Las últimas semanas, algunos sectores y organizaciones sociales demandan al Gobierno la aplicación de un nuevo diferimiento para los créditos asumidos ante las entidades de intermediación financiera, afirmando que la situación económica de sus respectivos sectores aún no se ha recuperado, por lo que se verían imposibilitados de cumplir con sus obligaciones crediticias. Sin embargo, es importante que dichos actores de la sociedad consideren algunos aspectos cruciales que esta situación representaría para el sistema financiero y para la economía en su conjunto.
En este entendido, es importante recordar que las medidas asumidas durante la gestión 2020, referidas al diferimiento de créditos, fueron motivadas por el confinamiento de la población boliviana producto de la pandemia COVID-19, en la cual existió cuarentena rígida, restringiendo de esta manera el normal desarrollo de las actividades económicas, situación que a la fecha ha cambiado en la mayor parte de los sectores económicos, que han retornado a su normalidad, salvo algunas excepciones de actividades restringidas en horarios nocturnos donde la dinámica es mucho menor con relación a las diurnas, por lo que de ninguna manera se asemeja al contexto vivido el pasado año.
Existe un riesgo marcado en el posible quebrantamiento de la cultura de pagos de créditos, aspecto que se fue construyendo durante varios años atrás, con el impulso significativo que le dio la implementación de la Ley 393 de Servicios Financieros, que generó un paradigma de cumplimiento de obligaciones crediticias establecidas en los contratos suscritos entre la entidad de intermediación financiera y el prestatario. Esta construcción de la cultura del cumplimiento de las obligaciones parte desde el principio básico de la ética de quienes toman el crédito y también de la ética de las entidades que lo otorgan, ambas contrapartes tienen que considerar la observancia a todas las condiciones suscritas en los contratos de préstamo, situación que no puede ser quebrantada bajo ninguna circunstancia.
Por otra parte, recordar que la actividad principal de las entidades de intermediación financiera corresponde a la captación de recursos mediante los depósitos de la población por los que paga una tasa de interés pasiva y la colocación de estos recursos entre la población mediante el cobro de una tasa de interés activa, esta situación representa la generación de un círculo virtuoso entre una demanda de recursos y su oferta. Por cuanto, si no se cumple con las obligaciones crediticias preestablecidas en los contratos de préstamo, no existirá la posibilidad de otorgar nuevos créditos a la población que así lo requiera y en un caso extremo, podría darse la posibilidad de que la entidad financiera no pueda cumplir con el pago de la tasa de interés pactada y la devolución de los recursos a los ahorristas, generando de esta manera un quiebre peligroso en el círculo virtuoso de la actividad financiera y económica.
Por tanto, la estabilidad financiera, entendida como aquella situación en la cual el sistema financiero canaliza eficientemente ahorros desde oferentes de recursos hacia emprendedores e inversionistas, se vería en un riego con consecuencias funestas para el sistema financiero y toda la economía en general, complicando aún más la situación de la población en general.
Por su parte, las medidas adoptadas por el actual Gobierno, entre otras, el restablecimiento de los niveles mínimos de cartera para créditos productivos y vivienda de interés social, el acceso a recursos de liquidez a Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) y Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC), los fideicomisos para la reactivación y desarrollo de la industria nacional y la conformación del Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional; asimismo, medidas que se están gestionando como la Ley del Oro y el anteproyecto de ley para autorizar la constitución del Fideicomiso de Apoyo para la Reactivación de la Inversión Pública, son parte de la reactivación económica nacional y necesitan el acompañamiento de un sistema financiero sólido y solvente para alcanzar su propósito.
Por lo expuesto, un nuevo diferimiento no es posible bajo el presente contexto económico, en el cual, por el contrario, es imprescindible que se cumplan todas las obligaciones crediticias para evitar la inestabilidad del sistema financiero; por otra parte, es necesario que los agentes económicos, las organizaciones sociales y la población en general acompañen las medidas que están siendo implementadas por el Gobierno, para que se pueda salir definitivamente de la recesión económica en el corto plazo y restablecer los niveles de crecimiento y desarrollo alcanzados en años anteriores, en el mediano y largo plazos.
Gustavo Gómez es economista.