La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia una serie de insuficiencias institucionales que deben superarse mediante el rediseño de varias políticas públicas, en particular las que se refieren a los ámbitos de educación, salud, vivienda y medio ambiente. Se requieren asimismo nuevos enfoques para la gestión urbana, puesto que es preciso proyectar ciudades equipadas para enfrentar las repercusiones de nuevas pandemias que ya están anunciadas, así como los probables desafíos del implacable cambio climático.

Las proyecciones oficiales establecen que en 2025 la población total del país alcanzará a 12,5 millones de habitantes, concentrados en más del 70% en los departamentos de Santa Cruz (3,6 millones), La Paz (3,1 millones) y Cochabamba (2,2 millones), y dentro de ellos, en algo más de una docena de ciudades. Se trata de cifras proyectadas a partir de la información del último censo de 2012, y eventualmente ajustadas con los resultados de las encuestas de hogares realizadas en lapsos irregulares por parte del INE. Es una realidad incontrovertible que la dinámica de urbanización se mantiene inalterable desde hace varias décadas, acompañada de flujos migratorios al exterior, con su contraparte de remesas de los trabajadores emigrados.

Lo que no están identificadas todavía son las repercusiones que trae consigo la expansión del COVID-19 y los respectivos confinamientos en cuanto a los déficit de vivienda social, las situaciones de hacinamiento y las insuficiencias en términos de infraestructura de servicios básicos, instalaciones y equipamientos de educación y salud, así como de acceso a la red de internet, entre otros aspectos. Aunque no existen mediciones confiables se puede suponer que, a las antiguas brechas y asimetrías sociales, el COVID-19 ha sumado nuevos factores de desigualdad manifestados territorialmente.

Estos son algunos de los argumentos que le confieren su importancia sustantiva a la pronta realización del próximo censo de población y vivienda. Se trata en efecto de contar con una descripción sistemática y detallada de la situación vigente en términos económicos, sociales y demográficos, que proporcione la línea de base para la planificación de las respectivas políticas públicas.

La información que proporcione el próximo censo interesa a toda la ciudadanía para los más diversos fines en sus proyectos de vida y sus decisiones individuales y colectivas. Por eso es necesario que el proceso preparatorio del censo incluya la participación de la sociedad civil organizada, de los colegios profesionales, de las universidades, de las organizaciones empresariales, de las organizaciones de trabajadores, entre otros.

Resulta oportuno traer a colación que los sistemas de información económica, social y demográfica constituyen bienes públicos que administra el Estado en nombre de la sociedad, y que el acceso a la información pública constituye un derecho de ciudadanía. Esto implica que la gestión de la información en general, y la realización del próximo censo no deben ser manipuladas con fines políticos. Y conviene también recordar que los censos anteriores fueron contaminados por el contexto político en el que se llevaron a cabo, además de que tampoco se sucedieron en el lapso de 10 años que es recomendable.

Los argumentos a favor de la realización del censo el próximo año son muchos, y conviene que las autoridades los tomen en cuenta, poniendo de manifiesto la voluntad política que puede abrir paso a un gran acuerdo nacional sobre la preparación participativa del censo y su ejecución en condiciones de seguridad sanitaria garantizada.

Es por estas razones, entre otras, que un conjunto muy representativo de organizaciones de la sociedad civil ha hecho público un pronunciamiento en demanda de la realización impostergable del censo en 2022.

 Horst Grebe es economista.