Voces

lunes 26 jul 2021 | Actualizado a 00:18

Verdad y desmesura

/ 19 de junio de 2021 / 01:58

Estamos inmersos en un torbellino de revelaciones sobre diversas facetas de la crisis política de 2019 y 2020. La necesaria búsqueda de la verdad histórica acerca de esos sucesos está, sin embargo, vinculada a procedimientos judiciales y controversias políticas. Esta imbricación plantea complejos desafíos si deseamos que su desenlace fortalezca la convivencia y la democracia.

Nadie podía prever que la detención de Murillo en Miami iba a desencadenar el torrente de nuevas informaciones que han ido mostrando descarnadamente la naturaleza del régimen que se hizo del poder después de la renuncia de Evo Morales. Esos datos están ayudando igualmente a conocer mejor la secuencia de decisiones y hechos que configuraron esa coyuntura.

Empecemos por reconocer que a estas alturas del partido ya existe un conjunto creíble de datos que muestran el nivel pasmoso de corrupción y autoritarismo del gobierno de Áñez. Las truculentas aventuras delincuenciales de Murillo y los juegos paramilitares de López ilustran pornográficamente lo peor de esas derivas.

Y por si eso no fuera poco, el “relato” de una transición constitucional, pacificadora y pactada está haciendo aguas. El propio informe de la Iglesia Católica sobre su mediación revela, quizás sin darse cuenta, elementos que refuerzan lo que ya se sospechaba: el “diálogo” de la Universidad Católica habría sido un intento de dar legitimidad a una definición política previa de ungir a Áñez como presidenta desde la tarde del 10 de noviembre y que habría sido decidida y operativizada desde otros espacios. Legitimación que resultó, además, infructuosa por la resistencia de los masistas a prestarse a ese juego pese al acoso que sufrieron. El ascenso de Áñez aparece nomás como el resultado de maniobras irregulares.

Esta exploración de la historia reciente se complica aún más porque está acompañada por el deseo de identificar responsabilidades y delitos en esas actuaciones. Propósito legítimo que debería ser realizado con debido proceso, profesionalismo y considerando algo que se suele olvidar: no toda responsabilidad es sinónimo de delito. Muchas veces, hay errores políticos o fallas éticas que se tienen que explicar y que la opinión pública juzgará severamente, pero que no tienen que acabar necesariamente con alguien en la cárcel.

Digo esto porque una búsqueda desordenada de culpables puede resultar contraproducente para un esclarecimiento de la verdad histórica y para que ésta sea asumida por la mayoría de la sociedad. Tarea difícil a la vista de la tercera dimensión de la cuestión: la aguda politización que alienta la proliferación de desmesuras, afirmaciones hiperbólicas y abiertas instrumentalizaciones de moros y cristianos ya sea para culpabilizar al adversario o para victimizarse para evadir responsabilidades.

Hago este apunte consciente de que quizás estoy pidiendo peras al olmo, pero me temo que ese cóctel desprolijo puede llevarnos a sembrar confusión y descreimiento, horadando la credibilidad de la clase política sin distinción y complicando la gobernabilidad del país.

Es que las élites partidarias olvidan, encapsuladas en sus mundos autorreferenciales, que las personas suelen tener otras preocupaciones igualmente relevantes que los conflictos, a veces barrocos, en las que ellas se empantanan. Prioridades prácticas que son aún más sentidas en momentos, como los actuales, en los que el bienestar de muchas familias está en riesgo. Por otra parte, tampoco hay que obviar que hay estándares y garantías procesales que se deben respetar en este tipo de casos para estar acordes con normas internacionales de derechos humanos.

Hay pues restricciones tanto sociales como externas que deberían ser muy tomadas en cuenta a la hora de avanzar en estos esclarecimientos, no todo se vale. La opinión pública desea saber lo que pasó y ya se va haciendo una idea del embrollo, la gente no es tonta, pero también reclama por un discurso y una acción política e institucional sosegada, pedagógica, con menos verborragia y que sobre todo sea percibida como justa, respetuosa de los derechos y equilibrada. Si sucede así, ganaremos todos.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

Comparte y opina:

El MAS y los otros

/ 17 de julio de 2021 / 00:57

Desde su llegada al poder en 2006, la relación del MAS con los sectores y actores sociales que supuestamente no le son afines ha sido una de las cuestiones menos analizadas de la política boliviana. Situación extraña considerando que es, desde mi punto de vista, uno de los elementos críticos que definen la gobernabilidad y la (in)estabilidad del masismo en el poder.

La caricatura es persistente: el MAS es frecuentemente descrito y/o entendido como una fuerza atrincherada en rígidas certezas ideológicas y representante de un “núcleo duro” social conformado por campesinos y sectores populares alejados de la modernidad. Esa imagen asume la existencia de una brecha casi irremediable entre ese partido y las denominadas “clases medias” o los empresarios.

Sin embargo, basta ver a la Bolivia del 2021 para percatarse de que después de 14 años en el gobierno, el país no se ha transformado en algún tipo de distopía polpotiana con rasgos aymaras o en un remake de algún estalinismo tropical, pesadillas recurrentes de más de un desubicado escribidor periodístico. Al contrario, la fuerza del MAS se asienta, desde mi perspectiva, en su notable pragmatismo, ubicuidad y adaptabilidad a las mutaciones de la sociedad boliviana contemporánea, con todas sus luces y también sombras.

Alguna vez, le decía a una amiga que Evo había ganado y era el centro de la política porque era el líder que más se parecía al boliviano común. Ese que había experimentado acelerados y desordenados procesos de movilidad social y territorial y que contenía en sí mismo diversos tiempos civilizatorios: con su chamarra, su folklore, sus ritos andinos, su capitalismo primario, su nacionalismo, su entusiasmo consumista y sus deseos redistributivos. En síntesis, los más fuimos o somos, a nuestro modo, algo “interculturales”.

Por esas razones, Evo fue elegido, desde 2005, no solo por campesinos, indígenas, obreros o informales pobres, sino también por grandes contingentes de clases medias tradicionales y de las que surgieron en la bonanza. Por eso, ese partido llegó a ser la fuerza mayoritaria en Santa Cruz y obtuvo el voto de más de un tercio de los ciudadanos con nivel socioeconómico medio alto.

La relación con los empresarios fue otro signo de esa plasticidad, bastante nacionalista revolucionaria, por cierto: sin que exista una alianza ideológica sólida y sin renunciar a su neo-capitalismo de Estado, se facilitaron los negocios de muchos sectores. Además, el país mantuvo una estabilidad macroeconómica, con libertad cambiaria incluida, que permitió que los grandes segmentos de comerciantes e informales de servicios siguieran prosperando.

No es mi objetivo discutir si ese modelo pudo ser más justo, rupturista con el “neoliberalismo” o insuficiente para aumentar la productividad, mi punto es argumentar que en la práctica el masismo logró una combinación bastante heterodoxa de políticas activas y pasivas que se adaptaron al mundo social contradictorio y diverso que caracteriza a nuestro país en este siglo XXI.

En cierta medida, las crisis del oficialismo también tuvieron que ver con su difícil relación con estas transformaciones, particularmente con su incapacidad para responder a las nuevas autonomías, libertades y posibilidades que le reclamaban los hijos de los que participaron en los bloqueos de 2000 y que votaron masivamente por un cocalero. En síntesis, a medida que el régimen azul se afianzaba y se volvía establishment, “el otro”, el clasemediero o el pequeño emprendedor popular, aparecía en su propio seno y le exigía también su atención.

Hoy, en un momento en el que el MAS parece ocupar nuevamente gran parte del espacio de la política por las carencias de la oposición, su relación con todos esos “otros” se está volviendo crucial debido a que, por un cierto tiempo, la dinámica del cambio y el conflicto social tendrán que ver con las respuestas del oficialismo a esos “otros” sin los cuales no es posible ya un nuevo impulso modernizador y de justicia social. Para lo cual se precisará una inteligente dosis de pragmatismo y adaptabilidad, parecida a la que Evo demostró en su gobierno.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

Comparte y opina:

Guerra de trincheras

/ 5 de junio de 2021 / 01:46

Estamos en medio de la tercera ola y el fin de la pandemia sigue lejano. La política está en su peor escenario, con pocos elementos de certidumbre y capacidades limitadas para cambiar escenarios difíciles. Sin embargo, los gobernantes no tienen otra opción que hacerse cargo y tendrían que irse preparando para un próximo semestre igual o más complicado que el que vamos dejando.

Ya a inicios de año, el panorama pintaba mal, las nuevas oleadas de contagios y mutaciones del virus nos recordaban que lo peor aún no había pasado. Las condiciones económicas y la paciencia social que caracterizaron a la primera etapa de la pandemia cambiaron drásticamente en todo el planeta. Solo la vacunación ofrecía una luz al final del túnel, pero muy pronto nos dimos cuenta de que se iba a requerir mucho tiempo y recursos para completarla.

Enfrentar al virus no es fácil porque su propagación está ligada a la vida humana misma: el vínculo social. A más interacción, más contagio. En un principio, el aislamiento radical parecía una salida, pero fue evidente que no se podía sostener por mucho tiempo y que su impacto se debilitaba a medida que el virus se instalaba durablemente entre nosotros. Aislarse, hoy en día, ayuda a ganar tiempo, para prepararse, pero no detiene el contagio, éste se reinicia cuando la gente se relaciona.

No queda más que construir capacidades básicas para enfrentar los efectos más nocivos del contagio, mientras se vaya vacunando a algo más del 80% de la población, lo cual tampoco lo eliminará, sino que atenuará sus efectos mortales.

Los políticos no pueden esperar grandes victorias en esta batalla sanitaria y socioeconómica. Es un combate lento, cuerpo a cuerpo, con pequeños logros y retrocesos, con bajas cotidianas, esperando que haya condiciones para un desenlace parcial y tortuoso. Es una guerra de trincheras, dura, que exige paciencia, sacrificio y que acabará un día, pero con todos agotados.

El gobierno del presidente Arce, como sus homólogos en el planeta, está en ese brete. Su principal alivio es que la propia sociedad no es tan ilusa como se suele creer, hay angustia y malestar, pero también creciente comprensión de que hay que adaptarse a “esta anormalidad”, que no hay otra que seguir trabajando, protegiéndose dentro de las posibilidades, asumiendo inevitables riesgos y esperando a que la cosa vaya mejorando poco a poco.

Sobre lo que se debe hacer para mitigar el impacto sanitario de la enfermedad no hay mucho misterio: medicamentos, recursos hospitalarios, pruebas, oxígeno, seguimiento de casos y vacunación masiva. Lo crítico es que se haga en los tiempos adecuados y sabiendo que hasta fin de año no habrá gran alivio y que hay restricciones severas para obtener muchos de esos insumos. Es decir, hay que planificar partiendo del peor escenario y de que se tendrá que vivir a salto de mata. El triunfalismo es un pecado.

Hay que reconocer que la actual gestión ha hecho mucho en varias de esas dimensiones, pero el oficialismo no debería hacerse ilusiones: no habrá condescendencia, se les exigirá siempre más y más. La respuesta a ese reclamo es la acción permanente, se debe ver al Gobierno trabajando y preocupado.

La otra cuestión, no menor, es la manera como se está informando y conversando con la gente sobre este momento. La paciencia y la cohesión social, necesarias en tales crisis, se construyen actuando, pero igualmente explicando, persuadiendo e incluso dando contención emocional. La palabra autorizada es crucial, en la incertidumbre las personas buscan liderazgo.

En este ámbito, el Gobierno parece deslucido, la información oficial es desordenada, mecánica, fragmentada e impersonal. Se apela únicamente a una información burocrática de lo que se estaría haciendo, sin entender que los ciudadanos requieren también elementos de comprensión del momento incierto y excepcional que viven e incluso palabras empáticas sobre sus sufrimientos íntimos. Cierto, esto último no es fácil, pocos líderes lo están logrando, pero no intentarlo solo irá reforzando los obvios malestares que están surgiendo, deteriorando la credibilidad y valoración del Gobierno.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

Comparte y opina:

Sostener expectativas

/ 22 de mayo de 2021 / 01:25

Las percepciones sobre el gobierno del presidente Arce son moderadamente positivas. Hay tres claroscuros que deberían ser tomados en cuenta: la persistencia de una alta incertidumbre, la dificultad del oficialismo para ampliar su aprobación más allá de los que les votaron y una elevada expectativa de que la economía mejorará hasta fin de año.

Coincidiendo con los seis meses de la nueva administración, el CELAG ha publicado los resultados de una reciente encuesta sobre el contexto político. Debo reconocer que, más allá de sus evidentes filias por la izquierda, este centro de investigación viene produciendo información de opinión pública de calidad razonable desde hace un par de años.

Las buenas noticias para el oficialismo son la mayoritaria opinión positiva sobre el Presidente (49% en relación a una percepción negativa de 42%) y el alto nivel de credibilidad que tendría su palabra (52%), que contrastan con el 30% que califican positivamente a los dos líderes de la oposición, Mesa y Camacho.

Aunque esos datos de favorabilidad son notablemente superiores a los que tenía Áñez en similar periodo, están por debajo de los que logró Evo Morales a seis meses de haber ganado los comicios de 2006, 2009 y 2014. El apoyo a Arce se concentra principalmente entre sus electores, teniendo dificultad para trascender sus fronteras partidarias. Este rasgo no es necesariamente un problema, pero sí lo podría ser en un contexto con grandes restricciones y oposiciones minoritarias pero radicalizadas.

Esa fragilidad tiene también que ver con el 28% de encuestados que dicen sentir incertidumbre respecto a la situación del país, porcentaje que casi no ha cambiado desde la primera ola de la pandemia. Es decir, la constitución de un nuevo gobierno, con legitimidad democrática y una mayor capacidad de ejercer autoridad estatal, no parecería haber estabilizado las inquietudes de un porcentaje apreciable de ciudadanos.

Lo que pase con ese tercio de inquietos es crucial pues la consolidación de un estado de ánimo optimista dependerá si esas personas se decantan más del lado de los molestos con el Gobierno (27%) o de los que ya le tienen confianza (35%). Ciertamente, en este momento hay circunstancias atenuantes que explican las dudas, hay nuevas olas de contagio y una economía que recién se reactiva, pero la gestión política tiene la obligación de irlas despejando o atenuando.

¿Dónde se ubica el ámbito privilegiado para construir o reforzar certezas? El estudio es claro al respecto: la partida se jugará en el ámbito de la economía, los ingresos y los desempeños concretos del Estado en cuestiones de corrupción o salud por ejemplo, y no necesariamente en las discusiones sobre el “conflicto político” que importan apenas al 11%. Panorama, dicho sea de paso, coincidente con mi convicción de que Arce fue elegido porque parecía el más apto para enfrentar la crisis y que será sobre eso que se le evaluará.

Eso nos lleva al último claroscuro: la existencia de una significativa brecha entre expectativas de mejora y la opinión sobre los logros concretos del Gobierno. Las calificaciones sobre el manejo de la pandemia son negativas (60% las califica de esa manera) y aunque en economía mejoran, casi la mitad las percibe más bien como malas. Sin embargo, solo un 39% piensa que el Gobierno no podrá mejorar la economía hasta fin de este año. En suma, juicio mediocre sobre el desempeño gubernamental, pero esperanza de que podría/debería mejorar.

El balance es pues matizado, el Presidente cuenta con un capital político apreciable, fundamentalmente entre los votantes del MAS, pero hay un importante porcentaje de ciudadanos que se están dando un compás de espera para ver qué pasa. Mientras, persisten las incertidumbres sobre el futuro del Gobierno y del país. Así pues, el gran desafío es satisfacer estas esperanzas o al menos manejarlas para que no se frustren. La clave es entender que la gente busca certezas y cierta tranquilidad en un tiempo estructuralmente turbulento y angustiante, sentimientos frente a los cuales el Gobierno no puede ser indiferente.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

Comparte y opina:

Soberanía y derechos humanos

/ 8 de mayo de 2021 / 03:35

En el siglo XXI la noción de soberanía es cada vez más relativa debido a que la complejidad de los problemas contemporáneos y los avances del derecho internacional plantean restricciones a la autonomía política de todas las naciones. Los derechos humanos son uno de los ámbitos en los que esos límites son más evidentes.

Desde mi punto de vista, este ha sido un gran avance de la humanidad pero que no está exento de conflictos y paradojas. Hoy en día, todos los gobiernos deben gestionar la mirada y el juicio de actores externos sobre asuntos internos relacionados con la garantía de derechos humanos. Existen tratados e instancias multilaterales que sostienen ese activismo, pero ese rol es también reclamado por diversas organizaciones de la sociedad civil e incluso por otros Estados que las asumen como orientaciones de su política exterior.

Todo estaría muy bien si no fuera por la tentación de instrumentalizarlas en función o en complementariedad con otros intereses menos altruistas. Hemos visto bombardeos y embargos en nombre de la democracia o la aparición de estrategias de comunicación y abogacía para erosionar al adversario político basadas en la supuesta defensa de esos valores. Lamentablemente, los derechos humanos pueden ser utilizados como un componente más de narrativas partidarias o incluso polarizadoras.

Esas desviaciones no invalidan para nada el esfuerzo colectivo que ha implicado colocar esos objetivos en el centro de las preocupaciones globales, pero, convengamos, que plantean también grandes desafíos.

Esta reflexión viene a colación de la incomodidad que ha expresado el actual Gobierno por las reacciones internacionales después del procesamiento de la expresidenta Áñez y de algunos de sus colaboradores. Frente a las cuales se ha apelado a argumentos fundamentados en la soberanía del país para aplicar sus normas o el principio de no injerencia en asuntos internos. Posición entendible, pero insuficiente: las cuestiones de derechos humanos han escapado hace mucho a las fronteras clásicas de la soberanía, guste o no.

Eso no implica que no indigne la hipocresía de algunos críticos externos, que en su momento no dijeron nada cuando el anterior régimen perseguía y mandaba a las Fuerzas Armadas a reprimir. Pero, de ahí a evadir las observaciones de Naciones Unidas o de Human Rights Watch hay un trecho, organizaciones que además denunciaron temprano y con claridad los atropellos del gobierno de Áñez.

Tampoco debería sorprender el uso partidario de la cuestión, con su correlato de simplificaciones y manipulaciones mediáticas. Es, diríamos, lo usual y esperable, casi un dato de época, aún más considerando que es un elemento ideal para reforzar la épica polarizadora democracia versus dictadura en la que se fundamenta la identidad emotiva de una parte de la base social opositora.

Más allá del sustento jurídico de esas acciones judiciales, que tendría que haberse cuidado en extremo, los problemas políticos de su manejo tienen que ver con la lucidez del oficialismo para entender su imbricación con la manera particular como la comunidad internacional evalúa la actual coyuntura boliviana. Sería un error no comprender que estas percepciones están ligadas al escenario de inestabilidad y de vulneración de derechos humanos del cual emergió el actual Gobierno, situaciones que han definido expectativas y baremos exigentes en términos de la garantía de esos derechos una vez pasada la crisis.

Es decir, no basta con proclamar la justeza de esas actuaciones judiciales o la soberanía para asumirlas, estas deben estar y parecer acordes con ciertos estándares internacionales. En eso, hay poco margen para las ambigüedades si no se desea asumir costos reputacionales elevados. Eso implica, igualmente, encarar un diálogo permanente y explicaciones plausibles y persuasivas de sus razones con los actores externos. La retórica altisonante es un remedio deficiente frente a la manipulación política interesada de los derechos humanos, se precisa una acción diplomática coherente y obviamente un manejo escrupuloso del fondo y las formas de tales casos.

 Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

Comparte y opina:

Economía pospandemia

/ 24 de abril de 2021 / 01:51

El 2021 seguirá siendo un año de emergencia. La economía no se reactivará totalmente mientras el riesgo de nuevos contagios masivos persista. Mientras no pase eso, seguirá siendo un tiempo excepcional, un paréntesis, un momento de gestión de la emergencia. Pero lo que vendrá inmediatamente después es quizás lo más complejo: el mundo de antes de la crisis no retornará, por tanto, el modelo socioeconómico tendrá que renovarse o su crisis podría profundizarse.

Ya ha pasado algo más de un año desde el inicio de la pandemia y la lenta pero inexorable descomposición de todas nuestras certezas económicas y seguridades. El moderado rebote de la actividad económica a inicios de este año está opacando los daños que la crisis múltiple ha producido en las capacidades del aparato productivo, en la confianza de los agentes económicos y en el potencial de inversión de mediano plazo de la economía. Lo que se ha dejado de ganar en meses de paralización no será recuperado fácilmente o quizás ya se ha perdido para siempre.

Estadísticas recientes empiezan a mostrarnos la complejidad del cuadro social que tendremos que enfrentar en los próximos años: muchos hogares han erosionado sus ahorros y tuvieron que sacrificar muchos de sus activos productivos para sobrevivir y otros tantos están volviendo a trabajar, pero en condiciones más precarias y con salarios más reducidos.

Los bonos y medidas de compensación social que se han venido ejecutando han sido cruciales para mitigar situaciones de precarización que se estaban tornando muy delicadas. Paradójicamente, la propia persistencia del contagio y de la situación de excepcionalidad, con sus segundas y terceras olas, está ayudando a sostener la paciencia social. Aunque su situación económica se sigue deteriorando, muchos ciudadanos están concentrados en sobrevivir, aguantan, asumiendo que cuando la crisis acabe las cosas solo pueden mejorar. Las expectativas están sosteniendo la paz social.

Por esa razón, quizás los momentos más riesgosos para la política y el Gobierno no serán los siguientes meses de anormalidad, mientras la vacunación avanza, la enfermedad sigue acechando y las compensaciones se siguen repartiendo; sino el tiempo que viene después, cuando salgamos agotados de la crisis y tengamos la esperanza de que todo debería mejorar.

El problema es que quizás ya no haya retorno posible al mundo prepandémico, no solo porque las condiciones externas y macroeconómicas del país se han transformado, sino también porque los agentes económicos y los actores políticos ya no son los mismos, tienen capacidades erosionadas, incentivos diferentes y situaciones de partida modificadas.

El futuro económico que la política tendrá que construir no se puede entonces resumir a la repetición de las recetas del pasado, desarrollistas o neoliberales, sobre todo porque en muchos casos ya no hay condiciones para replicarlas.

Al gobierno del presidente Arce se le va a responsabilizar, por tanto, no únicamente sobre el manejo de la emergencia, sino también acerca de su capacidad para perfilar y encarrilar un conjunto renovado de orientaciones socioeconómicas adaptadas al mundo pospandémico, considerando sus riesgos y oportunidades para el país.

No se trata, por supuesto, de abandonar totalmente los principios que orientaron hasta ahora las políticas económicas y sociales, sino de adaptarlos, revisarlos y si fuera necesario reinventarlos en profundidad si son irrealistas. Podemos preguntarnos, por ejemplo: ¿Cómo aprovechar la transición global hacia un uso más intensivo de energía eléctrica en actividades de transporte y producción? ¿Cómo reactivar los sectores extractivos sin conflictos sociales y atrayendo capitales de diverso origen? ¿Cómo aprovechar las capacidades que 10 años de mejoras sociales han creado entre los ciudadanos con menores ingresos y que pueden perderse si no se las moviliza? ¿Cómo repensar sistemas sociales que durante la pandemia han mostrado su disfuncionamiento? ¿Cómo facilitar una creación masiva de empleos en todos los sectores de la economía?

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

Comparte y opina: