Voces

lunes 27 sep 2021 | Actualizado a 21:21

La insuficiencia comprensiva

/ 24 de julio de 2021 / 01:46

En relación a los últimos pronunciamientos referidos a temas de índole tributario, es importante efectuar algunas precisiones a fin de aclarar concepciones erróneas que de manera equívoca han sido vertidas.

Es sabido que Bolivia es un país complejo cuando se habla de la contribución de la gente mediante el pago de sus impuestos, debido a distintos factores, entre ellos la propia idiosincrasia, los resultados alcanzados en la generación de cultura tributaria constituyen un significativo logro, pero a pesar de este avance aún resulta bastante común referirse al sistema tributario boliviano con el calificativo de “infierno fiscal”.

Esta referencia usualmente conlleva dos errores típicos, el primero está relacionado a que las comparaciones se efectúan considerando parámetros que distan mucho de la realidad boliviana, pues están basados en el análisis de una “empresa tipo” que no es representativa de la realidad en la que se desenvuelven la mayoría de los emprendimientos en el país, tal es el caso del documento Paying Taxes 2020; en segundo lugar se confunden tres conceptos fundamentales: presión fiscal, presión tributaria y carga tributaria, que al no ser utilizados correctamente derivan en resultados erróneos e interpretaciones alejadas de la realidad.

El estudio Paying Taxes 2020 señala que Bolivia presenta una tasa total de impuestos y contribuciones de 83,7% (que erróneamente es asumida como la presión fiscal), el dato es fácilmente objetable debido a la forma en que se calcula, equivocadamente se suman las alícuotas establecidas por norma de cada impuesto vigente en el país, sin considerar que los tributos se calculan en función de bases imponibles distintas, por lo que la suma de las alícuotas de varios impuestos es imprecisa y en el límite no tiene relación alguna.

En este escenario debe señalarse que no todos los contribuyentes llegan a estar obligados a la totalidad de los impuestos que existen en el sistema tributario boliviano, la mayor parte de ellos se encuentra sujeto al pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), dependiendo del rubro de su actividad; por otro lado, es menester considerar que la normativa de cada tributo prevé ciertos beneficios y deducciones para los contribuyentes, por lo que muchas veces la declaración no viene acompañada de un pago.

En el caso del IVA, además de ser un impuesto indirecto que es pagado por el consumidor final y no así por el contribuyente, un buen porcentaje de los sujetos pasivos se benefician con la compensación del crédito fiscal acumulado por sus compras respecto al débito que puedan generar; por ello, para ser objetivos en la evaluación de la tributación en Bolivia deben considerarse las tasas efectivas de cada impuesto, que para el IVA oscilan desde un 2,6% de las ventas en promedio, considerando el pago final.

Respecto al IUE, si bien este es un impuesto directo, la normativa permite deducciones sobre los distintos niveles de utilidad (contable, neta e imponible) que en la determinación final pueden conducir a una situación de pérdida, en la que no se produce ningún pago para el Estado. Por otra parte, cuando existe un pago, este monto puede ser utilizado como un pago a cuenta del IT; en términos de tasa efectiva el IUE presenta en promedio un 2,3% sobre los ingresos.

En el IT es posible que una parte de los contribuyentes obligados compensen el pago de este impuesto con los pagos de IUE hasta que estos se agoten o se alcance el cierre de una nueva gestión fiscal; en términos de tasa efectiva ésta alcanza en promedio a 1,8% de los ingresos.

Asimismo resulta importante mencionar que la presión tributaria es un parámetro interesante de comparación cuando es adecuadamente empleada, entendiendo que este indicador se refiere a los ingresos porcentuales que los particulares y empresas aportan al Estado por impuestos con relación al Producto Interno Bruto (PIB); concepto que es deliberadamente omitido por los opinadores siendo que este indicador no hace más que medir la capacidad que tiene un régimen impositivo para generar ingresos fiscales de las diversas actividades de la economía. Si se realiza un análisis histórico imparcial y objetivo se puede constatar que nuestro país entre 2005 y 2019 ha mantenido un nivel de presión tributaria estable, de 19,2% en promedio. 

Álvaro Nina y Lilian Loayza son economistas.

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El precio de lo gratuito

/ 22 de mayo de 2021 / 01:19

En este último tiempo han surgido variadas críticas, generándose incluso un falso debate en torno al proyecto de ley que únicamente pretende ampliar el alcance del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios digitales que son proveídos desde el extranjero y que además implican un costo, vale decir, a aquellos servicios que no son gratuitos.

Una campaña mal intencionada de desinformación ha surgido desde varios frentes, pero con un fin común, confundir a la población. En ese sentido, resulta ampliamente necesario entender las concepciones básicas de esta propuesta en cuestión, a fin de no ser víctimas de esta coyuntura que se ha visto apañada por diversos personajes, particularmente del área política, lo que en última instancia denota su deficiente capacidad en temas estrictamente tributarios.

En principio, es trascendental señalar que la medida no tiene la intención de crear un nuevo impuesto, como muchos pretenden hacer creer, siendo que en realidad lo único que se busca es alcanzar con el IVA a los servicios digitales pagados que son provistos desde el exterior, por ejemplo, Netflix, Spotify Premium, YouTube Premium, entre otros que son consumidos por el 2% de la población boliviana.

En ese contexto, las acciones habituales de la absoluta mayoría de la población (98%) a través de los servicios digitales que son de acceso libre y gratuito, como la navegación por Facebook, Twitter y TikTok; el uso del servicio de mensajería de WhatsApp y Messenger; el asistir a una clase virtual a través de Zoom o Google Meet; entre muchos otros más, seguirán siendo gratuitos dado que la propuesta de norma en ningún momento fue proyectada para gravarlos.

A objeto de continuar desmintiendo el conjunto de falacias que se han generado por este proyecto de ley, es importante mencionar que esta medida ya se ha ido implementando en varias partes del mundo, y en casi la totalidad de nuestros países vecinos, donde las alícuotas del impuesto gravado a los servicios en cuestión son más altas que en nuestro país.

Por otro lado, se busca amplificar la eficiencia del IVA, en razón de un trato igualitario, siendo que los consumidores de estos servicios de paga deben contribuir como el conjunto de la sociedad lo hace al adquirir cualquier servicio en el ámbito local.

Por último, resulta necesario entender que al ser el IVA el impuesto con el que se pretende alcanzar a los servicios en cuestión, en última instancia esto significa un beneficio para el conjunto de la población, dado que el IVA es un impuesto coparticipable, por lo que, con la recaudación obtenida, son directamente beneficiados los municipios y las universidades, y éstas son verdades que no son manifestadas por los pseudoanalistas.

Álvaro Nina Nina es economista.

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El círculo virtuoso del Re-IVA

/ 17 de abril de 2021 / 00:48

La situación posconfinamiento en el mundo a consecuencia del COVID-19 ha resultado muy complicada, y es más que evidente que nuestro país no ha quedado al margen de todos los efectos adversos de la pandemia. En ese sentido, el actual Gobierno tuvo a bien promover un conjunto de medidas orientadas a superar la crisis, fortalecer la reactivación económica y consolidar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo.

En esa línea y como uno de los primeros conceptos para recuperar la economía y su dinámica interna, el 28 de diciembre de 2020, el presidente Luis Arce promulgó la Ley 1355 del Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA) y la Ley 1357 del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF). La primera está orientada a todas las personas naturales que perciban un ingreso mensual igual o inferior a Bs 9.000, las cuales podrán beneficiarse con el reintegro del 5% del valor de sus compras facturadas por medios electrónicos, tomando en cuenta que el monto máximo a ser devuelto está delimitado por el nivel de ingresos declarado.

La medida gozó de una buena recepción por parte de la población, siendo que a marzo de la presente gestión ya se contaba con 30.304 beneficiarios registrados, de los cuales el 83% se encuentran en el eje central del país, y de acuerdo con las compras realizadas durante enero y febrero se efectivizó una devolución de Bs 1,6 millones.

El Re-IVA, como política pública basada en la economía conductual, lleva consigo una variedad de beneficios tanto en el orden individual como en el colectivo. Por un lado, al efectivizarse la devolución por el valor de las compras realizadas se profundizan las políticas de redistribución del ingreso dirigidas particularmente a los segmentos de la población menos favorecidos y más vulnerables.

El incentivo que genera la devolución por las compras efectuadas fortalece la demanda interna, ya que dichos recursos se reincorporan a la economía; por otra parte, se avanza en la adhesión de la gente a la cultura de exigir su factura.

Asimismo, el hecho de que esta medida promueva la compra con facturas de establecimientos legalmente establecidos, se convierte en un incentivo a la formalización de los negocios que aún operan de manera informal, y con ello se incrementará la recaudación de mercado interno que posteriormente se traduce en obras para el beneficio de la población en su conjunto, contribuyendo en todos los aspectos hacia una mayor justicia social.

Por todo lo expuesto anteriormente, se puede inferir que mientras esta medida vaya abarcando a más beneficiarios y se masifique, fortalecerá el círculo virtuoso descrito, coadyuvando a la recuperación de la economía y a avanzar hacia una Bolivia más solidaria.

Por otro lado, de acuerdo con los datos publicados oficialmente, el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), en su primera etapa que fenecía el 31 de marzo, logró superar considerablemente las proyecciones que se tenían inicialmente, siendo que se registraron 182 ciudadanos que radican en Bolivia, de los cuales se pudo efectivizar una recaudación de Bs 159,4 millones, obteniéndose así un 59,4% adicional a lo previsto. Al respecto, es de conocimiento público que en este último tiempo han surgido constantes opiniones en torno a esta medida, enfatizando aspectos “negativos” de este impuesto. Sin embargo, con los datos observados, todas estas opiniones han sido refutadas, dado que carecían de un análisis serio y objetivo.

En ese sentido, conforme se vaya avanzando en la profundización de estas medidas, se logrará una mayor solidez conceptual del sistema tributario boliviano con el fin de que adquiera un carácter más progresivo, y resulte más equitativo para el conjunto de los contribuyentes.

 Álvaro Nina Nina es economista.

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¿Por qué cobrar un impuesto a los más ricos?

/ 20 de enero de 2021 / 03:15

Es ineludible aceptar que el impacto del COVID-19 se ha expandido en el ámbito mundial, con efectos sanitarios y económicos extraordinarios. Ante esta situación, la necesidad de los Estados para contar con mayores fondos que permitan hacer frente a los gastos derivados de la contención del coronavirus y la asistencia a las personas y empresas afectadas, hace que en varios países surjan iniciativas orientadas a generar recursos adicionales.

Nuestro país no ha quedado al margen de todos los efectos que ha traído consigo esta pandemia, que se han agudizado como consecuencia de las desacertadas decisiones de la anterior gestión de gobierno. En ese sentido, actualmente se ha llevado adelante un conjunto de medidas dirigidas a la reconstrucción y la reactivación de la economía. Precisamente en esa línea, hace poco se promulgaron dos medidas con el objetivo de volver a dinamizar el mercado interno y de esa manera generar mayores recursos que contribuyan a brindar una mejor asistencia a los sectores menos favorecidos de la sociedad.

Estas dos medidas, tanto el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) que alcanza a una ínfima parte de la población y el reintegro del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA), están orientadas básicamente a brindar un carácter progresivo a nuestro sistema tributario, lo que equivale a decir que los contribuyentes sean parte de un sistema en el que lleguen a tributar en mayor cuantía los que más recursos tienen, y lo hagan en menor medida los que perciben menores ingresos.

Sin duda alguna, para salir de esta crisis sin precedentes, se necesitará del concurso de todos, aunque claro está que no todos se encuentran en igualdad de condiciones para llevar adelante este propósito, motivo por el cual en varias partes del mundo surgieron pronunciamientos de personalidades que figuran en las listas de las personas más ricas del mundo, brindándose a pagar montos excepcionales por concepto de impuestos, iniciativa que no es compartida por una pequeña fracción de los potenciales alcanzados por este impuesto en nuestro país.

Muchas críticas surgieron a raíz de las medidas implementadas, varias de ellas apuntan al IGF, y hacen referencia a que representa un desincentivo para la inversión, y en consecuencia esto afectaría al empleo de nuestro país. Esto no es cierto, dado que una gran parte de las grandes fortunas se acumulan básicamente en activos de uso personal y bienes suntuarios (mansiones, tierras, yates, aviones, helicópteros, y paraísos fiscales) que en la mayoría de los casos se constituyen en ahorros improductivos para el resto de la sociedad. En ese entendido, el IGF generaría desincentivos al super consumo o ahorros en paraísos fiscales, más que a ahorros que puedan generar beneficios para la mayoría de la sociedad.

Por otro lado, es importante hacer referencia a la teoría de la solidaridad que ha cobrado relevancia en los últimos años, complementando de mejor manera el concepto del Estado de Bienestar, donde el bienestar en sí es un bien común y debe ser promovido en mayor medida para las poblaciones más pobres a través de un proceso redistributivo del ingreso.

En ese sentido, el IGF contribuirá a reducir las brechas de desigualdad en nuestro país, tomando en cuenta el coeficiente de Gini, que indica el grado de desigualdad de los ingresos de la población medida en una escala entre 1 y 0, donde 1 representa la mayor desigualdad, y mientras más cercano a 0 sea este coeficiente, menor es la desigualdad de los ingresos y, por tanto, menor es la desigualdad económica. En Bolivia, este indicador ha presentado una disminución del 28% en los últimos 14 años, pasando de 0,59 en 2006 a 0,42 en 2019. Es evidente que resulta necesario mantener y fortalecer esa tendencia, dado que una sociedad desigual se asocia con una sociedad con poco bienestar económico y, en consecuencia, con un deficiente Estado de Bienestar.

           Álvaro Nina es economista.

         

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