¿Quién controla el oro del noreste?
Hablar de oro es siempre alucinante y como anotaba en uno de mis escritos el brillo de este metal fue “la primera locura del hombre” (Plinio el Viejo en Naturalis, 79 d.C.), inspiró las más arriesgadas expediciones y es el metal más buscado desde tiempos inmemoriales. Por otra parte, hay un dicho popular que circula entre los exploradores: “el oro no es del que lo busca, sino del que lo encuentra”; siempre hay un halo de misterio en todo lo que se refiere a este metal. ¿Por qué vuelvo a citar estas frases en esta columna? En el país hay un debate sobre los yacimientos aluviales de oro del noreste del país, su manejo arbitrario para decir lo menos, sobre el contrabando, informalidad e ilegalidad que campean en las faenas mineras y en la cadena de comercialización del metal; aspectos que he tocado desde años atrás en esta columna y en otros escritos y como geólogo, desde los albores de la exploración moderna de los años 70 y 80 en la que participé, especialmente aquella de los años 80 cuando como director de Exploraciones de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) dirigí, entre otros, un proyecto de exploración de oro en el noreste que tenía la ayuda del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que se frustró alrededor de 1985 cuando la inestabilidad política instaló en el país un gobierno de tinte “neoliberal” que terminó con éste y con otros programas estatales de exploración minera y abrió el país y la corporación al capital privado nacional y transnacional. Al margen de afinidades políticas o juicios de valor al respecto, la nueva etapa, como todas en el vaivén de políticas contradictorias a lo largo de la historia del país, generó resultados positivos y también negativos, que no son tema de esta columna. Lo que quiero “remarcar” es el efecto negativo de este vaivén, cuando de desarrollar proyectos mineros se trata.
El proyecto aludido determinó varias áreas que podían ser explotadas racionalmente y delimitó en los ríos Madre de Dios y Beni las concesiones San Antonio del Río y Madre de Dios que totalizaban 600.000 hectáreas para la Comibol. En los primeros años 90 se trató de interesar al capital extranjero para un joint venture, varias empresas tenían interés y se llegó a un acuerdo con Downer Mining/ Autspac Gold para seguir la exploración de áreas seleccionadas y llegar a una factibilidad (DFS) que garantizaría una operación rentable. Paralelamente empezó una campaña de cooperativas, pequeñas unidades artesanales y garimpeiros que pugnaban por operar en el área que para entonces ya tenía un potencial muy interesante. La zona se llenó de dragalinas (balsas con equipo de succión y lavado de gravas mineralizadas). Esto, acompañado del difícil acceso, falta de infraestructura y sobre todo la inestabilidad política que vivió el país, lograron, sin prisa pero sin pausa, abortar el joint venture y pasados los años, la caducidad de las concesiones de la Comibol. El Estado anulando concesiones mineras de la estatal minera. ¿Qué tal? El resto es historia conocida y llegamos al presente, con el vaivén político en el otro extremo y con la minería informal, en algunos casos, ilegal, campeando en toda el área.
Así las cosas no marchan ni lo harán en el futuro. Acabo con una reflexión que hacía en esta columna hace muchos años (22/02/2013): ”el oro es hoy el más estratégico de los metales que produce el país, el control de la cadena de producción y comercialización debería ser una prioridad nacional. Un adecuado fortalecimiento institucional y una clara política sectorial pueden convertir la minería artesanal y/o informal que produce para invisibles reyes chiquitos, en una minería fuerte y moderna que beneficie a la región y al país”.
Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.