Voces

domingo 26 sep 2021 | Actualizado a 11:44

Paz social y recuperación económica

/ 26 de julio de 2021 / 00:52

Es —relativamente— poco común hacer explícita la relación entre paz social y economía. Nocionalmente, quienes nos dedicamos a pensar la sociedad, la política y la economía —ya más profesionalmente, ya en charlas de café con nuestras amistades— solemos tender esporádicas líneas de vinculación, percibiendo algo más allá, pero las novedades del análisis de la relación entre economía y política resaltan por su escasez.

Para tener una idea del grado de conflictividad de un sector o una región, un primer dato importante es conocer qué tipo de demandas va a tener un sector y qué capacidad de movilización puede tener. Por ejemplo, si se movilizan los cooperativistas mineros, el tipo de demanda tradicional será referido a la presión tributaria que ellos reciben. Y sabemos que en ese caso, la ciudad de La Paz recibirá enormes cantidades de visitantes munidos de dinamita.

Si, por otro lado, son los profesores quienes sienten que el Gobierno “les mete la mano al bolsillo”, las marchas masivas, persistentes y de largo aliento se apoderan de las calles. Los transportistas pelean centavo a centavo bloqueando esquinas con sus motorizados.

Comerciantes gremiales tienen mucha mayor capacidad de movilización que los pequeños productores urbanos y entran en conflicto con las autoridades municipales. Los microproductores prefieren estar fuera de la vista del Estado y aparecen poco en público. Pero cuando la cosa aprieta, como en la crisis del microcrédito a inicios de los 2000, salen todos.

Menos evidente es el tipo de pelea/resistencia que tendrán, por ejemplo, los conciudadanos y conciudadanas de clase media en un contexto de crisis. Y, si bien su capacidad de movilización es escasa, tienen capacidad de propagar agenda pública y sentidos comunes que, en tiempos de crisis, se convierten en consignas de pesimismo. Luego de la consigna (está todo mal), viene la búsqueda de culpables.

Aunque el país continúa resintiendo los efectos económicos y sociales de la pandemia, mal que bien estamos sintiendo alguna recuperación; los pequeños negocios que no vendían absolutamente nada hace un año, mientras estábamos en cuarentena “dura”, ahora tienen la opción de activarse; albañiles, transportistas y gremiales ahora circulan y retoman su actividad, aunque con niveles de dinamismo aún muy tenues.

Adicionalmente, en términos macro, el país ha llegado a un equilibrio —a regañadientes— de las fuerzas políticas: el MAS ha impuesto su mayoría a nivel nacional y las oposiciones se han hecho fuertes en las capitales del eje troncal y han copado varias gobernaciones. Todos sienten que tienen un pedazo del poder y las voces que querían incendiar al tribunal electoral (con su presidente dentro), en el momento de la victoria del MAS, se quedaron sin agenda.

La estridencia de la pelea en los medios de comunicación entre los políticos profesionales y sus consignas partidarias, a veces nos hace olvidar que “la calle” está tranquila. La gente está ocupada en recuperar su situación económica y las energías no dan para que se movilicen por cuestiones ético/políticas.

Entonces la conflictividad se acota a los espacios regionales y sectoriales: el tema del censo, que hace pocas semanas parecía tener potencial de crecimiento, con la posibilidad de que varias regiones converjan y se levanten (siempre por las implicaciones financieras del asunto) ha sido desactivado con el anuncio de su realización para fines de 2022. En el muy corto plazo queda en agenda el conflicto por tierras (o por la renta de éstas) en Santa Cruz y —de manera mucho más tenue— la discusión sobre la fecha de llegada de las segundas dosis de la Sputnik V.

Potosí y Oruro creen que están peleando por un conflicto de límites e impuestos municipales, pero aquellos que quemaron el hotel no afectaron al municipio vecino, sino a cualquier esbozo de proyección de turismo medianamente seria para nuestro país.

Estamos en un momento de baja intensidad de conflictos y si son bien manejados, pueden convertirse en una victoria política para el Gobierno. Pero como vimos en el salar, una vuelta inesperada puede tener consecuencias más serias.

Pablo Rossell Arce es economista.

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Aportes de jubilación

/ 20 de septiembre de 2021 / 01:13

Esta semana se promulgó la ley de devolución de aportes a las AFP, como parte de un paquete de medidas del Gobierno para contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID-19. Recordemos que esta medida fue propuesta en la campaña para las elecciones generales de octubre de 2020; de esta manera, se convierte en una promesa cumplida.

Las estimaciones iniciales dan cuenta de que 1,4 millones de personas podrían beneficiarse bajo tres modalidades: la primera, el retiro de hasta un 15% del saldo acumulado si este es menor o igual a los Bs 100.000; la segunda, el retiro de hasta Bs 15.000 para quienes tienen más de Bs 100.000 de saldo acumulado y hasta el 100% del saldo acumulado para quienes tienen un saldo acumulado igual o menor a Bs 10.000 y sean mayores de 50 años.

De esta manera, se podría inyectar un monto que oscile entre los $us 500 y 1.500 millones a la economía boliviana, una cifra poco despreciable. El efecto sobre la recuperación económica sería inmediato y contundente.

Un rápido balance muy personal, que no pretende ser exhaustivo, me da el siguiente resultado: A favor, tenemos que incrementa la demanda agregada y que podría convertirse en un pequeño impulso de capital para quienes tienen un emprendimiento o desean arrancar con uno o, finalmente, para pagar deudas o algún tipo de consumo inmediato para los beneficiarios.

Pero, por otro lado, tenemos que el efecto macro del consumo que podría generar esta medida por naturaleza sería un impulso temporal y sin mayores efectos de largo plazo; para quienes usen el dinero en su emprendimiento, la medida podría tener un beneficio limitado, en ausencia de una perspectiva de mercado, asistencia técnica y mejora de los procesos de producción. Finalmente, es importante considerar que el retiro de los aportes va en detrimento de la renta de vejez.

Seguramente esta realidad es la que ha llevado a las autoridades a recomendar mucha cautela a la población que decida realizar sus retiros y que se considere esta como la última opción posible.

Más allá de todo, es pertinente señalar que el modelo de jubilación de AFP, de contribución individual, se impuso como un esquema de solución para el agotamiento del anterior modelo de jubilación enmarcado en el sistema de reparto. En el fondo del asunto está el problema de la evolución del mercado de trabajo y del financiamiento de la seguridad social —en este caso, la de largo plazo— únicamente a partir del contrato “regular” de trabajo, una rareza cada vez más infrecuente.

Pero las AFP, en el marco de las condiciones del país y de la regulación a la que deben sujetarse, no muestran una rentabilidad que haga posible proyectar una pensión de jubilación atractiva para la mayoría de los afiliados e, incluso, para una gran cantidad de población, los montos a recibir en la fase pasiva de la vida son insuficientes. Los abundantes ejemplos de gente que se jubila y que a la vez mantiene una actividad laboral —regular o no— son elocuentes al respecto.

Si atendemos a los supuestos bajo los que se realizó la reforma de pensiones, la idea era enterrar un sistema insostenible desde el punto de vista de las finanzas públicas. Pero el reemplazo trajo un sistema que no cumple el objetivo para el que fue implementado y que, a su vez, corre el riesgo de ser insostenible para muchos afiliados.

Estas contradicciones nos deberían obligar a exprimir el cerebro y pensar más allá del acceso a la seguridad social basado en el contrato regular de trabajo e imaginarnos un esquema de seguridad social verdaderamente universal.

Para ello, el tipo de financiamiento también debería ser universal. Esto implica una reforma de fondo al sistema actual de pensiones, pero eventualmente, también al sistema impositivo; implica contar con algún tipo de contribución adicional para que quienes tengan más, contribuyan solidariamente con quienes tienen menos; e implica marcar un conjunto de reglas para conciliar un derecho universal con algunas preferencias individuales.

La pregunta es si estamos listos para tener esta conversación.

Pablo Rossell Arce es economista.

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Latinoamérica bajo la lupa

/ 6 de septiembre de 2021 / 01:05

La CEPAL, bajo el liderazgo de la economista mexicana Alicia Bárcena, ha publicado hace pocos días uno de sus informes bandera: el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021. El tema de este año es la “dinámica laboral y políticas de empleo para una recuperación sostenible e inclusiva más allá de la crisis del COVID- 19”. Personalmente presto mucha atención a los lanzamientos de estas publicaciones porque creo que nos ayudan a elevar la mirada por encima de las tres o cuatro frases que se repiten y circulan alrededor de un aburrido carrusel, cuando se trata de discutir sobre la economía boliviana y sus posibilidades.

Bárcena nos ha acostumbrado durante los últimos años a análisis regionales de alta calidad y pertinencia, profundizando el análisis de las tendencias estructurales de la economía latinoamericana y haciendo esfuerzos importantes por encontrar salidas mediante propuestas intelectualmente innovadoras y técnicamente sólidas. Aprovechando los recursos tecnológicos actuales y el alcance de las redes sociales y las plataformas multimedia, Bárcena nos ha ayudado a ver lo que pasaba con la región durante el tumultuoso 2020, con informes ágiles y datos certeros.

Regresando al estudio, el documento arranca con un análisis de la economía mundial y regional. Argumenta que este año la región observará un crecimiento positivo del 5,9% en gran medida por efecto “rebote” pero que para 2022, las limitaciones estructurales reducirán el crecimiento a un 2,9%. En ese contexto, Bolivia logrará un 5,2% este año y un 3,5% en 2022.

En el frente externo, el parón económico de 2020 tuvo como consecuencia inesperada, un leve superávit comercial para la región, cosa no vista desde 2007. Con el fin de las cuarentenas y otras medidas de restricción de la circulación, la actividad económica ha regresado y, con ella, se reactiva el comercio exterior. Los buenos precios de las exportaciones latinoamericanas impedirán que la región tenga una brecha externa muy abultada, pero de que habrá déficit externo, lo habrá y el “Estudio” lo estima en un 0,2%. Para nuestro país la situación es otra y más bien se espera un modesto superávit comercial.

Las cuentas fiscales de todos los países de la región sufrirán déficits, pero éstos serán levemente menores a los de 2020, en gran parte gracias a la recuperación de los precios de los productos primarios de exportación —en otras palabras, gracias a la renta de los recursos naturales—.

El estudio nos invita a poner nuestra mirada más allá de la coyuntura y a observar los patrones estructurales regionales: los bajos niveles de inversión, el lento avance de la productividad, el bajo ritmo de crecimiento observado luego del fin del “superciclo” de precios de productos primarios y el desproporcionado efecto del desempleo sobre mujeres y jóvenes.

Las nuevas políticas propuestas por el “Estudio” para salir adelante, giran alrededor de la reactivación del turismo sostenible, la transición hacia energías renovables, la movilidad urbana sostenible, la revolución digital, la manufactura de la salud, la bioeconomía, la economía circular y la importantísima economía del cuidado.

Los temas transversales propuestos tienen que ver con una mayor inversión para la universalización de los servicios básicos, inversión para mejorar las condiciones de empleabilidad de jóvenes y de mujeres, y políticas de reactivación para Pymes.

Todo esto cuesta dinero, por supuesto. Para ello, el estudio propone combatir la evasión fiscal —estimada en más del 6% del PIB regional—; consolidar el impuesto a la renta de personas físicas y corporaciones, extender el alcance de impuestos sobre el patrimonio y la propiedad — impuesto a las grandes fortunas—; impuestos a la economía digital, ambientales y relacionados con problemas de salud pública; y revisar y actualizar de forma progresiva las regalías por la explotación de recursos no renovables.

Por otro lado, el estudio propone una política monetaria expansiva, reconoce la importancia de la última reasignación de DEG —que no deuda— del FMI como un elemento que alivia, pero llama a una acción conjunta de los países de la región para incidir multilateralmente en la armonización de instrumentos fiscales (impuestos a las personas y a las corporaciones) y monetarios.

En resumen: no es momento de hacer ajustes al gasto; de hecho, es momento de gastar más, pero afinando la puntería y destinando recursos a sectores innovadores; las políticas de reactivación deben enfocarse también en eliminar paulatinamente los desequilibrios de género y generacionales y, por último, es imprescindible que la región refuerce los mecanismos de acción conjunta: al igual que una golondrina no hace verano, es muy poco lo que se puede alcanzar mediante la acción individual.

Pablo Rossell Arce es economista.

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Horizonte 2022

/ 23 de agosto de 2021 / 01:23

En pocos días más arranca septiembre y con él, el último tercio del año. Parece un buen momento para hacer proyecciones acerca de lo que nos espera para el cierre de este agitado 2021. Para empezar, conviene recordar que la pandemia seguirá marcando el paso de las acciones cotidianas de la gente y de las autoridades. En un plano más general, se puede decir que la evolución de la pandemia y sus respuestas determinarán el ritmo de recuperación económica.

La gente, ya sea por desinterés, por una percepción de riesgo menor a la que realmente existe o por la necesidad de salir y trabajar, tener actividades sociales o lo que sea, está moviéndose en el país como si no hubiese pandemia. Por supuesto, en algunos lugares los cuidados y las precauciones se notan más que en otros, pero al final del día todos estamos saliendo más o menos regularmente. Y este comportamiento ha contribuido a la recuperación.

En ese orden de cosas, habrá que ver qué nos trae la previsible cuarta ola con la variante Delta, que podría ocurrir en los próximos meses. Los esfuerzos para dotar a toda nuestra población con vacunas han sido destacables, a pesar de los esfuerzos —también denodados— por instalar en la opinión pública la idea de que las vacunas estaban disponibles para cualquiera que tuviese suficiente dinero para comprarlas, como quien va a un supermercado… lo único que había que hacer era liberar su importación.

El resultado, al día de hoy, es que el Gobierno ha garantizado vacunas para más del 60% de la población meta. Pero he aquí que tropezamos con el problema de un declinante ritmo de inoculaciones, cuando no hemos llegado ni al 20% de la población con la segunda dosis. Los medios de comunicación dejaron atrás las historias y anécdotas acerca de las propiedades malévolas de las vacunas — que te convierten en hombre lobo, que te hacen impotente, que ya no puedes emborracharte más… y una larga lista de etcéteras.

Yo sospecho que los rumores siguen corriendo a lo largo y ancho de las redes sociales y de las cadenas de WhatsApp y que este tipo de esquemas de desinformación están siendo —al menos parcialmente— las causas por las que la población no acude a vacunarse. Valga la llamada de atención, para que nuestras campañas de comunicación se suban al tren del siglo XXI, porque las campañas de desinformación ya están ahí.

Con una población pobremente vacunada, la variante Delta puede tener consecuencias muy negativas. Si la cosa se pone muy dura, algunos gobiernos subnacionales pueden decidir implementar medidas de restricción a la circulación, con el consecuente freno a la recuperación económica.

El FMI ha publicado hace poco la actualización de su Panorama Económico Mundial (World Economic Outlook). En el documento, la gente del Fondo recalca la importancia de la vacunación como medio para lograr una recuperación económica más rápida. En esa línea, proyecta una recuperación más ágil para los países industrializados, que han logrado vacunar a cerca del 40% de su población. La distribución equitativa de vacunas es clave en este aspecto.

Las proyecciones del Fondo indican un cierre de año con un 6% de crecimiento para la actividad económica global este 2021, con un notable 5,6% estimado para las economías avanzadas — que estaban creciendo a una tasa inferior al 4% en la prepandemia. Los EEUU sobresalen en la proyección, con una tasa de crecimiento esperada del 7%, muy cercana al 7,5% estimada para las dinámicas economías asiáticas.

Pero detrás de las cifras se esconde un conjunto de factores que tienen que ver con la calidad del crecimiento económico. Para empezar, es bueno recalcar que, si bien estamos en la senda correcta, igual tendremos que esperar al menos un año (si no más) para recuperar los niveles de actividad económica de 2019.

Pero estamos a tiempo de mejorar la calidad de nuestro crecimiento: la pandemia ha obligado a los gobiernos del mundo a pensar fuera de la caja de herramientas usada hasta hace pocos años; subsidios directos, incremento del gasto fiscal, política monetaria flexible y expansiva, rescate de empresas y otras medidas anteriormente mal vistas, forman hoy parte del panorama de políticas económicas típicas. En ese sentido, yo veo perfectamente factible una serie de experimentos de encadenamiento de empresas públicas y privadas, con incentivos e instrumentos teledirigidos para, por ejemplo, empezar a sustituir importaciones de insumos y bienes intermedios de uso intensivo y que ya producimos en el país. Es que esos mercados no se van a crear solos.

Pablo Rossell Arce es economista.

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Entre la chicha y la limonada

/ 9 de agosto de 2021 / 01:48

La “nueva normalidad” que se está configurando en el país es una situación que yo describiría como una combinación de conflictividad tibia y recuperación económica gradual. La conflictividad acotada a algunos espacios sectoriales y territoriales, junto a una recuperación económica sostenida, pero para nada espectacular, parecen proyectarse como el signo de esta época, al menos en el futuro previsible.

En ausencia de grandes problemas ideológicos o identitarios, en ausencia de una visión de país radicalmente distinta a la actual (si alguna se presentó en las anteriores elecciones nacionales, no obtuvo mucho más del 1% de apoyo) y en ausencia de grandes liderazgos aglutinadores, estamos —en lo político— ante el surgimiento esporádico de expresiones sectoriales y/o territoriales de conflictividad. Repasemos algunos ejemplos.

Luego de que se abrió la vacunación masiva para toda la población mayor a 18 años, el problema de las vacunas —la instalación del problema en la opinión pública— transmutó hacia las noticias de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V que, efectivamente, no llega para la población que obtuvo su primera dosis. La solución ya está en camino: la Argentina va a aplicar las vacunas de Moderna y AstraZeneca como segunda dosis en sustitución de la Sputnik V, luego de hacer las correspondientes pruebas de campo. Este es un tema que no aglutina masas y saldrá de la agenda en cuestión de semanas —si no antes—.

El tema de la devolución de aportes de las AFP, como un apoyo a las familias que sufrieron pérdidas de ingresos y empleo en la cuarentena, estuvo levemente en las portadas de los periódicos e incluso hubo algún conato de protesta callejera, sin ninguna repercusión. El proyecto de ley de devolución de aportes está siguiendo su curso normal y este tema volverá a la agenda pública cuando se promulgue y se ejecute.

El conflicto de Uyuni llegó a las llamas, pero las cenizas podrían volver a albergar fuego. Mi sospecha personal es que lo de Uyuni no se acaba solo con los domos quemados. Es todavía prematuro decir qué se cocina ahí. Si la cosa se pone más seria, podríamos esperar otro rebrote de conflictos en esa región. En todo caso, lo que es seguro es que cualquier empresa que opere allí contabilizará —previsoramente— un monto adicional en sus costos. Y la empresa que no lo haga, tendrá que asumir la pérdida. Por uno u otro lado, la iniciativa de diversificar nuestras exportaciones con el litio potosino va a tener que esperar.

El más reciente conflicto —también regional— está ocurriendo en Santa Cruz, por el tema tierras. Mientras escribo estas líneas, la profusión de invitaciones y convocatorias a la marcha de los cívicos inunda las redes sociales. Además de la marcha, los cívicos anunciaron el bloqueo de caminos. Vale la pregunta: ¿por qué no optaron por un paro cívico? La intensidad del bloqueo programado nos dirá mucho acerca del potencial de crecimiento de este conflicto. Ojo que estamos hablando del bloqueo de la carretera por donde transita casi todo nuestro comercio con el Brasil (exceptuando el gas).

Así como hablamos de los problemas que están en agenda, también quiero llamar la atención sobre los problemas que no se trasladan a la agenda pública como conflictos.

En realidad, el problema de los incendios forestales —que también es regional—. En esta temporada, las voces de activistas brillan por su ausencia luego de la quema de miles de hectáreas en la Chiquitania boliviana. Ese silencio es elocuente también.

En el frente económico, tampoco tenemos grandes sobresaltos: la disponibilidad masiva de vacunas nos hace más confiados y la población y las autoridades van abriendo cada vez más espacios para el regreso paulatino a las actividades presenciales. Incluso la gente se está animando a viajar un poco más, lo cual podría ayudar al turismo.

Es en este frente en el que una crisis global, o una súbita interrupción de la recuperación, podría ocasionar problemas más serios, con cadenas de transmisión muy rápidas hacia lo político. Pero es en este frente también que se puede presentar otro golpe de efecto: el descubrimiento de un campo gasífero, una nueva iniciativa de impulso para el empleo y los ingresos o una innovación de impulso a la demanda con una nueva política de protección social. Tiempo de sobresaltos menores, tiempo “aburrido”, tiempo para proyectar el futuro, digo yo.

Pablo Rossell Arce es economista.

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La danza de las fotocopias

/ 12 de julio de 2021 / 01:47

Mi amigo Mario, quien tiene una larga trayectoria de indagación sobre el avance digital en Bolivia, plantea en su cuenta de Twitter un problema serio, que podría resolverse con el uso del humilde y nunca bien ponderado correo electrónico.

Resulta que mi amigo Mario hace un reclamo a una telefónica mediante correo electrónico en primera instancia (la oficina Odeco de la telefónica) y no tiene solución satisfactoria. Quiere hacer su reclamo en segunda instancia —también mediante correo electrónico—, pero la ATT se lo impide: ellos solo se comunican vía correo electrónico con las telefónicas, no con los usuarios. Luego de varias gestiones y reclamos, la ATT “excepcionalmente” le permite que su trámite de segunda instancia sea aceptado por correo electrónico. Pero fíjense que para que su trámite sea aceptado, Mario tiene que imprimir el correo electrónico que envió para solicitar hacer el trámite vía correo electrónico (así como suena), firmarlo y presentarlo físicamente en las oficinas de la ATT.

Otro tuitero, que vive en el interior, está impedido de obtener seguro médico debido a que está activo en la CNS desde que lo registró su anterior empleadora, una empresa que ya no existe más. La burocracia le exige que venga a La Paz para hacer el trámite personalmente. Entre los comentarios, uno le responde que seguramente en la CNS le van a pedir el trámite de baja de su empresa (que ya no existe más), con documentación de la renuncia, sello de recepción y registro en la regional. Esto último no lo he comprobado, pero sospecho que puede ser cierto.

La mañana antes de escribir esta columna, fui a recibir mi segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Llegué con varias semanas de retraso debido a que en el ínterin me contagié y —felizmente— me recuperé del COVID-19. En el centro donde me atendieron (espléndidamente bien) para la primera dosis, me indican que para los casos en los que uno se atrasa, debe ir a la oficina central del Sedes a pedir instrucciones sobre qué hacer.

Voy al Sedes, me dicen que tengo que buscar a “la licenciada” que da la autorización. Encuentro la oficina de “la licenciada”. Me solicitan tres fotocopias (¡tres!) de mi CI, tres fotocopias (otras tres) de mi certificado de vacunación de primera dosis, y que vuelva para la autorización respectiva.

Llevo todo lo que me piden y me ponen —en las seis fotocopias— un sello con una firma autorizada. Me envían a un centro de vacunación. En el centro de vacunación, le explico mi caso a un amable señor de gorra, barbijo y mandil, que está en la puerta controlando el ingreso. Consulta con sus superiores, me pide —otra vez— fotocopia de mi CI y certificado de vacunación. Con su mejor voluntad para facilitarme la vida, me da acceso al lugar de espera para control de mis signos vitales.

Ya midiéndome la presión, la señorita encargada vuelve a consultar a los superiores si corresponde que me vacunen. Le dicen (por segunda vez) que sí. Toca el registro informático. El joven que me atiende vuelve a pedir autorización a sus superiores y le dicen que sí (por tercera vez). Me vacunan luego de 4 horas de trámites, 4 fotocopias de CI, 4 fotocopias de mi certificado de vacunación, y luego de advertirles de que no salgo sin mi vacuna.

Estamos ya entrando al siglo 21. La tecnología que permite ver tu nombre en una base de datos centralizada, conocer la fecha en que cumpliste con un requisito X —presentación de una queja Odeco, renuncia a tu pega, primera dosis de tu vacuna, o lo que ustedes digan— existe desde hace ya décadas, lo mismo que la tecnología que permite que esos datos viajen por cable, fibra óptica u ondas de radio.

En términos prácticos, para hacer un trámite de reclamo vía correo electrónico, necesitas que todos los involucrados tengan una cuenta de correo electrónico. Para presentar tu documentación en tu ciudad de origen, necesitas una oficina en tu ciudad de origen, conectada por internet con la oficina nacional. Para ver si te corresponde la segunda dosis de tu vacuna, tienes ya un registro en una base de datos que indica tu número de CI y la fecha de tu primera dosis. Pero en Bolivia, toledanamente —como diría otro amigo— nos siguen exigiendo el papel, la fotocopia del CI, la firma, el sello, la presencia física.

¿A quién beneficia nuestra cultura de trámites, fotocopias, cartas impresas, el sello con firma? Primero, a los dueños de las fotocopiadoras. Segundo, a los “tramitadores” de oficio. Tercero, a los “guardafila”, que te guardan tu puesto en la fila si esta es demasiado larga. Cuarto —y más peligroso— a quienes te piden coima para agilizar tu trámite. Porque saben que tienes las horas de permiso laboral contadas, porque no puedes quedarte en La Paz esperando por el sello y la firma durante dos semanas, porque te cansas.

Como anécdota final, les cuento que logré que me vacunen siendo un habitante urbano, con educación superior y con persistencia. Porque la doctora que me midió la presión me informó que a una señora que vino de Achocalla, con mi misma situación, le negaron la vacuna. Más allá de la anécdota, más allá de la economía de la intermediación como modelo de negocio y más acá del racismo y la discriminación, la digitalización de los trámites es una cuestión de ciudadanía. Y de igualdad.

Pablo Rossell Arce es economista.

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