La rendición de cuentas a inicio de gestión debiera mostrar las intenciones de la dirigencia de la minería nacional para el año. Se trata de un objetivo a corto plazo que debe enmarcarse en una estrategia global, la cual está definida con base en los objetivos del Estado Plurinacional y la ley minera.
La prolongación del periodo de readecuación de las concesiones por otros 18 meses muestra que no se ha avanzado en la migración del régimen concesionario a los contratos de operación minera. El cambio del sistema rompe con el engorde de las minas y exige la operación estatal, cooperativa o privada. Esta falta de formalización se contradice con la solicitud, por otro lado, de desmovilización de áreas reservadas al Estado.
La declaración de una nueva reingeniería interna de la Comibol es una negación de la Ley de Minería y de la Ley de Empresas Públicas, donde se establecen los fines y estructura de esta empresa. Cualquier cambio parcial simplemente prolonga la agonía de una empresa manoseada por el neoliberalismo. Se requiere una empresa con capacidad técnica y financiera para encarar la producción de toda la cadena productiva, es decir, lograr dar valor agregado al recurso mineral. A la vez debe dejar de cuidar un gran activo obsoleto y seguir alentando contratos con terceros descuidando sus funciones propias. Si de veras la Comibol es incapaz de operar en sus áreas debiera dejarlas para que otros actores lo hagan, en el marco de contratos productivos mineros. Así de simple; los ejecutivos tienen que mostrar su capacidad técnica y no ser simples martilleros de remate.
Al respecto, en 2018 la UDAPE y el CONAPES aprobaron el decreto de reorganización de la Comibol, pero su ejecución se dejó pendiente para una situación oportuna. Qué mayor oportunidad que la crisis constatada que vive la empresa estatal, sin objetivos, cargada de obligaciones y sus rentas mermadas por la angurria de sus “socios”.
En dicho evento se ha vuelto a mencionar la necesidad de la inyección de capitales. Estos llamados ignoran la política del Estado, plasmada en la Constitución y las leyes, situación diferente a la de las transnacionales, que buscan modificar el contexto legal y para lo cual recurren a artimañas, muchas veces trágicas. Al respecto, el Estado ha previsto un sistema de financiamiento de la empresa pública con la emisión de títulos valores y la adquisición de créditos, con proyectos bancables, que debe elaborar la estatal; de igual manera, la Ley 1189 permite financiar proyectos productivos. Como ejemplo la AFP Futuro ha concedido un financiamiento a la empresa Illapa SA de $us 40 millones, con base en un contrato con la Comibol, titular de los yacimientos mineros, así de fácil.
Se habla de la inyección de capitales a Mallku Khota, ¿privatización después de la nacionalización? ¿Cuál es la lógica?, ¿negar lo que se hizo como una acción soberana por parte del Estado ante la prepotencia de una transnacional con nuestras comunidades rurales? ¿Cuáles son las condiciones mínimas para un negocio en beneficio del pueblo boliviano?: ¿recuperar la indemnización pagada?, ¿tener una participación mayoritaria en una empresa mixta? Son estas interrogantes que hay que plantear para lanzar una propuesta. El caso de Amayapampa lo demuestra: ante la presión de los trabajadores alentados por la empresa Svarog SA, la Comibol fue retirada del proyecto y se firmó un contrato que nunca se ejecutó, sirviendo solamente para sonsacar a terceros firmando contratos de obras. Hoy aparentemente se intenta seguir el mismo camino.
Se habla del funcionamiento de Karachipampa. Con qué perspectiva, si subsiste el problema estructural de control en la emisión de gases; la sustitución del caldero atacado por la acidez no resuelve el problema, porque en un par de meses, siendo optimista, dejará de funcionar. Karachipampa debe volver a ser un proyecto porque como empresa ha quebrado, es la triste realidad.
Las plantas hidrometalúrgicas para el zinc son un acierto, en contra de los procesos pirometalúrgicos que son dañinos a la madre naturaleza y permiten la recuperación de metales como el indio, cadmio, oro, etc.; sin embargo, hay que plantearse cuestiones previas. ¿Quién las ejecutará?, ¿lo hará la Empresa Metalúrgica Vinto?, ¿lo hará la Comibol que tiene otro proyecto? Como dice el ministro, la única forma de viabilizar las dos plantas para el tratamiento de 150.000 TMS/año a un costo de $us 700 millones es el crédito chino. Cuál ha sido la experiencia en el trámite del crédito para la Comibol y el Mutún: por lo visto es viable, pero no tan fácil ni rápido. Existe en la Comibol el proyecto Metalox, para el tratamiento de 40.000 TMS/año de zinc a un costo de $us 40 millones y su ejecución en un año; su carácter modular permitiría su instalación en varios lugares junto a los yacimientos mineros, dando un impulso a las regiones de donde se saca el mineral y hasta hoy no se deja nada.
La explotación de los minerales en el Estado Plurinacional solo se justifica si da valor agregado a un recurso natural, situación obligatoria para los actores mineros. Para llevar a cabo este objetivo se requiere de una estatal fuerte —técnica y financieramente— que lidere este propósito.
José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.