Voces

lunes 27 sep 2021 | Actualizado a 22:24

Por acción u omisión

/ 27 de julio de 2021 / 00:55

La agenda política está atiborrada del debate sobre golpe o fraude. Los sucesos posteriores a la consolidación del golpe son ilustrativos para determinar quiénes estuvieron alentando la conspiración para sentirse regocijados por el retorno a la república mediatizada y la defensa de sus intereses. Al respecto es ilustrativa la imagen del presidente de la Asociación de Mineros Medianos, en medio de los conspiradores, pidiendo el cambio de la Ley de Minería, y el reconocimiento inmediato al gobierno de facto por los países que apoyaron el golpe. Nada es gratis.

Pero hay otras maneras de restaurar el neoliberalismo: ignorando los objetivos del proceso. El cambio propuesto por la Constitución Política del Estado Plurinacional da a la explotación de los recursos naturales un rol liberador; con esos recursos debemos superar el atraso, superar la inequidad y la ineficiencia. La Ley de Minería establece que el eje de este propósito es la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), la Ley de la Empresa Pública delinea su estructura y las responsabilidades ejecutivas. Si estos mandatos se los ignora, entonces estamos frente a otra conspiración, por omisión.

Últimamente han estado anunciando proyectos que estarían en marcha en el sector minero. Mesa de Plata, Machu Socavón, Mallku Khota, Amayapampa, el ingenio Lucianita en Huanuni y la planta de concentración en Colquiri serían encarados por la Comibol, mientras desde el ministerio se anuncia la reingeniería de la Comibol; la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) anuncia un estudio para instalar una fundición de zinc, el ministerio garantiza el financiamiento. Este apabullamiento de buenos propósitos oculta los problemas estructurales del sector e ignora los problemas urgentes que existen.

La desvertebración de las empresas estatales lleva a enfrentamientos entre ellas, Huanuni y Colquiri enfrentadas con Vinto, por deudas, aunque todas actúan con el mismo Registro Tributario de Comibol. La Comibol paga cerca de Bs 1 millón por patentes del Mutún y no tiene nada que ver con su manejo. La parcelación crea reyes chiquitos e inviabiliza la ejecución de una estrategia nacional del desarrollo minero-metalúrgico. Esta requiere una economía de base ancha para cubrir sus requerimientos, que son múltiples y comunes a todas las empresas, requiere tener un potencial económico para insertarse en el mercado de las finanzas y el mercado internacional.

Los proyectos se los califica de carácter mundial, para lo cual se requiere inversiones millonarias, que naturalmente la Comibol no tiene. Así se infiere que hay que recurrir a un socio estratégico, quien pone sus propias condiciones. ¿Esto es lo que buscamos? Los proyectos de magnitud mundial se caracterizan por inversiones millonarias, explotación masiva y acelerada de productos primarios, para su industrialización en las metrópolis, tributación mínima, recuperación acelerada de la inversión del socio estratégico, y con amplios daños ambientales. Se suele citar los ejemplos de Perú y Chile; el flujo enorme de recursos no soluciona los problemas del país, más allá de alimentar a una burocracia tecno-política. Esta es una percepción que sus pueblos expresaron en las últimas elecciones.

En el periodo de transición del régimen neoliberal a la economía estatal, 2006-2014, se han creado situaciones ambivalentes por la vigencia de una legislación anterior y el surgimiento de una nueva. La no concreción de la nueva mantiene estos incordios, veamos. La Comibol no ha cambiado su razón social, sigue siendo la empresa pública dedicada a arrendar sus yacimientos en el marco de la ley de Sánchez de Lozada, por lo tanto no viabiliza los proyectos productivos propuestos. Algunos ejemplos:

La EMV ha encarado el montaje de una fundición moderna con capacidad de 20.000 TMF de estaño. Ha llegado a producir la mitad, sin demostrar rentabilidad, ni capacidad de pago de la inversión, recurriendo a fondos destinados para la compra de concentrados, para honrar sus obligaciones. Si no resuelve este problema, no puede plantearse otros proyectos.

Karachipampa requiere el cambio del horno Kivcet, no una reparación, mientras tanto tiene un plantel de 300 trabajadores que hay que mantener; hoy se lo hace al costo de descapitalizar a la empresa. Amayapampa, con 280 trabajadores, espera al socio estratégico desde hace tres años; han paralizado el proyecto de autosostenimiento de 200 TMB/día y se mantienen con subvención de la Comibol. En las oficinas de la Comibol, un plantel burocrático de más de 500 empleados cuida los activos de la vieja Comibol; dispone de los recursos del alquiler de sus yacimientos en proyectos que no tienen la solvencia necesaria.

Así la vieja Comibol es un elemento que conspira contra el proceso de cambio y el Estado no logra controlar al sector.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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¿Industrializar o no industrializar…?

/ 21 de septiembre de 2021 / 01:26

Con el llamado del Presidente y la Central Obrera Boliviana se vienen desarrollando Cumbres Productivas en todo el país, insistiendo en la implementación de un modelo de sustitución de importaciones e industrialización. Sin embargo, la estructura de los talleres da para todo, el resultado es un pliego petitorio. En Potosí se remarcó la importancia de la refinería de zinc.

Desde que se dio al Estado la posibilidad de encarar la planificación productiva entró en el debate: ¿por dónde ir? En la década de 1960 el dilema, al decir de René Zavaleta, fue: Industria pesada o Desarrollo pastoril: se adoptó la marcha al Oriente. El costo fue enorme: más de 120.000 collas fueron a “colonizar” Santa Cruz y el Norte de La Paz. Esta colonización consistía en abrir brecha asediados por el mariguí, las víboras, el paludismo, la fiebre amarilla. La mayor inversión de ese periodo fue el plan de colonización y la vertebración caminera. Así se fueron postergando los procesos de fundición e industrialización de la minería, la fuente de acumulación para la expansión económica. El resultado lo vemos ahora, un desarrollo que no superó el atraso y la dependencia.

El debate sobre la importancia de la refinación del zinc es de vieja data. En 1966, cuando se desmontaba la minería nacional, diputados como David Áñez Pedraza y Marcelo Quiroga Santa Cruz lograron insertar un candado en el contrato de arrendamiento de la mina Matilde para que la Phillips Brothers construyera una refinadora de zinc, compromiso que nunca se cumplió.

Son varios eventos y documentos elaborados en el gobierno del “proceso de cambio” que insisten en el carácter estratégico de la fundición de los minerales: Decálogo del Programa del MAS, Plan Nacional de Desarrollo, Constitución Política del Estado, Agenda Patriótica, Ley de la Empresa Pública, Ley de Minería y Metalurgia. En estos documentos se señala que más del 50% de valor de los minerales se queda en el exterior como costo de realización, realidad para que muchas minas estén paralizadas y para que el productor minero apenas sobreviva: no es suficiente identificar yacimientos sino hacerlos rentables. En este caso, el problema no es tanto encontrar la solución (que ya fue identificada), sino actuar con la oportunidad debida.

Anteriormente fuimos reflexivos en nuestras frustraciones, las que nos ratifican a seguir en el empeño. Pero estas adversidades no son exclusivas de la minería, lo mismo ocurrió con la urea y el amoniaco, cuando la oligarquía, montada en el poder, desahució la factoría y la cerró para hundirla. Los argumentos esgrimidos, sin ninguna base, fueron económicos y técnicos, cualquier cosa para justificar una decisión política, cerrar el paso a la industrialización y continuar siendo consumidores de productos del primer mundo. ¿Dónde está el espíritu nacional?

Lo propio ocurrió con el litio. El desarrollo del proyecto tuvo muchas dificultades, por ser nuevo en nuestra práctica productiva, pero se superaron las etapas de laboratorio y pilotaje con óptimos resultados, lo que conllevó a la formación de profesionales capaces y el desarrollo de una tecnología adecuada, así se pasó a la etapa industrial. La oposición “cívica” pretendió limpiarse la boca antes de comer pidiendo mayores regalías, el gobierno de facto lo cerró sin argumento alguno. Hoy el proyecto continúa paralizado y su “actualización” está en manos de una consultora extranjera. ¿Qué patriotismo podemos pedirles a estos señores?

La falta de capacidad organizativa de las regiones y de los trabajadores impidió una acción para evitar estos exabruptos. Hoy el costo es cuantificable en varios millones de dólares, pero peor, se ha dañado el proceso de industrialización en proyectos estratégicos, poniendo cizaña en los que están en marcha.

En el momento menos esperado y con mano invisible y artera se matan los proyectos de la industrialización. En la lucha por las fundiciones de estaño se llegó al asesinato de dos técnicos comprometidos para hacerlas realidad, la oligarquía nunca tuvo reparos en el crimen para cuidar sus intereses.

Ante semejante enemigo, no queda sino preparar una fuerza superior: la organización del pueblo para emprender el camino de la industrialización. Sin embargo, sin el concurso decidido del Gobierno no se logrará superar estos difíciles pasos. Las Cumbres debieran buscar un resultado mayor: la voluntad política, que se logra con una amplia discusión, el convencimiento racional, que crean el compromiso y la acción vigilante de los sectores sociales. Es decir una democracia directa y participativa.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Cumbre productiva

/ 7 de septiembre de 2021 / 01:34

El 27 y 28 de agosto se realizó en la ciudad de Oruro la cumbre productiva del departamento. Fue el presidente Luis Arce Catacora quien inauguró el evento. La parte central de su discurso precisó la importancia de dar valor agregado a nuestras materias primas —vender productos para el consumo—, pues solo de esta manera se genera riqueza, para poder redistribuirla al pueblo boliviano.

Pude escuchar el informe del Ministerio de Minería que se mostró optimista al proyectar una exportación del sector minero de $us 5.000 millones este año, tanto por el aumento de la producción como por el alza de precios de los minerales. Sin embargo, no aclaró que lo que exportamos son concentrados de mineral, que al ser refinados en el exterior nos reducen el 50% de su valor; la única producción que exportamos en lingotes de 99,99% de pureza es de estaño, que no deja de ser materia prima. Esta es una realidad preocupante que ha llevado a plantear, desde las regiones, la necesidad de construir refinerías de zinc y plomo, los minerales que más se exportan actualmente.

Esta preocupación ha llevado a que, desde el Estado, se busque soluciones al respecto. En 2011, se autorizó que la Comibol construya una refinería de zinc, condicionada al financiamiento del proponente. En 2012, se adjudicó la obra, pero no se pudo firmar el contrato, dado que para el cumplimiento de la obra el contratista exigía una boleta de garantía al proponente, quien en este caso era también el financiador.

Se llamó a una segunda licitación, realizando previamente un seminario con la participación de universidades y empresas, para determinar el proceso que se ajuste a los requerimientos de la Comibol: recuperación de todos los minerales agregados como el cadmio, indio, oro, estaño, etc., y compatible con el medio ambiente. Se estableció que la planta debería usar la tecnología hidrometalúrgica; además, con la experiencia pasada, se exigió que el proponente deposite una boleta de garantía de $us 800.000. Esta licitación también se cayó, a pesar de la garantía, porque la empresa no pudo presentar la documentación requerida en el tiempo establecido. Hay que señalar que esta vía era por demás complicada por los vacíos legales y porque se ataba la contratación a un solo país —China— por la línea de crédito abierta a Bolivia.

La situación económica de la Comibol en 2017 era bonancible, por lo que se decidió aceptar una propuesta de pilotaje cuyo costo no implicaba mayores gastos, y la construcción de la planta con capacidad de 40.000 TM/año no pasaba de los $us 40 millones. Los resultados fueron ampliamente positivos: se podía recuperar siete elementos, zinc, plata, estaño, indio, cadmio, fierro, azufre; y la inversión se podía reponer en dos años. Se construiría en Eucaliptos (Oruro), por tener a disposición ácido sulfúrico y gas natural, elementos básicos junto con el amoniaco que se produce en Bulo Bulo. La construcción tomaría menos de dos años. Presentados los resultados, el directorio de la Comibol aprobó su ejecución. Como la Comibol no ha recuperado aún su autonomía, se puso la propuesta en consideración del Ministerio de Minería, que presentó otro proyecto, de la Empresa Metalúrgica Vinto. Este era un proceso pirometalúrgico, es decir, fundición con fuego. En el seminario mencionado se había establecido que los problemas de este proceso eran la volatilización de muchos elementos y la emisión de monóxido de carbono; además, el proyecto tenía otro problema, la producción de ácido sulfúrico. Ante la pregunta de dónde se utilizaría o acumularía el ácido, la respuesta fue regalarlo a Chile. En esa reunión —2018— se desechó el proyecto de la Comibol.

Esta rememoración es válida porque se presentó en la Cumbre el mismo proyecto, la novedad es que se vendería el ácido a Brasil; el precio internacional del ácido industrial es de $us 65 la tonelada, mientras solo el flete de Oruro a la frontera con el Brasil es de $us 200. Los otros detalles son que tendría una capacidad de 150.000 TM/año y un costo de $us 350 millones, sin contar el capital de operaciones, básicamente para comprar concentrados de mineral.

Estamos en lo mismo: insistir en algo, para luego no hacerlo.

La refinación e industrialización de nuestros minerales es estratégica, es de soberanía e independencia nacional; contra ellas están las grandes transnacionales de los minerales, cuyos agentes internamente se mueven sigilosa y astutamente: representantes, abogados, socios, empresarios, técnicos, consultores, asesores, políticos, etc. El problema es una cuestión de Estado y se lo debe manejar en esa dimensión.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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50 años: ¿y qué?

/ 24 de agosto de 2021 / 00:46

El 4 de noviembre de 1964, se inició el pisoteo de la democracia; en gran parte de Latinoamérica se imponían dictaduras militares. La muerte inesperada de Barrientos en abril de 1969 desbordó en un proceso de apertura democrático-popular: a la frustración en el Nacionalismo Revolucionario, la alternativa el socialismo; a la democracia cupular, la Asamblea del Pueblo; a la marginalidad de los obreros en el proceso productivo, la cogestión obrera; a la academia señorial, la universidad del pueblo; al tutelaje militar, la organización independiente del campesinado. Semejante osadía tuvo una respuesta de la misma dimensión: la dictadura banzerista (21-08-1971).

A punta de metralla se tomaron las ciudades y cerraron las universidades, se acalló la prensa popular, los partidos políticos populares fueron proscritos; luego haría lo propio con sus aliados, el MNR y la FSB. Los campamentos mineros fueron ocupados militarmente, se nombró a dirigentes desde el palacio, el rechazo a ser coordinador significó el encarcelamiento; finalmente se prohibió la actividad sindical y sus dirigentes fueron apresados, exiliados. El saldo represivo fue de 500 muertos y desaparecidos, 4.000 detenidos, presos, confinados y exiliados. A palo, la dictadura se dio 20 años para enseñar al pueblo a ejercer la democracia en base a los valores occidentales y cristianos.

La dictadura utilizó el modelo de capitalismo de Estado, para crear una burguesía con la explotación de la tierra y los recursos mineros; consolidaba el modelo extractivista en función de los intereses de las metrópolis sedientas de materias primas, utilizó el alza de los precios del petróleo, estaño, algodón, azúcar, para exportar a manos llenas el excedente económico, sin acumulación interna. Las cifras positivas de exportación le permitieron ser sujeto de crédito para endeudar al país, 10 veces más de lo que se debía en 1971.

La dictadura y el saqueo avivaron la rebeldía. Se llegó al convencimiento de que no había otra alternativa que la resistencia para poner fin a tanto oprobio. La organización social tomó nuevas formas: juntas de vecinos, sindicatos clandestinos, grupos de derechos humanos, comités de base estudiantiles: la lucha social no se paró, se reacomodó. Además, la acción excluyente de la dictadura botó al campo popular a la clase media, viendo cerradas sus posibilidades de ascenso social en un Estado retaceado por los ahijados de la dictadura.

El imperialismo mismo tuvo que reflexionar: la derrota de Vietnam y el avance victorioso de los sandinistas hicieron que cambie su estrategia de dominación, había que volver a la democracia. La visita de Banzer a Washington y su entrevista con la administración de Jimmy Carter trajo la nueva receta: democracia sí, pero controlada. Banzer anunció elecciones en noviembre de 1977, condicionadas: en ellas no podrían participar 500 personas “indeseables”. La rendija estaba abierta. La huelga de hambre de diciembre 1977-enero 1978 rompió el dique de contención para lograr la amnistía.

La transición no fue del agrado de quienes se sentían predestinados a dirigir al pueblo, ni mucho menos que éste asuma su conducción y sancione a los usurpadores de la voluntad popular. El denominador común fue la impunidad, el acuerdo político para cruzar ríos de sangre; Marcelo Quiroga Santa Cruz, que quiso enjuiciar a Banzer, fue ejecutado extrajudicialmente. Sin justicia se pierde la memoria y se alienta la repetición del crimen.

La democracia liberal como instrumento de dominación se convirtió en un arte para convencernos que vivíamos en libertad y de respeto a la voluntad popular. El pueblo aprendió a cuidar su voto, pero era incapaz de controlar a la clase política que desde el Parlamento decidía. Así se sacó a Siles, sin que cumpliera su periodo constitucional, se nombró presidentes a los perdedores, se buscaba sumar dos tercios sin ningún escrúpulo. Se asombraron a sí mismos; buscaron retoques: los uninominales, la cuota de género, la reforma de los partidos y del sistema judicial, etc. Una ingeniería; para que no se caiga, se cambiaron las formas pero no a la nueva rosca del poder.

Las insurrecciones populares buscaron acumular fuerzas y encontrar otras formas de participación democrática. La elección directa de Evo Morales en 2005 rompió la era de los votos de oro. Se avanzó con la Asamblea Constituyente, se determinó una democracia participativa y directa.

Antes de superar las vacilaciones en aplicar plenamente la Constitución se nos vino un quiebre constitucional (noviembre 2019), con agentes internos y externos, con los mismos mezquinos intereses, con la élite política como director de orquesta, con la misma bestialidad represiva, con la bendición de un decreto, con la pretensión de retrotraer la historia. Solo el pueblo movilizado y su voto lograron recuperar la democracia.

Los desafíos siguen pendientes: construcción del Estado Plurinacional (ante todo, mandato popular), soberanía y justicia, ¡ya!

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Amayapampa

/ 10 de agosto de 2021 / 01:11

La Constitución Política del Estado Plurinacional consagra el contrato minero, una relación entre el Estado y el operador minero para la realización de actividades en la minería: se trata de un proyecto, de un plan de trabajo, un cronograma y la inversión comprometida. Este modelo busca que la operación minera se implemente de inmediato, por lo cual quien suscribe el contrato opera directamente (artículo 369). Esta disposición espera que el contrato no sea un elemento de especulación, lucrando con un bien del pueblo boliviano, como antes se hacía, “engordando” las concesiones o poniéndolas en la bolsa de valores.

En 2017, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) suscribió un contrato administrativo con la Autoridad Jurisdiccional Minera (AJAM) para la explotación del yacimiento de Amayapampa, que fue aprobado con la Ley 1023 del 27 de diciembre de 2017. Esta determinación se la tomó cuando la empresa concesionaria del yacimiento desapareció, dejando abandonados a los trabajadores. Son ellos y la Federación de Mineros los que pidieron que se reviertan las concesiones y sean transferidas a la Comibol para su explotación.

Esta medida loable, por el interés social y patriótico para fortalecer a la estatal minera, tuvo tropiezos: el acuerdo se firmó en octubre de 2016, cuando la aprobación del presupuesto de 2017 se había realizado en septiembre; se trabajó con aportes presupuestarios de otras partidas. El acuerdo traspasaba a la Comibol una planilla con 280 trabajadores, la que se debía cubrir sin que se haya iniciado la explotación, obligándole a buscar recursos de inmediato; esto llevó a la implementación de una producción artesanal, mientras se encaraba un proyecto de autosostenimiento, explotando 200 toneladas por día. La estructura actual de la Comibol neoliberal no tiene la capacidad para encarar proyectos con la solvencia técnica, la urgencia de la situación y el respaldo financiero necesario. Esto creó un ambiente de incredulidad entre los trabajadores que, azuzados por un empresario, plantearon en diciembre de 2018 la necesidad de buscar un socio estratégico, mientras se paralizaba el proyecto de la Comibol, aunque no sus obligaciones salariales.

Está claro que la búsqueda de socio estratégico, para traspasarle la responsabilidad de las operaciones, viola el acuerdo suscrito entre la AJAM y la Comibol. La oferta hecha a los trabajadores no se concretó por la insolvencia de la empresa; su gerente técnico pasó a ser presidente de la Comibol en el gobierno de facto, el que insistió en llevar a cabo el arriendo de Amayapampa, con otras empresas. La actual administración insistió en este mismo camino, dando a conocer el resultado la anterior semana. Nos permitimos analizar el contenido del acuerdo, sin dejar de resaltar que esta intención es ilegal.

El acuerdo con Phoenix Mining SA se justifica por el hecho que era la mejor oferta, no se dice nada sobre las expectativas que tenía la Comibol, las que debieran ser pre-requisitos para considerar cualquier propuesta. Entre ellas podemos citar: la recuperación de la inversión realizada por la Comibol cuando estuvo a cargo del yacimiento, quién cubriría las obligaciones sociales adquiridas en este periodo, cuál el destino de la producción, sabiendo que la Comibol está obligada a entregar su producción de oro al Banco Central de Bolivia.

En cuanto a la propuesta económica: Amayapampa es una mina rica de oro, con una reserva de 1,79 millones de onzas. Al precio, conservador, de $us 1.500 por onza, el valor del yacimiento es de $us 2.685 millones. Sin embargo, lo que se podría recuperar de este oro y venderlo, sería solo el 84%, lo que arrojaría unos ingresos de $us 2.255 millones. El acuerdo da a la Comibol una participación del 9% sobre este valor de ventas, equivalente a $us 203 millones; el departamento de Potosí, por regalías, recibiría $us 157,8 millones. La utilidad después de pagar los costos de operación ($us 576 millones), las regalías y la participación de la Comibol serían de $us 1.318 millones, por lo que el impuesto a las utilidades con la alícuota adicional por los precios altos sería de $us 494,33 millones. El Estado, en total, recibiría $us 855,13 millones (37,9%) y la empresa, $us 1.399,87 millones (62,1%) del valor del oro recuperado.

La Constitución habla de una asociación con los privados con una participación mayoritaria y/o equilibrada para el Estado, acá la migaja no tiene nada de esto.

Hace poco, la Asamblea Legislativa realizó una investigación sobre los procesos de capitalización y privatización; en el caso de la minería, para minas de zinc, plomo y plata —no de oro— los contratos de alquiler eran de 9% para la Comibol, contratos que la Asamblea consideró leoninos en contra del Estado. De todos modos, como cualquier contrato sobre recursos naturales debe pasar, para su consagración, por el ente legislativo, esperamos que actúen en consecuencia.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Vamos bien: ¿Puede ser mejor?

/ 5 de julio de 2021 / 01:16

Después de tantos malos días, pandémicos y políticos, se dice que se avizora la luz al fin del túnel. Esta afirmación está referida al comportamiento del comercio exterior: el balance de exportaciones e importaciones hasta mayo fue de un superávit de $us 638 millones, el mayor porcentaje debido a las exportaciones del sector agroindustrial. Paralelamente se señala que las reservas internacionales se mantuvieron estáticas, aunque la intención es de lograr incrementarlas, recurriendo a la compra de oro.

En realidad, son dos conceptos diferentes. La exportación está referida a lo que sale del país y las reservas se componen de lo que ingresa al país, vía el Banco Central de Bolivia (BCB), y de lo que éste vende. No siempre lo que se genera por ventas en el exterior ingresa al BCB, muchas de estas divisas se quedan en el exterior, por diferentes justificativos. Tajantemente el Lic. Pablo Ramos, expresidente del Banco Central, afirmó que las únicas divisas que ingresan a esa entidad son las generadas por las empresas estatales del petróleo y de fundición de estaño, más las remesas de nuestros compatriotas que residen en el exterior. ¿Y el resto? Ingresa vía el sistema financiero, convertido en bolivianos para cubrir sus costos en el país y lo demás se queda en el exterior.

La entrega de divisas al Estado es una vieja consigna nacional. Busch y Villarroel tuvieron el pecado de obligar y sancionar la no entrega de divisas al Estado, y sabemos cómo terminaron. En la conformación del modelo del nacionalismo revolucionario se impuso esta medida que se prolongó hasta que el modelo neoliberal dispuso la libre exportación de capitales. Hoy exportar no es precisamente crecer.

La característica de nuestra economía requiere que importemos muchos insumos como son el diésel, insumos y maquinarias para la producción y la construcción de carreteras, vehículos y trenes, etc.; éstos viabilizan las exportaciones. Solo en la importación del diésel —mayoritariamente usado en la agroindustria— el país desembolsa $us 1.000 millones al año. Ni qué decir de la necesidad de divisas para importar vacunas. Por lo tanto, es una necesidad estratégica del Estado disponer de divisas para garantizar los requerimientos del aparato productivo nacional. De dónde han de venir éstas: de la exportación de los productos que tienen en esencia origen en los recursos naturales que, por definición constitucional, son de los bolivianos y las bolivianas, propiedad que es inalienable.

Las exportaciones en los últimos años han crecido considerablemente, particularmente en los hidrocarburos, minería y la agroindustria. Veamos el caso de la minería.

En 2006 las exportaciones fueron de $us 1.150.605.573, en 2017 casi se habían cuadruplicado, a $us 4.168.746.140. En la estructura de costos de las empresas mineras se establece que los gastos en el exterior son del 50% del valor de exportación, afirmación que no puede comprobar el Estado boliviano, ingresando al país solo la otra mitad con lo cual cubren sus costos y pagan regalías e impuestos. Si la operación es positiva tendrán el derecho de sacar sus utilidades al exterior, esta vez gravadas con el 12,5% del valor de la remesa.

La iniciativa de la compra de oro por el BCB parece ser una medida correcta para fortalecer la moneda nacional y la economía en general. Recordemos que hasta antes de la imposición del dólar como patrón monetario era el oro la garantía de los bancos estatales para respaldar su moneda. Si bien la propuesta parece correcta, implica una serie de desafíos que tarde o temprano hay que enfrentarlos, resolverlos y no eludirlos. Éstos son: la informalidad de los productores auríferos, la ausencia del Estado en amplias zonas geográficas, la concentración de grandes valores en pequeños volúmenes de oro, la falta de un sistema nacional de acopio y comercialización del oro con control de origen y calidad, y la falta de un laboratorio nacional con certificación internacional.

El comercio exterior es una realidad, donde debemos buscar términos de intercambio justos. En todo caso la exportación de nuestros recursos naturales, hidrocarburos, minerales y productos de la tierra, tienen que estar inscritos en la lógica de ganar nuestra autonomía productiva y tener acceso a los bienes de la humanidad. Lo contrario se convierte en saqueo.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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