Voces

miércoles 28 jul 2021 | Actualizado a 11:55

Avalancha de noticias

/ 14 de junio de 2021 / 01:48

La pasada semana ha sido movida como muy pocas en materia informativa. Quienes estuvimos medianamente pendientes de las noticias vimos la agenda informativa cada vez más caliente a medida que pasaban los días, como una serie dramática con un vuelco de trama casi diario. El tema del año —el COVID- 19— entró a la agenda noticiosa desde el punto de vista de las vacunas y de la escasez de medicamentos. El hashtag #Liberen- LasVacunas se hizo consigna en las redes sociales, como si alguien en la plaza Murillo estuviera conteniendo la llegada de vacunas.

El tema fue gradualmente puesto en agenda desde hace varias semanas, pero no tuvo mayor repercusión mientras los cincuentones —asustados por redes sociales, creencias religiosas y desinformadores de toda calaña— dudaban de ir a recibir su pinchazo en los centros de vacunación masiva. Cuando éstos se abrieron a los siguientes tramos de edad, la asistencia fue caudalosa y las dosis empezaron a escasear. El Gobierno ha anunciado la llegada de grandes cantidades de dosis de las vacunas que se están aplicando en el país; por ejemplo, nos indican que para la próxima semana contaremos con un millón de vacunas Sinopharm.

Mientras tanto, los impulsores del #LiberenLasVacunas insistieron en notas epistolares, campañas en redes y otras expresiones mediáticas para que desde la plaza Murillo se dé vía libre a los gobiernos subnacionales para la compra directa de vacunas. El Ministerio de Salud logró responder a la situación y, al momento del cierre de esta columna, ya fue firmado un acuerdo con los gobiernos municipales para implementar un mecanismo de adquisición de vacunas contra el COVID- 19.

Pero mucho antes de que se resuelva el tema de las vacunas para el municipio, los medios nos anoticiaron —con lujo de detalles y con tomas desde todos los ángulos posibles— del bochornoso pugilato en la Asamblea Legislativa, el día de la interpelación al Ministro de Gobierno. El tema, que pudo haberse resuelto sin pasar de las habituales expresiones histriónicas a las que nos tienen acostumbrados nuestros asambleístas, se convirtió en un pretexto para armar un ring de enfrentamiento de “golpe vs. fraude”, reflejando y profundizando un ambiente de polarización en la población boliviana que se refleja incluso en los comentarios de las redes sociales luego del empate (con sabor a victoria, dirán los de siempre) de la selección nacional contra Chile.

Pero, llegando el fin de semana, las declaraciones de Jeanine Áñez en la Fiscalía pusieron sordina a todo lo que los medios nos mostraron hasta entonces. Como ya Ud., amable lectora, amable lector conoce, Áñez indicó que Carlos Mesa se opuso a que Adriana Salvatierra asuma la presidencia luego de que Evo Morales renunciara en noviembre de 2019. 

A partir de esta noticia, se me ocurren dos escenarios en el campo de la opinión pública: el primero, que se resquebraje la legitimidad de algunos de los protagonistas de los sucesos que dieron lugar al ascenso de Áñez a la presidencia. Con esto, una proporción de la gente de clase media que apoyó con entusiasmo el movimiento “pitita” se quedará sin referente político. Esto podría atenuar —pero no eliminar— el clima de polarización.

Un segundo escenario se daría en caso de que los simpatizantes de Mesa fortalezcan un bloque en defensa de su líder, de manera que el caso Mesa sería un pretexto para profundizar la polarización ya existente.

La avalancha de sucesos que los medios nos mostraron esta semana contribuye a la polarización y este es un tema que deberá ser gestionado en algún momento. La polarización promueve que entren en el debate público temas que en una emergencia no se debaten, se coordinan; por ejemplo, la compra de vacunas. La polarización distrae los recursos comunicacionales y la atención de la población sobre los mensajes que en este momento debería recibir la población acerca del cuidado personal, la aplicación de medidas de protección, distancia social, etc. — para bajar la tasa de contagios. Finalmente, la polarización atrae a su amiga íntima, la ingobernabilidad: la polarización nos puede llevar a decidir si acatamos o no a la autoridad sin ningún otro parámetro que el de nuestra posición política.

Pablo Rossell Arce es economista.

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Paz social y recuperación económica

/ 26 de julio de 2021 / 00:52

Es —relativamente— poco común hacer explícita la relación entre paz social y economía. Nocionalmente, quienes nos dedicamos a pensar la sociedad, la política y la economía —ya más profesionalmente, ya en charlas de café con nuestras amistades— solemos tender esporádicas líneas de vinculación, percibiendo algo más allá, pero las novedades del análisis de la relación entre economía y política resaltan por su escasez.

Para tener una idea del grado de conflictividad de un sector o una región, un primer dato importante es conocer qué tipo de demandas va a tener un sector y qué capacidad de movilización puede tener. Por ejemplo, si se movilizan los cooperativistas mineros, el tipo de demanda tradicional será referido a la presión tributaria que ellos reciben. Y sabemos que en ese caso, la ciudad de La Paz recibirá enormes cantidades de visitantes munidos de dinamita.

Si, por otro lado, son los profesores quienes sienten que el Gobierno “les mete la mano al bolsillo”, las marchas masivas, persistentes y de largo aliento se apoderan de las calles. Los transportistas pelean centavo a centavo bloqueando esquinas con sus motorizados.

Comerciantes gremiales tienen mucha mayor capacidad de movilización que los pequeños productores urbanos y entran en conflicto con las autoridades municipales. Los microproductores prefieren estar fuera de la vista del Estado y aparecen poco en público. Pero cuando la cosa aprieta, como en la crisis del microcrédito a inicios de los 2000, salen todos.

Menos evidente es el tipo de pelea/resistencia que tendrán, por ejemplo, los conciudadanos y conciudadanas de clase media en un contexto de crisis. Y, si bien su capacidad de movilización es escasa, tienen capacidad de propagar agenda pública y sentidos comunes que, en tiempos de crisis, se convierten en consignas de pesimismo. Luego de la consigna (está todo mal), viene la búsqueda de culpables.

Aunque el país continúa resintiendo los efectos económicos y sociales de la pandemia, mal que bien estamos sintiendo alguna recuperación; los pequeños negocios que no vendían absolutamente nada hace un año, mientras estábamos en cuarentena “dura”, ahora tienen la opción de activarse; albañiles, transportistas y gremiales ahora circulan y retoman su actividad, aunque con niveles de dinamismo aún muy tenues.

Adicionalmente, en términos macro, el país ha llegado a un equilibrio —a regañadientes— de las fuerzas políticas: el MAS ha impuesto su mayoría a nivel nacional y las oposiciones se han hecho fuertes en las capitales del eje troncal y han copado varias gobernaciones. Todos sienten que tienen un pedazo del poder y las voces que querían incendiar al tribunal electoral (con su presidente dentro), en el momento de la victoria del MAS, se quedaron sin agenda.

La estridencia de la pelea en los medios de comunicación entre los políticos profesionales y sus consignas partidarias, a veces nos hace olvidar que “la calle” está tranquila. La gente está ocupada en recuperar su situación económica y las energías no dan para que se movilicen por cuestiones ético/políticas.

Entonces la conflictividad se acota a los espacios regionales y sectoriales: el tema del censo, que hace pocas semanas parecía tener potencial de crecimiento, con la posibilidad de que varias regiones converjan y se levanten (siempre por las implicaciones financieras del asunto) ha sido desactivado con el anuncio de su realización para fines de 2022. En el muy corto plazo queda en agenda el conflicto por tierras (o por la renta de éstas) en Santa Cruz y —de manera mucho más tenue— la discusión sobre la fecha de llegada de las segundas dosis de la Sputnik V.

Potosí y Oruro creen que están peleando por un conflicto de límites e impuestos municipales, pero aquellos que quemaron el hotel no afectaron al municipio vecino, sino a cualquier esbozo de proyección de turismo medianamente seria para nuestro país.

Estamos en un momento de baja intensidad de conflictos y si son bien manejados, pueden convertirse en una victoria política para el Gobierno. Pero como vimos en el salar, una vuelta inesperada puede tener consecuencias más serias.

Pablo Rossell Arce es economista.

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La danza de las fotocopias

/ 12 de julio de 2021 / 01:47

Mi amigo Mario, quien tiene una larga trayectoria de indagación sobre el avance digital en Bolivia, plantea en su cuenta de Twitter un problema serio, que podría resolverse con el uso del humilde y nunca bien ponderado correo electrónico.

Resulta que mi amigo Mario hace un reclamo a una telefónica mediante correo electrónico en primera instancia (la oficina Odeco de la telefónica) y no tiene solución satisfactoria. Quiere hacer su reclamo en segunda instancia —también mediante correo electrónico—, pero la ATT se lo impide: ellos solo se comunican vía correo electrónico con las telefónicas, no con los usuarios. Luego de varias gestiones y reclamos, la ATT “excepcionalmente” le permite que su trámite de segunda instancia sea aceptado por correo electrónico. Pero fíjense que para que su trámite sea aceptado, Mario tiene que imprimir el correo electrónico que envió para solicitar hacer el trámite vía correo electrónico (así como suena), firmarlo y presentarlo físicamente en las oficinas de la ATT.

Otro tuitero, que vive en el interior, está impedido de obtener seguro médico debido a que está activo en la CNS desde que lo registró su anterior empleadora, una empresa que ya no existe más. La burocracia le exige que venga a La Paz para hacer el trámite personalmente. Entre los comentarios, uno le responde que seguramente en la CNS le van a pedir el trámite de baja de su empresa (que ya no existe más), con documentación de la renuncia, sello de recepción y registro en la regional. Esto último no lo he comprobado, pero sospecho que puede ser cierto.

La mañana antes de escribir esta columna, fui a recibir mi segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Llegué con varias semanas de retraso debido a que en el ínterin me contagié y —felizmente— me recuperé del COVID-19. En el centro donde me atendieron (espléndidamente bien) para la primera dosis, me indican que para los casos en los que uno se atrasa, debe ir a la oficina central del Sedes a pedir instrucciones sobre qué hacer.

Voy al Sedes, me dicen que tengo que buscar a “la licenciada” que da la autorización. Encuentro la oficina de “la licenciada”. Me solicitan tres fotocopias (¡tres!) de mi CI, tres fotocopias (otras tres) de mi certificado de vacunación de primera dosis, y que vuelva para la autorización respectiva.

Llevo todo lo que me piden y me ponen —en las seis fotocopias— un sello con una firma autorizada. Me envían a un centro de vacunación. En el centro de vacunación, le explico mi caso a un amable señor de gorra, barbijo y mandil, que está en la puerta controlando el ingreso. Consulta con sus superiores, me pide —otra vez— fotocopia de mi CI y certificado de vacunación. Con su mejor voluntad para facilitarme la vida, me da acceso al lugar de espera para control de mis signos vitales.

Ya midiéndome la presión, la señorita encargada vuelve a consultar a los superiores si corresponde que me vacunen. Le dicen (por segunda vez) que sí. Toca el registro informático. El joven que me atiende vuelve a pedir autorización a sus superiores y le dicen que sí (por tercera vez). Me vacunan luego de 4 horas de trámites, 4 fotocopias de CI, 4 fotocopias de mi certificado de vacunación, y luego de advertirles de que no salgo sin mi vacuna.

Estamos ya entrando al siglo 21. La tecnología que permite ver tu nombre en una base de datos centralizada, conocer la fecha en que cumpliste con un requisito X —presentación de una queja Odeco, renuncia a tu pega, primera dosis de tu vacuna, o lo que ustedes digan— existe desde hace ya décadas, lo mismo que la tecnología que permite que esos datos viajen por cable, fibra óptica u ondas de radio.

En términos prácticos, para hacer un trámite de reclamo vía correo electrónico, necesitas que todos los involucrados tengan una cuenta de correo electrónico. Para presentar tu documentación en tu ciudad de origen, necesitas una oficina en tu ciudad de origen, conectada por internet con la oficina nacional. Para ver si te corresponde la segunda dosis de tu vacuna, tienes ya un registro en una base de datos que indica tu número de CI y la fecha de tu primera dosis. Pero en Bolivia, toledanamente —como diría otro amigo— nos siguen exigiendo el papel, la fotocopia del CI, la firma, el sello, la presencia física.

¿A quién beneficia nuestra cultura de trámites, fotocopias, cartas impresas, el sello con firma? Primero, a los dueños de las fotocopiadoras. Segundo, a los “tramitadores” de oficio. Tercero, a los “guardafila”, que te guardan tu puesto en la fila si esta es demasiado larga. Cuarto —y más peligroso— a quienes te piden coima para agilizar tu trámite. Porque saben que tienes las horas de permiso laboral contadas, porque no puedes quedarte en La Paz esperando por el sello y la firma durante dos semanas, porque te cansas.

Como anécdota final, les cuento que logré que me vacunen siendo un habitante urbano, con educación superior y con persistencia. Porque la doctora que me midió la presión me informó que a una señora que vino de Achocalla, con mi misma situación, le negaron la vacuna. Más allá de la anécdota, más allá de la economía de la intermediación como modelo de negocio y más acá del racismo y la discriminación, la digitalización de los trámites es una cuestión de ciudadanía. Y de igualdad.

Pablo Rossell Arce es economista.

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La Bolivia de los dos espejos

/ 28 de junio de 2021 / 00:37

Este año parecen intensificarse dos estados de ánimo en el país. Dos imágenes, diríamos, de pensamiento y emoción, como si se reflejaran en dos espejos con colores y curvaturas distintas. Esto es una muestra de que la elección de 2020 resolvió el tema de quién gobierna en el país, pero no necesariamente eso significa una mirada común sobre el futuro.

Por un lado, tenemos la imagen de la política, de la construcción de dos narrativas épicas: “Golpe vs. Fraude”. Dos frentes que se extrapolan en la discusión callejera, a lo rural vs. lo urbano, a lo colla vs. lo camba, y que se expresan en las redes sociales en discusiones que nada tienen que ver con nada, como cuando un cruceño explota en Facebook contra los que atacan a nuestro admirable Carlos Lampe, con el argumento de que es el odio de los collas que tienen envidia del jugador.

O como cuando puse un post en Twitter, opinando que las organizaciones sociales podrían jugar un rol más activo para combatir la desinformación sobre la vacuna… y salido de la nada, un energúmeno en busca de una oportunidad, me respondió a carajazos en contra del Gobierno. Era un troll con 30 seguidores.

Esta imagen tiene como principal impulso, la interpretación de la realidad que se refleja en titulares de prensa alarmistas: “no hay vacunas”, cuando éstas tardan en llegar; si llegan las vacunas, “no hay oxígeno”; si tenemos oxígeno, el problema son las declaraciones de Evo Morales y así, en una espiral sin visos de acabar.

La más reciente encuesta Delphi de la Fundación Friedrich Ebert (FES) refleja esta sensación de polarización: un 32% de los participantes están “muy de acuerdo” en sancionar a los responsables del fraude de 2019, mientras que un 21% de la muestra indica estar “muy de acuerdo” con sancionar a los responsables del golpe de Estado de ese mismo año. Un 60% de los participantes afirma que Bolivia está muy polarizada, pero que podemos resolver nuestros problemas pacíficamente.

Por otro lado, está la imagen de las preocupaciones domésticas, de la familia, la imagen de la cotidianeidad de la gente. Algunos dirían la imagen de “las cosas pequeñas”. Esta segunda imagen está alimentada por la recesión económica, el desempleo y la caída de los ingresos.

La encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) nos ilustra esta preocupación: un 22% de la gente encuestada indica que el principal problema del país es la economía y el empleo, y un 24% indica que el problema es la corrupción. Pero cuando llega la pregunta sobre las aspiraciones personales, la gente quiere encontrar un mejor empleo (30%) —sospecho que un lugar donde le paguen mejor—; quienes no tienen confianza en el trabajo asalariado quieren invertir en un negocio propio (15%) y también están quienes quieren librarse de sus deudas (14%). Es decir que prácticamente dos tercios de la gente quiere resolver su situación económica personal y familiar.

¿Hasta qué punto coexisten estas dos imágenes en la cabeza de la gente? Solo tengo conjeturas. Sospecho que es muy poca gente la que está verdaderamente convencida de que su situación económica personal depende de quién esté al mando o de quién queda en pie luego de la batalla política, máxime cuando la gran mayoría de la población (casi 69%, según el Celag) tiene una mala imagen del Órgano Judicial.

También sospecho que la imagen de las preocupaciones domésticas puede tener una importancia cada vez mayor para el clima de percepción política del país, especialmente la percepción de la gestión de gobierno: la gente no encuentra motivos para movilizarse si está satisfecha con su trabajo, con su ingreso y confía en cumplir sus aspiraciones personales y familiares.

Por muy polarizada que esté la sociedad, en el fondo lo que quiere es superar el atolladero económico. Y, por mucho que la pelea en redes necesite una chispa imaginaria para pelear sobre lo político, lo que desea la mayor parte de la gente es que a la actual gestión de gobierno le vaya bien con la reactivación económica: el 51% de la gente cree que el presidente Arce podrá mejorar la economía del país. Ese dato no es fijo, depende de los resultados concretos.

A la larga, incluso a pesar de la permanencia de un proceso de polarización, típico de la intensidad emocional que es como un signo de esta época —y no solo para los bolivianos—, el éxito en la gestión económica —y sanitaria, añado yo— puede significar el éxito político en el mediano plazo.

Pablo Rossell Arce es economista.

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COVID-19: seis noticias y una batalla

/ 31 de mayo de 2021 / 02:22

Uno. Luego de varias semanas de incertidumbre, la vacunación masiva comenzó, aunque con muy poca afluencia de los llamados Gen-X. Soy suficientemente mayor como para ser fan de Iron Maiden y, por lo tanto, fui rápidamente a Cota Cota al punto de vacunación. No puedo expresar la emoción que sentí al ingresar al campus y detallar la enorme calidad profesional y humana del equipo a cargo de todo el proceso; la fila fue corta, la atención impecable y todo el tiempo que pasé ahí tuve la sensación de la acción de una política de salud que funciona.

Lamentablemente, una serie de prejuicios — religiosos y de otra índole— hacen que mis contemporáneos y contemporáneas presten demasiada atención a teorías conspiranoicas de You- Tube y de WhatsApp. La esperanza —me dije— está en las generaciones más jóvenes. De hecho, debido a la escasa afluencia de gente, uno de los puntos de vacunación habilitó a menores de 50 años y fue una bomba… que duró un par de horas, porque los guardianes de las normas fueron más celosos con los horarios y los cronogramas, que con las dosis que caducan en cuestión de horas. Felizmente, hace unos días las autoridades decidieron habilitar a la Sub-50 para la vacunación masiva y la buena noticia es que ya tenemos más de un millón de primeras dosis y más de 300.000 segundas dosis ya aplicadas.

Dos. Pero la realidad no da respiro, y por cada buena noticia, tenemos al menos dos malas. Además de las ya temibles variantes sudafricana, india y brasileña, tenemos la amenaza del misterioso hongo negro, detectado inicialmente en la India, que está afectando y poniendo en riesgo la vida de los sobrevivientes del COVID- 19. Lamentablemente parece que el hongo llegó a Sudamérica. Solo queda confiar en que tengamos criterio suficiente como para contener este problema más.

Tres. Ya vamos en la tercera ola de la pandemia en nuestro país. Evidentemente, los esfuerzos de vacunación están ahí, pero la velocidad de contagio en las últimas semanas ha escalado exponencialmente, los últimos datos al momento de escribir esta columna nos situaban en más de 3.000 contagios diarios. Lamentablemente los datos de ocupación de UTI y de disponibilidad de camas no están disponibles, pues nos darían una panorámica más completa de la situación real y obligarían a las autoridades sectoriales a dar respuestas más completas en términos de comunicación pública.

Cuatro. La respuesta de algunas autoridades subnacionales no se dejó esperar y en estos momentos tenemos al menos cinco regiones que están imponiendo nuevamente restricciones a la circulación, incluyendo encapsulamientos los fines de semana. A pesar del desorden al que estamos habituados, como por ejemplo, las aglomeraciones de población en el transporte público al filo de la hora de la restricción, la imposición de horarios puede ser eficaz no tanto porque el virus tenga horarios, sino porque la gente sí.

Cinco. De manera que los bien comportados ciudadanos que de día usan barbijo, se lavan las manos y toman distancia social, en la noche se convierten en felices parroquianos de bares y alegres convidados de reuniones y ágapes privados. Luego del tercer trago (y para algunos, ya en el segundo) el alcohol ya hace su efecto y se desinhiben las convenciones sociales, la distancia y el contacto personal tiene rienda suelta. Personalmente, yo atribuyo a esta causa el motivo por el cual en esta tercera ola la mayor parte de la gente que se interna es joven.

Seis. Entonces vienen las restricciones que, por su propia naturaleza, interrumpen el circuito económico (no solo el del trago) y además, son impopulares. No hay forma de competir con la diversión de los tragos. No en Bolivia. Pero lamentablemente, parte del problema está en manos de la población.

La batalla inmediata… es la batalla de los medicamentos esenciales. Sabemos que la cadena de abastecimiento es compleja y que en nuestro país —cual debe ser— los actores de cada eslabón están obligados a cumplir regulaciones. El problema del desabastecimiento y la especulación de precios con los medicamentos esenciales contra el COVID-19 son un problema social ahora y se pueden convertir en un problema político. Todo está en los tiempos de reacción.

Pablo Rossell Arce es economista.

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Desarrollo productivo

/ 17 de mayo de 2021 / 00:54

¿Acaso hay un desarrollo que sea improductivo? Me puede cuestionar cualquiera. Evidentemente no, cualquier tipo de desarrollo que quiera ostentar tal denominación, debería ser productivo. Si no, no es desarrollo y punto.

En mi muy particular interpretación, basada en mis experiencias personales, creo que la ambigüedad del término tiene que ver con la terminología usada por la CEPAL entre 1950 y 1970 o, más bien, con la caída en desuso de dicha terminología cuando las ideas neoliberales entraron en boga durante la década de 1980.

Hace ya 70 años, en su Manifiesto de La Habana, el primer secretario ejecutivo de la CEPAL, Raúl Prebisch, expuso la tesis del deterioro secular de los términos de intercambio de los países exportadores de materia prima, inspirado en el trabajo de su colega Hans Singer.

En una cáscara de nuez, la tesis indica que existe un desequilibrio estructural en la evolución de los precios internacionales de las materias primas versus los de los productos industrializados (más aún si éstos tienen un alto componente de desarrollo tecnológico) y que, a la larga, los países exportadores de materia prima tienen que exportar cada vez más productos para sostener sus importaciones de bienes manufacturados. En el caso de Bolivia esto significa que, a lo largo del tiempo, deberíamos exportar cada vez más gas para importar la misma cantidad de vehículos o computadoras.

Las consecuencias prácticas de la tesis de Prebisch/Singer eran evidentes: la sustitución de importaciones y las políticas de industrialización debían ser priorizadas para contrarrestar la tendencia del deterioro de los términos de intercambio y corregir la divergencia en los niveles de riqueza de los países primario/exportadores versus los países industrializados.

En ese entonces, mal que bien, la idea de desarrollo económico basado en la industrialización era parte del sentido común. Incluso Naciones Unidas creó una agencia —la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial)— dedicada a tal fin. Este sentido común orientó las políticas de desarrollo durante tres décadas.

En la década de los 80, sin embargo, los países latinoamericanos se encontraban endeudados, quebrados y —a causa de la verificación de la tesis Prebisch/Singer— con enormes déficits comerciales. Para entonces, el sentido común era dejar al mercado que asigne los recursos eficientemente, sin intervencionismo estatal y dejando de lado las políticas de desarrollo industrial.

Y así fue cómo el término “desarrollo industrial” abandonó el discurso y el sentido común de las políticas públicas. Recuerdo bien que, cuando en algún encuentro de colegas alguien reflotaba el concepto, los académicos del momento lo señalaban como “cepalino”… frunciendo la nariz un poquito.

Es en ese contexto que la CEPAL opta por hablar de “desarrollo productivo”, que es más abarcador y menos conciso, pero que carece de las connotaciones negativas que los seguidores de la corriente neoliberal le habían dado a la discusión sobre desarrollo industrial.

Y es un término que pega. En Bolivia, en Argentina y Paraguay existen entidades públicas que se denominan de desarrollo productivo y tienen que ver con lo que antiguamente se llamaba política industrial.

¿Se puede decir que ahora desarrollo productivo es “desarrollo industrial” pero smart? Aún no lo sé. Pero, siendo un concepto más abarcador, nos permite discutir el tema repensando el rol del Estado y recalibrando el rol del sector privado en esta lógica de desarrollo.

La hermana gemela del término de desarrollo industrial, la sustitución de importaciones, ha sido recientemente invocada en la política económica nacional. Hay un fondo de crédito para tal fin. Yo quisiera poner un par de elementos de mi cosecha al asunto: personalmente me parece pertinente sustituir importaciones. Pero más pertinente me parece sustituir ese abanico de bienes intermedios e insumos que se llevan un tercio de nuestras escasas divisas cada año. Finalmente, es más fácil producir resinas o placas, que producir un smartphone.

Pablo Rossell Arce es economista.

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