Voces

lunes 26 jul 2021 | Actualizado a 01:47

Un bloqueo criminal

/ 22 de julio de 2021 / 02:12

Alguna vez me he preguntado qué sería de economías como las de algunos países del continente sudamericano, si un país como Estados Unidos hubiera decidido cerrar sus fronteras y la de sus aliados a procesos de comercio cuasi rutinarios. La verdad, estoy seguro que muchos se hubieran encontrado en absoluta indefensión frente al gobierno del norte, pero peor aún, es seguro que muchos de los gobiernos del continente sometidos a este tipo de bloqueo estarían sumergidos en un sinsentido, buscando retomar relaciones con el poderoso del norte para que vuelva a abrirles las puertas o les permita un pequeño espacio para poder ser parte de su mercado.

Por otro lado, es bueno hacer notar que el paternalismo con el cual Estados Unidos ha venido absorbiendo la economía (tomando el comercio como estrategia) y el territorio de Sudamérica y Centroamérica data desde hace mucho tiempo; como la Doctrina Monroe, anunciada ya en 1823 por el presidente James Monroe, con la famosa frase “América para los americanos”. Lo que en un principio parecía un chauvinismo continental, no era otra cosa que el anuncio del alejamiento de europeos para que esta declaración se entienda más bien como “América para los norteamericanos”.

El comercio, siendo la base del sistema económico mundial actual, representa el principal incentivo para que países mejoren sus niveles de producción y productividad, y busquen la temeraria idea de ir tras mercados cada vez más grandes y con exigencias más complicadas; muchas de éstas tienen que ver con medidas de inocuidad y seguridad de los productos que ingresan, pero muchas están también relacionadas a un proteccionismo natural que busca que se tenga un espacio razonable para los productos nacionales dentro del mercado local. Es complejo definir qué porcentajes deben ser los que relacionan a productos importados versus los nacionales, sin embargo, en la mayoría de los países esto ha sido dejado a la poderosa mano invisible y es al final el mercado el que decide qué producto sobrevivirá en esta “encarnizada batalla”, sin importar si los productores son artesanos con medios de producción precarios y que tienen como única subsistencia la venta de un determinado producto; o por el contrario, se trata de un emporio multinacional que al verse sin el consumo de un determinado mercado, no le queda más opción que buscar otra presa más apetecible.

Según datos del Banco Mundial, el comercio en el mundo en 2018 habría alcanzado a $us 19,4 billones, mientras que América Latina y el Caribe habría atrapado la modesta suma de $us 1,13 billones, lo que muestra que la región de habla hispana no representa ni el 0,5% del comercio mundial. Solo Estados Unidos logra más que duplicar el volumen de comercio de todos los países de la región, llegando a $us 2,54 billones. 

Los datos que se tiene del comercio en Cuba son que en 2018 habría alcanzado $us 8.800 millones, lo que es 0,07% del comercio que tenemos en América Latina y el Caribe. Este porcentaje tiene que ver en gran medida con un bloqueo que comenzó con el embargo del azúcar en 1959, año en el cual la Revolución en Cuba se la grita al mundo y se determina la nacionalización de las principales empresas gringas en territorio cubano, entre éstas las refinerías, lo que dejó más que enojada a la cúpula de Washington que para ese tiempo tenía como principal prioridad para el continente alejarlo de influencias de la ex Unión Soviética, la principal amenaza del plan intervencionista de EEUU.

Las relaciones comerciales con EEUU para los países de América Latina y el Caribe son prácticamente fundamentales en muchos de los casos; por ejemplo, en 2018 para el caso peruano, el 36% de sus hidrocarburos, el 32% de su agroindustria y el 49% de sus textiles y prendas fueron adquiridas por los poseedores de la Estatua de la Libertad.

La analogía realizada por el reconocido músico de Pink Floyd Roger Waters para explicar los últimos sucesos en Cuba, calza de manera perfecta sobre cómo se tergiversan los hechos para mostrar un gobierno cubano cuasi dictador y a un EEUU preocupado por los ciudadanos de un país que no es el suyo. La ocupación de territorio cubano se viene planificando hace décadas, pero siempre se hizo parecer que existe una “inquietud” por los habitantes de la isla, quienes evidentemente tienen muchas necesidades, pero son necesidades fundadas en el estrangulamiento económico-comercial que vive el país y que tiene como principal fin consagrar como nuevos dueños de la isla del encanto a los emporios de Wall Street.

Mike Gemio es economista.

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Emergencia sanitaria vs. negocio de la salud

/ 14 de marzo de 2021 / 01:18

Según la Plataforma de Información sobre el Desarrollo Global Devex, los gobiernos han asignado la asombrosa cantidad de $us 37.700 millones en fondos públicos para la investigación, desarrollo, distribución y aplicación de vacunas, mientras que el sector privado invirtió una cuarta parte de este monto: $us 9.500 millones. Esto ha despertado en muchos agentes económicos dentro del sector salud, la necesidad de ser parte de las ganancias que registran estas inversiones, sin importar mucho si esto puede ser totalmente ético.

En Bolivia, el Gobierno ha promulgado la Ley 1359 de Emergencia Sanitaria, con lo cual los colegios médicos han dado a conocer que la medida en contra de esta normativa es un paro nacional. Se piensa mostrar una nueva pulseta entre médicos y autoridades, sin tomar en cuenta que esta medición de fuerzas trascenderá a tener a la población en contra de médicos deseosos de defender a grandes grupos corporativos que controlan los servicios de salud privada y la distribución de medicamentos.

Entrando en materia de análisis y tratando de entender cuáles son los argumentos que usan algunos médicos para oponerse a una ley que busca defender los derechos de usuarios y consumidores de servicios médicos y productos farmacéuticos, en una pandemia que ha obligado a las familias bolivianas a quintuplicar, en algunos casos, el presupuesto en salud, aterrizamos en una realidad que convenientemente se oculta, ya que existiendo el incremento acelerado de la demanda de un bien específico, toca encontrar quién puede enriquecerse a partir de este nuevo escenario.

Para muchas familias que han sufrido la desgracia de tener un familiar enfermo con COVID- 19, no han escatimado en recursos para poder salvaguardar la vida de los suyos y han preferido perder hasta sus bienes para poder cubrir los costos de internación, oxígeno, especialistas médicos, medicamentos, etcétera; esto ha abierto los ojos a dueños de clínicas privadas que no han desaprovechado el momento para poder cobrar su costo de oportunidad y multiplicar ganancias.

El gobierno anterior mostró que en pandemia se puede ser lo suficientemente “hábil” para encontrar mecanismos de enriquecimiento a costillas del sufrimiento de familias, no es necesario enumerar la cantidad de casos de corrupción que vivió el sector salud durante este periodo. El mejor ejemplo para dueños de clínicas y representantes de agremiados de la salud fueron quienes estuvieron detrás de todos estos latrocinios, tanto así que muchos de los que ahora reclaman, resultaron ser candidatos o exautoridades del nefasto periodo.

Lo cierto es que defender el paro médico tiene un trasfondo completamente económico; habiéndose generado un boom en la demanda, el olfato neoliberal de muchos “negociantes” no podía fallarles y la Ley 1359 les está quitando lo que al parecer resulta ser “la gallina de los huevos de oro”, normando precios para medicamentos y principalmente para los costos que incurren las familias a la hora de internar a un familiar.

La primera ola del coronavirus en Bolivia tuvo dos principales características. A medida que el pánico en la población subía por el temor a enfermarse, los precios de los medicamentos alcanzaban precios que lograron llegar hasta un incremento de 500%, jamás basados en costos adicionales, sino simple y pura especulación.

Otra característica que dejó a muchas familias en la bancarrota fueron los costos de internación. Clínicas pidieron garantías de hasta Bs 100.000 para recibir a pacientes con COVID-19, y muchos de estos negocios, pese a la cantidad de recursos en resguardo, solicitaban a los familiares pagar montos de hasta Bs 20.000 al día, con la firme amenaza de que si no se cumplían con los pagos, los enfermos serían echados a su suerte.

Las razones están plenamente expuestas, el paro médico que se vive es en defensa de intereses corporativos de orden económico, y la Ley 1359 los afecta de manera certera. El mundo está enfrentando una de las etapas más difíciles de su historia y lo está haciendo de la mano de las personas que noblemente decidieron profesionalizarse en medicina; sin embargo, en Bolivia, nuestro sector sindical médico ha perdido la oportunidad histórica de caminar al lado de su población, para ponerse del lado de unos cuantos que lucran con la desgracia de la gente.

  Mike Gemio es analista económico.

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