina, por el cura Eugenio Scarpellini (+), por el embajador de la UE León de la Torre, Rolando Villena (+) y Waldo Albarracín, del Conade, y Juan Carlos Núñez de la Fundación Jubileo. Y fogoneada por animadores de televisión, redactores de noticias, activistas en redes sociales y escribidores de columnas en diarios conservadores. Todos esos actores abrieron las compuertas para, al estilo Evo, “meterle nomás”.

Luego de las reuniones del 11 y 12 de noviembre en la Universidad Católica, la materialización de la investidura de Áñez fue operada en trío senatorial con Murillo y Ortiz. Los autores de la inconstitucionalidad son ellos.

El 10 de agosto de 2020, Murillo le dijo a Fernando del Rincón, de CNN, que “meter bala sería lo políticamente correcto” para desbloquear las carreteras. A confesión de parte, relevo de prueba. El ministro lavandero no le hacía ascos a la idea de volver a abrir fuego como ya se había procedido en noviembre de 2019. Ahora pretenden desmarcarse insinuando que no estaban informados acerca de quién era este personaje. Patéticos impostores.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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