Voces

viernes 7 may 2021 | Actualizado a 08:42

No hay vacunas en el Mall Center

/ 3 de mayo de 2021 / 01:02

Tampoco hay vacunas en el supermercado. Pero bueno, si no hay vacunas en el mall ni en el súper, ¿dónde podemos comprarlas? Los más acaudalados pueden darse una vuelta por algunas ciudades de Estados Unidos y conseguir su dosis. Pero esa es una salida individual. Legítima, pero sin ningún criterio de sanidad pública. El problema de las pandemias es que la sanidad pública se convierte en un problema de sanidad global.

La adquisición de vacunas tiene como primera barrera el tamaño del contrato. Vale decir, que si yo quiero comprar un lote de vacunas para mi comparsa/fraternidad/ asociación/sindicato, no lo voy a lograr porque, en primer lugar, los convenios para la adquisición de vacunas se hacen por lotes de millones.

Una segunda barrera para la adquisición de vacunas es la capacidad global de producción. Es decir que si yo quiero, por ejemplo, comprar un cuarto o un medio o un millón entero de vacunas para mi municipio o departamento, no lo voy a lograr porque seguramente voy a tener que estar en la cola de los gobiernos que están esperando por detrás de la Unión Europea, por ejemplo, que hasta ahora ha recibido solo 70 millones de las 180 millones de dosis que AstraZeneca se comprometió a entregarle. De acuerdo con una nota de la BBC, el ente supranacional está considerando llevar a juicio a la farmacéutica.

En efecto, los países que lograron lotes significativos de vacunas lo lograron mediante acuerdos gubernamentales. Vale decir, que los gobiernos nacionales pusieron en marcha sus mejores armas de negociación y diplomacia internacional para pre-acordar con las farmacéuticas las cantidades de dosis para su población. Algunas farmacéuticas incluso firmaron contratos antes de tener su producto testeado masivamente y aprobado para producción industrial.

Asumo que estos pre-acuerdos fueron más fáciles para los países como EEUU, Alemania y otros, que financiaron como gobierno el desarrollo de las vacunas. Estos gobiernos lograron precomprar cantidades de vacunas suficientes para dos y hasta tres veces su población. En todo caso, Chile, que es un ejemplo para muchos compatriotas, empezó sus negociaciones en agosto de 2020. Recordemos que en ese momento, Bolivia estaba recién consolidando la fecha de la elección nacional.

Una particularidad que hace aún más compleja la segunda barrera, es la proliferación de cláusulas confidenciales en los acuerdos entre gobiernos y farmacéuticas.  De hecho, una de esas cláusulas en el acuerdo entre el Reino Unido y AstraZeneca podría estar detrás del incumplimiento del contrato con la Unión Europea.

Finalmente, tenemos una barrera más estructural —ya no para la compra, sino para el acceso a las vacunas—. Se trata de las patentes. En las últimas semanas ha habido un movimiento importante en favor de la liberación de las patentes de las vacunas; más de 100 países están presionando en la Organización Mundial de Comercio para aprobar una suspensión temporal de las patentes mientras dura la pandemia. Pero los EEUU y Europa se oponen. Especialistas en salud pública señalan que poner trabas a la diseminación de las vacunas a escala global supone un riesgo para los países desarrollados pues, incluso contando con su población vacunada, la aparición de nuevas cepas en diversas regiones puede desarrollar nuevas oleadas de contagios.

De momento, casi todo apunta a que los gobiernos de los países desarrollados protegerán los intereses comerciales de las farmacéuticas que desarrollaron las vacunas a costa de sus respectivos Estados. Una pequeña luz de esperanza se abrió recientemente con el anuncio de que la administración estadounidense podría dar paso a la suspensión de las patentes… pero aún no es una decisión tomada.

De manera que, si su fraternidad/sindicato/ federación/asociación/comparsa/ municipio/gobernación no puede comprar vacunas, básicamente es un problema causado por los gobiernos de los países que reservaron centenas de millones de dosis ya desde el año pasado, que impiden la liberación de las patentes y que se bloquean —incluso entre ellos— el aprovisionamiento de vacunas.

 Pablo Rossell Arce es economista.

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Socialismo de próxima generación

/ 19 de abril de 2021 / 01:55

Las redes sociales, los medios de comunicación y las columnas de algunos respetables académicos (y otros no tanto) abundan con argumentos y ejemplos del fracaso del socialismo, tanto del socialismo “real” de los países de la cortina de hierro durante el siglo XX, como del así llamado “socialismo del siglo XXI”, que tiene su origen en el caribe venezolano.

El argumento —simplificado a su mínima expresión, para que quepa en esta columna— es muy simple: el socialismo es malo porque es un sistema mediante el cual el Estado dilapida los recursos que son fruto del esfuerzo de toda la sociedad, regalándolos a grupos corporativos que se benefician de esos recursos para sus intereses particulares. Los voceros de este argumento señalan que la intervención estatal malgasta los dineros públicos, que es ineficiente y que es mejor dejar espacio a la iniciativa privada para que ofrezca mejores y más eficientes soluciones. Las visiones más equilibradas reconocen la gran importancia del rol de la empresa privada, proponen que el Estado debe intervenir en áreas clave y que es innecesario tener entidades estatales operando en todos y cada uno de los rincones de la economía.

Por otro lado, existe un alto nivel de consenso acerca de que los recursos públicos deberían destinarse a la solución de los problemas públicos, como mínimo, salud y educación. Y justamente el mundo enfrenta un megaproblema de salud ahora con la pandemia.

Como seguramente usted que me sigue en esta columna sabe, el mundo está urgido de vacunas anti COVID; la inmunización masiva a través de las vacunas es la única solución estructural que en este momento tenemos a mano como humanidad, de la misma manera que — en su momento— la vacuna contra la polio era esa solución estructural, igual que la malaria, el sarampión y la fiebre amarilla, por mencionar solo algunos de los males que están prácticamente erradicados. Es en este contexto en el que empieza a funcionar un curioso modelo de socialismo que, a falta de mayor dicción literaria, podemos bautizar con el marketero nombre de socialismo de próxima generación.

Todas las empresas privadas que han desarrollado vacunas contra el COVID han recibido financiamiento estatal (además de donaciones de entidades sin fines de lucro). Un reportaje de la BBC (https://bbc.in/32lym79 ) da cuenta de que casi la totalidad de la financiación de la vacuna de Moderna ha sido estatal; para la vacuna de Jhonson & Jhonson, el porcentaje es cercano al 50%, para Pfizer 15%. Por su lado, The Guardian (https://bit.ly/3ebVjiz) recientemente ha anunciado que hasta el 97% del desarrollo de la vacuna de Astra/Zeneca/Oxford ha recibido financiamiento estatal y de donaciones.

Si bien las empresas han indicado que debido a que la financiación no ha sido completamente privada, están vendiendo las vacunas prácticamente a precio de costo. Pero de todos modos, las patentes siguen siendo privadas. Este dato no es menor, pues las patentes forman el grueso del ingreso por concepto de vacunas y, mientras las patentes sigan siendo privadas y no se liberen, son las empresas las que tienen el control de la producción de las vacunas.

Otro dato aún más importante es que la valuación de mercado de las farmacéuticas ha fluctuado intensamente en los últimos meses, y los anuncios de producción de las vacunas han influido poderosamente en los precios de las acciones. ¿Por qué es importante este dato? Porque los principales ejecutivos de las empresas usualmente se benefician de esquemas de compensación por rendimiento que incluyen pagos en acciones. Entonces, su riqueza personal se incrementa si las acciones suben.

Como ejemplo de lo anterior, tenemos el caso de Albert Bourla, el principal ejecutivo de Pfizer, que según CNBS vendió un equivalente de $us 5,6 millones en acciones a un promedio de $us 41,94 por acción, en una ola ascendente de precios de la compañía, que fueron impulsados por las noticias acerca de la aprobación de la vacuna hacia noviembre de 2020 (https://cnb.cx/3ghVwUk). De acuerdo con la nota, Bourla tenía más de 25 años en la compañía. Si tomamos como referencia el punto más bajo de cotización de Pfizer en lo que va de esta década ($us 31,68 en febrero de 2020), Bourla ha logrado una rentabilidad del 30% en menos de un año. Sería injusto decir que lo logró sin hacer nada, pero es correcto decir que lo logró con ayuda del dinero del gobierno.

 Pablo Rossell Arce es economista.

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Las olas

/ 5 de abril de 2021 / 02:15

La regularidad de los ciclos de exuberancia, crisis, depresión y recuperación económica ha sido objeto de la atención de mis colegas economistas a lo largo de varios siglos, dando lugar a un frondoso abanico de “teorías del ciclo”. Los ciclos económicos, de largo y de corto alcances, usualmente se entrelazan con los ciclos políticos.

A veces decimos ola como un sinónimo de ciclo. En el caso del COVID-19 ya vamos por la tercera ola, que amenaza con ser más agresiva que las anteriores, debido a las variopintas mutaciones (multi) nacionales. En particular —nos dicen las noticias— debemos cuidarnos de la mutación brasileña.

Las pocas veces que una pandemia se presenta, el ciclo económico se ve afectado inmediatamente. La aparición de nuevas olas del COVID podría llevarnos a experimentar “miniciclos” económicos, en función de la severidad del ataque de la pandemia.

Ahora estamos viviendo una miniola económica de alivio porque los niveles de contagios son relativamente bajos, comparados con los meses anteriores. La gente se siente confiada y sale, usa transporte, compra, consume servicios y hace planes.

Incluso el campo político está relativamente tranquilo porque la gente está más preocupada por mantener sus fuentes de ingreso (quienes las tienen) o recuperarlas (quienes las perdieron); la gente está preocupada por los niveles de (in)seguridad ciudadana, porque la pandemia no golpee a las familias y, principalmente, la gente está preocupada por tener acceso a las vacunas.

El revuelo desatado por el encarcelamiento de la expresidenta Áñez y de varios de sus colaboradores, y el posterior llamado de unión del Comité Pro Santa Cruz para lidear a las oposiciones al MAS (llamado que no prosperó) no llegaron a ninguna reacción callejera significativa.

Pero si la cepa brasileña (que probablemente ya está en el país) se descontrola, entramos en la fase depresiva de la miniola; la gente se cuida más, consume menos y guarda lo que buenamente tiene o puede para enfrentar la contingencia de los tratamientos contra el COVID —que pueden hacer tambalear la economía de cualquier familia. Es simple: si la ola de la pandemia crece, la ola económica se deprime.

De nuevo, una economía deprimida y golpeada por sucesivas olas de pandemia no llega a pararse; la gente sufre y eventualmente busca un culpable. Entonces se genera un caldo de cultivo para conflictos de pequeña o mediana magnitud, que no necesariamente estarán relacionados con la respuesta del Gobierno ante la pandemia. Pueden estallar en lugares inesperados, por causas inimaginadas.

La vacunación masiva es la única salida estructural que nos permitirá —como humanidad— convivir con el virus sin que se nos vaya la vida en ello. Si la vacuna llega a los millones de personas que están destinadas, las preocupaciones sociales se liberan de los temores por la salud, la gente deja de pensar en el peor escenario y dedica sus esfuerzos y sus recursos para buscar un camino de salida a la situación económica, ya con más libertad.

De momento, el ritmo de vacunación está muy por debajo de lo previsto y esto no hace más que demorar la recuperación económica. El ritmo de inmunización hará la diferencia para que sepamos si lograremos recuperar los niveles de actividad de 2019 en dos o tres o cuatro años.

La confianza de sentir que las amenazas han sido superadas y que nuestra salud está mínimamente (énfasis en mínimamente) garantizada, hace la diferencia en las sensibilidades sociales y —por supuesto— se traduce también en un clima político más libre de conflictividad. Hoy por hoy, este elemento es crucial para ir superando de a poco la polarización regional y sociocultural que sufrimos ahora y con la que cargaremos hasta que se reinstale un conjunto más grande de sentidos comunes para nuestra sociedad.

 Pablo Rossell Arce es economista.

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¿Qué hay de nuevo bajo el sol?

/ 22 de marzo de 2021 / 01:49

La historia es el laboratorio de la sociedad. Los tiempos que vivimos hoy son inéditos en muchos sentidos, pero las pandemias ya ocurrieron antes. Entre muchas otras cosas, por eso sabemos que el uso del cubrebocas es eficaz contra el actual coronavirus, sabemos que las vacunas salvan vidas y que los servicios básicos mantienen saludable a la población.

La CEPAL prevé que la economía regional no recuperará los niveles de producción hasta 2024, en un escenario muy optimista. La última proyección oficial de crecimiento para Bolivia es del 4,4%.

En términos de bienestar social, esto significa que decenas de miles de personas van a estar en busca de oportunidades de empleo, miles de familias estarán rompiéndose la cabeza para encontrar maneras de recuperar sus ingresos. Las mujeres jefas de hogar tienen condiciones particularmente más difíciles: en Bolivia, una de cada tres mujeres mantiene su hogar únicamente con su ingreso.

La recuperación económica pasa por superar la pandemia. Es crucial acelerar el proceso de inmunización, asegurando el abastecimiento y la aplicación de las millones de dosis que necesitamos en el país. Y la transparencia de los datos es vital: un marcador diario de la cantidad de vacunas aplicadas nos anima y nos genera seguridad, poniendo en contexto el —más pesimista— marcador de cantidad de personas infectadas.

Simultáneamente, la sociedad deberá establecer redes sólidas de protección social para quienes necesiten recomenzar de cero. Acá entran los bonos de viejo y nuevo cuño y —si somos suficientemente audaces— los esquemas de ingresos básicos temporales que la CEPAL recomienda distribuir, especialmente para nivelar el campo de juego para las jefas de hogar.

Pero luego hay que pensar en ampliar oportunidades económicas, que en nuestro país —lamentablemente— han estado sujetas durante mucho tiempo al criterio de una tarjeta de pantone: mientras más claro el color de piel, más fácil el acceso. Si bien esto ha cambiado en los anteriores años, de todos modos es nuestro deber asegurarnos que el avance continúe, pues la actual crisis plantea riesgos de retroceso.

El reto se agranda ahora que las arcas del Estado ya no están tan llenas como antes; es preciso afinar la puntería para gastar mejor. El menú de opciones para reanimar la economía es amplio y variado. ¿Cómo saber qué funciona y qué no? ¿Hay forma de encontrar una bala de plata? La incertidumbre puede llegar a ser inmanejable.

¿No sería interesante poner a prueba nuestras ideas en una sociedad de alasitas para ver qué errores no cometer? Por suerte, esto último no es necesario. Prácticamente cualquier tipo de acción para recuperar la economía ya ha sido probada antes en otras latitudes. ¿Subvenciones?, ¿créditos?, ¿empresas de acopio?, ¿cadena logística?, ¿restricciones comerciales? Todo eso ya fue probado en prácticamente todos los sectores. Nuestras condiciones de laboratorio están en la historia — reciente y antigua— de América Latina y del mundo. Más allá de nuestros particularismos, tenemos situaciones comunes que nos hermanan con pueblos cercanos y remotos. Por ejemplo, la práctica de nuestro tradicional pasanaku tiene sus propias variantes en el África. ¿No será que podemos aprender de los africanos a usar el smartphone para dar a nuestros pequeños agricultores servicios de mercados y alertas climáticas en tiempo real?

En términos menos entretenidos y más burocráticos, estamos hablando de un gran laboratorio de políticas públicas, formado por las experiencias de otros países y otros momentos históricos. Es pertinente echar mano de toda iniciativa que nos ahorre tiempo, ahora que el poco tiempo que tenemos estamos dedicando a saldar cuentas de orden jurídico-político.

 Pablo Rossell Arce es economista.

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Nosotros y la pandemia

/ 8 de marzo de 2021 / 04:15

Marzo de 2020 ha sido el mes más largo de la vida para mucha gente: duró como un año, para quienes esperan que la pandemia termine y sea solo un mal sueño, un tropiezo o, como mucho, un mal mes.

La vida se ha encargado de señalarnos que no es así, que la pandemia no es una casualidad y que es más bien un evento catalizador de una serie de procesos económicos, sociales y políticos que ya estaban en crisis o por entrar en crisis durante los últimos cinco años. Cuando digo que no es casualidad, quiero alejarme del campo de la teoría de la conspiración y entrar en el de la ciencia: entiendo que el COVID-19 tiene que ver con la compulsión humana de invadir los espacios de la naturaleza (proceso que se ha acelerado en las últimas décadas) y no precisamente con una mente maligna que desea conquistar el mundo con triquiñuelas.

En el mundo del COVID, los lentes que usábamos para leer al mundo y las herramientas que teníamos para gestionar la realidad ya no son válidas. En otras palabras, seguir insistiendo en más de lo mismo, ya no nos va a sacar de este atolladero.

América Latina era una región que en su momento parecía estar experimentando cierta prosperidad… no plenamente compartida, pero prosperidad al fin. La pandemia y sus efectos —nos dice la CEPAL— están borrando todo lo que nuestra región logró en 12 años de lucha contra la pobreza y en 20 años de superación de la pobreza extrema. Además, la región ha retrocedido en materia de equidad.

El trabajo —o más bien la falta de— es el eje de la crisis social y esta crisis está golpeando desproporcionadamente a las mujeres ocasionando que muchas de ellas se replieguen al trabajo doméstico no remunerado (siempre según la CEPAL). La cuarentena y la suspensión de clases presenciales mantuvieron —y mantienen— a las familias en sus casas y al interior de las familias no hubo mucho cuestionamiento acerca de que el rol del cuidado debe seguir a cargo de las mujeres exclusivamente. En todo caso, los esposos no cuestionaron mucho.

Por otro lado, también salieron golpeados quienes se encuentran en el sector informal, perdiendo ingresos y fuentes de trabajo; a medida que las familias dejaron de comprar muchos artículos cotidianos, se redujeron las oportunidades para la venta callejera al menudeo; la suspensión de eventos masivos afectó a quienes ponían puestos callejeros de comida, artesanías y souvenirs.

Los gobiernos respondieron subvencionando los servicios básicos, entregando paquetes de alimentos y medicinas y —sobre todo— incrementando y expandiendo los bonos sociales. Todas estas medidas lograron un efecto de contención, pero no fueron suficientes para evitar el incremento de la pobreza. El soporte monetario a las familias fue, pues, clave y con seguridad lo seguirá siendo. Una innovación interesante en este tema sería el pago de un ingreso básico temporal, focalizando a las familias de más bajos recursos.

Pero luego necesitamos pensar seriamente, ¿qué estructura económica requiere la región para salir del atolladero? ¿Qué nuevo paradigma de política pública? ¿Qué otra mentalidad acerca del desarrollo y la prosperidad? Se necesita ampliar la capacidad del gasto público para financiar bonos, mejores sistemas de salud y para ampliar el abanico de servicios sociales para la población. El abanico de opciones va desde una reforma tributaria para que las familias más opulentas aporten proporcionalmente más al sostenimiento de la cosa pública, hasta la tradicional negociación de deuda soberana en los mercados financieros.

Pero también se necesita transitar hacia un nuevo paradigma de progreso económico, para ir dejando atrás la dependencia de los recursos naturales y transitar hacia un esquema menos dañino para la naturaleza. ¿Es esto posible? La propuesta de la CEPAL “construir un nuevo futuro” afirma que sí, que América Latina tiene oportunidades en el cambio de su matriz energética, que hay espacios para insertarnos en la industria de vehículos eléctricos, que aún es posible subirse al tren de la industria de software, que es posible repensar el turismo y que tenemos que considerar más seriamente la economía circular, la bioeconomía y la economía para la salud.

Las respuestas a los retos que tenemos al frente no son fáciles. Por ello nos obligan a pensar, a utilizar nuestra mente más allá del mero ejercicio de la memoria de lo que se hacía (y que funcionaba) antes de que la pandemia nos marque la pauta del siglo XXI.

   Pablo Rossell Arce es economista.

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Los mundos urbanos del trabajo

Una voluminosa capa de población de estratos medios ha mejorado relativamente sus condiciones materiales y ha modificado también —al ser más urbana— sus patrones de satisfacción de necesidades, los mismos que están hoy por hoy más vinculados al mercado.

/ 4 de abril de 2016 / 04:00

El reciente Informe Nacional de Desarrollo Humano presentado por el PNUD [Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo], titulado El nuevo rostro de Bolivia. Transformación social y metropolización, nos retrata una realidad social que plantea nuevos retos con relación a la gestión de lo público. Me refiero, en concreto, a la creciente presencia de los estratos medios, al inexorable proceso de urbanización de nuestra sociedad —reflejado en el crecimiento de sus áreas metropolitanas— y al perfil joven de esa población más urbana y más de clase media.

CAMBIO. La nueva realidad como resultado del cambio. Una década de crecimiento económico (con un promedio de 5% anual), de disminución de la desigualdad y de combate a la exclusión ha dado como resultado aquella sociedad que nos describe el PNUD en su informe.

Una voluminosa capa de población de estratos medios ha mejorado relativamente sus condiciones materiales y ha modificado también —al ser más urbana— sus patrones de satisfacción de necesidades, los mismos que están hoy por hoy más vinculados al mercado.

Por otro lado, los patrones de consumo se reflejan también en nuestras importaciones de bienes de consumo (durables y no durables), que han experimentado un incremento del 160% en la última década. Parte de la explicación de esta explosión puede ser dada por los avances tecnológicos que —a su particular manera— han democratizado el acceso a un conjunto de bienes que antaño se consideraban como lujos de las clases acomodadas y que ahora forman parte del consumo cotidiano de las clases medias emergentes; la lista va desde los populares smartphones hasta los automóviles (transformados o no).

Justo es decir que muchos pequeños productores nacionales se engancharon rápidamente a este boom de demanda y adecuaron sus diseños para ofrecer —especialmente a los consumidores jóvenes— vestimenta a tono con las más recientes tendencias vistas en la producción de televisión y cine que viene de afuera. La variedad del diseño en la oferta de muebles y otros artículos de producción nacional es también indicativa de cómo algunos productores nacionales se adecuaron a una nueva estética, que refleja los cambios sociales.

Finalmente, otro fenómeno que surgió a partir del incremento del poder adquisitivo de bolivianos y bolivianas es el de los multicentros. Los multicentros y —en particular— sus patios de comidas se convierten en escenarios privilegiados para observar la democratización del consumo que vino aparejada con el ingreso de 2 millones de personas a las clases medias en Bolivia en los últimos años.

CONTINUIDADES. Las continuidades dentro del cambio. A muy grandes rasgos, lo descrito arriba refiere a algunos de los más importantes cambios de los que el informe del PNUD nos habla. Sin embargo, también nos alerta de algunas continuidades pues, paralelamente al incremento de poder adquisitivo de la población, subsisten estructuras que han sufrido muy pocas modificaciones en esta década de cambios: la estructura del mercado laboral, para ser específicos, se ha modificado muy poco; el empleo informal sigue siendo mayoritario (ha pasado del 59,3% en 2001 al 58,4 en 2012) y el empleo formal apenas ha ganado tres puntos de participación porcentual, del 35,2 al 38,3. El empleo doméstico completa la estructura laboral del país.

En un polo se encuentra el empleo formal, que otorga los beneficios sociales estipulados por ley pero que, además, puede ser regulado por el Estado; y, en el otro polo, está el empleo informal, invisible para las instituciones del Estado y donde el logro de beneficios es un resultado siempre inestable, que depende de la coyuntura del ciclo comercial y de las posibilidades de una negociación bilateral y privada.

El informe nos recuerda que nuestra estructura laboral guarda relación con nuestra estructura económica; el difícil tránsito hacia la salida de nuestro patrón primario-exportador es un proceso que está lleno de obstáculos y que tiene un horizonte de largo plazo; por ejemplo, una economía como la de Vietnam requirió décadas de aplicación ininterrumpida de políticas de desarrollo industrial para lograr una modificación   visible de su estructura productiva. Pero nuestro camino no necesariamente será el de Vietnam.

El momento exige sostener el timón en la ruta planteada: El PGDES (Plan General de Desarrollo Económico y Social) tiene claras las metas con relación a los avances en exportación de energía, potenciamiento de nuestra agricultura y el desarrollo del litio.

Pero ese esfuerzo debe ser acompañado de un viraje consciente hacia las nuevas formas de generación de riqueza; formas que están contenidas en la investigación científica de alto nivel y en la economía del conocimiento. Para ello, el PGDES contempla dos programas de arranque: el centro de investigación nuclear y la ciudadela del conocimiento. La estrategia es mantener nuestra base de recursos naturales para modificar nuestra estructura económica y, paralelamente, sentar las bases para insertarnos en áreas más dinámicas de la economía mundial.

Pese a todo, estos esfuerzos pueden ser insuficientes. El reto está en cómo mejorar la calidad del trabajo en una estructura económica y laboral heterogénea como la nuestra. Lo poco o lo mucho que se ha avanzado en conocer y en explorar las particularidades de nuestra heterogénea realidad no se ha traducido apropiadamente en política pública, pues una parte de nuestra normativa y de nuestras instituciones sigue funcionando con un modelo de regulación e intervención estatal que corresponde a una sociedad y a una economía completamente homogénea.

INNOVACIÓN. Innovar en gestión, culturas y acción política. El Informe del PNUD, entonces, nos reta a innovar. Pero el reto no es solo para el Estado, que debe profundizar en los nuevos espacios de oportunidades y debe hallar la manera de hacerse presente para mejorar los múltiples y heterogéneos espacios laborales de una juventud relativamente más instruida, más urbana y definitivamente más conectada que sus mayores.

El reto es también para las universidades, que no parecen haber comprendido que la época del crecimiento vegetativo ya se agotó. Entramos —hace mucho— en una etapa en la que se exige una conexión más ágil de la universidad con los avances científicos del mundo y se demanda un papel más propositivo del centro de estudios superiores sobre su rol en la formación del mercado laboral.

Finalmente, está planteado el reto para las organizaciones sociales: la demanda de mejor calidad y cantidad de empleo es prioritaria en la agenda de las familias, pero no siempre se refleja en las prioridades de la movilización social. Existe una agenda política que no está siendo encauzada por las fuerzas sociales de base, y ello les impide tener iniciativa en temas que serán cada vez más importantes.

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