Conforme se posesionaban las nuevas autoridades subnacionales en sus despachos, escuchábamos decir a todas que su presupuesto es muy reducido y que el Gobierno no les transfería lo presupuestado; es más, algunos se atrevieron a dar porcentajes indicando que el Ejecutivo dejó de transferirles 40% o 50% de sus recursos programados.
En este aspecto, los nuevos gobernadores y alcaldes cometen tremendo error al pensar que el presupuesto es una obligación que el Estado debe cumplir en su totalidad, ya que es la herramienta financiera mediante la cual se proyectan los ingresos y gastos que podrían realizar las entidades, la que está sujeta a variables que ningún gobierno puede controlar.
Por ejemplo, el precio de las materias primas. Supongamos que el Estado proyectó vender para este año 100 barriles de petróleo a un precio de $us 50, tendría un presupuesto de $us 5.000 (proyectado), sin embargo debido a que la economía china se ralentiza, el precio internacional rebaja a $us 45 y la recaudación será de $us 4.500, o sea la diferencia de $us 500 no puede ser considerada como deuda o como una reducción de presupuesto.
Lo mismo sucede con los recursos de coparticipación tributaria, se proyecta recaudar una determinada cantidad producto de los impuestos nacionales, pero viene una pandemia y baja la actividad económica en 50%, e igual se tendrá una diferencia entre lo presupuestado y lo recaudado, sin que esto signifique una deuda.
El anterior ejemplo es sencillo, pero el Presupuesto General del Estado (PGE) va más allá. Una de sus características es que está constituido por beneficiarios, así tenemos que las recaudaciones se dividen entre municipios, gobernaciones, universidades públicas y el Gobierno, vale decir que cuando disminuyen se ven afectados todos estos actores, y el Gobierno tiene obligaciones irrenunciables como el pago de los maestros, médicos, policías, Fuerzas Armadas y otras de carácter social.
La operatividad de la distribución de los recursos se da cuando las entidades encargadas de las recaudaciones (YPFB-hidrocarburos, Impuestos Nacionales- tributos) realizan depósitos al BCB, que abona de forma automática a las cuentas de los beneficiarios, vale decir que no necesita autorización de ninguna autoridad para esta operación: si se recauda 1.000 se distribuye 1.000, si se recauda 500 se distribuye 500.
Sin embargo, el presupuesto de los municipios, gobernaciones y universidades también incorpora sus recursos propios. En el caso de las gobernaciones tenemos la administración de campos deportivos, recaudaciones por personerías jurídicas, entre otras; en los municipios, impuestos sobre bienes inmuebles y vehículos; en universidades, matrículas, cursos de posgrado. No escuché a ninguna de las nuevas autoridades referirse a este dinero, se olvidan de la autoevaluación y solo exigen al Gobierno.
La pandemia ocasionó que la economía mundial se vea afectada en todas sus áreas, la disponibilidad de los pocos recursos debe ser bien utilizada, ahora más que nunca veremos la eficiencia y eficacia con la que actuarán nuestras autoridades, las prioridades que deberán asumir son muy delicadas, sobre todo en el área de salud pública, sin descuidar la educación, la seguridad, entre otras.
Miguel Marañón es economista.