Voces

jueves 7 jul 2022 | Actualizado a 06:51

El Batallón Sagrado de Tebas

/ 18 de junio de 2021 / 01:37

Aunque todavía estamos a un par de semanas del 28 de junio, quiero aprovechar este espacio para escribir acerca de un tema que siempre se me sale por la garganta cuando estoy algo emocionado: la mariconería. Y no me refiero a ella peyorativamente, sino con el más halagador de los propósitos, pues quiero relacionarla con otra palabra con la cual a muchos hombres les gusta identificarse: valentía.

El 28 de junio se celebra, como muchos saben, el Día Internacional del Orgullo LGBT, en conmemoración a una serie de disturbios acontecidos en los Estados Unidos en 1969, cuando un montón de policías trataron de reprimir a la concurrencia de un pub que entonces se consideraba escandaloso por la orientación sexual de los asistentes. Acá en La Paz hemos tenido unos cuantos desfiles desde hace algunos años, pero no mucho ha cambiado en la mentalidad de las personas. Hubo un tiempo que pensé “vivimos en tiempos más civilizados, y pronto llegará el día en el que ser hombre o mujer o lo que sea será una cuestión de elección y no de lotería”.

Me equivoqué. Primero apareció Trump, y luego Bolsonaro, y acá en Bolivia nos llegaron unas versiones piratas con Chi y Cárdenas y… el “macho” Camacho. Ellos y muchos más amenazan con retroceder la cultura política boliviana hasta la Edad Media, con biblias y todo. Pero mi optimismo regresa cada vez que recuerdo un texto que descubrí por casualidad allá por mis años mozos, cuando concluía la universidad. Me refiero a la obra El Banquete, de Platón, que narra un divertidísimo encuentro de Sócrates con sus amigos en el cual se entregan a la tarea de reflexionar sobre la naturaleza del amor.

En una nota de pie de página se hace referencia a un valiente grupo de hombres que vencieron una serie de batallas contra un ejército que se consideraba hasta entonces imbatible, los espartanos. Sí, esos mismos tipos retratados en la película 300, de Zack Snyder, como el epítome de la masculinidad, con pelo en pecho y músculos hipertrofiados y voces gruesas, dándole una reverenda paliza a miles de persas en el estrecho de las Termópilas.

Grande fue mi sorpresa cuando leí que esa misma nación, o Polis, conocida por producir los mejores soldados fue derrotada por un grupo de homosexuales. Sí, tal como oyen, fueron vencidos por hombres enamorados de otros hombres. El pueblo de Tebas llevaba perdiendo contienda tras contienda frente a los espartanos, hasta que a su rey se le ocurrió una idea algo arriesgada. Organizó un cuerpo armado compuesto por amantes, bajo la premisa de que, al estar acompañados por sus seres más queridos en el combate, lucharían con más arrojo, presionados por la vergüenza de parecer cobardes frente a su pareja.

Y funcionó. El amor nos hace más fuertes. A partir de ese momento, los tebanos, ese grupo de valientes maricas, le dieron una paliza a un ejército que hoy en día es presentado como el modelo ideal de masculinidad. Fueron bautizados como el Batallón Sagrado de Tebas, que debería ser recordado hasta el día de hoy como ejemplo para desmentir muchos de los prejuicios machistas que todavía guían la mente y las acciones de mucha gente.

Pienso en ellos cada vez que veo al “macho” Camacho, no porque lo considere rudo, sino por todo lo contrario. Porque creo que se esfuerza demasiado por parecerlo, como yo a veces, tratando de sonar intelectual. Detrás de esa fachada de arrogante bravuconería se refugia un macho que solo salió a mostrar los puños cuando su padre ya había arreglado la pelea: Un cobarde.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

Comparte y opina:

La capital del narcotráfico

/ 5 de julio de 2022 / 01:37

Lo dije una vez y lo diré de nuevo: las drogas no son malas. Sin embargo, estamos obligados a cumplir con las leyes de nuestra sociedad, so pena de vivir sin ellas. Sócrates sabía esto, así que bebió nomás la cicuta, consciente de que incluso el orden más injusto es mejor que ninguno. El narcotráfico, por lo tanto, debe ser combatido, así como los narcotraficantes; por ello me pregunto ¿por qué habrá creído Calvo que era una buena idea convocar a una marcha en contra del narcotráfico?

Así, aunque ya no quisiera escribir sobre el tema, me veo obligado a hacerlo, dadas las circunstancias que delatan que la nueva estrategia de la oposición es desprestigiar al movimiento cocalero utilizando la guerra contra las drogas como vetusto barco de guerra y, aún peor, bloquear el funcionamiento de la sociedad boliviana. Mala elección, pues al hacerlo dirigen los reflectores sobre las cabezas de muchos de sus miembros, quienes a diferencia de las élites colombianas no tienen la fuerza suficiente como para imponerse como les gustaría hacerlo. Es por eso que nuestro admirador de Pablo Escobar, Luis Fernando Camacho, no es más que una caricatura de mafioso, incapaz de hacer lo que hacía ese infame gánster en Medellín.

No obstante, estamos lidiando con un problema serio aquí en Bolivia. Entre las muchas observaciones que pude rescatar de mi abusada lectura de Peter Andreas encontré la siguiente: la violencia es una forma recurrente de resolver controversias entre los emprendedores del comercio ilícito, debido a que los mecanismos legales les están vetados por la naturaleza ilegal de su actividad. Es decir, dado que no pueden demandarse en tribunales que funcionen con normas, solo les queda los balazos. Las últimas semanas son un ejemplo de ello.

Pero las élites del narcotráfico no operan al margen de la sociedad, aunque sí de la ley. Por eso, invito al lector a considerar lo siguiente: aunque para producir cocaína los cárteles de la droga dependen de la hoja de coca que se produce en todo el territorio nacional, así como de la proveniente de Perú, la comercialización de su mercancía no se dirige a nuestro mercado interno, sino al de grandes metrópolis conectadas con destinos de ultramar donde la droga multiplica su costo, como EEUU y Europa. Y para poder sacarlas hacia tales destinos, ésta debe cruzar la frontera hacia el Brasil, a través de los departamentos de Pando, Beni y, sobre todo, Santa Cruz.

Una buena parte de los costos de transporte se paga justamente en estas regiones, donde el dinero circula y entremezcla con otros capitales; un pequeño norte de México, si se quiere. He ahí, si la verdadera intención es combatir el narcotráfico, necesario transparentar la proveniencia de esos recursos, que solo es posible mediante leyes como la que se impulsó a finales del año pasado, y que fue vetada, justamente, por la intensa campaña de las élites cruceñas. Una observación detallada sobre la proveniencia de la fortuna de sus miembros arrojaría escandalosos resultados. Invito al (Ministerio de) Gobierno a hacerlo. Es hora de atacar a la verdadera capital del narcotráfico, que, a diferencia de los cárteles mexicanos y colombianos, no podrían defenderse.

No obstante, eso no resuelve el problema de fondo, que no consiste en que amplios sectores de la sociedad se ganen el pan de cada día como engranajes más o menos pequeños en ese tipo de negocios, sino que también participen en él instituciones del Estado, en este caso el Órgano Judicial y la Policía. Al hacerlo, dichas instituciones contribuyen, tal vez sin quererlo, a otra dinámica que nota Andreas en otra de sus investigaciones: el debilitamiento de la democracia. Al hacer de la corrupción una rutina, desprestigian la institucionalidad del Estado, que puede conducir a una crisis de gobernabilidad por el simple hecho de que la gente ya no respeta la formalidad estatal.

La oposición está consciente de esto, razón por la cual bloquea todo intento de reforma institucional o incluso simples cambios de rutina, como sucede con el Defensor del Pueblo o como sucederá seguramente con la Contraloría. El objetivo no es hacer visible la disfuncionalidad de nuestro Estado, sino obstaculizar su funcionamiento mientras el actual partido esté en el poder, poniendo en riesgo no solo la estabilidad política de Bolivia, sino la propia vida de sus ciudadanos, que deberían estar conscientes de que la oposición boliviana no está comprometida con la idea de construir país. Su lógica es: “si no puedo ganar elecciones, que se hundan todos”.

Por todo esto, impulsar reformas estatales es una prioridad para el Gobierno, se cuente o no se cuente con la fuerza para ello. Se tiene una ventaja, por otra parte, y esa es la consciencia que existe sobre el penoso estado de nuestra Justicia y nuestra Policía. El pueblo debe marchar por ese tipo de consignas: por una nueva Bolivia.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

Comparte y opina:

Esa sentencia de m…

/ 21 de junio de 2022 / 00:35

La sentencia dictada contra Áñez hace un par de semanas solo comprueba una cosa: no hubo nada legal acerca de su presidencia. Para que la misma fuera legal, la senadora beniana debía ganar elecciones o cumplir con los requisitos establecidos por ley que, en el caso boliviano, la obligaban a ser elegida como presidenta del Senado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, que en aquel entonces estaba conformada por una mayoría masista que difícilmente se lo hubiera permitido. Realizar dicho nombramiento en ausencia de la bancada oficialista constituye sin duda alguna un acto de violación a la institucionalidad de aquel poder del Estado, y una forma algo sutil de golpe de Estado.

Pero lo que resulta curioso no es tanto que los verdaderos masistas estemos indisimuladamente descontentos con la pena impuesta sobre ella y algunos mandos jerárquicos de las FFAA y la Policía, pues obviamente sus castigos no son proporcionales al daño que ocasionaron tanto en términos institucionales, económicos y, sobre todo, humanos, sino porque los verdaderos instigadores de tal hecho, el secuestro del Ejecutivo a manos de una élite no electa, siguen todavía sin ser juzgados, e incluso se dan el lujo de hacer declaraciones ante los medios lamentando (aunque con lágrimas de cocodrilo) el veredicto contra Áñez.

Nota aparte, qué frustrante es que la única mujer que llegó a la presidencia del país en lo que va del siglo lo haya hecho como una simple marioneta de lo más conservador y machista que tiene por ofrecer la sociedad boliviana. Terminó pagando por pecadores, pero con una convicción (¿debería decir fe?) que no la hace menos culpable que los autores intelectuales del delito.

¿Y de quiénes estoy hablando? Pues de Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y Tuto Quiroga, por supuesto, contra quienes se debería entablar un juicio por haber usurpado la presidencia de nuestro Estado al más puro estilo de camarilla aristocrática del siglo XIX, consumando su crimen ni siquiera desde los espacios propiamente institucionales, sino desde una universidad privada. ¿Qué les otorgaba ese derecho? Tal afrenta contra la democracia no debería indignarnos solo a los masistas, sino a todo ciudadano autoproclamado como demócrata o, por lo menos, como liberal.

Si a esas clases altas les molesta tanto que las elecciones las gane un partido de vocación popular y mayoritaria, pues les tengo una solución… ¡Funden el suyo, señores! ¡Nosotros tampoco los queremos acá! Sería un alivio.

Pero esa sentencia se queda corta no solo porque la pena es insuficiente y los acusados no son todos los perpetradores de aquella violación contra la Constitución, delito grave, sin duda, sino porque se los castiga por otras faltas de menor importancia en comparación con la vulneración del derecho a la vida y la violación sistemática en contra de los derechos humanos e incluso contra la libertad de expresión.

La sentencia es insuficiente porque no juzga los 38 muertos en las masacres de Sacaba y Senkata, y las otras muertes producidas en las ejecuciones extrajudiciales de la zona Sur de la ciudad de La Paz. Y por esas muertes también deben ser juzgados los ministros que fueron parte de ese gobierno (sí, tú también Arias, tú también tienes sangre en tus manos) y los paramilitares de la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista.

La sentencia es insuficiente también porque no juzga los más de 20 casos de corrupción que se dieron durante ese corto gobierno, donde se desfalcó el Estado como si no hubiera un mañana, y de paso criticando “los 14 años de corrupción del gobierno del MAS”… el cinismo de algunas personas no tiene límites. Pero eso, como dije, se queda corto con las masacres, asesinatos, arrestos y torturas que se dieron aquellos días…. Imagino que los columnistas de Página Siete no dirán una palabra al respecto, como siempre. ¿Y si los muertos hubieran sido blanquitos y choquitos?

Yo estaba en la vigilia en las afueras del tribunal que juzgó a Áñez cuando salió la sentencia. Eran más de las 21.30 y nadie sonrió, créanme. Nadie saltó, nadie estaba feliz. Nos miramos entre nosotros, todos desconcertados.

Yo y mi pareja nos fuimos, sin saber qué decir, callados. Una vez en casa grité: “pero qué sentencia de m…”

Yo tampoco estoy feliz.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

Comparte y opina:

Lo informal y lo ilícito

/ 7 de junio de 2022 / 03:10

A finales del año pasado, un proyecto de ley destinado a combatir la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo despertó la resistencia activa de amplios sectores de la población boliviana, atemorizados de que dicha norma los privara de sus fuentes de sustento cotidiano. La medida estaba lejos de significar una amenaza real para sus intereses, y sin duda se puede acusar la incitación al conflicto promovida por la influencia opositora en varios medios de comunicación. No obstante, el recelo provocado era una reacción cuando menos comprensible, en un país donde siete de cada 10 trabajadores pertenecían al sector informal de la economía (y esto, si partimos de datos publicados antes de la llegada de la pandemia del COVID-19)

La distinción entre economía informal y la actividad económica ilegal es, entonces, necesaria, dado que la primera constituye la principal fuente de empleo para millones de personas a nivel nacional, mientras que la segunda comprende a grupos de emprendedores ilícitos cuyas actividades van en directa contravención del ordenamiento jurídico de nuestro Estado. Todo lo ilegal es de alguna manera informal, pero no todo lo informal es necesariamente ilícito, en otras palabras. Obviar esto nos puede llevar a criminalizar formas de actividad económica cuya única falta consiste en estar fuera del ámbito de control del Estado, que nunca podrá ser absoluto, salvo en los peores sueños neoliberales, dadas las limitaciones de todo aparato burocrático en términos prácticos.

No obstante, esto no debe llevarnos a creer que toda actividad económica informal es necesariamente marginal y de sobrevivencia, como seguramente nos advertiría Nico Tassi. Verdaderas fortunas se amasan en este tipo de economías, mundializadas gracias al advenimiento del posfordismo. No se trata de una excepcionalidad boliviana (aunque el caso boliviano ciertamente tiene sus particularidades), o siquiera tercermundista, pues se puede hablar de una economía informal a nivel global, que conecta lugares tan distintos como la ciudad de El Alto con Beijing.

Pero está también el mercado ilegal, ya no solo informal, de bienes tanto legales como ilegales, donde podemos situar el contrabando de oro que tanto daño le hace a nuestro Estado, como de estupefacientes penalizados a nivel internacional (aunque podamos cuestionar tal clasificación como arbitraria o incluso injusta) o la trata y tráfico de personas. En este tipo de casos, a mi juicio, restituir el control del Estado es necesario, sobre todo para países como Bolivia, toda vez que esto puede contribuir a ampliar la recaudación impositiva de nuestro Estado o fortalecer su capacidad de control sobre sus fronteras, territorio y población en general. O, lo que es lo mismo, fortalecer su institucionalidad, que no es otra cosa que su capacidad de ejercer poder.

Siempre trato de no perder de vista una máxima fundamental de la teoría política, que dicta que donde manda capitán no manda marinero, o, lo que es lo mismo, la primacía del principio de autoridad del Estado sobre su territorio. Obviar ello es ir para atrás, hacia ese pasado feudal donde señores de la guerra establecían su poder sobre pequeñas parcelas de territorio, a lo Pablo Escobar, o como los muchos cárteles que hoy en día han tomado como rehenes a poblaciones enteras en países como México, con quienes, sobra decirlo, no se puede convivir pacíficamente.

Carlos Moldiz es politólogo.

Comparte y opina:

El imperio del contrabando

/ 24 de mayo de 2022 / 01:00

¿Y si les dijera que la independencia de los EEUU fue inspirada por una patriótica defensa del contrabando de molasa, materia prima para la elaboración de ron, que el yugo británico sobre las Trece Colonias hacía cada día más difícil? ¿Que su revolución industrial fue impulsada por el contrabando de patentes, tecnologías y el robo de cerebros, a costillas de Inglaterra? ¿Que sus propios ejércitos independentistas financiaban sus campañas militares con los ingresos provenientes del contrabando de esclavos y cigarrillos desde el Sur? Es decir, ¿si les dijera que el contrabando es tanto acerca de construir estatalidad, como de subvertirla?

Esa es la provocadora tesis del no tan reciente libro del politólogo estadounidense Peter Andreas, Smuglers Nation: How Illicit Trade Made America (que puede traducirse como Nación de contrabandistas: Cómo el comercio ilícito construyó América), publicado en 2013, donde hace una exhaustiva revisión de la historia del imperio del norte a través de los lentes del contrabando, explicando gran parte de su éxito por su capacidad para borrar las líneas imaginarias del comercio internacional, pero a su favor. El contrabando, nos recuerda el autor, no es más que el libre comercio llevado hasta sus últimas consecuencias, razón por la cual Adam Smith les derrochaba a los agentes de esta actividad no pocos halagos.

No es, pues, una anomalía en el sistema, sino algo intrínseco a él, debido a que las mercancías que lo componen corren por las mismas vías que las de carácter legal, muchas veces movilizadas por los mismos agentes que forman parte de la economía formal. Andreas nota, en el prefacio de su libro, cómo la producción de cocaína en Latinoamérica no sería posible sin la materia prima legalmente importada desde los EEUU, como los precursores o papel higiénico.

Es de notarse cómo en el ámbito de las economías informales se repite el patrón de la división internacional del trabajo, que separa a Estados productores de materias primas de Estados que producen bienes con valor agregado o que se benefician de su comercialización. Las millonarias ganancias del narcotráfico las reportan cárteles brasileños y colombianos, no los productores campesinos bolivianos. El contrabando, huelga decirlo, puede actuar a favor de un Estado mientras lo hace en contra de otro.

¿Cuál es la diferencia entre una forma y otra de contrabando? Siguiendo a Andreas, es de notar que, de la misma forma en cómo sucede con el narcotráfico, la priorización de algunas formas de contrabando sobre otras refleja las asimetrías de poder que pueden darse en las relaciones internacionales.

Así, advierte el autor en otro artículo académico, que mientras el desecho de desperdicios del norte al sur (veamos el caso de la ropa usada en Atacama, Chile) o de antigüedades del sur al norte no reciben mucha atención en las agendas bilaterales entre dichos Estados, el narcotráfico y la migración ilegal copan sus agendas, siguiendo los intereses de los polos dominantes de estas relaciones entre países. Nuevamente, y al igual que sucede con las drogas, se trata de determinaciones políticas antes que técnicas.

¿Y si México condicionara su cooperación en la lucha contra el narcotráfico a una respuesta proporcional desde los EEUU respecto al contrabando de armas?

Este enfoque no es aplicable a todos los casos, por supuesto. El problema del contrabando de vehículos desde Chile o de alimentos desde Perú seguramente tendrá que seguir otro tipo de enfoques, pero me atrevo a suponer que la solución a estos problemas, como casi todo en la vida, es política. Para corroborar esto solo hace falta revisar la siempre polémica historia de los EEUU, el imperio del contrabando.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

Comparte y opina:

La globalización clandestina

/ 10 de mayo de 2022 / 01:22

Nuestra última reflexión llegó a la conclusión de que la guerra contra las drogas parte de un enfoque punitivo tan inefectivo como arbitrario, dada su forma de clasificar ciertas sustancias como legales o ilegales. Ahora pasemos a abordar cómo dicha cruzada mundial en contra del vicio revela algo más que hipocresía por parte de uno de sus principales impulsores, los Estados Unidos, hasta convertirse en un soporte estratégico de su política exterior, sin el cual seguramente tendrían menos argumentos para justificar su “liderazgo” sobre el resto del mundo.

Desde el Plan Colombia hasta el Plan Mérida, es interesante notar cómo los programas de asistencia militar de los EEUU en la región han fracasado en su objetivo de reducir la producción de narcóticos en el sur global, sirviendo, por otro lado, como verdaderos caldos de cultivo para la emergencia de organizaciones criminales y ejércitos paramilitares poco inclinados a la promoción de la democracia, pero sí muy exitosos en el sostenimiento de élites políticas poco representativas como sucedió con las Fuerzas de Autodefensas Unidas de Colombia, muy atadas al uribismo.

Si sumamos a dicha experiencia los ejemplos del general Noriega en Panamá, los Contras en Nicaragua y los gobiernos de Banzer y García Meza en Bolivia, no es difícil notar que existe una relación casi directa entre el narcotráfico y la extrema derecha en toda Latinoamérica. Con esto no queremos negar, por supuesto, que algunos grupos de insurgencia comunista no hayan recurrido a este tipo de actividades para financiar su lucha, pero es de notar que la guerrilla de las FARC, por ejemplo, precedió por mucho al boom de este negocio, llegando a él muchos años después de su fundación.

Hasta este punto, parecería que la cooperación estadounidense no solo fracasa al momento de combatir la producción de narcóticos en la región, sino que, de alguna manera, la fomenta. ¿Por qué sucede esto? Creo que una posible explicación para esta aparente paradoja reside en el hecho de que la industria de las drogas es hoy tan necesaria para la economía global como lo es la industria de los combustibles fósiles.

¿Qué sería del capitalismo sin el contrabando de armas, el narcotráfico y la trata y tráfico de personas? Mucho movimiento económico global sería imposible de explicar. Y de la misma forma en que muchos países desarrollados piensan en cocaína o marihuana cuando se habla de Latinoamérica, creo que el éxito de Suiza se debe a algo más que relojes y chocolates. Por cada actividad legal que produce empleos en el mundo, hay otras tres que se constituyen en fuentes alternativas de sustento para millones de personas. Me cuesta imaginar el éxito de los EEUU sin el tráfico de armas al resto del mundo.

Un enfoque de aproximación interesante para este fenómeno, aunque desde una perspectiva muy diferente, es el que el politólogo Peter Andreas ha llamado Economía Política Internacional Ilícita, que ayuda a explicar el lado clandestino de la globalización, y al que estaré dedicando mis subsecuentes análisis en este espacio.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

Comparte y opina:

Últimas Noticias