Uno de los objetivos más destacables y de mayor análisis del Estado Plurinacional de Bolivia es la construcción colectiva de una sociedad sin pobreza ni desigualdades, con una clara orientación hacia el Vivir Bien en equilibrio y armonía con la Madre Tierra, contemplando de forma articulada el conjunto de ámbitos social, económico, político, cultural, ambiental, comunitario y espiritual, que hacen al desarrollo integral y sustentable de un país.

El Vivir Bien formula el encuentro entre pueblos y comunidades, respeta la diversidad e identidad cultural y regional, representa la convivencia en comunidad sin asimetrías de poder, en armonía con la naturaleza y en igualdad. En ese sentido, la Constitución Política del Estado establece y promueve el Vivir Bien como el horizonte estratégico del Estado Plurinacional de Bolivia, como modelo alternativo al capitalismo y a la modernidad, que nace en la manera de ver e interpretar el mundo de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, el cual es concebido en el contexto de la interculturalidad para ser alcanzado de forma colectiva, complementaria y solidaria.

El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones” adopta una visión de desarrollo integral y sustentable, reconociendo el patrimonio natural y los derechos de la Madre Tierra, promoviendo las diversas formas de organización económica (comunitaria, estatal, privada y social cooperativa), en línea a lo establecido por el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), el cual, abstrayendo la realidad económica y social, invoca al desarrollo económico, social, comunitario y productivo del país, promoviendo la justicia social a partir de la redistribución del ingreso y la reducción de la desigualdad, en lo extenso de sus diferentes manifestaciones.

En definitiva, la aplicación del MESCP, más allá de lograr tasas de crecimiento económico destacables a nivel regional y sostenidas en el tiempo, alcanzó evidentes avances respecto al desarrollo económico, traduciendo su éxito en la inclusión y movilidad social. En ese sentido, entre las gestiones 2006 y 2019 se registró una reducción continua de la pobreza moderada de un 59,9% en 2006 a 37,2% en 2019 y de la pobreza extrema de 37,7% a 12,9% en dicho periodo. Asimismo, se registró una reducción de la desigualdad medida por el Índice de Gini de 0,59 en 2006 a 0,42 en 2019; sin embargo, posteriormente a la ruptura del orden constitucional, en 2020 este indicador mostró un retroceso significativo alcanzando a 0,45, explicado particularmente por el incremento de la pobreza moderada y extrema, que alcanzaron a 39,0% y 13,7%, respectivamente.

Con la recuperación de la democracia en noviembre de 2020 se pudo reinstaurar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, con un Gobierno constitucional llamado a reconstruir económica y productivamente el país, siguiendo el enfoque de la redistribución del ingreso, erradicación de la pobreza material, social y espiritual, en armonía con la Madre Tierra y con justicia social, lo cual permitió restablecer las políticas económicas y sociales orientadas a reducir las brechas de desigualdad en el Estado Plurinacional de Bolivia, y como consecuencia inmediata de ello se logró una reducción significativa en los niveles de pobreza, alcanzando la moderada a 36,3% y la extrema a 11% en la gestión 2021.

De forma evidente, Bolivia ha iniciado una nueva etapa de reconstrucción de la patria en unidad y paz con el objetivo de retomar la senda del crecimiento económico, la industrialización con sustitución de importaciones, reducción de la pobreza y la desigualdad, un compromiso serio para salir adelante a partir de la construcción de una sociedad más humana, más justa y más equitativa.

Álvaro Nina Nina es economista.

Luego de haberse cumplido un año del gobierno del presidente Luis Arce, surgen posiciones encontradas en torno a los resultados obtenidos tras la recuperación de la democracia en octubre de 2020. Sin embargo, más allá de las críticas vertidas por parlamentarios de la oposición, que carecen de argumentos sostenibles, existe una verdad objetiva que permite demostrar los importantes avances direccionados a la reconstrucción económica del país.

Con la restitución del modelo económico social comunitario y productivo, Bolivia se encaminó a la vía de la sostenibilidad económica, dando prioridad a las necesidades inmediatas de la población, con el objetivo de lograr los niveles de crecimiento económico que se habían alcanzado antes de la ruptura del orden constitucional.

Entre los hitos se puede resaltar una destacada gestión en el ámbito de la salud, avanzando de manera significativa en la apertura y equipamiento de centros hospitalarios y cobertura de la población vacunada contra el COVID-19, reduciéndose sustancialmente la tasa de letalidad a un 0,8% hasta noviembre. Asimismo, se restituyó un derecho fundamental de la población (educación), lográndose retomar las clases en sus modalidades presenciales y semipresenciales después de la súbita clausura del año escolar en 2020.

Por otro lado, la reconstrucción económica resulta ser una realidad evidente, en tanto que el Producto Interno Bruto (PIB) al segundo trimestre de 2021 mostró un crecimiento de 9,4%, en comparación de la caída del 12,9% en similar periodo de 2020. Ante esta situación no es posible refutar que las medidas implementadas por el Gobierno han tenido resultados considerablemente positivos, revirtiendo el indicador del nivel de producción de la economía hacia una tendencia positiva. Sin embargo, la realidad actual demuestra que esta tendencia debe ser acompañada por un proceso de planificación de mediano y largo plazos, para un crecimiento sostenido en los próximos años.

En este contexto, se ha formulado el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones” (PDES), en el que se encuentran metas, resultados, acciones, el escenario macroeconómico y el presupuesto plurianual, alineado a los objetivos trazados en el Plan General de Desarrollo Económico y Social, y la Agenda Patriótica.

El PDES es el resultado de una construcción participativa emanada no solo de una coordinación sectorial sino también de las nueve cumbres departamentales para la Reconstrucción Económica y Productiva y una cumbre nacional, de entre agosto y octubre, en las que fueron partícipes organizaciones sociales, microempresarios, artesanos, juntas vecinales, así también las organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana como gremiales, trabajadores, médicos, mineros y una diversidad de sectores representativos de la realidad económica nacional; a la par de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, universidades y el sector privado.

En línea a la tendencia asumida por el PIB, el PDES establece lineamientos de política económica y social enmarcados en el modelo económico social comunitario y productivo, proyectándose un crecimiento promedio anual del PIB de 5,1%, ineludiblemente ligado al componente social a través de la reducción de la pobreza moderada del 39% al 19%, disminución de la pobreza extrema del 13,7% al 5,3% y reducción de la desigualdad de ingresos del 0,45 a 0,42 hasta 2025.

Estos objetivos responden a un programa de inversión nunca antes realizado de $us 33.197 millones hasta 2025, de los cuales el 53% está destinado al sector productivo, para fortalecer una estrategia de industrialización con sustitución de importaciones, acompañada de una política en materia de seguridad alimentaria con soberanía, incrementando así los niveles de productividad del sector agropecuario enfocados al abastecimiento del mercado interno y además de la generación de excedentes para la exportación con valor agregado, sentando las bases para el crecimiento con desarrollo económico en el mediano y largo plazos.

Finalmente, es importante una reflexión respecto a la desinformación y la generación de falsos debates, entendiendo que la reconstrucción económica de nuestro país será el resultado de la participación activa de cada boliviano desde el ámbito de sus potencialidades, en la que cada uno se apropie y se haga partícipe de la ejecución del PDES 2021-2025.

Álvaro Nina Nina es economista.

El Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones” (PDES), es el instrumento por el cual se articula la planificación en nuestro país, en el que se establece el enfoque político de la planificación para el desarrollo en los próximos cinco años; asimismo define las metas, resultados, acciones, el escenario macroeconómico y el presupuesto plurianual, cuya formulación responde a los objetivos trazados en el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) y la Agenda Patriótica.

En torno a los últimos pronunciamientos emitidos por diferentes sectores de la sociedad, es propicio mencionar que en el marco de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 777, de 21 de enero de 2016, del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), queda establecido que el Ministerio de Planificación del Desarrollo, de acuerdo con sus atribuciones básicas contenidas en las normas que rigen la organización del Órgano Ejecutivo, se constituye en el órgano rector del SPIE. Asimismo, el inciso e) del citado artículo establece que es tuición de dicha entidad formular y gestionar la aprobación del PGDES, así como el PDES.

Bajo el ordenamiento jurídico expuesto en el párrafo anterior, es fundamental señalar que el PDES 2021-2025, elaborado por el órgano rector correspondiente, es el resultado de una construcción participativa emanada no solo de una coordinación sectorial, sino también de las nueve cumbres departamentales para la Reconstrucción Económica y Productiva y una cumbre nacional, que fueron llevadas a cabo entre agosto y octubre de la presente gestión, en las que fueron partícipes organizaciones sociales, microempresarios, artesanos, juntas vecinales, así también las organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana como gremiales, trabajadores, médicos, mineros y una diversidad de sectores representativos de la realidad económica nacional; a la par de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, universidades y el sector privado.

En tal sentido, este plan que adopta una proyección de mediano plazo, al hacer partícipe en su proceso de formulación a la sociedad en su conjunto, y dirigida a atender sus necesidades y propuestas, es sin lugar a dudas un plan de todos y para todos los bolivianos.

Es ineludible señalar que el PDES 2021-2025 implica una articulación de ejes, metas, resultados y acciones que derivan en un programa de inversión sin precedentes, ya que prevé una inversión de $us 33.197 millones hasta 2025, de los cuales el 53% está destinado al sector productivo, plenamente orientados a fortalecer la reconstrucción de la economía nacional a través de una estrategia de industrialización con sustitución de importaciones, acompañada de una política en materia de seguridad alimentaria con soberanía, incrementando los niveles de productividad del sector agropecuario, enfocado al abastecimiento del mercado interno y además de la generación de excedentes para la exportación con valor agregado, sentando las bases para el crecimiento con desarrollo económico en el mediano y largo plazos.

Asimismo, este plan establece lineamientos de política económica y social, enmarcados en el modelo económico social comunitario y productivo, proyectándose un crecimiento promedio anual del PIB de 5,1%, necesariamente ligado al componente social a través de la reducción de la pobreza moderada del 39% al 19%, disminución de la pobreza extrema del 13,7% al 5,3% y reducción de la desigualdad de ingresos de 0,45 a 0,42 hasta 2025.

Por último, es propicio señalar que el falso argumento de que el PDES 2021-2025 vulnera las autonomías de los gobiernos subnacionales, queda desvirtuado en tanto que la Ley 031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, en el numeral 1, parágrafo II, artículo 93, menciona como competencia exclusiva de los gobiernos departamentales autónomos el diseño y establecimiento del plan de desarrollo económico y social del departamento, incorporando los criterios del desarrollo económico y humano, con equidad de género e igualdad de oportunidades, considerando a los planes de desarrollo municipales e indígena originario campesinos, en el marco de lo establecido en el Plan General de Desarrollo.

Es importante realizar una reflexión, en el sentido de que es trascendental comprender que, a objeto de garantizar la reconstrucción económica de nuestro país, es fundamental que cada boliviano se apropie y se haga partícipe de forma activa en la ejecución del PDES 2021-2025, siendo que únicamente con el concurso de todos los actores lograremos hacer de nuestro país un lugar mejor para nuestras futuras generaciones.

Alvaro Nina Nina es economista.

En este último tiempo han surgido variadas críticas, generándose incluso un falso debate en torno al proyecto de ley que únicamente pretende ampliar el alcance del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios digitales que son proveídos desde el extranjero y que además implican un costo, vale decir, a aquellos servicios que no son gratuitos.

Una campaña mal intencionada de desinformación ha surgido desde varios frentes, pero con un fin común, confundir a la población. En ese sentido, resulta ampliamente necesario entender las concepciones básicas de esta propuesta en cuestión, a fin de no ser víctimas de esta coyuntura que se ha visto apañada por diversos personajes, particularmente del área política, lo que en última instancia denota su deficiente capacidad en temas estrictamente tributarios.

En principio, es trascendental señalar que la medida no tiene la intención de crear un nuevo impuesto, como muchos pretenden hacer creer, siendo que en realidad lo único que se busca es alcanzar con el IVA a los servicios digitales pagados que son provistos desde el exterior, por ejemplo, Netflix, Spotify Premium, YouTube Premium, entre otros que son consumidos por el 2% de la población boliviana.

En ese contexto, las acciones habituales de la absoluta mayoría de la población (98%) a través de los servicios digitales que son de acceso libre y gratuito, como la navegación por Facebook, Twitter y TikTok; el uso del servicio de mensajería de WhatsApp y Messenger; el asistir a una clase virtual a través de Zoom o Google Meet; entre muchos otros más, seguirán siendo gratuitos dado que la propuesta de norma en ningún momento fue proyectada para gravarlos.

A objeto de continuar desmintiendo el conjunto de falacias que se han generado por este proyecto de ley, es importante mencionar que esta medida ya se ha ido implementando en varias partes del mundo, y en casi la totalidad de nuestros países vecinos, donde las alícuotas del impuesto gravado a los servicios en cuestión son más altas que en nuestro país.

Por otro lado, se busca amplificar la eficiencia del IVA, en razón de un trato igualitario, siendo que los consumidores de estos servicios de paga deben contribuir como el conjunto de la sociedad lo hace al adquirir cualquier servicio en el ámbito local.

Por último, resulta necesario entender que al ser el IVA el impuesto con el que se pretende alcanzar a los servicios en cuestión, en última instancia esto significa un beneficio para el conjunto de la población, dado que el IVA es un impuesto coparticipable, por lo que, con la recaudación obtenida, son directamente beneficiados los municipios y las universidades, y éstas son verdades que no son manifestadas por los pseudoanalistas.

Álvaro Nina Nina es economista.

La situación posconfinamiento en el mundo a consecuencia del COVID-19 ha resultado muy complicada, y es más que evidente que nuestro país no ha quedado al margen de todos los efectos adversos de la pandemia. En ese sentido, el actual Gobierno tuvo a bien promover un conjunto de medidas orientadas a superar la crisis, fortalecer la reactivación económica y consolidar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo.

En esa línea y como uno de los primeros conceptos para recuperar la economía y su dinámica interna, el 28 de diciembre de 2020, el presidente Luis Arce promulgó la Ley 1355 del Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA) y la Ley 1357 del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF). La primera está orientada a todas las personas naturales que perciban un ingreso mensual igual o inferior a Bs 9.000, las cuales podrán beneficiarse con el reintegro del 5% del valor de sus compras facturadas por medios electrónicos, tomando en cuenta que el monto máximo a ser devuelto está delimitado por el nivel de ingresos declarado.

La medida gozó de una buena recepción por parte de la población, siendo que a marzo de la presente gestión ya se contaba con 30.304 beneficiarios registrados, de los cuales el 83% se encuentran en el eje central del país, y de acuerdo con las compras realizadas durante enero y febrero se efectivizó una devolución de Bs 1,6 millones.

El Re-IVA, como política pública basada en la economía conductual, lleva consigo una variedad de beneficios tanto en el orden individual como en el colectivo. Por un lado, al efectivizarse la devolución por el valor de las compras realizadas se profundizan las políticas de redistribución del ingreso dirigidas particularmente a los segmentos de la población menos favorecidos y más vulnerables.

El incentivo que genera la devolución por las compras efectuadas fortalece la demanda interna, ya que dichos recursos se reincorporan a la economía; por otra parte, se avanza en la adhesión de la gente a la cultura de exigir su factura.

Asimismo, el hecho de que esta medida promueva la compra con facturas de establecimientos legalmente establecidos, se convierte en un incentivo a la formalización de los negocios que aún operan de manera informal, y con ello se incrementará la recaudación de mercado interno que posteriormente se traduce en obras para el beneficio de la población en su conjunto, contribuyendo en todos los aspectos hacia una mayor justicia social.

Por todo lo expuesto anteriormente, se puede inferir que mientras esta medida vaya abarcando a más beneficiarios y se masifique, fortalecerá el círculo virtuoso descrito, coadyuvando a la recuperación de la economía y a avanzar hacia una Bolivia más solidaria.

Por otro lado, de acuerdo con los datos publicados oficialmente, el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), en su primera etapa que fenecía el 31 de marzo, logró superar considerablemente las proyecciones que se tenían inicialmente, siendo que se registraron 182 ciudadanos que radican en Bolivia, de los cuales se pudo efectivizar una recaudación de Bs 159,4 millones, obteniéndose así un 59,4% adicional a lo previsto. Al respecto, es de conocimiento público que en este último tiempo han surgido constantes opiniones en torno a esta medida, enfatizando aspectos “negativos” de este impuesto. Sin embargo, con los datos observados, todas estas opiniones han sido refutadas, dado que carecían de un análisis serio y objetivo.

En ese sentido, conforme se vaya avanzando en la profundización de estas medidas, se logrará una mayor solidez conceptual del sistema tributario boliviano con el fin de que adquiera un carácter más progresivo, y resulte más equitativo para el conjunto de los contribuyentes.

 Álvaro Nina Nina es economista.