Las elecciones del fin de semana en Chile forman parte del superciclo electoral (2021-2024), el cual incluye también a las recientes elecciones en Ecuador y Perú, y comprenderá procesos electorales en cerca de 18 países latinoamericanos, con un muy probable recambio de los partidos y liderazgos que accedieron al poder durante el anterior superciclo (2017-2019).
En Chile ha ocurrido un resultado que era previsible, aunque ciertamente no en la magnitud resultante. Con los debidos recaudos, dicha experiencia permite formular algunas hipótesis sobre el futuro político de América Latina, aunque sería prematuro suponer que el péndulo político se moverá en todos los casos en la misma dirección.
La insatisfacción de las sociedades latinoamericanas incluye por lo visto también a los partidos políticos, que en algunos países han ejercido el poder en diversas combinaciones desde hace varias décadas. De acá se deriva la pregunta respecto a la posibilidad de preservar las reglas democráticas en ausencia de un sistema de organizaciones de representación política capaces de cumplir con eficacia verificable las funciones básicas de los partidos, que consisten en la agregación y la sistematización de demandas sociales; la formulación de un programa verosímil de gobierno orientado al bien común; la educación política de sus militantes; la preparación de cuadros para la gestión de las políticas públicas, en caso de resultar electos; la disciplina parlamentaria de sus representantes en el Poder Legislativo; el ejercicio de un auténtico contrapoder, cuando se encuentren en la oposición, y la rendición pública de cuentas sobre los recursos financieros y administrativos que hayan estado bajo su responsabilidad.
A este tipo de organizaciones se hace referencia cuando se afirma que la democracia representativa requiere de “partidos políticos” para sostenerse como tal, lo que no puede confundirse con las maquinarias electorales de corta vigencia; ni con los movimientos sociales que representan intereses particulares; ni tampoco con los movimientos “anti” que se movilizan en contra de ciertas situaciones particulares, sin contar con programas propositivos, y por supuesto tampoco con los resabios que quedan de los sistemas políticos del antiguo periodo oligárquico.
Parece evidente que los “partidos” así definidos no existen todavía, y es poco probable que surjan por combustión espontánea en la compleja coyuntura latinoamericana. Para fundamentar esa afirmación menciono los siguientes argumentos.
En primer lugar, asistimos a una época en que la velocidad de la información es muchísimo mayor a la capacidad de respuesta que tienen los sistemas políticos para procesar las demandas que se derivan de dicha información. En segundo lugar, los medios de comunicación y las redes sociales han ingresado al campo político y compiten con las organizaciones de representación política, colocando en muchos casos la agenda pública diaria, sin asumir responsabilidad alguna por su instrumentación. En tercer lugar, proliferan en muchos países plataformas ciudadanas que toman a su cargo inquietudes particulares de algunos grupos sociales, pero que no pasan del nivel de demandas bien argumentadas. Se añaden, en cuarto lugar, los importantes cambios sociales debidos, entre otras cosas, a la urbanización creciente y a la emergencia de nuevas clases medias con mayores niveles educativos que antes, pero sin perspectivas de empleo. Por último, la crisis del COVID-19 y la recesión económica en curso demandan respuestas oportunas y coordinadas de los gobiernos latinoamericanos, asunto que requiere voluntad política en el nivel superior y burocracias experimentadas en los niveles medios. Ambos requisitos no surgen de improviso. Ese es el mayor problema.
Horst Grebe López es economista.