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Caso Murillo: la UIF y la Fiscalía se aplazan

/ 1 de junio de 2021 / 02:37

Luego de las elecciones de octubre pasado, la gran mayoría de los bolivianos tenía la esperanza de que los casos de corrupción sean aclarados, procesados y castigados.

En los últimos días, la opinión pública de nuestro país ha sido sacudida por la detención en Estados Unidos de Arturo Murillo, exministro de Áñez, por el caso de lavado de dinero en la compra de gases lacrimógenos. El proceso judicial que causa su detención no reside en Bolivia, sino en Estados Unidos.

Sorpresa y perplejidad en toda Bolivia porque se demuestra la total ineficiencia del sistema de investigación financiera y el sistema judicial boliviano, dado que las operaciones financieras surgieron en Bolivia; instituciones que ni siquiera han prevenido la fuga de personas y la salida de dinero indebidamente apropiado. Perplejidad también porque este caso ya fue denunciado, incluso documentalmente, por Gigavisión hace un año atrás (1 de junio de 2020)..

En Bolivia, el Ministerio Público, pero más específicamente la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), tienen mandatos legales claros: investigar y castigar la corrupción y el lavado de dinero o legitimación de ganancias ilícitas; sin embargo, un sistema investigativo y judicial extranjero mostró más interés o más eficiencia en este caso.

Adicionalmente, según informes oficiales, las cajas de seguridad de Murillo en el Banco Nacional de Bolivia se vaciaron hace menos de 45 días. Cabe concluir que, hasta hace escasamente un mes, la UIF no había encendido las alarmas y tomado las medidas necesarias para evitar que Murillo sacara dinero y/o bienes o documentos del sistema financiero boliviano. Esto es inaceptable si además se conoce las múltiples denuncias de corrupción hechas contra Murillo por parte de parlamentarios, dirigentes de organizaciones sociales e incluso nuestro actual Ministro de Gobierno.  

La UIF tiene competencia y atribución legal para conocer e investigar cualquier movimiento financiero en bancos nacionales y solicitar —a través de la red mundial de UIF— información de cuentas de bolivianos (como Murillo) en bancos extranjeros. Así lo hacen todas las UIF del mundo, que son parte de un sistema interconectado para investigar operaciones financieras que muestren indicios de ser de origen ilícito. La valiosa información así conseguida, debe ser entregada por la UIF a la Fiscalía para que continúe el proceso. La UIF debiera, incluso, realizar “de oficio” esas investigaciones, más aun existiendo los antecedentes ya mencionados.  

Por otro lado, es vergonzoso que el Fiscal General recién el 27 de mayo anuncie que “congelarán las cuentas de Murillo en el exterior”, luego de que éste haya vaciado tranquilamente todas sus cajas de seguridad en el BNB el pasado 15 de abril.  No tiene calificativo la forma de actuar del fiscal general Juan Lanchipa cuando él mismo informa que Murillo fue imputado en Bolivia el 12 de enero de este año (hace casi cinco meses).

Estas inconductas van más allá de una simple “lentitud” o “ineficiencia”. Estos hechos debían llevar a la renuncia del mismo fiscal general Lanchipa y de muchos otros fiscales y autoridades que no cumplen con su país y con su mandato legal y constitucional.

Lo que ha pasado no solo muestra una clara ineficiencia de funciones, que ya es grave, lo que ha pasado constituye además una traición a todos los principios constitucionales y democráticos que inspiran al actual Gobierno.

Nuestro presidente Luis Arce ha denunciado que el gobierno golpista de Áñez ha dejado en muy mal estado a la economía nacional, es lamentable que sus propias autoridades no estén a la  altura de su gestión de gobierno y no hayan investigado debidamente éste y otros casos.

Quienes defendemos el proceso de cambio instalado en el país hace más de 15 años, por lealtad con nuestro pueblo, no podemos callar hoy. Es la crítica constructiva y no el silencio, la que ayuda a avanzar en bien de los objetivos nacionales y plurinacionales del actual Gobierno.

Este tipo de autoridades no están a la altura de lo que necesita y merece un pueblo como el boliviano que, con gran coraje y mediando trágicas muertes de héroes y heroínas, echó del gobierno a Áñez, a Murillo y a todo el golpismo. Las muertes de Senkata, Sacaba, Pedregal, Huayllani y muchas otras deben honrarse defendiendo la justicia y castigando la corrupción, sin cobardía y sin ineficiencia. La cobardía, la ineficiencia y el dolo deberían ser propios de otros gobiernos, no del nuestro; los militantes del cambio en Bolivia debemos exigir ese elemental compromiso a nuestras autoridades y no esperar que su tarea la hagan fuera del país. 

Teresa Morales Olivera es exdirectora de la UIF.

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Disminución de la pobreza

Claramente se está generando un tipo de crecimiento económico muy potente que está dejando atrás el patrón primario exportador porque ya se ha arrancado la industrialización y ésta seguirá avanzando.

/ 15 de febrero de 2016 / 04:00

Uno de los aspectos más críticos en el desarrollo de la humanidad es que, a pesar de todos los progresos tecnológicos y su enorme difusión para el uso de la gente, existen en el mundo 1.000 millones de pobres privados de lo más básico y más de 800 millones de personas en situación de hambre crónica. Por eso, para el sentido común de la gente, evaluar la aplicación de los modelos económicos pasa por analizar si sus resultados han logrado una disminución de la pobreza que sea duradera.

El más importante resultado de un buen manejo de la economía de un país en definitiva tiene que ver con el bienestar de la gente, en nuestro caso con el logro del vivir bien de las bolivianas y los bolivianos. Lo contrario del buen vivir es la pobreza y postergación de la población.

Para lograr sacar a la mayor parte de la gente de la pobreza, y para que el vivir bien se consolide y sea sostenible en el tiempo, la actual administración gubernamental ha roto la lógica de manejo económico vigente hasta 2006 de corte neoliberal y ha planteado e implementado un modelo económico diferente. 

En primer lugar, para la política económica del actual Gobierno es imprescindible por un lado analizar y determinar cómo y quién realiza la producción de bienes y servicios, y  además cómo se logra que el crecimiento de la producción tenga un ritmo lo más acelerado posible. Éste es, sin duda, un debate altamente relevante.

Pero, por otro lado, el crecimiento de la producción, es decir, el crecimiento económico, desde el punto de vista del actual Gobierno ha dejado de ser un fin en sí mismo. Los gestores de la política económica gubernamental a diferencia de los neoliberales, han asumido que el crecimiento de la economía no puede ir desvinculado del otro componente central en el debate sobre el desarrollo: la “distribución”.

Para la lógica neoliberal, el crecimiento económico y la distribución o redistribución económica no tienen por qué ir de la mano. Por el contrario, sus voceros económicos nos dijeron que para que haya mayor crecimiento el pueblo debería “amarrarse los cinturones” y luego de lograr el mayor crecimiento, entonces habría un “rebalse de producto” y llegaría un “goteo” de mejores ingresos para la gente (recuérdese la “teoría del goteo” muy en boga en la segunda mitad de los ‘80).

Claramente, en el capitalismo el incremento de la producción o el crecimiento económico van de la mano con la mayor pobreza de la mayoría, combinada ésta con la creciente concentración de la riqueza en pocas manos.  Recordemos, además, que la pobreza en el neoliberalismo no se atendía desde las políticas económicas, la gente pobre no tenía nada que ver con el crecimiento de la economía, esa gente era atendida a partir de las políticas sociales: los artesanos, y microempresarios, los gremiales, los pequeños campesinos eran calificados por los economistas del Gobierno como “inviables” económicamente. 

La actual gestión gubernamental rompió esta lógica planteando que el crecimiento económico no tiene por qué ser generador de pobreza, sino más bien por el contrario planteó en su Plan Nacional de Desarrollo ya el año 2007, que un sólido crecimiento económico solo puede generarse si éste se basa en una mayor distribución y democratización de la riqueza, de los recursos productivos y de la producción de la economía; en ese marco implantó un consistente proceso de redistribución. Planteó, pues, claramente otro tipo de crecimiento económico, nunca más un crecimiento basado en la pobreza.

Así, la redistribución de la riqueza ha sido un fundamento central que ha permitido el impulso al crecimiento económico. Pero no solo se implantó una redistribución basada en la mejora inmediata de ingresos de la población más vulnerable, es decir, de los denominados bonos (Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana Azurduy) y otras políticas similares, como la tarifa dignidad en electricidad (cosas muy urgentes en Bolivia), que es lo que en economía se denomina “redistribución secundaria”, lograda en base a los recursos generados por la exitosa nacionalización de los hidrocarburos.

Además, el Gobierno actual tomó otras medidas para la redistribución de lo que podemos denominar como “activos productivos”, es decir, de los recursos que sirven para realizar procesos de producción: la tierra, la maquinaria, el acceso al crédito, o sea, siguiendo el proverbio chino “dale un pescado a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá todos los días”. Se implantó también la redistribución “primaria”, la redistribución estructural, la que permite generar producción y la que permite que lo invertido se reproduzca y crezca. En esta redistribución primaria se incluye el incremento salarial como participación obrera en el excedente.     Sumada a la potente inversión pública ampliamente difundida, la redistribución lograda ha sido vital para el crecimiento del PIB como el mejor de América Latina.

Hay que tomar en cuenta, asimismo, que esta entrega de recursos a los pobres por la vía de los bonos, o de la tierra, o del capital en forma de créditos, tiene doble efecto:  el primero, el acceso de los más pobres a bienes básicos a los que nunca accedieron, esto es efecto de la “disminución de la pobreza” y el avance hacia el vivir bien; y el segundo efecto simultáneo de la redistribución es el crecimiento del mercado interno: toda esa gente se convierte en “demandante” de productos y servicios, pero también de insumos productivos, lo cual permite activar y dinamizar la economía del país, potenciando así el crecimiento económico. El rol del mercado interno es vital para este nuevo tipo de crecimiento.

Abundan los datos que dan cuenta de la fuerte redistribución lograda por el actual Gobierno: solo en créditos, información que no viene del Gobierno sino de Asoban, señala que el promedio de créditos en los últimos seis años creció de $us 8.063 a $us 12.972, es decir, un 61% de incremento. El dato de las entidades privadas de microcrédito (Asofin) también muestra un incremento del 88,5 % desde un promedio de créditos de $us 3.392 a  $us 6.395. En los últimos cinco años, los préstamos del sistema financiero a la microempresa productiva crecieron 400%. 

Según la Asfi, el año 2005 existían solo 1,9 millones de depósitos en el Sistema Financiero, mientras que en 2015 existen nada menos que 8,5 millones de depósitos de los cuales el 87%  son depósitos de menos de $us 500. Si se toma en cuenta que la población adulta en Bolivia son menos de 7 millones de personas, el dato es muy elocuente.

Claramente se está generando un tipo de crecimiento económico muy potente que está dejando atrás el patrón primario exportador porque ya se ha arrancado la industrialización y ésta seguirá avanzando, pero se está dejando atrás también lo que denominamos el “patrón de acumulación o de reproducción del capital” basado por definición en la pobreza; y se lo está sustituyendo por un “patrón para el vivir bien” sobre la base del crecimiento fundado en la redistribución de excedentes de la economía, pero también de la redistribución de los recursos productivos, lo que se denomina “medios de producción”. Este crecimiento con distribución junto a la nacionalización son la base del nuevo modelo económico del proceso de cambio.

Para los portavoces neoliberales que actualmente hacen campaña por el No, lo que el Gobierno ha hecho en redistribución es “populismo”, y al igual que Macri en Argentina esta redistribución es considerada como irresponsable.  En ese país, el Presidente está eliminando todas las políticas de redistribución, ahora en Bolivia el pueblo decide.

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