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miércoles 28 jul 2021 | Actualizado a 12:01

FSTMB: gloriosa e histórica

/ 20 de junio de 2021 / 00:53

La actividad minera es tradicional en Bolivia, sus actores han sido los mitayos, los khajchas, los apiris, indígenas convertidos en mineros. El imperio español y toda Europa se engrandecieron gracias a las minas y al indio.

La industria de los “señores de la plata” y luego de los “barones del estaño” creó otro tipo de trabajador, el proletario, cuya relación con el patrón era el salario e incentivos para la permanencia en la mina: la vivienda, la pulpería, la escuela, el cine y la cancha de fútbol.

En ese espacio los mineros se formaron como clase. La lucha por mejoras les llevó a descubrir el mundo de la minería. La nueva tecnología puesta en sus manos era capaz de horadar montañas y procesar el mineral. El valor de cambio creado de un recurso natural por la acción de las máquinas y la fuerza de trabajo era enorme, como insignificante el costo laboral y social con que retribuían al obrero. Vieron a las empresas poner gobiernos y eludir obligaciones tributarias y sociales, mientras creaban su imperio en el extranjero, con minas, fundiciones, industrias y bancos.

La Guerra del Chaco cambió el escenario. Una fiebre patriótica movilizó a los bolivianos a defender el petróleo, los mineros fueron liberados de servir a la Patria, sus brazos eran necesarios para mantener la guerra, en realidad para garantizar las ganancias de los barones del estaño, que donaron dos aviones y facilitaron empréstitos, un negocio en medio de la tragedia. La derrota trajo el nacionalismo y la justicia social: se nacionalizó el petróleo, se dictó el Código del Trabajo, se impuso la entrega por el sector exportador de las divisas al Estado; semejante osadía provocó el crimen-suicidio del héroe Germán Busch.

La II Guerra Mundial nos ponía en pie de guerra, aliados con los Aliados, obligados a la provisión de estaño; la inflación creada por la guerra redujo los salarios; el pedido de un aumento salarial en Catavi fue ahogado en sangre un 21 de diciembre de 1942. La respuesta fue el golpe de Villarroel, que convocó al primer congreso indigenal y se creó la Federación de Mineros, el 11 de junio de 1944.

Derrocado Villarroel (1946), el movimiento minero se echó a andar independientemente. En el sexenio se ganó el título de vanguardia, el Bloque Minero Parlamentario denunció la acumulación de riqueza por los Barones: el saqueo se compensaba con un 3% del valor de exportación, mientras la prepotencia y la miseria rondaban en los campamentos mineros; su voz fue expulsada del parlamento. La lucha social no amainó, se fue creando formas de lucha conspirativas, las masacres de Potosí y Siglo XX en 1949 son testimonio. La organización se fortalecía con la democracia obrera. Pese a la represión cada año hacían sus congresos donde se ratificaba a la dirigencia histórica y se reiteraba la lucha contra la oligarquía minero-feudal.

En la insurrección del 9 de abril de 1952, el proletariado minero en El Alto y San José definió la batalla, mérito para imponer la nacionalización de las minas. La nacionalización integraba toda la cadena productiva minera, bajo la dirección de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y el Control Obrero. Esta medida trajo el cerco internacional, el sabotaje, estudios técnicos pesimistas, la división de algunas organizaciones sindicales, trabas burocráticas y todas las mañas inventadas para mantener privilegios. De 1952 a 1964 la lucha fue entre el espíritu y la letra del nacionalismo revolucionario.

En mayo de 1965 se inició la desnacionalización de las minas. La dirección de la Comibol, en manos extranjeras, ordenaba a los generales gerentes: impuso la supresión de los sindicatos, la rebaja de sueldos y salarios, la anulación del Control Obrero; los campamentos fueron declarados zonas militares. Se desmembró a la Comibol; la exploración lo haría Geobol; la fundición, ENAF, se le impuso socios para pignorar sus yacimientos.

La defensa de las minas tenía como requisito derrotar a la dictadura. Se encaminó la lucha minera: la apertura democrática (1969-1971), la huelga de hambre de las mujeres mineras (1978), resistencia contra los golpes de Natusch y de García Meza. La huelga de Huanuni de noviembre de 1981 dio paso a la vigencia sindical y el derrumbe de la dictadura. Estos fueron algunos de sus aportes a la democracia.

La democracia liberal impuso un sistema de partidos políticos excluyente. Con el voto, después del desastre de la UDP, vino la ofensiva contra el proletariado minero. El DS 21060 destruyó la empresa estatal y al movimiento minero, dejando la actividad económica a la ley de la selva, sálvese quien pueda. Destruyó el ser nacional e incubó el individualismo.

Los trabajadores mineros llenaron páginas de la historia; superaron el gremialismo y su orientación política incidió en el país. La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional recupera la larga memoria de nuestras luchas. Urge el patriotismo, la lucidez, el heroísmo del sujeto histórico.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Por acción u omisión

/ 27 de julio de 2021 / 00:55

La agenda política está atiborrada del debate sobre golpe o fraude. Los sucesos posteriores a la consolidación del golpe son ilustrativos para determinar quiénes estuvieron alentando la conspiración para sentirse regocijados por el retorno a la república mediatizada y la defensa de sus intereses. Al respecto es ilustrativa la imagen del presidente de la Asociación de Mineros Medianos, en medio de los conspiradores, pidiendo el cambio de la Ley de Minería, y el reconocimiento inmediato al gobierno de facto por los países que apoyaron el golpe. Nada es gratis.

Pero hay otras maneras de restaurar el neoliberalismo: ignorando los objetivos del proceso. El cambio propuesto por la Constitución Política del Estado Plurinacional da a la explotación de los recursos naturales un rol liberador; con esos recursos debemos superar el atraso, superar la inequidad y la ineficiencia. La Ley de Minería establece que el eje de este propósito es la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), la Ley de la Empresa Pública delinea su estructura y las responsabilidades ejecutivas. Si estos mandatos se los ignora, entonces estamos frente a otra conspiración, por omisión.

Últimamente han estado anunciando proyectos que estarían en marcha en el sector minero. Mesa de Plata, Machu Socavón, Mallku Khota, Amayapampa, el ingenio Lucianita en Huanuni y la planta de concentración en Colquiri serían encarados por la Comibol, mientras desde el ministerio se anuncia la reingeniería de la Comibol; la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) anuncia un estudio para instalar una fundición de zinc, el ministerio garantiza el financiamiento. Este apabullamiento de buenos propósitos oculta los problemas estructurales del sector e ignora los problemas urgentes que existen.

La desvertebración de las empresas estatales lleva a enfrentamientos entre ellas, Huanuni y Colquiri enfrentadas con Vinto, por deudas, aunque todas actúan con el mismo Registro Tributario de Comibol. La Comibol paga cerca de Bs 1 millón por patentes del Mutún y no tiene nada que ver con su manejo. La parcelación crea reyes chiquitos e inviabiliza la ejecución de una estrategia nacional del desarrollo minero-metalúrgico. Esta requiere una economía de base ancha para cubrir sus requerimientos, que son múltiples y comunes a todas las empresas, requiere tener un potencial económico para insertarse en el mercado de las finanzas y el mercado internacional.

Los proyectos se los califica de carácter mundial, para lo cual se requiere inversiones millonarias, que naturalmente la Comibol no tiene. Así se infiere que hay que recurrir a un socio estratégico, quien pone sus propias condiciones. ¿Esto es lo que buscamos? Los proyectos de magnitud mundial se caracterizan por inversiones millonarias, explotación masiva y acelerada de productos primarios, para su industrialización en las metrópolis, tributación mínima, recuperación acelerada de la inversión del socio estratégico, y con amplios daños ambientales. Se suele citar los ejemplos de Perú y Chile; el flujo enorme de recursos no soluciona los problemas del país, más allá de alimentar a una burocracia tecno-política. Esta es una percepción que sus pueblos expresaron en las últimas elecciones.

En el periodo de transición del régimen neoliberal a la economía estatal, 2006-2014, se han creado situaciones ambivalentes por la vigencia de una legislación anterior y el surgimiento de una nueva. La no concreción de la nueva mantiene estos incordios, veamos. La Comibol no ha cambiado su razón social, sigue siendo la empresa pública dedicada a arrendar sus yacimientos en el marco de la ley de Sánchez de Lozada, por lo tanto no viabiliza los proyectos productivos propuestos. Algunos ejemplos:

La EMV ha encarado el montaje de una fundición moderna con capacidad de 20.000 TMF de estaño. Ha llegado a producir la mitad, sin demostrar rentabilidad, ni capacidad de pago de la inversión, recurriendo a fondos destinados para la compra de concentrados, para honrar sus obligaciones. Si no resuelve este problema, no puede plantearse otros proyectos.

Karachipampa requiere el cambio del horno Kivcet, no una reparación, mientras tanto tiene un plantel de 300 trabajadores que hay que mantener; hoy se lo hace al costo de descapitalizar a la empresa. Amayapampa, con 280 trabajadores, espera al socio estratégico desde hace tres años; han paralizado el proyecto de autosostenimiento de 200 TMB/día y se mantienen con subvención de la Comibol. En las oficinas de la Comibol, un plantel burocrático de más de 500 empleados cuida los activos de la vieja Comibol; dispone de los recursos del alquiler de sus yacimientos en proyectos que no tienen la solvencia necesaria.

Así la vieja Comibol es un elemento que conspira contra el proceso de cambio y el Estado no logra controlar al sector.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Vamos bien: ¿Puede ser mejor?

/ 5 de julio de 2021 / 01:16

Después de tantos malos días, pandémicos y políticos, se dice que se avizora la luz al fin del túnel. Esta afirmación está referida al comportamiento del comercio exterior: el balance de exportaciones e importaciones hasta mayo fue de un superávit de $us 638 millones, el mayor porcentaje debido a las exportaciones del sector agroindustrial. Paralelamente se señala que las reservas internacionales se mantuvieron estáticas, aunque la intención es de lograr incrementarlas, recurriendo a la compra de oro.

En realidad, son dos conceptos diferentes. La exportación está referida a lo que sale del país y las reservas se componen de lo que ingresa al país, vía el Banco Central de Bolivia (BCB), y de lo que éste vende. No siempre lo que se genera por ventas en el exterior ingresa al BCB, muchas de estas divisas se quedan en el exterior, por diferentes justificativos. Tajantemente el Lic. Pablo Ramos, expresidente del Banco Central, afirmó que las únicas divisas que ingresan a esa entidad son las generadas por las empresas estatales del petróleo y de fundición de estaño, más las remesas de nuestros compatriotas que residen en el exterior. ¿Y el resto? Ingresa vía el sistema financiero, convertido en bolivianos para cubrir sus costos en el país y lo demás se queda en el exterior.

La entrega de divisas al Estado es una vieja consigna nacional. Busch y Villarroel tuvieron el pecado de obligar y sancionar la no entrega de divisas al Estado, y sabemos cómo terminaron. En la conformación del modelo del nacionalismo revolucionario se impuso esta medida que se prolongó hasta que el modelo neoliberal dispuso la libre exportación de capitales. Hoy exportar no es precisamente crecer.

La característica de nuestra economía requiere que importemos muchos insumos como son el diésel, insumos y maquinarias para la producción y la construcción de carreteras, vehículos y trenes, etc.; éstos viabilizan las exportaciones. Solo en la importación del diésel —mayoritariamente usado en la agroindustria— el país desembolsa $us 1.000 millones al año. Ni qué decir de la necesidad de divisas para importar vacunas. Por lo tanto, es una necesidad estratégica del Estado disponer de divisas para garantizar los requerimientos del aparato productivo nacional. De dónde han de venir éstas: de la exportación de los productos que tienen en esencia origen en los recursos naturales que, por definición constitucional, son de los bolivianos y las bolivianas, propiedad que es inalienable.

Las exportaciones en los últimos años han crecido considerablemente, particularmente en los hidrocarburos, minería y la agroindustria. Veamos el caso de la minería.

En 2006 las exportaciones fueron de $us 1.150.605.573, en 2017 casi se habían cuadruplicado, a $us 4.168.746.140. En la estructura de costos de las empresas mineras se establece que los gastos en el exterior son del 50% del valor de exportación, afirmación que no puede comprobar el Estado boliviano, ingresando al país solo la otra mitad con lo cual cubren sus costos y pagan regalías e impuestos. Si la operación es positiva tendrán el derecho de sacar sus utilidades al exterior, esta vez gravadas con el 12,5% del valor de la remesa.

La iniciativa de la compra de oro por el BCB parece ser una medida correcta para fortalecer la moneda nacional y la economía en general. Recordemos que hasta antes de la imposición del dólar como patrón monetario era el oro la garantía de los bancos estatales para respaldar su moneda. Si bien la propuesta parece correcta, implica una serie de desafíos que tarde o temprano hay que enfrentarlos, resolverlos y no eludirlos. Éstos son: la informalidad de los productores auríferos, la ausencia del Estado en amplias zonas geográficas, la concentración de grandes valores en pequeños volúmenes de oro, la falta de un sistema nacional de acopio y comercialización del oro con control de origen y calidad, y la falta de un laboratorio nacional con certificación internacional.

El comercio exterior es una realidad, donde debemos buscar términos de intercambio justos. En todo caso la exportación de nuestros recursos naturales, hidrocarburos, minerales y productos de la tierra, tienen que estar inscritos en la lógica de ganar nuestra autonomía productiva y tener acceso a los bienes de la humanidad. Lo contrario se convierte en saqueo.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Un camino extraviado

/ 5 de junio de 2021 / 22:49

En su declaración del 28 de mayo un ejecutivo de la Comibol anunció la postergación de la puesta en marcha de Karachipampa por la falta de concentrados de plomo y plata, dijo que la solución era la importación del mineral.

Bolivia produce tres veces más de concentrados que la capacidad de la Fundición de Karachipampa. Es decir, sigue la libre exportación de concentrados de minerales, olvidando que la Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley de Minería supeditan la exportación de minerales al abastecimiento de las fundiciones nacionales, y desconociendo que los contratos mineros establecen que el Estado no pierde la propiedad del mineral.

Igualmente la Comibol tiene minas que producen plomo-plata que están siendo trabajadas por “socios”, donde en el directorio la Comibol es mayoría. ¿Por qué no disponer de estos recursos, pensando en el bien nacional, y no en los intereses de los “socios” que pagan por la fundición en el exterior más del 50% del valor bruto de venta?

Cuando el presidente Evo Morales visitaba Corea del Sur, los anfitriones le invitaron a visitar una fundición de zinc. Allí se procesaba el mineral de Bolivia, le mostraron las bondades de la planta que entre otros elementos valiosos recuperaba el indio. Sorprendido por el nombre se gastó una broma, para luego preguntar el precio de la planta: $us 400 millones, le informaron. Ni corto ni perezoso, exclamó “lo compro”. La respuesta fue tajante: esta planta no se vende, significa para nosotros 20.000 puestos de trabajo. Esto muestra la naturaleza del competidor que no admite la fundición en el país.

Cuando los mineros nacionalizaron las minas (1952), su sorpresa fue que los concentrados de estaño seguían siendo fundidos por Patiño, su poder estaba no solo en las minas, sino también en las fundiciones y el sistema comercial. Solo un militar patriota, Ovando Candia, en el breve interinato de 1966, a puertas cerradas, firmó la creación de la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF). Consumado el hecho, recibió una llamada del embajador de Estados Unidos, que siempre se opuso a las fundiciones, ofreciendo su colaboración. La respuesta: el trato ya estaba cerrado con Alemania.

El éxito relativo de la fundición de estaño —relativo en cuanto la Comibol quedó como vendedor minero y subvencionó las operaciones de la ENAF— llevó a plantearse las fundiciones de bismuto, antimonio y plomo. En el caso del plomo, se eligió a Karachipampa como el lugar y para la construcción a la empresa que hizo Vinto; pero fue sobredimensionada y cuando se concluyó la construcción no había mineral que fundir. Por ello, la Comibol tuvo que acopiar el mineral necesario para su puesta en marcha y rehabilitar varias minas. En ese momento concluyó el ciclo de Estado productor con el DS 21060 en agosto de 1985, que prohibía al Estado nuevos emprendimientos y declaraba la libre comercialización de los minerales. Así la planta, entregada en 1984, nunca funcionó.

Cuando empezó el “proceso de cambio”, la planta estaba arrendada a una empresa norteamericana que se comprometió a ponerla en marcha, lo que nunca ocurrió, pero sirvió para que, contrato en mano, ponga a la venta las acciones en la Bolsa. Romper el contrato llevó una larga negociación y costo para la Comibol, volviendo a manos del Estado en 2011.

Después de dos años la planta entró en funcionamiento, mostrando deficiencias. La emisión de gases ácidos oxidaba aceleradamente el caldero de enfriamiento. La primera puesta en marcha funcionó 20 días, se blindó el caldero y la segunda marcha duró 45 días; se realizó una tercera reparación, estando pendiente su arranque: el problema no es la solidez del caldero, sino el descontrol de los gases. La solución es un nuevo horno con material adecuado que pueda regular el control de la temperatura.

Como parte del proceso de superación del extractivismo se licitaron dos plantas hidrometalúrgicas de zinc, el principal mineral de exportación del país. En dos ocasiones se llegó a la adjudicación, pero fueron anuladas por incumplimiento de las normas de contrataciones del Estado, que no contemplan una modalidad donde el financiador es el proponente. ¿Qué garantía se debe pedir al que presta el dinero?, la burocracia ahogó un anhelo nacional.

En Bolivia no faltan los concentrados para una fundición, sino asegurar la entrega de los mismos. ¿Cómo lograr la puesta en marcha de nuevas fundiciones, contra viento y marea? No solo se trata de tener una política clara y hoja de ruta única, sino que todos los actores se movilicen tras el mismo objetivo.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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¿Y la política minera?

/ 23 de mayo de 2021 / 01:32

La rendición de cuentas a inicio de gestión debiera mostrar las intenciones de la dirigencia de la minería nacional para el año. Se trata de un objetivo a corto plazo que debe enmarcarse en una estrategia global, la cual está definida con base en los objetivos del Estado Plurinacional y la ley minera.

La prolongación del periodo de readecuación de las concesiones por otros 18 meses muestra que no se ha avanzado en la migración del régimen concesionario a los contratos de operación minera. El cambio del sistema rompe con el engorde de las minas y exige la operación estatal, cooperativa o privada. Esta falta de formalización se contradice con la solicitud, por otro lado, de desmovilización de áreas reservadas al Estado.

La declaración de una nueva reingeniería interna de la Comibol es una negación de la Ley de Minería y de la Ley de Empresas Públicas, donde se establecen los fines y estructura de esta empresa. Cualquier cambio parcial simplemente prolonga la agonía de una empresa manoseada por el neoliberalismo. Se requiere una empresa con capacidad técnica y financiera para encarar la producción de toda la cadena productiva, es decir, lograr dar valor agregado al recurso mineral. A la vez debe dejar de cuidar un gran activo obsoleto y seguir alentando contratos con terceros descuidando sus funciones propias. Si de veras la Comibol es incapaz de operar en sus áreas debiera dejarlas para que otros actores lo hagan, en el marco de contratos productivos mineros. Así de simple; los ejecutivos tienen que mostrar su capacidad técnica y no ser simples martilleros de remate.

Al respecto, en 2018 la UDAPE y el CONAPES aprobaron el decreto de reorganización de la Comibol, pero su ejecución se dejó pendiente para una situación oportuna. Qué mayor oportunidad que la crisis constatada que vive la empresa estatal, sin objetivos, cargada de obligaciones y sus rentas mermadas por la angurria de sus “socios”.

En dicho evento se ha vuelto a mencionar la necesidad de la inyección de capitales. Estos llamados ignoran la política del Estado, plasmada en la Constitución y las leyes, situación diferente a la de las transnacionales, que buscan modificar el contexto legal y para lo cual recurren a artimañas, muchas veces trágicas. Al respecto, el Estado ha previsto un sistema de financiamiento de la empresa pública con la emisión de títulos valores y la adquisición de créditos, con proyectos bancables, que debe elaborar la estatal; de igual manera, la Ley 1189 permite financiar proyectos productivos. Como ejemplo la AFP Futuro ha concedido un financiamiento a la empresa Illapa SA de $us 40 millones, con base en un contrato con la Comibol, titular de los yacimientos mineros, así de fácil.

Se habla de la inyección de capitales a Mallku Khota, ¿privatización después de la nacionalización? ¿Cuál es la lógica?, ¿negar lo que se hizo como una acción soberana por parte del Estado ante la prepotencia de una transnacional con nuestras comunidades rurales? ¿Cuáles son las condiciones mínimas para un negocio en beneficio del pueblo boliviano?: ¿recuperar la indemnización pagada?, ¿tener una participación mayoritaria en una empresa mixta? Son estas interrogantes que hay que plantear para lanzar una propuesta. El caso de Amayapampa lo demuestra: ante la presión de los trabajadores alentados por la empresa Svarog SA, la Comibol fue retirada del proyecto y se firmó un contrato que nunca se ejecutó, sirviendo solamente para sonsacar a terceros firmando contratos de obras. Hoy aparentemente se intenta seguir el mismo camino.

Se habla del funcionamiento de Karachipampa. Con qué perspectiva, si subsiste el problema estructural de control en la emisión de gases; la sustitución del caldero atacado por la acidez no resuelve el problema, porque en un par de meses, siendo optimista, dejará de funcionar. Karachipampa debe volver a ser un proyecto porque como empresa ha quebrado, es la triste realidad.

Las plantas hidrometalúrgicas para el zinc son un acierto, en contra de los procesos pirometalúrgicos que son dañinos a la madre naturaleza y permiten la recuperación de metales como el indio, cadmio, oro, etc.; sin embargo, hay que plantearse cuestiones previas. ¿Quién las ejecutará?, ¿lo hará la Empresa Metalúrgica Vinto?, ¿lo hará la Comibol que tiene otro proyecto? Como dice el ministro, la única forma de viabilizar las dos plantas para el tratamiento de 150.000 TMS/año a un costo de $us 700 millones es el crédito chino. Cuál ha sido la experiencia en el trámite del crédito para la Comibol y el Mutún: por lo visto es viable, pero no tan fácil ni rápido. Existe en la Comibol el proyecto Metalox, para el tratamiento de 40.000 TMS/año de zinc a un costo de $us 40 millones y su ejecución en un año; su carácter modular permitiría su instalación en varios lugares junto a los yacimientos mineros, dando un impulso a las regiones de donde se saca el mineral y hasta hoy no se deja nada.

La explotación de los minerales en el Estado Plurinacional solo se justifica si da valor agregado a un recurso natural, situación obligatoria para los actores mineros. Para llevar a cabo este objetivo se requiere de una estatal fuerte —técnica y financieramente— que lidere este propósito.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Soberanía nacional

/ 9 de mayo de 2021 / 01:02

La prensa consigna que la transnacional Glencore busca vender las operaciones de sus minas del “cinturón de plata” en cuatro países de Sudamérica, entre ellos Bolivia. Esta actividad propia del mundo de los negocios, la oportunidad para maximizar la ganancia, no siempre concuerda con los intereses de los países que les acogieron para hacer negocios. En nuestro caso, donde vivimos un proceso de transición del régimen neoliberal a uno de economía de mayor planificación estatal, los cambios no han sido del agrado de muchos, buscando resistir sin abandonar el barco.

Glencore heredó el imperio minero de Gonzalo Sánchez de Lozada, poco después de su huida en octubre de 2003. Compró sus empresas, la interrogante es a cuánto, porque al estar la empresa Comsur Ltda. registrada en el paraíso fiscal de Panamá, la transacción fue un secreto: no fue registrada en Bolivia, ni mucho menos se pagó un centavo por esta transferencia al país. En base a una cláusula del contrato, la Comibol autorizó el cambio del titular del contrato en 2004.

La actual situación de los contratos mineros es diferente. Éstos no se conciben como una transferencia de la propiedad nacional —los recursos naturales— a un privado, ni siquiera a un ente estatal. El contrato es una autorización para la explotación de los minerales en función de un plan de operaciones que incluye la inversión de capital, un cronograma de ejecución y la información periódica para demostrar el cumplimento del mismo. Es de suponer que para una transferencia de derechos, los contratos de las áreas de Caballo Blanco: Colquechaquita, Reserva y Tres Amigos, y de Soracaya tienen que estar vigentes, es decir, que el plan se cumpla, lo cual solo lo puede certificar la Autoridad Jurisdiccional Minera (AJAM). ¿Se tiene esta certificación y de cuándo data?

Glencore/Sociedad Minera Illapa S.A. además tiene un contrato de asociación con la Comibol, titular de las minas de Bolívar y Porco. Éste nunca se ejecutó debido a una modificación del contrato original aprobado por el Directorio de la empresa estatal minera y modificado en su trámite en 2013, situación advertida por el exvicepresidente Álvaro García Linera, y denunciada a la Fiscalía por dos miembros del Directorio de la Comibol. El daño provocado por esa modificación y calculado por técnicos de la Comibol alcanzaba a $us 20 millones.

Esta modificación inviabilizó su ejecución, porque no había acuerdo de las partes sobre la fecha inicial del contrato, por tanto no se pudo hacer el cierre de los contratos anteriores de riesgo compartido y alquiler, ni las auditorías que exigía el contrato. Los contratos de asociación, en la perspectiva de la Constitución del Estado Plurinacional, pretenden una alianza público-privada con la inyección de capital para dar valor comerciable a un recurso natural, con una participación mayoritaria para el pueblo boliviano. En el caso que nos ocupa, la participación de la Comibol era del 55%, con una inyección de $us 104 millones en cinco años para aumentar la producción en 50% más que los niveles de producción de 2011, con la generación de reservas, modernización de las instalaciones y la construcción de un ingenio nuevo.

Se buscó resolver el entuerto con una adenda suscrita el 5 de octubre de 2018, que volvía a los términos del contrato original. Esta adenda que modificaba un contrato aprobado por una ley tenía que tener la misma fuerza para su ejecución, por lo que fue remitida al Ejecutivo en 2019 para su trámite. Sin embargo, nunca se promulgó la ley.

De la información disponible, la situación en cuanto al contrato de asociación seguiría en las mismas condiciones, y la empresa sigue explotando sin que haya contrato perfeccionado. Por otra parte, el contrato establece que “Las partes no podrán ceder, transmitir o delegar sus derechos y obligaciones a terceros originados por este contrato, salvo acuerdo expreso suscrito por las mismas”. Como la decisión hecha pública por Glencore sobre la intención de la transferencia de derechos tiene fecha de noviembre 2020, la autorización de la Comibol habrá sido anterior a esta fecha. ¿Cuándo y por quiénes?

Esta situación debe aclararse por los órganos llamados por ley: Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Asamblea Legislativa, más allá del Control Social del pueblo boliviano.

 José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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