Voces

viernes 7 may 2021 | Actualizado a 09:46

Hablar con propiedad mejora la comunicación

/ 1 de mayo de 2021 / 23:52

Jamás olvidaré una muy saludable charla ofrecida hace muchos años por Isaac Sandoval Rodríguez en el viejo Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz (todavía me cuesta llamarlo “Federación”), acerca de la utilización apropiada de conceptos, especialmente en el trabajo periodístico. El prominente abogado, catedrático e investigador del desarrollo histórico social boliviano, se refirió a semejanzas y diferencias entre términos como “Estado”, “nación”, “nacionalidad”, “patria”, “territorio”, “país” y otros afines a veces utilizados desaprensivamente como sinónimos. Nos remarcó también, según creo recordar, que no es lo mismo decir “casa superior de estudios” que “casa de estudios superiores”, o “sesión por tiempo y materia” que “sesión permanente por tiempo y materia”, o peor aún, “ciudad del pagador” en vez de “ciudad de (Sebastián) Pagador”. Por supuesto, Sandoval hizo mención además a la carga histórica que frecuentemente expresan los conceptos y los enconados debates que se producen en torno a ellos.

El tema viene a cuento estos días no precisamente de la irresuelta polémica entre “golpe de Estado” y “fraude” que tiene visos de nunca acabar. Haremos énfasis más bien en los conceptos que encierran “1 de mayo” y “genocidio” con sus correspondientes baños de actualidad. Vayamos por partes. El primer día del quinto mes del año, ayer en el calendario vigente, está dedicado al mundo del trabajo y tiene su raíz histórica en Chicago, cuando en 1886 se desató la lucha por la jornada laboral de 8 horas y culminó con el ahorcamiento de un grupo de dirigentes, los Mártires de Chicago, condenados injusta e ilegalmente. Fueron las organizaciones socialistas que años después propusieron y extendieron a casi todo el mundo la celebración de esta fecha como Día Internacional de los Trabajadores (y de las Trabajadoras, le añaden ahora los movimientos feministas). Se la considera como una jornada de lucha y de reafirmación de las propuestas políticas de igualdad social y fin de la explotación. Pese a la pandemia, esas voces han sido las predominantes en esta ocasión. Claro que también están los que desde siempre buscan limitar la fecha a un inocente “Día del Trabajo”. En su libro El poder minero, Juan Albarracín relata cómo el periódico El Diario elevó el grito al cielo porque los trabajadores paceños decidieron dar el “temerario paso” de conmemorar el 1 de mayo de 1907 y calificó de “criminal” la “igualdad soñada”.

Pasemos al otro tema. Hace pocos días el presidente Biden, por primera vez como política oficial de los Estados Unidos, admitió que Turquía había practicado un genocidio contra el pueblo armenio. Los hechos ocurrieron nada menos que hace ¡106 años! en momentos en que se desmoronaba el Imperio Otomano, pero mantienen una sorprendente actualidad, no otra cosa significa que el presidente turco Erdogan se haya enfurecido y le exige a Biden una urgente retractación, atenido a su rol de potencia intermedia en la región y su posición prominente en el seno de la OTAN, razones que hacen que otros países se abstengan de seguir los pasos de Estados Unidos. Apelamos a una “Guía para Estudiantes” del Museo Memoria y Tolerancia de México para recordar que el caso de Armenia es el más mencionado después del Holocausto, provocado contra el pueblo judío por la Alemania nazi. Pero están también los casos más o menos recientes de Camboya, Guatemala, Antigua Yugoslavia, Ruanda, Sudan, que ingresan a la definición de la “Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio” adoptada en 1948 y se reconocen como genocidio o están en vías de serlo por tribunales o comisiones de la verdad. Cuando hablamos de genocidio, entonces, no nos estamos refiriendo a cualquier acto de violencia criminal o masacres tan frecuentes en el mundo de hoy, sino a la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos.

   Esito sería.

 Carlos Soria Galvarro es periodista.

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A 60 años de un hito histórico

/ 18 de abril de 2021 / 00:25

En Playa Girón, Bahía de Cochinos, en el centro sur de la isla de Cuba, el 19 de abril de 1961 fue escrita una importante página de la historia contemporánea. Una operación militar y política preparada al mínimo detalle por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), generosamente financiada y aprobada por el gobierno estadounidense (primero Eisenhower y luego Kennedy) era derrotada en menos de 72 horas por el pueblo cubano, sus Fuerzas Armadas, sus milicias populares y el indiscutible liderazgo de Fidel Castro.

No se trataba de una acción improvisada a último momento con exilados reclutados por su antipatía al gobierno fidelista, sino la culminación de una serie de atentados terroristas, boicot económico (retiro de la cuota azucarera y negativa a proveer de petróleo), aislamiento diplomático y minuciosos planes para el asesinato del líder cubano. El plan consistía en destruir en tierra la aviación mediante la simulación de un levantamiento (aviones yanquis con etiquetas cubanas); desembarco en un lugar alejado y solitario de más de un millar de exiliados anticastristas fuertemente equipados y entrenados, que partieron de Nicaragua (bajo la tiranía de los Somoza); establecimiento de una “cabecera de Playa” en territorio cubano en la cual se instalaría un “gobierno provisional” reconocido de inmediato por la OEA y por el gobierno de Estados Unidos, que a partir de ese momento tendría las manos libres para intervenir directamente.

Pero, les salió el tiro por la culata, fracasaron en toda la línea, se autoengañaron quienes decían que los invasores serían recibidos como libertadores y con los brazos abiertos. Todo lo contrario, la respuesta popular fue unitaria y muy resuelta, además con el acicate de que fue precisamente en esos momentos difíciles que se anunció el rumbo socialista del proceso revolucionario cubano.

La documentación oficial de los archivos estadounidenses, paulatinamente “desclasificada” y expuesta al público, es pródiga en información irrefutable sobre los objetivos y la forma en que fue llevada a cabo esta operación, típicamente imperialista. Sorprende el grado absoluto de sometimiento de los participantes anticastristas, se comportaban como obedientes mercenarios de un poder extranjero, sin tener ni voz ni voto en el diseño y la planificación del operativo.

Tampoco se trataba de una acción aislada y solitaria, era más bien parte sustancial de la política exterior norteamericana obsesionada por la posibilidad de que cundiera el ejemplo de Cuba. Por eso se ajustaban las clavijas de la dependencia en todo el continente y estaba a punto de lanzarse la llamada Alianza para el Progreso, programa de cooperación que resultó un verdadero fiasco, más propaganda que resultados efectivos y condiciones inaceptables para el más mínimo desembolso.

En Bolivia, la punta de lanza de esta política vino a ser el famoso “Plan Triangular” (EEUU, Alemania Federal y BID) para el sector de la minería nacionalizada que, ahora se sabe a ciencia cierta, era un plan condicionado al desmantelamiento de los sindicatos mineros de Catavi- Siglo XX ante el pánico de los yanquis porque Bolivia siga los pasos de Cuba. O sea cuando los trabajadores del subsuelo, con el apoyo de otros sectores laborales, ofrecían tenaz resistencia al “Plan Triangular” no solamente estaban defendiendo sus salarios y sus fuentes de trabajo, sino que también resistían a un modelo autoritario impuesto desde el norte (al respecto, volvemos a recomendar el documentado libro Minas, balas y gringos de Thomas C. Field).

Claro que, en el caso de Playa Girón, la solidaridad del pueblo boliviano no se redujo solo a los mineros. Amplísimos sectores populares se lanzaron a las calles, miles se inscribieron como voluntarios para ir a defender Cuba y otros tantos hicieron largas filas para donativos de sangre.

En 60 años pasaron muchas cosas, pero estos gestos solidarios se quedan para siempre en la memoria.

 Carlos Soria Galvarro es periodista.

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Litio, litio, ¿qué estás haciendo?

/ 4 de abril de 2021 / 00:33

Provenientes de las radios mineras y de la resistencia clandestina al reiniciar en La Paz el trabajo periodístico en 1978, la cobertura a la temática minera era muy escasa y deficiente en los medios de difusión. Con Iván Paz Claros y otros colegas llegamos a la conclusión de que éramos un país minero sin periodismo minero. De esta inquietud nació Bolivia Minera, programa diario que se emitía por radio Continental y que conjuntamente La Paz en la noticia de Iván, lográbamos hacer llegar en casetes grabados para su difusión a unas cuantas emisoras mineras. Bolivia Minera duró hasta mi detención en la COB el 17 de julio de 1980, nunca más pudo reanudarse, no puedo presumir de haberme especializado en la materia.

Sin embargo, el tema me persiguió algún tiempo. Dirigía Canal 13 Televisión Universitaria cuando en febrero de 1990, venciendo increíbles dificultades, se inició el programa semanal Temario, extendido hasta octubre en 40 memorables sesiones. Analizando los temas de actualidad pasaron por el programa invitados de mucho peso, entre otros: Juan Lechín, Édgar Ramírez (después más conocido como Huracán), Filemón Escóbar, Antonio Araníbar, Julio Tumiri, Huáscar Cajías, José Luis Roca, Pedro Susz, Jorge Escobari, Julieta y Sonia Montaño, Ramiro Barrenechea, Jorge Lazarte, Marcial Fabricano, Andrés Soliz Rada y Rolando Villena. Pero, heme aquí, los dos primeros espacios de Temario estaban dedicados precisamente a un tema minero: el litio.

Dos prominentes investigadores, Narciso Cardozo y Justo Zapata, abordaron la cuestión con gran solvencia académica. El primero explicó la enorme importancia que este metal tendría en los siguientes años y, el segundo, fundamentó el rechazo al contrato con la norteamericana Lithco que el gobierno de Paz Zamora había colocado sobre la mesa.

¡Me corre un sudor frío por la espalda al reparar que desde entonces han transcurrido más de 30 años! Y, además, constatar que muchos de los entrevistados ya partieron de este mundo sin saber en qué fue a parar finalmente el litio boliviano.

Que poseemos las mayores reservas del mundo, nadie lo desmiente. Pero esto sirve de muy poco. Lo importante es saber cuánto se ha avanzado en su utilización.

Dicen que nuestros yacimientos tienen ventajas (evaporíticos) pero también desventajas (mezcla con magnesio). Que la demanda ha crecido y aumentará muchísimo en la medida del incremento de los automotores eléctricos y la industria de las nuevas tecnologías, indudable. El litio es, y lo seguirá siendo por un largo tiempo, componente esencial para acumular energía en baterías. 

Que el asunto está atravesado de enormes y complejas dificultades de orden técnico, económico-financiero, político, geopolítico y de otro tipo, a no dudarlo.

Por último, nadie puede desconocer que, a diferencia de periodos anteriores, especialmente en el último decenio, se lograron importantísimos avances. Se ampliaron las investigaciones, se diseñó una estrategia nacional que contempla por lo menos tres fases, de las cuales la primera que comprendía proyectos piloto ya se cumplió satisfactoriamente; la segunda, el paso a una escala industrial, estaba en plena ejecución hasta noviembre de 2019; la tercera fase, que implica la fabricación de baterías, estaba igualmente muy adelantada. En el transcurso, se formó personal boliviano especializado, no solo capaz de manejar tecnología, sino de desarrollarla en función de las necesidades e intereses nacionales; fue creada la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y luego de prolongadas y complicadas negociaciones se seleccionó a la alemana ACI Sistems como socia estratégica para conformar una empresa mixta.

¿Qué ocurrió después del derrocamiento de Evo Morales? ¿Prosiguió esa labor o fue interrumpida atendiendo mezquinos afanes políticos sectarios? ¿Qué ha significado la anulación del Decreto Supremo 3738 arrancada in extremis por la dirigencia potosinista? Se sabe muy poco de todo esto.

 Carlos Soria Galvarro es periodista.

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Es la hora de recuperar coherencia

/ 21 de marzo de 2021 / 00:10

Hemos sostenido reiteradamente en esta columna que la falta de coherencia es uno de los factores preponderantes para hundir en el descrédito a cualquier actor político. En otras palabras, cuando alguien dice una cosa y hace lo contrario, cava su propia tumba. No hay atenuantes posibles. Si en teoría sostienes X y en la práctica haces Z, a la corta o a la larga pierdes el apoyo de la gente.

El Gobierno actual asumió funciones el 8 de noviembre de 2020, con una potente base de legitimidad gracias al 55% de apoyo en las urnas, frente a una oposición dispersa, desarticulada y minoritaria. Las señales emitidas, en lo que se consideraba una reconducción del proceso de cambio, eran de diálogo y reconciliación, sobre todo en aras de enfrentar unidos la lucha contra la pandemia y por la reactivación de la economía. Tales los rasgos principales de la coyuntura.

Cuatro meses después el panorama es, lamentablemente, muy distinto.

El primer traspié fue una Ley de Emergencia Sanitaria lanzada sin consenso, que hace dudosa su aplicación y entrega la base social del sector salud a manos de una dirigencia manipuladora, corporativista y reaccionaria. Con un mínimo de flexibilidad y sagacidad política era posible dejar a esa dirigencia sin los argumentos que ahora les sirven de pretexto para desarrollar acciones opositoras de verdadero sabotaje a las imprescindibles campañas contra el COVID-19.

El mismo aparato de fiscales y jueces que en su momento emitió como volantes mandamientos de aprehensión contra Evo Morales, García Linera y otras autoridades, de pronto advirtió que el amo del poder había cambiado y voltearon la tortilla: anularon sus demandas anteriores y empezaron a capturar a personeros del gobierno “transitorio”, inclusive ignorando procedimientos legales como la notificación previa. Sin duda estas acciones no son el resultado de un espontáneo y súbito arrebato del Poder Judicial en la lucha contra la impunidad, sino que fueron inspiradas u ordenadas desde el Poder Ejecutivo.

Poco antes, gracias a una normativa precipitadamente aprobada, se dejó sin efecto la “detención preventiva” de varios cientos de manifestantes apresados durante los disturbios de octubre y noviembre de 2019. Considerando los métodos de captura en masa practicados por la Policía y su incapacidad de identificar a los verdaderos autores de los desmanes, parecía una medida justificada. Sin embargo, la pregunta obligada es si de esta manera no se deja en la más completa impunidad a los violentos de ambos lados, aquellos que quemaron domicilios y vehículos y también sedes sindicales, tribunales electorales y otras dependencias. ¿O solamente estaban encausados los de un solo lado?

El debate entre los que pensamos que sí hubo un golpe de Estado, por cierto no al estilo clásico, y los que sostienen que hubo fraude sin atinar a demostrarlo de manera contundente e irrefutable, puede y debe continuar. No está dicha la última palabra. Quizá se necesite la perspectiva del tiempo para mayores esclarecimientos. Entretanto, se hace imprescindible frenar los ánimos revanchistas y los afanes sediciosos.

Es necesario exigir coherencia de unos y otros.

Los que prometieron reconciliación y diálogo que lo practiquen, rectificando los pasos errados que han venido dando y que derivaron en malestar, deterioro acelerado de la situación y una rearticulación agresiva de todos los grupos opositores. Pende una creciente amenaza de desestabilización en momentos extremadamente delicados. Urge dar la cara y recuperar la iniciativa política, tanto en la acción gubernamental como en las movilizaciones populares.

Los que dicen ser abanderados de la democracia y defensores acérrimos de la Constitución, que lo demuestren, dejando de lado acciones sediciosas de trasfondo racista y colmadas de odio, terminen por admitir la derrota que sufrieron en las elecciones generales y se dediquen a administrar con eficacia las porciones de poder que conquistaron en las recientes elecciones “subnacionales”.

No hay de otra.

 Carlos Soria Galvarro es periodista.

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Obligada ‘cohabitación’ en ciernes

/ 7 de marzo de 2021 / 00:28

Asistimos hoy, por tercer año consecutivo, a un comicio electoral, esta vez de carácter inapropiadamente denominado “subnacional” (a nuestro juicio ese término no encaja con el declarado carácter “plurinacional” del Estado, pero ese es otro asunto). Ahora elegimos autoridades departamentales y municipales: gobernadores y alcaldes, cada cual con su respectiva instancia de fiscalización, integrada por asambleístas la una y concejales, la otra. Aunque ciertamente el panorama se complejiza, tanto por la autonomía regional vigente en el Gran Chaco, como por las autonomías indígenas de las que muy poco se habla, pese a la importancia que poseen precisamente para identificar al Estado como “plurinacional”.

Por otra parte, según denuncias que se han conocido, el principio constitucional de la equidad de género estaría siendo incumplido por varias de las fórmulas participantes, lo cual podría derivar incluso en un retroceso de los niveles de participación que las mujeres habían alcanzado en eventos anteriores. Del mismo modo, llama la atención la enorme e inusitada dispersión de las candidaturas, pareciera que a cualquier hijo de vecino, comprando o prestándose una sigla se le ha ocurrido postular, sin tener propuestas ni programas conocidos, menos agrupaciones sociales o políticas que los respalden.

Sin embargo, por encima de estas consideraciones y otras que puedan plantearse, se hace necesario resaltar el enorme significado que tienen las urnas para el funcionamiento del sistema democrático, también en los espacios regionales y locales. Más aún si partimos del hecho de que se arrastra la crisis desde el colapso de 2019. En tal sentido, lo que está ocurriendo hoy a lo largo y ancho del país podría considerarse otro eslabón fundamental en la recuperación y consolidación de la democracia, con el agravante de que tal proceso tiene lugar en medio de una pandemia con sus mortíferos efectos sobre la salud, la economía y el estado de ánimo de las personas.

No se necesita ser adivino para pronosticar algunos resultados gruesos que producirá la votación el día de hoy. El más importante de ellos será sin duda la no repetición mecánica de lo ocurrido en octubre de 2020. El partido de gobierno no logrará el 55% y tendrá una representación disminuida en departamentos y municipios con mayor densidad demográfica, pero podría obtener notables triunfos en áreas rurales y en ciudades intermedias. De hecho, esto plantea un escenario de obligada “cohabitación” o “convivencia” pluralista de unos y otros. Estuvo mal que algunas autoridades y el propio presidente Arce dijeran que si la gente vota por las candidaturas del oficialismo la coordinación entre los diferentes niveles sería más fácil y fructífera. Pero sería mucho peor, una pésima señal, si no se esfuerzan por hacer llevaderas las relaciones del Gobierno con gobernadores y alcaldes eventualmente opositores. Y éstos, a su vez, tendrían que abstenerse de utilizar sus puestos para enfrentar al Gobierno desde posiciones radicalmente opositoras. Se sabe que es el pueblo el único perdidoso a raíz de estos conflictos y rivalidades, a veces atizados artificialmente.

En la recuperación económica, en la batalla contra el COVID-19 y en la adaptación del sistema educativo a las nuevas condiciones existentes, el país tiene al frente enormes desafíos. Y las tareas no consisten solamente en pedir, reclamar y si es necesario incluso protestar (sin paralización de servicios esenciales). También hay que participar de forma activa y comprometida, acción que no se acaba cumpliendo el deber de votar. Especialmente debemos rescatar los espacios municipales para hacer nuestras propuestas en la planificación participativa y para ejercer el verdadero control social, aspectos que ninguna pandemia puede hacernos olvidar.

 Carlos Soria Galvarro es periodista.

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La legitimidad es un bien perecible

/ 20 de febrero de 2021 / 23:46

Cien días es un plazo muy breve para definir los rumbos de una gestión de gobierno de cinco años. Pero en términos simbólicos permite detectar algunas señales, positivas o negativas, que a la larga pueden convertirse en tendencias que marcarán todo un período. ¿Cuál el balance que puede hacerse de dichas señales en los primeros 100 días del gobierno de Luis Arce Catacora?

Obviamente, el sello inicial es de legitimidad. Es el comienzo de una nueva etapa del llamado Proceso de Cambio iniciado en 2006, tras el inobjetable triunfo del MAS encabezado por Evo Morales en las elecciones de diciembre del año anterior. Pero el tiempo no transcurre en vano, con sus luces y sus sombras median casi 15 años entre uno y otro comienzo (enero 2006 – noviembre 2020).

Muchas cosas cambiaron en ese lapso. Para comenzar, las condiciones internacionales son bastante distintas, estamos en las puertas de una nueva “guerra fría” que implicará la conformación de dos bloques enfrentados. Vivimos los peores momentos de una asoladora pandemia que afecta a la humanidad entera y cuya aparente receta para combatirla, la vacuna, está sujeta no solo al afán de lucro del mercado, sino también a los vaivenes de la política externa confrontacional de los países poderosos. El proyecto latinoamericano de integración soberana tiene a un Brasil en manos de la derecha, una Venezuela atravesando una dramática crisis económica y social, una estoica Cuba afrontando inmensas y acumuladas dificultades y, un Estados Unidos revitalizado, dispuesto a restablecer sus políticas de dominación. Sobre estas temáticas el Gobierno boliviano no ha emitido todavía ninguna señal perceptible.

En lo interno, el resultado de las medidas de reactivación económica adoptadas está por verse. Hay esperanzas pero nada concreto todavía, excepto el freno a las desmesuradas pretensiones de la banca privada y la reversión de algunas tierras ilegalmente concedidas a personajes del gobierno “transitorio”. Pareciera que ciertos niveles gubernamentales apuestan únicamente a que se repita el auge de los precios de los hidrocarburos y minerales, como en la década anterior. No asoma un necesario debate sobre cómo superar el modelo extractivista, primario exportador dentro del cual nos movemos.

Pero, de donde provienen las señales menos positivas es desde los temas Justicia y Salud, rubros cuyos déficits se arrastran desde varios años atrás.

Ya no hay palabras gruesas para describir el funcionamiento del sistema judicial. Como cualquier hombre de la calle, tentados estamos de recurrir a los epítetos más groseros para calificar a jueces y magistrados. Incluidas sus madres, seguramente en su mayoría inocentes. El Gobierno, en vez de proceder a una pronta reforma judicial, lo que hizo fue frenarla hasta no se sabe cuándo y, mientras tanto, utiliza a la Justicia para limpiar de polvo y paja a todos sus adherentes encausados y para amenazar y perseguir a sus oponentes.

En el tema salud, lo propio. Ha sido incapaz de reconocer y enmendar los errores de la no priorización anterior, no ha podido desarmar a ciertos dirigentes que, haciendo gala de un prepotente corporativismo, confunden al grueso de profesionales y trabajadores en salud. La falta de información completa y transparente, la ausencia de un verdadero y franco diálogo con las bases del sector en el tratamiento de la Ley de Emergencia Sanitaria, han llevado a una situación sumamente perjudicial para la lucha contra la pandemia y para las gestiones multilaterales que el Gobierno debe realizar con este motivo.

Si a lo dicho antes añadimos algunos desmanes en el uso de recursos públicos en la campaña electoral y declaraciones escandalosas de ciertos bocones, el cuadro negativo se completa.

Y es así como la legitimidad recuperada puede irse perdiendo inexorablemente.

   Carlos Soria Galvarro es periodista.

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