Voces

viernes 25 jun 2021 | Actualizado a 01:51

¿Quién controla el oro del noreste?

/ 11 de junio de 2021 / 01:46

Hablar de oro es siempre alucinante y como anotaba en uno de mis escritos el brillo de este metal fue “la primera locura del hombre” (Plinio el Viejo en Naturalis, 79 d.C.), inspiró las más arriesgadas expediciones y es el metal más buscado desde tiempos inmemoriales. Por otra parte, hay un dicho popular que circula entre los exploradores: “el oro no es del que lo busca, sino del que lo encuentra”; siempre hay un halo de misterio en todo lo que se refiere a este metal. ¿Por qué vuelvo a citar estas frases en esta columna? En el país hay un debate sobre los yacimientos aluviales de oro del noreste del país, su manejo arbitrario para decir lo menos, sobre el contrabando, informalidad e ilegalidad que campean en las faenas mineras y en la cadena de comercialización del metal; aspectos que he tocado desde años atrás en esta columna y en otros escritos y como geólogo, desde los albores de la exploración moderna de los años 70 y 80 en la que participé, especialmente aquella de los años 80 cuando como director de Exploraciones de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) dirigí, entre otros, un proyecto de exploración de oro en el noreste que tenía la ayuda del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que se frustró alrededor de 1985 cuando la inestabilidad política instaló en el país un gobierno de tinte “neoliberal” que terminó con éste y con otros programas estatales de exploración minera y abrió el país y la corporación al capital privado nacional y transnacional. Al margen de afinidades políticas o juicios de valor al respecto, la nueva etapa, como todas en el vaivén de políticas contradictorias a lo largo de la historia del país, generó resultados positivos y también negativos, que no son tema de esta columna. Lo que quiero “remarcar” es el efecto negativo de este vaivén, cuando de desarrollar proyectos mineros se trata.

El proyecto aludido determinó varias áreas que podían ser explotadas racionalmente y delimitó en los ríos Madre de Dios y Beni las concesiones San Antonio del Río y Madre de Dios que totalizaban 600.000 hectáreas para la Comibol. En los primeros años 90 se trató de interesar al capital extranjero para un joint venture, varias empresas tenían interés y se llegó a un acuerdo con Downer Mining/ Autspac Gold para seguir la exploración de áreas seleccionadas y llegar a una factibilidad (DFS) que garantizaría una operación rentable. Paralelamente empezó una campaña de cooperativas, pequeñas unidades artesanales y garimpeiros que pugnaban por operar en el área que para entonces ya tenía un potencial muy interesante. La zona se llenó de dragalinas (balsas con equipo de succión y lavado de gravas mineralizadas). Esto, acompañado del difícil acceso, falta de infraestructura y sobre todo la inestabilidad política que vivió el país, lograron, sin prisa pero sin pausa, abortar el joint venture y pasados los años, la caducidad de las concesiones de la Comibol. El Estado anulando concesiones mineras de la estatal minera. ¿Qué tal? El resto es historia conocida y llegamos al presente, con el vaivén político en el otro extremo y con la minería informal, en algunos casos, ilegal, campeando en toda el área.

Así las cosas no marchan ni lo harán en el futuro. Acabo con una reflexión que hacía en esta columna hace muchos años (22/02/2013): ”el oro es hoy el más estratégico de los metales que produce el país, el control de la cadena de producción y comercialización debería ser una prioridad nacional. Un adecuado fortalecimiento institucional y una clara política sectorial pueden convertir la minería artesanal y/o informal que produce para invisibles reyes chiquitos, en una minería fuerte y moderna que beneficie a la región y al país”.

Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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Extracción directa, ¿esperanza para nuestro litio?

/ 14 de mayo de 2021 / 02:16

En los últimos días hubo anuncios sobre los planes del Gobierno para reactivar el sector económico, sobre todo sus componentes de energía y minería, hay mucha retórica y poca esencia en esta clase de anuncios que van desde resucitar elefantes blancos (Mutún, Karachipampa) hasta mostrar un cariz actual al llamar a empresas de ultramar para adjudicarse la extracción directa del litio de las salmueras de nuestros salares empleando tecnología que ya está dejando atrás los métodos tradicionales con los que habíamos soñado desde los años 70 y que estábamos mostrando orgullosos ahora, después de más de medio siglo de intentos y retrocesos al calor de intereses políticos corporativos y regionales. Así se mueven estos negocios y mientras unos pierden décadas en poses políticas, otros hallan soluciones, optimizan métodos de extracción y lideran el desarrollo industrial. El salto tecnológico en este caso es la eliminación de las piscinas de evaporación, de muy alto costo de operación y de muy bajo rendimiento temporal. En este momento hay dos métodos que se disputan el mercado.

El primero es de la estadounidense Lilac Solutions Inc., empresa de investigación con referentes en Silicon Valley que desarrolló el método Extracción Directa por Cambio Iónico, la planta piloto puede producir en tres horas de funcionamiento un tonelaje de cloruro de litio con una pureza de 50-60.000 ppm para alimentar plantas de carbonato y/o hidróxido, que debían esperar con el método tradicional hasta 24 meses para tener esa cantidad de alimentación. Lilac hizo el trabajo para la estadounidense Lake Resources con muestras de salmueras de su proyecto estrella en Argentina, Laguna Cachi, actualmente con estudios de prefactibilidad (PFS) concluidos y esperando la puesta en marcha durante la presente gestión de la fase industrial del proyecto.

El segundo es un proyecto de litio del Grupo Errazuriz (GE) en el Salar de Maricunga, en el norte chileno, llamado Litio Verde; se instaló la Planta Piloto-Sociedad Contractual Minera Copiapó (SCM. Copiapó), que usará tecnología de recuperación molecular (MRT) que minimiza el uso de agua y el impacto de residuos al medio ambiente a mínimos impensables hace una década.

Al margen de lo nuevo hay cuatro proyectos tradicionales de litio en salares argentinos y dos en salares chilenos del Triángulo del Litio, activos y en carrera (PFS o DFS); destaca Olaróz-Cauchari, que ya tiene Factibilidad (DFS) concluida con el operador Lithium Americas LAC (50% Ganfeng, 50% Minera Exar). Argentina tiene un total de 63 proyectos en su territorio contando los menos desarrollados y algunos recientes de litio en roca dura (según la Jefatura de Gabinete de la Nación). Mucha actividad que busca tener la mayor cantidad de oferta de sales de litio grado batería para el “boom” de transición energética prevista para 2025-2030.

La carrera para ser parte de los negocios futuros depende de emprendedores que hagan bien su trabajo. Llegar a estos niveles tecnológicos y de desarrollo lleva muchos años y así será en el caso nuestro que comentamos como intención gubernamental; no sé si las contradicciones políticas dejaran actuar esta vez, que puede ser la última tabla de salvación de un proyecto que iba camino a ser otro elefante blanco. El pilotaje en el caso de Bolivia debiera ser precedido de una auditoría de los niveles de desarrollo estructural y técnico del proyecto en Uyuni y de la planta de baterías de La Palca, para establecer niveles de inversión, deudas, costo financiero que se está acumulando en el emprendimiento y partes de la estructura que podrían ser útiles. Como comento frecuentemente en esta columna, soñar no cuesta nada, hacer proyectos es una tarea muy seria con muy poco margen de error, donde aprovechar una coyuntura, como ésta, puede tener mucho valor para la concreción de un proyecto.

Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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Minería con ‘camisa de fuerza’ (II)

/ 16 de abril de 2021 / 01:50

Siguiendo con el tema, un aspecto primordial es la estructura del sector minero y las opciones que un inversor encuentra cuando quiere generar un nuevo proyecto minero y, sobre todo, cuán complicado es en un país como Bolivia. Como se adelantó, la filosofía de la Ley 535 es empoderar al Estado, ser permisivos con el sector minero artesanal cooperativo y dejar un rol secundario a la iniciativa privada que debe aceptar las reglas o perecer en el intento. El sector estatal, controlado por el Ministerio de Minería y Metalurgia, tiene un brazo legal para la problemática de derechos mineros (AJAM); un brazo operativo (Comibol) que ahora controla las minas: Huanuni, Colquiri, Corocoro, las metalúrgicas Vinto y Karachipampa, que cedió el control del Proyecto Siderúrgico Mutún y del Complejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (CIRESU) por presiones políticas y regionales, para dar nacimiento a las autárquicas Empresa Siderúrgica del Mutún y Yacimientos de Litio Bolivianos (ESM y YLB). Tiene algunos proyectos en línea, entre los que destacan Amayapampa y Mallku Khota, emprendimientos privados revertidos al Estado por razones ampliamente conocidas. El sector tiene un brazo de servicios con el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeomin), el Servicio Nacional de Registro de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) y el Centro de Investigación Minero Metalúrgica (CIMM); también un brazo financiero con los fondos Faremin y Fofin de ayuda a la minería chica y cooperativa. (Detalles en Título II, Cap. I, Arts. 36 y siguientes de la Ley 535, ley de creación de YLB de abril de 2017, ley que refrenda la creación de la Empresa Siderúrgica del Mutún de 24 de noviembre de 2007 y otras normas de detalle).

La estructura es claramente ortodoxa y era obvio que fuera así por los designios de la nacionalización de 1952 que pretendía un sector estatal “omnipotente”, la destrucción de los oligarcas de la plata del siglo XIX y de los Barones del Estaño del siglo XX no fue así, con breves interregnos la tendencia mundial hacia una globalización de la industria, se impuso y se impone frente a esquemas “progresistas”. De esta forma, querer hacer negocios en Bolivia es retornar en el tiempo y las dificultades serán muchas.

La estructura tiene instituciones especializadas en cada etapa del negocio minero pero, ¿funcionan? Sergeomin por ejemplo, tiene entre sus atribuciones destacadas, elaborar la Carta Geológica y un portafolio de proyectos y prospectos mineros para promocionar el potencial minero del país (Art. 80 de la Ley 535) ¿Cómo lo hará con los esmirriados ingresos con que trabaja y donde la coparticipación del 10% del 85% de la Regalía Minera (RM), asignada a los gobiernos departamentales productores, es el ingreso principal? (Art. 229 de la Ley 535). En los últimos años el nivel de la RM en Potosí, principal productor, fue de aproximadamente Bs 600 millones al año, con lo que la participación de Sergeomin sería de Bs 51 millones/año y debe gastarse necesariamente en proyectos mineros en el departamento. Obviamente la suerte de los departamentos con menor participación de la RM sería decepcionante. Exploración se hace con dinero, con aproximadamente $us 7 millones/año en el mejor de los casos para un solo proyecto, normalmente son más; solo se llegaría a evaluaciones preliminares de áreas potenciales y lo que la industria quiere para invertir son proyectos mineros con PEA (Preliminary Economic Assessment por sus siglas en inglés) concluido, o el proyecto se vuelve eterno, como ya ocurrió anteriormente.

Soluciones hay muchas, volveremos a tocar en el futuro estos aspectos que hacen a la “camisa de fuerza” con que los mineros se encuentran cuando deciden invertir en minería en el país.

 Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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Minería con ‘camisa de fuerza’

/ 19 de marzo de 2021 / 07:15

Hace muchísimo tiempo, aun antes de la promulgación de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, había usado ya el término “camisa de fuerza” para referirme a la disfuncionalidad de algunas de las normas insertas en esta ley, que a esta altura de los acontecimientos ya es evidente. Los detalles al respecto pueden ser analizados en varias de mis columnas recopiladas en mi libro De Oro, Plata y Estaño, Ensayos sobre la minería nacional (Plural Editores, 2014 y 2017, La Paz Bolivia). Lo que quiero hoy, aprovechando que está en marcha una “Cumbre” del sector minero, es puntualizar algunos de los aspectos generales de esta atípica situación que los operadores mineros deben enfrentar en su intento de generar producción minera competitiva a nivel regional y global. Lo de la hermenéutica de la “Cumbre” es otra historia, que comentaré en otra oportunidad.

1) El sistema de concesiones ha sido anulado por la Ley 535 de 28 de mayo de 2014, ahora hay “contratos” con el Estado (administrativos y de asociación, Arts. 131 al 150) o licencias para explorar, explotar, beneficiar, comercializar, etc. (Arts. 154- 184). Un operador privado nacional y/o extranjero que tenía un “Derecho Minero Real” con la Ley 1777 (Art. 4), con la nueva Ley 535 pasa a ser “operador” del Estado, al estilo de los contratos de operación en el sector de hidrocarburos.

2) Cualquier operador que quiera ingresar a un área minera controlada por el Estado (áreas de empresas nacionalizadas, minas en operación, áreas de reserva fiscal o áreas exclusivas) debe firmar un contrato con el Estado a través de la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera), y con la Corporación Minera de Bolivia que fue creada entre otras cosas para representar al Estado en éste y en todos los aspectos inherentes a la actividad minera en el territorio nacional. El operador deberá cumplir entre otras cosas, con la Función Económica Social, Interés Económico Social, coparticipación económica con los pueblos indígena originario campesinos (Arts. 17 al 19) y en caso de éxito deberá coparticipar con el Estado el 55% de las utilidades (Art. 148-I).

3) Para llegar a este punto, el operador debió generar una inversión previa para desarrollar el proyecto minero, que en el caso que nos ocupa no podía/puede ser a través de un banco o una bolsa de valores (que es lo habitual) porque la ley prohíbe la anotación de derechos mineros, recursos o reservas, como garantía de financiamiento (Art. 98 I, II y III).

Sobre estos tres primeros puntos que analizo, ¿cuál es la primera impresión que cualquier inversionista puede tener del ambiente de negocios del país? Es obvio que la inédita combinación de ausencia de concesión minera, contratos con muchas cláusulas con derechos de los pueblos y comunidades que se traducen al final del día en costos adicionales, prohibición de anotar derechos mineros con fines de financiamiento y en áreas fiscales la participación mínima del Estado de 55% de las utilidades, forman un coctel muy difícil de asimilar si se toma en cuenta que, la carga impositiva o Government take del país es una de las más altas del continente: alrededor del 80% de la utilidad operativa y 41% del valor bruto de venta, para el caso de un contrato de asociación con el Estado.

Los resultados de la legislación vigente saltan a la vista, en más de una década se puede contar con los dedos de una mano las audaces empresas que han llegado al país con intención de invertir en proyectos mineros y que lo hayan logrado. Ahora bien, el país es soberano en sus decisiones pero, ya va siendo tiempo de definir si la minería de cánones actuales tendrá cabida en el país, que de “país minero” solo tiene el título. CONTINUARÁ.

 Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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Estaño, metal del diablo

/ 19 de febrero de 2021 / 00:35

Siguiendo la temática de mi columna anterior sobre las perspectivas de la minería boliviana tocaré un tema de coyuntura que tiene que ver con lo que podemos esperar en el futuro cercano. Hace algunos días una publicación de la International Tin Association (ITA) daba cuenta que en 2020, Bolivia dejó de estar entre los Top 10 productores de estaño metálico del mundo; puede sonar baladí por las características colaterales que vivió el mundo, pero para los bolivianos hablar de estaño es hablar de la “Provincia Estannífera” más importante (Tin Belt en el léxico especializado), de la epopeya de Simón I. Patiño que colocó a Bolivia, Llallagua y a la mina Siglo XX en la cúspide de los negocios mineros globales. Es también hablar de la larga y dolorosa historia que precedió a la nacionalización de las minas y de la concreción de la primera fundidora de estaño en el país en Vinto (Oruro), en 1971, de su historia de avances y retrocesos y de una frustración muy grande al ver los límites a los que la minería nacional está llegando. ¿Qué está pasando en el país?

Las causas de la baja performance de la fundidora estatal son parte de una crisis estructural del sector minero que no encuentra el norte de lo que como país queremos hacer, vivimos pendularmente arrimados a políticas nacionalistas unas veces y liberales otras, y en cada caso hay repunte de la minería estatal o de la privada alternativamente, dependiendo además del mercado externo y sus precios de materias primas. La fundidora estatal ha tenido dos picos importantes de producción, uno en 1981 y otro en 1994, en ambos casos se llegó a la capacidad máxima de producción (20.000 toneladas de estaño metálico); en el primer caso alentados por la subida de precios (más de $us 6/lb fina) y en el segundo por la apertura al capital privado (Joint Venture) que permitió un considerable aumento de la producción de estaño de minas de la Comibol y también de empresas privadas. En años recientes la producción fue de aproximadamente 12.000 t/año pese a los planes de ampliación de la capacidad productiva con la instalación del Horno Ausmelt (Datos Empresa Metalúrgica Vinto). La fundición de estaño concebida como un revolucionario intento para añadir valor a nuestras exportaciones, en medio siglo de existencia demostró que el remedio a nuestros males no va por ese camino. ¿Por qué?

Como reitero en mis escritos, la minería es un negocio global, debemos definir si nos insertamos a la globalidad o si no queremos hacerlo —como parece—; si seguimos con los paradigmas de los años 40, nos seguirá yendo como en la guerra, para usar una frase popular. Por eso fue importante lo hecho por Simón I. Patiño en los primeros años del siglo XX al lograr integrar sus minas al circuito mundial con operaciones mineras en Indonesia, Malasia, Australia, Europa y Estados Unidos, y entrar al circuito financiero manejado por Nueva York y Londres. Esto que pareciera un cuento capitalista clásico permitió crear una economía de escala con la Patiño Mines & Enterprises Consolidated Inc., con sede en Delaware y directorio en Nueva York. Esa transnacional soportó las desventajas de sus intereses en Bolivia y se proyectó a nivel mundial. Cuando en 1952 se nacionalizan las minas se rompe esta estructura y el país queda con las minas de Patiño, pero no con su imperio (D. Garzón, 2014 y 2017, De oro, plata y estaño, Plural Editores, La Paz Bolivia, pp. 46 y siguientes).

Así nos fue con el estaño, también con la plata, nos está yendo con el oro y seguramente nos irá con el litio, el potasio, el hierro, etc., si no cambiamos de chip, dejamos el lamento boliviano que tanto daño nos hace y actuamos en consecuencia.

  Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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Minería 2021, ¿mirándonos el ombligo?

/ 22 de enero de 2021 / 01:27

Empieza un nuevo año, dejamos atrás otro que fue para el olvido; siempre hay buenos deseos pero es vital el análisis frío para tener un panorama real de lo que puede ser el sector minero en este 2021 y a futuro. Estamos hablando del sector que fue el generador del 47,4% del valor de las exportaciones en 2019 y del 39,89% a noviembre de 2020, pese a la pandemia y considerando solo exportaciones de zinc, plata, oro y estaño (INE, Comex enero-diciembre 2018 y 2019 y Boletín Sectorial No. 1/21). El sector está actualmente, y casi siempre estuvo, en una crisis estructural que no augura buenas noticias en el corto y mediano plazo si no se toman medidas a la altura de la emergencia.

Es interesante analizar el comportamiento del Índice General de la Actividad Económica (IGAE) del sector durante el año de pandemia; en los primeros meses y hasta mayo bajó a un mínimo de contracción de -41,57%, de junio a octubre con reactivación parcial y paulatina de labores, el IGAE se recuperó a -33,25%, cifra que tendría muy poca variación al cierre de 2020. Esto muestra la poca capacidad de reacción del sector a la crisis, reacción apalancada por el comportamiento del sector aurífero, controlado por la minería artesanal y cooperativa, cuya actividad tuvo muy poca variación a lo largo de la gestión por sus características de informalidad. El valor de las exportaciones de oro de este sector, que fue de $us 174 millones en enero, cerró en octubre en $us 141 millones, cifras que concuerdan con el promedio mensual de 2019, que fue de $us 144,5 millones. ¿Qué se puede concluir de estas cifras? 1) Con la reducida reacción del IGAE en periodos de crisis, cualquier variación del mercado y/o de factores colaterales no previstos, desencadenara caídas muy altas en productividad, valor de la producción, exportaciones y en el excedente minero en general. 2) El alto grado de informalidad del sector, si bien resuelve parcialmente el problema de desempleo y disfraza la crisis, acentúa la caída de recaudaciones para el Estado. 3) La falta de un portafolio de proyectos nuevos, que se acentúa con el paso del tiempo, permite avizorar que la crisis sectorial nos acompañará por muchos años. Se promete reactivar viejos proyectos (elefantes blancos en algunos casos) como el Mutún, Karachipampa, el litio, etc., pero no se sabe si son proyectos rentables que generarán riqueza o si son fanfarrias políticas para disfrazar una realidad lacerante.

Hace más de un año y en esta columna apuntaba sobre el tema: “casi no tenemos petróleo, el gas parece que se acaba, la minería también, las minas importantes ya están en periodos de cierre o de pre-cierre, sobrevive la minería informal y en muchos casos ilegal, nuestros proyectos industriales están parados, son elefantes blancos o se mueven a paso de tortuga, el contrabando y el blanqueo de capitales es cada vez más frecuente, el empleo es informal o del aparato estatal, la iniciativa privada está muy restringida por la inseguridad jurídica y … un largo etc.” (Tiempo de definiciones, 20.12.2019). Así las cosas, nada cambió hasta hoy, seguimos mirándonos el ombligo como decimos en estos casos, ufanándonos de tener el salar más grande, uno de los mayores depósitos de hierro o la provincia estannífera más grande, del planeta; soñando grandezas y concretando casi nada. Si no generamos un importante portafolio de proyectos en el menor tiempo posible, el futuro del sector se ve muy negro. Sin cambiar la Ley sectorial 535, la CPE en los capítulos pertinentes y otras normas menores específicas, esto no sucederá, la apertura a capitales privados para exploración es vital; el Estado no puede hacerlo todo, ya se demostró en los años precedentes.    

Dionisio j. Garzón m. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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