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domingo 26 sep 2021 | Actualizado a 11:50

Cambiar el ‘poder’ judicial

/ 27 de julio de 2021 / 00:58

Al finalizar junio, la empresa Datacción realizó una encuesta nacional en la que se incluyó una pregunta sobre la reforma judicial de la que tanto se habla y escribe últimamente. Resulta que para dos tercios de los ciudadanos el sistema judicial está muy mal y cambiarlo es urgente. El resto coincide en que está mal, pero unos creen que hay otras prioridades y los demás que ya está mejorando algo.

La urgencia del cambio, en la que coinciden dos tercios de los bolivianos, se justifica por el fracaso de la reforma judicial impulsada desde 2009, al amparo de la nueva Constitución, y la declinante pérdida de confianza de la gente en jueces, fiscales y sistemas de prevención, seguridad y condena, que también ha sido detectada en sucesivas encuestas.

Una revisión de las experiencias de otros países me ha confirmado que el nuestro es el único que ensaya la elección directa de los más altos magistrados. La fórmula más utilizada en el mundo involucra al menos a dos órganos diferentes en la designación de magistrados, uno para la selección y otro para la designación. Pero la clave parece estar en la duración del mandato, que en los casos más exitosos se relaciona con la edad o la salud de los magistrados, no con un “periodo de funciones”. Por ejemplo, en Inglaterra, Japón, Israel y Chile los magistrados permanecen en el cargo hasta cumplir los 70 o 75 años. En Estados Unidos, Alemania, Francia y España, la función es vitalicia y limitada solamente por la salud. En todos esos casos, por lo tanto, la renovación es paulatina, lo que también asegura continuidad en la jurisprudencia, en los criterios jurídicos y en las políticas judiciales, afirmando la seguridad jurídica de largo plazo. En este caso, es claro también que si no se los quiere tener por mucho tiempo, es mejor que no se los elija cuando son muy jóvenes.

Notablemente, Bolivia nació a la vida independiente con ese modelo. De acuerdo con nuestra primera Constitución, los magistrados eran seleccionados por el Senado y designados por los censores (diputados), y debían permanecer en el cargo “cuanto duraran sus buenos servicios”. Posteriormente se impuso la idea de periodos con duración de 12, 10 o seis años, impidiendo la continuidad y obligando a cada Corte a comenzar de nuevo.

El problema fundamental que debe resolver la reforma es éste: el de la elección y la permanencia de los magistrados. Por supuesto, no es el único.

Otro problema que parece sustancial es el de la debilidad general de todo el Órgano Judicial, que de hecho está muy lejos de ser o tener el poder que la norma constitucional le reconoce. La Suprema dejó de ser “suprema” y en este momento no se sabe cuál es la cabeza de dicho órgano. El Tribunal Constitucional puede disputar cualquier poder, los temas agroambientales se tratan en otra corte y las cuestiones claves de administración presupuestaria y de personal las tiene el Consejo de la Magistratura. En los hechos, se ha destripado el “poder” judicial, cuyo presupuesto, además, es absolutamente insuficiente para solventar las responsabilidades que tiene. Es tan débil que no tiene poder ni siquiera para protestar o reclamar por ese maltrato.

Si la reforma se centrara de manera inmediata en la designación de magistrados de alto nivel y con la confianza necesaria como para que ejerzan el cargo por muchos años, se les debería también permitir a ellos conducir la reforma de todo el sistema, es decir, volver a fusionar en una Suprema todas las materias jurisdiccionales y administrativas. Ya verá ese órgano colegiado si decide formar salas o comisiones especializadas y si requiere nombrar jueces adjuntos o lo que quiera llamarles para atender diversos temas y problemas con eficiencia. Es seguro que buscará a los mejores porque querrá atender “en última instancia” la menor cantidad de errores o chambonadas. Y si logramos que los mejores lleguen a ser magistrados, podemos estar seguros de que también ellos tratarán de escoger a los mejores en los demás niveles del Órgano Judicial.

Lo que me parece inapropiado es enfrascarnos en detalles de cuyo diseño bien pueden encargarse, gradualmente y con firmeza, quienes asuman “el poder” judicial y quienes sean sus colaboradores. Busquemos entonces en quiénes confiar.

Roberto Laserna es investigador de CERES.

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¿Cómo darle independencia al Poder Judicial?

/ 26 de junio de 2021 / 01:51

La idea de República rechaza la existencia de un poder absoluto o permanente. La Asamblea fundacional de 1826 decretó en su sesión del 13 de agosto que el gobierno “representativo republicano” se expediría por los tres poderes “separados y divididos entre sí”. No puede ser el mismo el que hace las leyes que quien las aplica, y ninguno debe resolver por sí mismo las controversias.

Desde entonces se ha planteado el gran desafío de establecer los mecanismos adecuados para garantizar la separación y división de poderes. El problema mayor corresponde al judicial, que al no generar leyes ni contar con la fuerza coercitiva o los recursos económicos para aplicarlas, resultó el más débil.

La primera Constitución boliviana, sancionada en 1826 a partir de un texto encomendado a Simón Bolívar, buscó la independencia de los jueces dotándoles de inamovilidad. Todos los magistrados, desde la Suprema hasta los jueces de partido, debían ser vitalicios, ejerciendo su autoridad “cuanto duraren sus buenos servicios”. Por supuesto, podían ser removidos mediante procedimientos judiciales y por tanto no estaban exentos de cumplir las leyes. Pero al ser vitalicios podían ejercer la magistratura libres de la voluntad o la influencia política que sí estaba sujeta a renovación periódica de acuerdo a la votación de los electores, y libres de preocupaciones económicas y de empleo.

Para llegar a la Suprema se planteaban requisitos de edad y experiencia bastante exigentes para la época. Tener al menos 35 años cuando la esperanza de vida era de 50, equivaldría hoy a exigir una edad mínima de 50 años para la Suprema. Y se esperaba que además hubieran sido previamente magistrados distritales o que tuvieran al menos 10 años de ejercicio profesional.

En otras palabras, la independencia de los jueces no nacía del origen de su mandato, como es el voto de los electores para los legisladores, sino en su especialización profesional y autonomía laboral. La seguridad del cargo vitalicio le daba al juez la suficiente tranquilidad como para juzgar sin temor a ser removido por el poder de turno. La forma de elección involucraba a las Cámaras: los senadores enviaban ternas a los censores (diputados) y éstos elegían de dichas ternas.

Esta forma no se mantuvo mucho tiempo aunque sí sus principios, al establecer plazos de mandato mucho más prolongados que los de los poderes Ejecutivo y Legislativo. En la Constitución de 1967, por ejemplo, el mandato de los Supremos era de 10 años, es decir, dos y media veces más que el de los legisladores y por tanto podían ejercer sus funciones con relativa independencia.

Una revisión de los casos con mejores sistemas judiciales (Dinamarca, Alemania, Finlandia e incluso otros exitosos como Estados Unidos, Japón, España) muestran que ese sistema es el más extendido y útil. Siempre hay dos órganos distintos involucrados, uno para seleccionar postulantes y otro para elegirlos, y el mandato es vitalicio aunque en algunos casos con la obligación del retiro a una edad determinada (70 o 75 años, por ejemplo).

Bolivia experimenta la elección de magistrados por sufragio desde 2009, tratando de dar a los jueces independencia de origen, limitándolos en el cargo a un periodo breve. Lamentablemente no se logró el objetivo. La elección los subordina a los poderes que los promueven. Los electores votan sin conocerlos, y por eso también rechazan su elección votando en blanco y nulo en gran mayoría. Y su breve paso por el cargo se ha convertido en un punto más de sus currículums profesionales: esos cargos ya no son la culminación de una carrera sino un empleo transitorio. Los mismos jueces parecen tomar decisiones pensando que tendrán toda una vida para corregirlas, olvidarlas o esconderlas.

Podemos enmendar el error. No hace falta volver a la experiencia previa sino mejorarla, para lo cual podríamos pensar en el origen fundacional. O sea: designaciones vitalicias subiendo las exigencias de selección, y solvencia económica determinando una proporción mínima del presupuesto para el Órgano Judicial, que debería tener autonomía de gestión. Nada de esto libraría a los jueces de cumplir las leyes, incluyendo las de rendir cuentas y someterse al control presupuestario.

Necesitamos transformar la justicia y eso pasa por recuperar y garantizar la independencia judicial. Una Suprema con autoridad y credibilidad podría encargarse de reconstruir nuestro sistema en crisis.

Roberto Laserna es economista.

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Crisis sin Fondo

/ 19 de abril de 2021 / 02:03

El 17 de febrero de 2021 el Banco Central de Bolivia informó que el Gobierno había decidido devolver $us 346,7 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI). Según su explicación, se trataba de un préstamo irregular y oneroso, que generó costos económicos millonarios al Estado e imponía condiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias con el FMI. Se dijo también que tal préstamo transgredía la Constitución Política.

Recordemos que el gobierno anterior tuvo un entredicho con la Asamblea Legislativa por este tema, pues no obtuvo su aprobación. Por su deseo de concertar, el gobierno de Áñez había pedido aprobar esa operación que, en realidad, no necesitaba de aval parlamentario, pues no implicaba la contratación de un crédito. En ese caso, Bolivia ejercía un derecho como “accionista” del FMI, no como clienta.

Se trataba, en realidad, de una operación relativamente novedosa mediante la cual un país miembro ejerce su derecho de utilizar por un tiempo un monto equivalente a su propio aporte de capital, retirando su participación en Derechos Especiales de Giro (DEG) a cambio de un modesto interés. Esto se denomina Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) y fue creado en 2011 mediante una enmienda al Convenio constitutivo del FMI, que ya estaba aprobada por Bolivia (DS 946 del 05/08/2011).

El IFR por lo tanto permite a los países miembros utilizar una parte o el total de su aporte de capital al Fondo por un periodo limitado. La manera en que lo hace es vendiendo al Fondo sus Derechos Especiales de Giro, con el compromiso de comprarlos de vuelta en un plazo de 5 años (con lo que repondría su aporte de capital). Durante ese periodo el país pagaría un interés del 1,066% al año además de una comisión del 0,5% por una sola vez. Estos costos son mucho más bajos que los créditos con la China (que cobra 2,6% al año) o con la CAF (que cobra anualmente 3,6%).

El instrumento IFR se creó para atender necesidades de emergencia de los países miembros. Eso es lo que sucedió. Bolivia se encontró que tenía un déficit muy grande cuando llegó la pandemia del COVID en marzo de 2020 y, al igual que varios otros países, pidió al Fondo acceder a esos recursos. El Directorio del Fondo, como lo hizo con otros casos en similar emergencia, autorizó la operación en una semana.

Como se trataba de acceder a un derecho como socio del Fondo, esos siete días solamente sirvieron para verificar cifras y documentos. El procedimiento es diferente en el caso de créditos, pues ahí un país acude al Fondo en calidad de cliente que, por tanto, debe demostrar que el uso que hará del préstamo le permitirá pagarlo o, al menos, no comprometerá su capacidad de hacerlo. La obligación de demostrar todo eso es lo que suele molestar a algunos gobiernos que acusan al FMI de imponer condiciones, programas económicos, políticas tributarias y de manejo fiscal, etc. Tal molestia, muchas veces traducida como protesta política, ignora que el FMI es una especie de banco que trabaja con dinero ajeno, y que está obligado a cuidar ese dinero, recuperarlo cuando lo presta y rendir cuentas a los socios, entre los cuales también está Bolivia desde la fundación misma del FMI, en 1945.

Lo que Bolivia hizo el 10 de abril de 2020 fue, por lo tanto, actuar como socio accionista del FMI, logrando que se le “devolviera” temporalmente la totalidad de su aporte para enfrentar la emergencia. Lo hizo a través del Ministerio de Economía y con la participación del Banco Central como agente financiero, en los mismos términos pactados para otros miembros del FMI como Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Paraguay, entre otros. Otros países, como Chile y Colombia, pidieron créditos rápidos porque querían disponer de sumas mayores.

Aunque no habían condiciones contractuales para el uso de esos recursos, el gobierno se había propuesto dedicarlos a la contratación de personal de salud y la adquisición de pruebas y medicamentos para controlar el COVID, o las vacunas cuando ellas estuvieran disponibles, o por último a pagar con esos recursos los bonos de apoyo a la población en el periodo de cuarentena.

No está claro si con la devolución decidida por el Gobierno actual el FMI “perdonará” la comisión del 0,5% que se cobra al iniciar la operación, que representa $us 1,7 millones, y el interés de los 10 meses (algo más de 3 millones). Lo que sí debe lamentarse es que al devolver los $us 346,7 millones del IFR, Bolivia pierde la oportunidad y el derecho de utilizar su propio aporte. Obtener una suma similar de otra fuente costará bastante más en tiempo y dinero, lo que en un periodo de pandemia como el que vivimos se traduce también en vidas truncadas y familias afectadas.

 Roberto Laserna es economista.

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Bonos y rentismo

El rentismo convierte nuestro mayor potencial, los recursos naturales, en el mayor obstáculo para el desarrollo.

/ 24 de diciembre de 2018 / 11:06

La confusión entre la política de bonos y el rentismo estatal se hizo evidente en estos días, a raíz de unas declaraciones del precandidato Carlos Mesa que fueron erróneamente difundidas por la Agencia Boliviana de Información (ABI), como lo admitió su director, Jorge Cuba. El hecho es importante, porque si logramos llevar el debate más allá de los dimes y diretes, enfrentaremos uno de los temas centrales del desarrollo.

El rentismo estatal es, en efecto, uno de los mayores problemas que tenemos en Bolivia, pues convierte nuestro mayor potencial, la abundancia de recursos naturales, en el mayor obstáculo para el desarrollo y la democracia. Identificar este desafío y comprenderlo es crucial para superar la condición subdesarrollada de nuestra economía y sus lamentables componentes: la pobreza, la desigualdad, el conflicto, la debilidad institucional.

El rentismo estatal consiste en la concentración de las rentas de recursos naturales en el Estado, desvinculando su funcionamiento habitual del desempeño y la suerte de los agentes económicos. Cuando el 40% o más de los ingresos fiscales provienen de rentas de recursos naturales, la capacidad tributaria de las empresas y de las personas pierde relevancia, y el Estado diseña y aplica políticas económicas que no toman en cuenta sus necesidades. Un ejemplo cercano es el doble aguinaldo, que pone en riesgo a muchas empresas, cuya quiebra las haría desaparecer como contribuyentes. Pero el Estado es indiferente a ello, porque sus ingresos provienen sobre todo de las exportaciones de gas natural y minerales.

El rentismo estatal también induce a los funcionarios a “invertir” sin un adecuado balance de costo beneficio, porque de hecho el costo de obtener esos recursos es bajo para ellos (basta pedirlo al Banco Central o al Presidente); y su recaudación no depende ni de la eficiencia ni de la legitimidad de la burocracia. Finalmente, la concentración de rentas en un Estado de débil institucionalidad lo hace vulnerable a las presiones, lo cual las alienta, generando una dinámica de conflictividad y debilitamiento de las normas que se retroalimenta continuamente.

Las rentas personales tienen efectos y características muy diferentes, porque ellas provienen de los derechos de propiedad de la gente sobre recursos que son económicamente utilizados por otros: una casa, un local comercial, un almacén, un terreno, maquinarias, o incluso el capital que acumula un trabajador en su fondo de pensiones. Son un medio legítimo de participación en la economía, que no induce comportamientos dañinos. Al contrario, respetarlas es un aliciente al ahorro de largo plazo.

Los bonos, o transferencias en efectivo, no son propiamente rentas, aunque a veces sean financiadas por rentas capturadas por el Estado. En realidad, son una forma muy eficaz de gasto social, porque además del dinero se transfiere a las personas la capacidad de decidir cómo usar esos recursos para alcanzar el máximo beneficio posible. Todas las experiencias que se han hecho en el mundo tienen evaluaciones positivas. Es fácil comprender por qué. Cien mil madres o un millón de ancianos saben mejor lo que necesitan que una veintena de burócratas decidiendo por ellos, sin responsabilidad alguna, desde un remoto escritorio.

Los bonos son, de hecho, inmensamente más eficaces que otras formas de transferencia, como los subsidios. Entre 2005 y 2016 se han transferido subsidios a la población por más de $us 15.000 millones a través de los precios de los carburantes. El grupo menos necesitado de la población aprovechó esos subsidios cinco veces más que los más necesitados, y probablemente despilfarró esa energía sin generar beneficio alguno en la economía.

Es con base en estas constataciones que es posible diseñar una política que nos permita superar el rentismo estatal. Sabemos que mientras tengamos abundancia de recursos naturales, se generarán rentas con su explotación. Lo que debemos evitar es que esas rentas se concentren en el Estado, por lo menos mientras su institucionalidad sea débil y no podamos confiar plenamente en el imperio de la ley. La distribución directa de las rentas es una opción que, además de cumplir el principio constitucional de garantizar que los recursos naturales pertenecen a todos los bolivianos, evitaría su apropiación indebida por burócratas o grupos de poder, y daría a los ciudadanos la libertad de elegir. Sabemos cómo superar el rentismo estatal y sabemos cómo hacerle bien a la gente.

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La confianza en el Tribunal Electoral

El desarrollo económico y el fortalecimiento de la democracia están vinculados a la confianza en las instituciones.

/ 1 de septiembre de 2018 / 04:18

Hay en Bolivia un problema muy serio de confianza institucional. Las encuestas muestran una marcada tendencia al deterioro de la confianza en casi todas las instituciones. Aunque la Iglesia y los medios de comunicación todavía se mantienen en un lugar comparativamente mejor al del resto, han perdido la confianza de una parte importante de la población. El peor lugar lo ocupan el sistema judicial y la Policía hace ya tiempo. Las reformas que se han hecho y la manera en que ambas han sido utilizadas para resolver problemas políticos han contribuido a que pierdan aún más la confianza de la gente.

Este es un problema muy serio. Toda una escuela de análisis ha demostrado que el desarrollo económico y el fortalecimiento de la democracia están muy vinculados a la confianza en las instituciones y, por supuesto, a la confianza interpersonal. La confianza, dicen, crea un entorno que favorece la inversión, las innovaciones y la planificación del futuro. Y a medida que se alcanzan niveles superiores de vida, productividad y satisfacción, tiende a aumentar la confianza. Por lo tanto, la confianza es tanto una causa como un efecto que así como impulsa el progreso también lo representa.

Quienes administran las instituciones deberían prestar especial atención a este tema. Su deber no se reduce a ejecutar un presupuesto, entregar servicios o cumplir funciones, sino que deben hacerlo de una manera tal que contribuyan a aumentar la confianza de la gente.

Para la democracia es crucial el papel que juega el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en su condición de árbitro de la competencia política. Los miembros del TSE han sido designados por la Asamblea Legislativa, que es uno de los órganos de poder que menos confianza despierta en la gente. En parte, debido a que lo controla un solo partido gobernante, que pese a haber obtenido el 61% de los votos logró copar el 78% de los curules gracias a que los votos rurales tienen una ponderación mayor a los urbanos. Con esa proporción, el MAS impone su voluntad sobre la oposición y con frecuencia ignora iniciativas, argumentos y propuestas.

Esto hace que la gente crea que todos los que la Asamblea designa son funcionarios obedientes de la misma. No es así. Una vez elegidas, las autoridades de estos órganos solamente deben obediencia a la ley y a su conciencia. Que lo hagan o no dependerá de su integridad moral. Es evidente que hay ejemplos de autoridades que no entendieron su responsabilidad y han actuado más en consonancia con su interés político que con el mandato de la ley. Pero hay otros que han actuado con independencia de criterio.

El Tribunal Electoral garantizó la victoria del No en el referéndum del 21 de febrero de 2016 y promovió la auditoría del padrón, como lo exigió la población. Y aunque no se ha pronunciado sobre la intención del Presidente para postular a un cuarto mandato, expresamente prohibido por la Constitución y rechazado por referéndum, ha dicho claramente que cuando llegue el momento se sujetará a lo que dispone la ley y a lo que manda la Constitución.

No hay razón para suponer que los magistrados del TSE actuarán de otra manera. Su presidenta, Katia Uriona, tiene una trayectoria limpia en la defensa de los derechos de las mujeres y de la democracia. Don Antonio Costas ha ocupado con responsabilidad cargos similarmente sensibles. José Luis Exeni tiene toda una carrera por delante para la cual se ha preparado con rigor. Y Carmen Sandoval ha sido formada por su padre, Isaac Sandoval, y seguramente reflejará su adhesión a la democracia cuando le toque tomar decisiones cruciales. No conozco a los otros magistrados, pero seguramente ellos también saben lo que significa el juicio de la posteridad y la importancia que tiene demostrar que la mayor muestra de respeto por la democracia es la obediencia a la ley.

La nueva Ley de Partidos, propuesta por el TSE y modificada por la mayoría oficialista en la Asamblea, representa un desafío para los magistrados. Ellos lo saben y lo han dicho. Personalmente, confío en que no se dejarán arrastrar por la interpretación arbitraria de sus pares del Tribunal Constitucional y actuarán conforme a ley. Apoyémosles para que lo hagan.

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El individualismo en Bolivia

Estas descripciones permiten ver que individualismo y colectivismo no son excluyentes ni incompatibles.

/ 21 de junio de 2018 / 04:07

En su reciente libro ¿Cómo somos? Ensayo sobre el carácter nacional de los bolivianos, Henry Oporto sostiene que un rasgo fundamental del boliviano es el individualismo. Esto contradice a quienes argumentan que los bolivianos somos naturalmente comunitaristas, inclinados a la acción colectiva, de cooperación y ayuda mutua. Como diría Cantinflas, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.

Para plantear su tesis, Oporto acude a pruebas empíricas que muestran que el individualismo se expresa también en la desconfianza hacia los demás y en el fortalecimiento de los lazos de parentesco. Lo que no define es individualismo, y ahí creo que está nuestra discrepancia. Si individualismo es sinónimo de egoísmo, o por lo menos de preocupación primordial por lo propio (como lo sugieren los datos de Oporto), sería difícil estar en desacuerdo con él. Para eso están justamente los datos.

Pero de inmediato uno se pregunta: ¿y quién no es así? La noción de familia puede ampliarse a los parientes más lejanos o reducirse al núcleo más íntimo, no obstante siempre ha sido la red básica de relaciones para las personas, la “célula de la sociedad”, como se decía. Y así como proporciona el refugio primordial, también obliga a pensar en su defensa y fortalecimiento, especialmente cuando hay crisis. No creo que algo tan universal pueda considerarse un rasgo distintivo del carácter nacional.

Por otro lado, si el individualismo es una convicción en el valor fundamental de la persona, en su racionalidad y capacidad de asumir la responsabilidad de sus actos, en la confianza en que puede lograr por sí mismo sus metas, entonces tendríamos que concluir con que los bolivianos, en general, no somos individualistas. Al contrario, tendríamos que darles la razón a los que argumentan que tendemos más bien a buscar refugio en el grupo, y no solamente en el grupo familiar, sino en el sindicato, la comunidad, la tribu, el comité o la junta vecinal. Es actuando en ellos y a través de ellos que tratamos de resolver nuestros problemas, de abrirnos camino y de encontrar oportunidades.

Este rasgo les da algo de razón a quienes proclaman el carácter colectivista de los bolivianos, pero no se acerca a la idealización con que suelen presentarlo, cuando dan a entender que en la base de ese comportamiento están la solidaridad y el altruismo. Nada de eso, por mucho que tengamos una gran destreza en manejar ese discurso. Cuando un grupo apoya las movilizaciones de otro, rara vez lo hace por solidaridad. Más bien busca aprovechar que la fuerza del movilizado está debilitando al adversario, y se apoyan mutuamente para lograr los objetivos específicos que buscan unos y otros. Con frecuencia, esa supuesta solidaridad se diluye en cuanto uno consigue lo que buscaba. Este comportamiento es sin duda colectivo, grupal, pero más que comunitarista es corporativo, fundado en intereses particulares muy concretos: una obra pública, una norma, una asignación presupuestaria.

Obviamente, este rasgo tampoco es exclusivo de los bolivianos. Es normal que los intereses comunes agrupen a la gente y la motiven a realizar acciones colectivas para conseguirlos. Si acá se la observa con más frecuencia se debe posiblemente a que es el procedimiento fundamental para influir en la distribución de las rentas de recursos comunes, controladas por un Estado institucionalmente débil.

En efecto, en Bolivia sabemos que los recursos nos pertenecen a todos, pero también sabemos que el Estado no nos dará lo que es nuestro a no ser que lo reclamemos, y sobre todo si es con fuerza y en las calles; y mejor si lo presentamos con un discurso que hable de nuestra pobreza, nuestra necesidad o nuestro derecho conquistado a sangre y sacrificio. Estas rápidas descripciones permiten ver que individualismo y colectivismo, egoísmo y corporativismo (o como queramos llamarlos) no son excluyentes ni incompatibles. Podemos ser unos y otros, ¡incluso al mismo tiempo!

El tema, para abordarlo en la preocupación que animó a Oporto en su libro, es cuál de estos rasgos predomina, no solo como un tema de carácter nacional, sino sobre todo como un obstáculo de comportamiento para el desarrollo de nuestras capacidades. Me atrevería a plantearlo en términos de desafío. ¿Cómo podemos superar ese individualismo primitivo que nos lleva al refugio familiar para asumir un individualismo moral, que nos permita desarrollar confianza en no-sotros mismos y reconocer los derechos de los otros a ser diferentes? ¿Cómo superar nuestro actual corporativismo particularista para consolidar esa solidaridad abstracta que produce ciudadanía y se llama “bien común”? No tengo las respuestas, pero me parece absolutamente necesario que las busquemos.

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