Paz social y recuperación económica
Es —relativamente— poco común hacer explícita la relación entre paz social y economía. Nocionalmente, quienes nos dedicamos a pensar la sociedad, la política y la economía —ya más profesionalmente, ya en charlas de café con nuestras amistades— solemos tender esporádicas líneas de vinculación, percibiendo algo más allá, pero las novedades del análisis de la relación entre economía y política resaltan por su escasez.
Para tener una idea del grado de conflictividad de un sector o una región, un primer dato importante es conocer qué tipo de demandas va a tener un sector y qué capacidad de movilización puede tener. Por ejemplo, si se movilizan los cooperativistas mineros, el tipo de demanda tradicional será referido a la presión tributaria que ellos reciben. Y sabemos que en ese caso, la ciudad de La Paz recibirá enormes cantidades de visitantes munidos de dinamita.
Si, por otro lado, son los profesores quienes sienten que el Gobierno “les mete la mano al bolsillo”, las marchas masivas, persistentes y de largo aliento se apoderan de las calles. Los transportistas pelean centavo a centavo bloqueando esquinas con sus motorizados.
Comerciantes gremiales tienen mucha mayor capacidad de movilización que los pequeños productores urbanos y entran en conflicto con las autoridades municipales. Los microproductores prefieren estar fuera de la vista del Estado y aparecen poco en público. Pero cuando la cosa aprieta, como en la crisis del microcrédito a inicios de los 2000, salen todos.
Menos evidente es el tipo de pelea/resistencia que tendrán, por ejemplo, los conciudadanos y conciudadanas de clase media en un contexto de crisis. Y, si bien su capacidad de movilización es escasa, tienen capacidad de propagar agenda pública y sentidos comunes que, en tiempos de crisis, se convierten en consignas de pesimismo. Luego de la consigna (está todo mal), viene la búsqueda de culpables.
Aunque el país continúa resintiendo los efectos económicos y sociales de la pandemia, mal que bien estamos sintiendo alguna recuperación; los pequeños negocios que no vendían absolutamente nada hace un año, mientras estábamos en cuarentena “dura”, ahora tienen la opción de activarse; albañiles, transportistas y gremiales ahora circulan y retoman su actividad, aunque con niveles de dinamismo aún muy tenues.
Adicionalmente, en términos macro, el país ha llegado a un equilibrio —a regañadientes— de las fuerzas políticas: el MAS ha impuesto su mayoría a nivel nacional y las oposiciones se han hecho fuertes en las capitales del eje troncal y han copado varias gobernaciones. Todos sienten que tienen un pedazo del poder y las voces que querían incendiar al tribunal electoral (con su presidente dentro), en el momento de la victoria del MAS, se quedaron sin agenda.
La estridencia de la pelea en los medios de comunicación entre los políticos profesionales y sus consignas partidarias, a veces nos hace olvidar que “la calle” está tranquila. La gente está ocupada en recuperar su situación económica y las energías no dan para que se movilicen por cuestiones ético/políticas.
Entonces la conflictividad se acota a los espacios regionales y sectoriales: el tema del censo, que hace pocas semanas parecía tener potencial de crecimiento, con la posibilidad de que varias regiones converjan y se levanten (siempre por las implicaciones financieras del asunto) ha sido desactivado con el anuncio de su realización para fines de 2022. En el muy corto plazo queda en agenda el conflicto por tierras (o por la renta de éstas) en Santa Cruz y —de manera mucho más tenue— la discusión sobre la fecha de llegada de las segundas dosis de la Sputnik V.
Potosí y Oruro creen que están peleando por un conflicto de límites e impuestos municipales, pero aquellos que quemaron el hotel no afectaron al municipio vecino, sino a cualquier esbozo de proyección de turismo medianamente seria para nuestro país.
Estamos en un momento de baja intensidad de conflictos y si son bien manejados, pueden convertirse en una victoria política para el Gobierno. Pero como vimos en el salar, una vuelta inesperada puede tener consecuencias más serias.
Pablo Rossell Arce es economista.