Voces

lunes 26 jul 2021 | Actualizado a 00:11

Municipios e Internet

/ 19 de julio de 2021 / 00:47

Los debates de política tecnológica no suelen incluir a gobiernos locales (municipales, departamentales, regionales y autonomías indígenas) en Bolivia. La dinámica de toma de decisiones de política pública de este sector está centralizada en los ministerios temáticos, la ATT y las empresas de proveedoras de servicios y alguna otra organización de carácter nacional.

Los territorios locales suelen recibir instrucciones que forman parte de políticas nacionales sin mucha información adicional. Uno de los principales roles de los gobiernos locales —y casi el único— ha sido gestionar permisos para la colocación de antenas de telecomunicaciones que habilitan la conexión a Internet para las poblaciones. Cuando se produjo la cuarentena, las instituciones públicas, nacionales y locales reaccionaron lenta e insuficientemente frente a la acelerada digitalización que impuso la pandemia en ámbitos críticos de la vida como son el trabajo, la educación, la gestión comercial y financiera, entre otros.

Sin embargo, hay algunos ejemplos del ámbito local dignos de mención. En el municipio de Villamontes se capacitó en uso de plataformas a profesores, se hizo préstamos de computadoras a estudiantes de bajos recursos y se estableció un centro de fotocopiado gratuito, mientras que en otros municipios como Copacabana se utilizó radio y televisión para clases a distancia para poblaciones sin conexión a Internet. Incluso se decidió dotar de chips con crédito para uso educativo en Yacuiba. La licitación no se concluyó porque el año escolar fue suspendido.

Es paradójico que esta baja capacidad de reacción haya sucedido justo ahora cuando hemos experimentado el salto más importante en tendido de fibra óptica, de 5.000 kilómetros en 2010 a 26.587,10 kilómetros en 2019. También provee evidencia para entender que se debe desarrollar una política pública más flexible y descentralizada.

Se abre un reto para las entidades nacionales acostumbradas a decidir roles para los gobiernos locales sin demasiada consulta. Son los gobiernos locales los que pueden desarrollar mejores soluciones de alfabetización digital, apoyo de comercialización virtual, teleeducación, desarrollo de redes comunitarias, entre otras funciones. Nuevos esquemas de gobernanza y toma de decisiones sensibles a la diversidad local serán necesarios.

Por otro lado, los funcionarios de entidades públicas locales tendrán que incorporar algunos conocimientos nuevos relacionados a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y contratar nuevos perfiles profesionales.

Sin duda es un nuevo horizonte en la política pública tecnológica que puede llevar a una mayor y mejor conexión de Internet para toda la población.

Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. word-press.com

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Linchamientos digitales

/ 21 de junio de 2021 / 01:59

Las últimas semanas estuve en contacto con las experiencias de varias periodistas que han sufrido durísimas represiones por sus reportajes en sus países. Un documental acerca de María Reesa de Filipinas, quien dirige el medio Rappler; entrevistas a Rana Ayyub y Neha Dixit, dos reporteras en la India; y la experiencia de Patricia Campos Mello, una periodista de Folha de Sao Paulo en Brasil, en su magnífico libro A maquína do odio.

Todas las periodistas cuentan la forma en que internet es usado para ejecutar linchamientos digitales en contra de ellas. Los mecanismos suelen ser masivos, duramente ofensivos, de contenido sexual, plagados de amenazas de violación y muerte contra ellas y sus familiares, y suelen ser ejecutados de manera abierta por los presidentes de sus países que al ridiculizarlas y hacer eco de las ofensas dan permiso e invitan a influencers que apoyan al oficialismo y miles de cuentas falsas y legítimas a violentar, ofender y amenazar de todas las formas posibles en espacios digitales a estas periodistas.

El fenómeno es diferenciado en el caso de las mujeres. Los periodistas también son violentados pero los argumentos usados son diferentes y la virulencia suele ser menor. En el caso de las mujeres, los ataques son claramente misóginos. En general, los comentarios hacen referencia al cuerpo o al aspecto de las periodistas, apuntan a las relaciones familiares o personales y cuestionan su rigor intelectual y sus credenciales profesionales. En todos los casos mencionados hay material gráfico e incluso audiovisual sexual trucado que se viraliza asegurando que se trata de ellas. Incluso se publica sus números de teléfono en páginas porno masivas para que clientes las contacten buscando servicios sexuales.

Un estudio de la International Women’s Media Foundation y TrollBusters muestra que en 2019 aproximadamente el 63% de las periodistas a nivel global han sido amenazadas o acosadas en línea. Entre las periodistas que trabajan en Estados Unidos y que han sufrido ataques en línea, el 78% sostiene que la cuestión del género fue un factor determinante para convertirlas en objetivo. Conozco en Bolivia a varias periodistas que también han sufrido este tipo de linchamientos digitales.

En época de desinformación y de disputa hegemónica de narrativas, las y los periodistas se ponen más en el centro del conflicto y en la mira de ataques violentos. Las periodistas son blanco más fácil por las estructuras machistas que caracterizan a nuestras sociedades. Esta es una situación que requiere una atención global y local pronta e integral. Una ley de protección de datos personales podría dar un marco de mayores garantías también en estos casos y ser parte de una solución.

Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. word-press.com

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Espacio cívico

/ 7 de junio de 2021 / 00:20

La organización Civicus realiza un monitoreo anual de libertades y derechos humanos en el mundo, mide tres derechos como indicadores de espacio cívico: libertad de asociación, libertad de reunión pacífica y libertad de expresión.

El informe de 2020 muestra que la gran tendencia global es la restricción del espacio cívico, 87% de la población mundial actualmente vive en países clasificados como cerrados, represivos u obstruidos. En América Latina varios países han retrocedido en la garantía de derechos o ya tenían serias restricciones: Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua, Guatemala, México y Venezuela.

Algunas de las causas son las medidas para combatir la pandemia que crearon un contexto de emergencia sanitaria aprovechado por los gobiernos para imponer medidas restrictivas de los derechos humanos y si bien la declaración de emergencia sanitaria era necesaria, los estándares internacionales de derechos humanos aclaran que estas medidas deben ser proporcionadas, necesarias y no discriminatorias, lo que no se respetó en la mayor parte de los casos.

Las tácticas más usuales para restringir libertades y derechos, según Civicus, son la intimidación, el acoso, los ataques a periodistas, la detención de manifestantes y el uso excesivo de la fuerza contra protestantes.

Además, para luchar contra la desinformación asociada a la pandemia se implementaron medidas de control de noticias y se tomó presa a gente bajo el cargo de desinformar. Esto último también sucedió en Bolivia durante el gobierno de transición y los decretos por la pandemia que incluían artículos contra la libertad de expresión que luego fueron anulados debido a la presión internacional de organizaciones de derechos humanos.

Lo que está sucediendo en Colombia las últimas semanas, lo que pasó en Chile antes de su referéndum, en Estados Unidos durante las protestas por el caso George Floyd o en Brasil con la difamación pública de las organizaciones de sociedad civil y la criminalización de activistas, todos estos casos, incluido el boliviano, forman parte de este fenómeno de restricción del espacio cívico que se extiende a espacios digitales con apagones de internet, ataques computarizados en redes sociales contra activistas y colectivos (lo que Facebook ha dado por llamar coordinated unauthentic behavior) o vigilancia estatal de civiles.

Sin duda, la situación es preocupante porque nos estamos acostumbrando a vivir con esas restricciones y las justificamos muchas veces como parte necesaria de la experiencia de la pandemia. No debemos olvidar que tenemos derecho a vivir con libertad y que el retorno al disfrute de una vida así debe ser uno de los objetivos colectivos.

   Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. word-press.com

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Cambio de términos en WhatsApp

/ 10 de mayo de 2021 / 01:50

Este 15 de mayo, WhatsApp actualizará sus términos de uso después de un infructuoso primer intento en febrero de este mismo año que fue rechazado por un gran grupo de expertos en tecnología en el mundo, defensores de derechos de privacidad, ONG e incluso Elon Musk, quien sugirió cambiarse a otra app de mensajería que respeta más los datos personales de sus usuarios y usuarias, Signal.

La razón para este cambio se debe a que WhatsApp es una empresa deficitaria, es decir, funciona a pérdida. Entonces, este es un intento de hacerla rentable, que dé ganancias a partir de publicidad y de convertirse en una plataforma de ventas.

Sus directivos explican que hay tres grupos de productos de WhatsApp: la app por la que todos nos comunicamos a nivel personal, el WhatsApp Business y la API del WhatsApp Business. Los cambios, dicen, solo se darán para el tercer grupo de productos, pero el cambio de términos de uso deberá ser aceptado por todos los usuarios y usuarias, no solo por quienes usen ese tercer grupo de productos.

Con este cambio se podrá incluir en la lista de contactos a empresas, por lo que se podrá aceptar publicidad de empresas y hacer pedidos a éstas. Ese cambio le permitirá a WhatsApp compartir datos personales con las otras empresas del grupo como Instagram y el propio Facebook independientemente de que tengan cuentas en ellas o no. También se compartirá información de contactos, tengan o no tengan cuentas en esas apps. Zuckerberg dijo que nunca haría esta integración.

El contenido de los mensajes no será leído por Facebook porque tiene cifrado de punta a punta, pero sí la información de compras, frecuencia, ubicación, tipos de dispositivos, etc.

Si una persona no desea aceptar los cambios, desde el 16 de mayo tendrá acceso restringido a su cuenta de WhatsApp. Es decir, podrá recibir llamadas y notificaciones, pero no podrá leer ni enviar mensajes hasta que acepte el cambio en los términos de uso, y luego vendrán otros bloqueos. Si no acepta el cambio, tendrá bloqueado el servicio.

Más allá de que a algunas personas no les preocupe compartir sus datos con un holding de empresas ¿es necesario que todos debamos aceptar un cambio en términos de uso aunque no vayamos a usar el servicio y que en caso de no aceptar, tengamos bloqueos paulatinos de los servicios de la app?

Pero en serio, ¿es posible dejar de usar WhatsApp? Para la mayor cantidad de personas la respuesta será negativa porque sus contactos están en esa app, porque no tienen suficiente memoria en sus celulares o porque desconocen cómo hacerlo y esto es una muestra de que la decisión no se hará de una forma informada y libre, sino que no les quedará otra.

 Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. word-press.com

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GeoBolivia no se debe perder

/ 26 de abril de 2021 / 01:22

Desde 2012, un grupo de geógrafos que trabajaban en varias instituciones públicas se concentraron para crear GeoBolivia, un portal web de mapas oficiales del Estado boliviano que permitía mirar los mapas en línea y descargar los datos de esos mapas para usarlos en diversos proyectos.

Se dice fácil pero es un trabajo monumental y con varias barreras que vencer: el desconocimiento del valor de proyectos de datos abiertos por parte de las autoridades, la coordinación interminable para encontrar acuerdos que permitan uniformar los diversos sistemas informáticos en los que se guardaban los datos geográficos públicos, la presión de algunos grupos que obtenían beneficios del desorden vendiendo esos mapas en mercados informales e incluso a las mismas instituciones públicas una y otra vez y, claro, la inercia del sector público tan reacia a innovar.

Ocho años después, este caro proyecto ha logrado 2.500 capas. Por decirlo en términos fáciles aunque pierda alguna precisión: 2.500 mapas. Todos estos mapas de libre disposición (datos abiertos), actualizados y oficiales. Esta característica de datos abiertos ha beneficiado a variados públicos: investigadores —solo en los registros de la UMSA y de la UMSS hay 100 tesis que han usado sus datos—, a iniciativas tecnológicas que usan esos datos para desarrollar servicios —OpenStreetMap es un servicio de mapas abierto y alternativo a Googlemaps que usa los datos de GeoBolivia— y ante todo, al Estado — varias entidades públicas y municipios han utilizado estos datos para su planificación.

Funcionarios de más de 100 instituciones públicas se reunieron varias veces a lo largo de estos años en grupos de trabajo para consensuar normativa y protocolos técnicos, además de crear un diseño con nodos que alimenten en línea un portal web de mapas del Estado que permitía conocer la ubicación de recursos como escuelas, postas sanitarias, pozos petrolíferos, ríos, caminos, telecentros, etc.

Todo esto hasta los primeros días de marzo de este año cuando el acceso a este portal ya no fue posible sin que medie ninguna explicación de parte de la Vicepresidencia, bajo cuya responsabilidad se hallaba el proyecto, que aún no ha emitido una comunicación oficial ni ha dado respuesta a varias cartas que se le han remitido al respecto.

Cuesta creer que el Gobierno quiera perder capacidad de análisis, desechar un proyecto que ayuda a ahorrar recursos para la planificación y mejora su calidad (¿con qué información se hará el PDES que está actualmente en elaboración, por ejemplo?), además de reducir posibilidades de duplicación de esfuerzos de recojo de información geográfica. Esperemos que se trate de un error y que se reponga el servicio pronto.

Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. Blog: www.internetalaboliviana. word-press.com

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Facebook y los DDHH

/ 12 de abril de 2021 / 01:39

El 16 de marzo de este año, Miranda Sissons, directora Global de Derechos Humanos de Facebook Inc., presentó la Política Corporativa de Derechos Humanos de esa empresa que es válida para todas sus apps. Es la primera política empresarial de este tipo emitida por una plataforma digital, como se les dice de manera genérica a las empresas de redes sociales, mensajería instantánea, streaming o cualquier otro servicio que se da en Internet de manera masiva.

La directora ha expresado el compromiso empresarial con un sinfín de cuerpos legales de defensa de los Derechos Humanos como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la de las personas con discapacidad, los Principios de Libertad de Expresión y Privacidad del Global Network Initiative (GNI) y los Principios de la OCDE sobre Inteligencia Artificial, entre varios otros.

Sin duda es un enorme trabajo y un enorme cuerpo de principios al que se compromete Facebook y lo hará además con un fondo de apoyo a los defensores de Derechos Humanos en el mundo. ¿Por qué lo hace siendo que esto implica recursos y un esfuerzo importante de cambio en sus procesos empresariales?

Es una respuesta a presiones que viene recibiendo hace varios años acerca de vulneraciones de Derechos Humanos en sus plataformas relacionadas a libertad de expresión, privacidad, discriminación, discurso de odio, entre otros. Estas denuncias hicieron crisis con el escándalo de Cambridge Analytica que implicó el uso de millones de registros personales de usuarios y no usuarios de la plataforma para la supuesta manipulación de elecciones. Mark Zuckerberg confesó ante el Parlamento norteamericano que no entendía plenamente los efectos que su plataforma podría estar provocando en la democracia. Se dio cuenta de que se había metido en temas grandes y serios que necesitaban otro tipo de soluciones, no solo las tecnológicas.

Será interesante seguir el desarrollo de estas iniciativas que juntan dos mundos, el privado y el público; dos intenciones: la búsqueda de beneficios y la defensa de derechos.

Este debate y sus soluciones están en inglés, responden a la opinión pública de Estados Unidos y conversan con Asia y África en inglés, por el momento. Es de esperarse que algo más adelante lleguen a América Latina y conversen acerca de nuestras propias preocupaciones en castellano.

 Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. word-press.com

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