Voces

viernes 25 jun 2021 | Actualizado a 01:56

Participación de la Policía en la conspiración

/ 7 de junio de 2021 / 00:29

Las decisiones y acciones de los comandantes de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas fueron determinantes en la crisis de octubre- noviembre de 2019, posibilitaron la consolidación del golpe de Estado y al gobierno de facto. En este artículo analizaremos las acciones y decisiones de la Policía.

Luis Fernando Camacho tiene la cualidad negativa de anunciar y delatar a sus aliados de la conspiración. En el cabildo del Comité Cívico pro Santa Cruz del 2 de noviembre de 2019, lee un pliego de la Policía sobre sus reivindicaciones e “instruye” al próximo gobierno que atienda su pedido.

Entre el atardecer del 8 y la mañana del 9 de noviembre, los nueve comandos departamentales se amotinan, pero en una franca actitud conspirativa. El primer punto de la demanda es la renuncia del Presidente y el Vicepresidente, no es una reivindicación sectorial sino una consigna similar a la estrategia de toda la derecha cívica, política y eclesial, marchan con sus uniformes, de civiles y con su armamento reglamentario junto a los cívicos por varias capitales urbanas.

Entre el 8, 9 y 10 se produce el saqueo y la quema de viviendas particulares de autoridades políticas de los gobiernos nacional y departamentales, de la casa de doña Esther (hermana de Evo Morles); los policías, de civiles, son parte de esas acciones y los comandantes departamentales son veedores pasivos de los hechos vandálicos.

Desde la llegada de Camacho a La Paz, el 6 de noviembre, su traslado a un hotel de la ciudad, su estadía y todo el desplazamiento del domingo 10 por la tarde rumbo a la plaza Murillo, hasta su ingreso al edificio de la UTOP (en la plaza Murillo) y el traslado e ingreso al Palacio Quemado, la Policía se constituye en la seguridad oficial de Camacho y Pumari.

El 10 en la mañana, por instrucción de la Fiscalía, proceden a la detención de los vocales nacionales y departamentales del tribunal electoral. A las 15.00, el comandante general, a través de un video, pide la renuncia del Presidente.

El lunes 11 por la mañana despliegan todo un operativo de represión, detenciones en los bloqueos que se desarrollaban en La Paz: Ovejuyo, El Pedregal, Chasquipampa, con el saldo de tres muertos por impacto de bala; en Cochabamba, Huayllani, un muerto por impacto de bala.

En horas de la tarde, la plaza Murillo está cercada por policías uniformados y armados e impiden que ingresen parlamentarios del MAS, principalmente senadores, a la sesión que tenía que desarrollarse el lunes 11 y el martes 12 para permitir que la senadora Jeanine Áñez pueda autoproclamarse presidenta del Senado, de la Asamblea Legislativa Plurinacional y presidenta de la República de Bolivia.

Al finalizar la tarde, el general Calderón, comandante de la Policía, le envía una nota a la senadora Áñez (aún no se había proclamado presidenta), considerándole ya presidenta, solicitándole que instruya que las FFAA colaboren con el “control” (represión) de las “hordas masistas” que estaban poniendo en “zozobra a la ciudadanía”.

En horas de la noche, conjuntamente las FFAA anuncian el Plan Sebastián Pagador para desplazar fuerzas conjuntas que garanticen la paz en las capitales de departamentos. Esta decisión implica que el país, de hecho, estaba en un estado de sitio para garantizar la “sucesión constitucional” y la organización del gobierno de facto.

Las acciones que toma la Policía son interdependientes y coordinadas en tres momentos: el primero en la fase conspirativa, en estricta coordinación con Camacho se pliegan armados y activamente al movimiento político conspirativo con la misma consigna estratégica: renuncia de las principales autoridades políticas del gobierno. En el segundo se subordinan al mando del grupo político de la Universidad Católica que decide quién será la presidenta y la forma de organización del gobierno de facto y sin anunciar el levantamiento del motín, empiezan a tomar acciones por instrucción directa de Áñez, a la que explícitamente ya consideran presidenta; esas acciones son la represión a los movimientos sociales que se oponen al golpe y a la quema de la wiphala, y cercan la plaza Murillo para impedir el ingreso de los parlamentarios del MAS a las sesiones de las cámaras de Senadores y Diputados, y de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para asegurar la autoproclamación. Y el tercer momento es el despliegue armado, en conjunto con las FFAA, en las represiones de Betanzos, Senkata y Sacaba, con persecuciones, detenciones, torturas para imponer la autoridad política del gobierno de facto.

La participación de la Policía fue determinante para garantizar la estrategia conspirativa de las derechas criollas y externas.

César Navarro Miranda es exdiputado, exviceministro y exministro de Minería.

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PUREZA CELESTIAL DE LA CEB

Crítica a la ‘Memoria de la pacificación’ en 2019 publicada por la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB).

/ 20 de junio de 2021 / 17:16

DIBUJO LIBRE

El documento presentado por la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) a la Fiscalía y al Vaticano, Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia octubre 2019-enero 2020, es un relato a la altura de la nobleza eclesial, la versión de pureza celestial que justifica la sucesión constitucional, que niega el golpe de Estado, que omite deliberadamente las masacres del 11 de noviembre de 2019, y dice que las muertes de Sacaba y Senkata fueron producto del enfrentamiento. Es el relato espiritual que los siervos políticos de las derechas necesitaban.

Mentiras celestiales. En su condición de facilitadora del diálogo describe su rol: “La CEB se mantiene ajena a intereses políticos de unos y otros sectores en conflicto”; mediadores neutrales que caracterizan el momento: “El conflicto de 2019 se agudizó el 20 de octubre, con la inexplicable interrupción del sistema TREP y la denuncia de indicios de fraude, presentados por la propia población en diversos puntos del país”. Con estas dos afirmaciones definen su rol institucional y el momento político pre y poselectoral.

El rol “ajeno a los intereses políticos” es apariencia simbólica. En 2017, cuando se conoció la Sentencia Constitucional 084/2017, que habilitaba la repostulación de Evo, la CEB expresaba: “abre el camino al totalitarismo y al dominio del más fuerte, con el consiguiente menoscabo de la libertad del pueblo”. En mayo de 2019, acerca del proceso electoral la CEB dijo: “No se puede aceptar el control o la manipulación de los votos como instrumento de poder… Una verdadera democracia da legitimidad al Gobierno que surge de un proceso electoral transparente y del respeto inviolable de la decisión del pueblo boliviano”. Institucionalmente asume una posición política de derecha sobre la habilitación de la candidatura y el fraude como estrategia discursiva y mediática.

La CEB dice que el conflicto se “agudizó por las denuncias de fraude presentada por la población”; contra esta afirmación, los obispos bolivianos reunidos en el Vaticano el 23 de octubre expresaron: “Nos parece observar, junto con muchos ciudadanos, indicios de fraude”. El obispo Ricardo Centellas G., presidente de la CEB, el 10 de noviembre en Carta Abierta al Presidente Morales le conmina a renunciar: “Muestre su respeto por Bolivia y Potosí, renuncie para pacificar el país y asuma su responsabilidad por el fraude electoral y no siga provocando mayor incertidumbre”. La CEB ahora se escuda en la población, cuando en 2019 fue el portavoz eclesial de la conspiración, acusando a nivel internacional de fraude y exigiendo la renuncia.

Renuncia voluntaria y muerte entre vecinos. La renuncia del presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda la presentan como una decisión voluntaria: “anuncia su renuncia por la red Bolivisión”, exenta de violencia; no dicen que renunció por la quema de su casa en la ciudad de Potosí y debido a la retención por grupos violentos e intento de asesinato de su hermano.

Con relación a los hechos de la mañana del 11 de noviembre expresan: “se registraron fuertes enfrentamientos entre vecinos, incluso con muertes”. Esta afirmación es un pecado terrenal. Los informes de la Defensoría del Pueblo, de la CIDH, de la Universidad de Harvard (Informe Nos mataron como a animales) y testimonios en redes sociales, muestran la represión armada de policías uniformados y de civiles en El Pedregal, Chasquipampa y Ovejuyo, con el saldo de tres muertes; en Huayllani (Cochabamba), una muerte; los cuatro por impacto de bala. En la Memoria de la CEB las muertes fueron por enfrentamiento entre vecinos diabólicos sin responsabilidad policial.

La CEB confiesa que en la noche, junto a representantes diplomáticos y cívicos, emitió un comunicado pidiendo a las FFAA y la Policía que salgan a las calles a cuidar la paz, es decir, bendicen la declaratoria de facto de la militarización del país.

Con relación a las masacres de Sacaba el 15 y Senkata el 19 de noviembre la Memoria expresa: “(Sacaba) enfrentamientos violentos… sufrieron agresiones y (la iglesia) acogió a heridos y muertos (…) quedaron consternados por la violencia desatada en Senkata”. En su narrativa, los muertos fueron por obra del espíritu maligno entre movilizados, la misma versión que expresaron Arturo Murillo y Fernando López, que los muertos fueron por impacto de bala entre las “hordas masistas”.

Confesión celestial de la conspiración. El aporte central de la Memoria es la confesión de que los mediadores eclesiales y diplomáticos que se reunieron (el 10 de noviembre) y decidieron con cívicos y partidos de derecha, es decir, una sola parte, quién será la nueva Presidenta, aunque dicen que “en ningún momento se tomó decisión alguna”, encomiendan a Ricardo Paz, jefe de campaña de Comunidad Ciudadana, a que llame a la senadora Jeanine Áñez, para consultarle “su disponibilidad de asumir la Presidencia”.El padre José Fuentes, secretario adjunto de la CEB y ahora rector de la UCB, en una entrevista con Página Siete confiesa que fue “Jorge Tuto Quiroga quien llamó por celular a la senadora Áñez para que asuma la Presidencia”; ambas versiones confirman que la reunión del 10 de noviembre fue sin presencia del MAS, deciden personas sin ninguna representación legal y legítima; se arrogan una representación del pueblo sin tener esa condición, ése es un acto de sedición.

Otro elemento es que en la reunión deciden utilizar una Declaración Constitucional como jurisprudencia constitucional antes que el TCP haga público un comunicado: “Considerando la DC 003/2001 según la cual la sucesión constitucional se produce ipso facto para evitar el vacío de poder en el Estado, se planteó sugerir a la Asamblea Legislativa dispusiese la sucesión constitucional de Jeanine Áñez para asumir la presidencia”. Es decir, definen la “base constitucional de la sucesión de ipso facto”, para ello era necesario el procedimiento de la autoproclamación como presidenta del Senado y de la Asamblea Legislativa Plurinacional, considerarse Vicepresidenta y luego de ello autoproclamarse Presidenta de la República.

¿Quién hizo la gestión ante el Tribunal Constitucional para que éste emita el “comunicado” exactamente a minutos de la autoproclamación del día martes 12 de noviembre a horas 18:30? Es vital y determinante para ver el nivel de coordinación y articulación del grupo de la UCB con un órgano de poder del Estado.

La Memoria define que “la senadora Áñez fue investida como Presidenta”. Otra mentira piadosa, porque el acto de “investir” es un principio constitucional definido en la Constitución (Art. 161. 2): es la Asamblea Legislativa que recibe el juramento de la Presidenta o Presidente del Estado. Áñez no juró en la Asamblea; por el contrario, la banda presidencial le fue puesta por un militar, el Jefe de la Casa Militar del Palacio.

La Memoria es la homilía de la misa dominical de la catedral cruceña, que fustiga a los movimientos sociales, que condena que el Estado Plurinacional sea laico y no confesional, que la nobleza eclesial perdió privilegios en el poder político, que dejó de ser la consejera y salvadora de las crisis del viejo Estado liberal, colonial, republicano y de su sistema político conservador y racista.

La Memoria vuelve a masacrar a los nadies, porque no existen en su relato, porque se auto-asesinaron en enfrentamientos entre vecinos, absuelve los pecados de Murillo, López, las FFAA y la Policía porque nos dieron paz frente a hordas vandálicas que solo luchaban por su wiphala; llama a la autoproclamación un acto de investidura presidencial. Es la narrativa celestial, propia de una nobleza que no se ruboriza por su pueblo, pero sí se siente feliz porque comparte la mesa de patrón.

 (*)César Navarro M. fue diputado y ministro de Minería

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Los cívicos, el poder del trono

/ 23 de mayo de 2021 / 00:59

Lo que vivimos las últimas dos décadas son tiempos donde la política se ha desplazado de lo partidario a lo social, expresados en las organizaciones sociales, cívicas, vecinales, territoriales, que definen la temperatura política de las coyunturas y explícitamente los actores, para tener legitimidad, se apoyan o se presentan como los interlocutores de los titulares temporales de la política.

Santa Cruz de la Sierra es la expresión de la temporalidad política marcada y definida por el Comité Cívico pro Santa Cruz (CCpSC) y su relación de enfrentamiento-conflicto con el poder político estatal.

En los tiempos del capitalismo de Estado y del neoliberalismo, la relación del CCpSC con el Estado no era de subordinación o enfrentamiento, sino de complicidad. El CCpSC no representa los intereses de los cruceños, sino de los grupos de poder cruceños, pero logró constituirse en la expresión del sentimiento camba, convertida en cruceñidad como sinónimo de modernidad en tiempos de globalización. Esta combinación de intereses y sentimientos fundida en el conflicto como tiempo indefinido marca la agenda política de Santa Cruz.

El tiempo del conflicto es y será permanente contra el poder estatal, asumido por el CCpSC desde la derrota del neoliberalismo y el desmoronamiento de los partidos políticos (ADN, MNR, MIR) que representaban el interés de los grupos de poder cruceño. Ese es el momento fáctico de la ruptura con el Estado, pasan a la estrategia de control territorial departamental a través de la autonomía.

En la presidencia de Mesa, en enero de 2004, el CCpSC, a la cabeza del presidente cívico Rubén Costas, empieza la contrapropuesta con la elección de prefectos mediante el voto y un referéndum sobre la autonomía departamental, ante la Asamblea Constituyente impulsada por las organizaciones sociales. La disputa no gira en torno al control estatal, sino al empoderamiento y control departamental.

Costas da el salto político de la presidencia del CCpSC a la prefectura de Santa Cruz, la institucionalidad del comité cívico se constituye en su núcleo orgánico, su organización política. Inicialmente Verdes y luego Demócratas son solo el soporte administrativo de la organización del gobierno departamental y no así el partido para el ejercicio del poder departamental y la reproducción del poder, porque el poder gira en torno a la institucionalidad cívica empresarial de poder.

Branko Marinkovic y Luis Fernando Camacho son la síntesis de expresión de clase al interior del CCpSC, han asumido como ampliación de su poder el control directo de la gobernación; es control y ejercicio del poder desde el espacio público democrático y desde el espacio cívico selectivo. El primero tiene legitimidad en la elección pero está limitado a la formalidad institucional; sobre el segundo, que emerge de una democracia censitaria, corporativa y selectiva, su ejercicio del poder está basado en la aparente legitimidad porque se autodefine como gobierno “moral”.

El CCpSC desplaza de la administración pública a los Demócratas y el voto los jubila prematuramente. Camacho hereda el poder, no gana el gobierno departamental, porque toda la estructura administrativa de la gobernación, del municipio de Santa Cruz de la Sierra, de los grupos de poder empresarial, las comparsas y las logias son el soporte electoral movilizado que garantiza la titularidad política de la gobernación.

El valor político de la gobernación no está en la gestión pública, sino que, como se posiciona frente y contra el Gobierno nacional, su legitimidad regional depende de esta relación de conflicto-enfrentamiento constante.

El reordenamiento de la política en el poder sustituyó a actores políticos formales, gobernador, asambleístas, organización política, pero el núcleo del poder sigue girando en torno al CCpSC. Coyunturalmente, el pacto fiscal y el censo serán sus puntos nodales, son sus razones de esta temporalidad porque necesitan el conflicto como línea de identidad constante.

César Navarro es exdiputado, exviceministro y exministro de Minería.

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Participación de la oposición, solo electoral

Los actores políticos tenemos una múltiple responsabilidad con el país y la democracia.

/ 30 de mayo de 2018 / 04:07

La derecha en nuestro país aún vive y arrastra la crisis estatal de octubre de 2003. La renuncia y posterior huida de Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) del gobierno y del país para esconderse en Estados Unidos, la movilización política del pueblo boliviano y la derrota electoral nacional de 2005 son hechos políticos sustanciales que han construido una nueva institucionalidad estatal.

La derecha ha intentado electoralmente su reorganización, negando su propio pasado político como forma de presentación pública. En 2005, por la vía de agrupaciones ciudadanas constituyó Podemos, a la cabeza del exvicepresidente Jorge Tuto Quiroga. Su límite electoral fueron las elecciones nacionales de ese mismo año y los comicios para elegir en 2006 a los asambleístas constituyentes. Fue un intento solo electoral para tener representación parlamentaria y se diluyó sin marcar ninguna huella política.

En 2009, Víctor Hugo Cárdenas, exvicepresidente de Goni; Manfred Reyes Villa, exaliado de Hugo Banzer y de Sánchez de Lozada; y Samuel Doria Medina intentaron forzar un frente unitario. Cada uno se autodefinía como el abanderado de la oposición, y terminaron conformando el frente de Concertación Nacional, a la cabeza de Reyes Villa y el adenista Leopoldo Fernández (exprefecto de Pando y exsenador) como vicepresidente. Su límite electoral no llegó ni siquiera al primer mes de la gestión legislativa y se diluyó al poco tiempo de constituirse.

En 2014, emulando la “mesa democrática” de la derecha venezolana, el empresario y eterno candidato Samuel Doria Medina impulsó el frente de Unidad Demócrata (UD), con el apoyo de dos figuras políticas vinculadas con las gobernaciones de Santa Cruz y Beni. Su límite tampoco superó la coyuntura electoral.

Estos ensayos electorales periódicos son una primera constatación del comportamiento de la derecha y de su límite político. Nuestra democracia, que es un patrimonio conquistado por las luchas políticas del movimiento sindical y la izquierda boliviana, tiene en los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organización de pueblos indígena-originarios la base de organización, elección y dirección de los órganos de poder y entidades subnacionales (departamentales y municipales). Por lo tanto, los actores políticos tenemos una múltiple responsabilidad con el país y la democracia. Pero la oposición ha confundido institucionalidad política de oposición como sinónimo del no, y no como opción de gobierno.

Ser una oposición institucionalizada implica ofrecerle al electorado una opción de gobierno, y no solo la opción de voto en la papeleta electoral con solamente nombres y eslóganes de campaña; implica requisitos sustantivos, porque el Estado y el pueblo no son una empresa ni una ONG, y no pueden ser dirigidos por un club de amigos que se organiza para el momento corto del proceso electoral.

La democracia, como institución política del Estado y la sociedad, para su reproducción depende no solo de la participación activa del pueblo en la elección de sus autoridades, sino también en la responsabilidad que asumen los actores políticos que demandan del pueblo apoyo. Ahí radica la sabiduría popular para decidir el futuro en el presente. Es decir que el tiempo fáctico es la facultad soberana de decisión que se le otorga al pueblo. A su vez, el resultado de la composición política de los órganos de poder tiene que ver con la forma de presentación e interpelación compuesta por liderazgo, organización y programa de gobierno. Ahí radica la certeza; no solo en el eslogan ni tampoco en la imagen mediática de los candidatos.

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Democracia y oposición

La ausencia o el vacío ideológico se sustituye en el discurso político con eslóganes mediáticos.

/ 8 de mayo de 2018 / 04:08

La democracia es una institución política, y su forma de desarrollo en los Estados y sociedades son construcciones constantes. En nuestra Bolivia, la democracia fue confiscada por la derecha y la dictadura militar desde mediados de los años 60; pero a finales de los 70 fue recuperada por el movimiento popular, sindical y la izquierda, y luego se constituyó en institución como forma de gobierno desde octubre de 1982.

La transformación sustantiva de nuestra democracia es el paso de la democracia liberal representativa a la democracia representativa, participativa y deliberativa. En la primera, el pueblo votaba pero no elegía, ya que si los partidos políticos no obtenían la mayoría absoluta, delegaba esa facultad soberana al Congreso Nacional. Desde las elecciones nacionales de 1978 hasta las de 2002 ningún partido obtuvo la mayoría absoluta, solo relativa. Asistíamos a un sistema de minorías electorales que se convertían en mayorías parlamentarias por acuerdos multipartidarios. Frente a esta debilidad estructural, el sistema político de partidos acuñó el término de “democracia pactada”. Esta forma de gobierno fue transformada constitucionalmente. Hoy vivimos la era de la democracia representativa, participativa y deliberativa, donde el pueblo vota y elige.

El verbo clave es “elegir”. Es decir que el pueblo hoy es el soberano de la decisión. La facultad de elegir formalmente es electoral, pero el fondo es decidir por una opción de gobierno y poder. La diferencia sustantiva se da entre sigla electoral u opción de gobierno. Es lo que en última instancia define la inclinación del electorado en las democracias. Desde las elecciones nacionales de 2002, la derecha asiste públicamente a su propia crisis: de estructura partidaria, de liderazgo político, de ideología, de plan de gobierno.

La estructura partidaria ha sido sustituida por dos niveles: i) con siglas electorales que cambian en cada elección nacional y ii) con funcionarios públicos de gobernaciones y municipios cuya presencia pública se manifiesta solo en participaciones electorales (campañas) y en la gestión pública local. No tienen liderazgo. Los aparentes liderazgos están vinculados con la sigla electoral, empresarial, municipal o departamental. Deliberadamente confunden liderazgo con imagen mediática. Quien obtenga una imagen mediática se convertiría en el factor de cohesión de la oposición. Por ello, su presencia en los medios y en las redes sociales es fundamental frente a otros competidores de la oposición; la pelea por el liderazgo, por construir imágenes y convertirse en el ideal del votante de oposición es interna.

La crisis ideológica, la ausencia o el vacío de concepción se sustituyen en el discurso político con eslóganes mediáticos. Su presencia pública se da a través de la adjetivación y la descalificación como formas públicas de crear opinión pública política. No tienen propuesta de país en lo económico, político, productivo, etc. Es decir, su plan se reduce a criticar lo que no harían, pero no proponen lo que sí harían. Esta pequeña frase ratifica su ausencia de propuesta.

Estos elementos son valorados por el electorado, que no logra ser seducido por consignas; aunque en algunos momentos (hay que reconocer) el sensacionalismo define comportamientos sociales, sin objetivos concretos, solo buscando satisfacer emociones.

Las fracciones opositoras enfrentan una pugna interna no para disputar el poder político, sino en busca de alguien con la capacidad de articular y liderar la oposición, y así tener una mayor representación parlamentaria y de administración de entidades subgubernativas. Hoy en día se desenvuelven en ese juego que aún no resuelve lo sustantivo: ser opción de gobierno. Mientras no superen su dramática realidad, el comportamiento de la derecha seguirá siendo el mismo: descalificar, sensacionalismo, eslóganes mediáticos e improvisación electoral constante.

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¿Sistema político de partidos?

La reproducción del poder político hoy no puede ser concebida a partir de minorías electorales

/ 14 de abril de 2018 / 03:46

El sistema político multipartidario que emergió con las elecciones nacionales de 1980 puso el acento en los partidos políticos, y su fuerza descansaba en el número de representación parlamentaria, que les permitía tener una posición diferenciada en las coaliciones gubernamentales con las cuotas de poder en el Ejecutivo, Legislativo, prefecturas y entidades desconcentradas y descentralizadas.

Un déficit que arrastraron sin excepción todos los partidos políticos del viejo sistema es que nunca lograron ser mayoría electoral, lo que les llevó a desarrollar en la “práctica” la “cultura de acuerdos” de minorías electorales para constituirse en mayorías parlamentarias. El eje de articulación giró en un trípode (MNR, ADN y el MIR) sin hegemonía, solo con mayorías; lo que les permitía tener el timón de la negociación ejecutiva. Lo multipartidario derivaba de la lógica democrática representativa; es decir, el pueblo votaba pero no elegía, delegaba su facultad soberana de la elección de las principales autoridades ejecutivas al Parlamento (si no obtenían la mayoría absoluta de votos). Esta práctica estuvo constitucionalizada; es decir, la reproducción del poder político fue concebida en función de las limitantes políticas de los partidos políticos.

La gobernabilidad o ingobernabilidad descansaba en el Parlamento. Un claro momento de ingobernabilidad se dio entre 1982 y 1985. En aquel periodo la UDP, con el Dr. Hernán Siles Zuazo a la cabeza, obtuvo la primera mayoría relativa en las elecciones de 1980, pero tenía minoría parlamentaria. Las cámaras de Diputados y Senadores estaban presididas por la derecha política; es decir, por la oposición. Y la ingobernabilidad derivó en la desestabilización del Gobierno (sin hacer una valoración política del Ejecutivo y la situación económica). Aquí el Parlamento jugó a su opción política de partido, inviabilizó al Gobierno y forzó, junto con la Iglesia Católica y la complicidad sindical, a acortar el mandato constitucional y adelantar las elecciones nacionales.

Un segundo momento de ingobernabilidad se dio durante la primera gestión de gobierno del MAS-IPSP. Evo obtuvo la mayoría absoluta, pero la oposición era mayoría en la Cámara de Senadores. Y desde el Senado desarrolló una estrategia de la desestabilización, primero impidiendo la aprobación de leyes; segundo, impulsando el referéndum revocatoria-ratificatorio; y tercero, impidiendo la aprobación de la ley de convocatoria al referéndum constitucional para aprobar la nueva Constitución Política del Estado, elaborada por la Asamblea Constituyente.

Estos dos ejemplos muestran cómo minorías electorales se constituyen, al aliarse, en mayorías parlamentarias y atacan a la principal autoridad política que recibió el apoyo del pueblo, generando inestabilidad política. Pero estos partidos políticos tuvieron, casi con los mismos actores, un rol diferente cuando sus intereses estaban representados en el Ejecutivo, impulsando y defendiendo la gobernabilidad.

Hoy nuestra Constitución dio un salto cualitativo, el pueblo ya no solo vota, sino que además elige; se le quitó al Parlamento la facultad de elegir al presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional. Si los candidatos no logran obtener la mayoría absoluta de votos, se desarrolla una segunda vuelta; el pueblo decide al titular del Ejecutivo, pero la gobernabilidad sigue descansando en el Parlamento, hoy Asamblea Legislativa Plurinacional. La reproducción del poder político hoy no puede ser concebida a partir de minorías electorales, sino de liderazgos políticos de gobierno o Estado con estructuras nacionales. Sin duda es parte de la construcción política democrática de la democracia como institucionalidad estatal.

Hoy el sistema político de partidos tiene una sola certeza, es la vigencia y presencia estable del MAS-IPSP; los otros “partidos”, que se asemejan a clubes de amigos electorales, aparecen solo en los tiempos electorales y tardan más en hacer alianzas electorales que en lograr institucionalidad partidaria de oposición.

El sistema en sí mismo es un resultado fáctico que depende de quienes están presentes en el drama político de primera línea. Lamentablemente asistimos a la inconsistencia constante de la oposición como institucionalidad y su accionar no depende de sus estructuras políticas, sino de tres factores: de imágenes y gestiones públicas subgubernativas (gobernaciones y alcaldías), de opiniones políticas mediáticas y de los opinadores políticos constantes. Es el déficit del sistema, no por culpa del MAS-IPSP, sino de la realidad dramática de los opositores circunstanciales al Gobierno.

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