La agenda política está atiborrada del debate sobre golpe o fraude. Los sucesos posteriores a la consolidación del golpe son ilustrativos para determinar quiénes estuvieron alentando la conspiración para sentirse regocijados por el retorno a la república mediatizada y la defensa de sus intereses. Al respecto es ilustrativa la imagen del presidente de la Asociación de Mineros Medianos, en medio de los conspiradores, pidiendo el cambio de la Ley de Minería, y el reconocimiento inmediato al gobierno de facto por los países que apoyaron el golpe. Nada es gratis.
Pero hay otras maneras de restaurar el neoliberalismo: ignorando los objetivos del proceso. El cambio propuesto por la Constitución Política del Estado Plurinacional da a la explotación de los recursos naturales un rol liberador; con esos recursos debemos superar el atraso, superar la inequidad y la ineficiencia. La Ley de Minería establece que el eje de este propósito es la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), la Ley de la Empresa Pública delinea su estructura y las responsabilidades ejecutivas. Si estos mandatos se los ignora, entonces estamos frente a otra conspiración, por omisión.
Últimamente han estado anunciando proyectos que estarían en marcha en el sector minero. Mesa de Plata, Machu Socavón, Mallku Khota, Amayapampa, el ingenio Lucianita en Huanuni y la planta de concentración en Colquiri serían encarados por la Comibol, mientras desde el ministerio se anuncia la reingeniería de la Comibol; la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) anuncia un estudio para instalar una fundición de zinc, el ministerio garantiza el financiamiento. Este apabullamiento de buenos propósitos oculta los problemas estructurales del sector e ignora los problemas urgentes que existen.
La desvertebración de las empresas estatales lleva a enfrentamientos entre ellas, Huanuni y Colquiri enfrentadas con Vinto, por deudas, aunque todas actúan con el mismo Registro Tributario de Comibol. La Comibol paga cerca de Bs 1 millón por patentes del Mutún y no tiene nada que ver con su manejo. La parcelación crea reyes chiquitos e inviabiliza la ejecución de una estrategia nacional del desarrollo minero-metalúrgico. Esta requiere una economía de base ancha para cubrir sus requerimientos, que son múltiples y comunes a todas las empresas, requiere tener un potencial económico para insertarse en el mercado de las finanzas y el mercado internacional.
Los proyectos se los califica de carácter mundial, para lo cual se requiere inversiones millonarias, que naturalmente la Comibol no tiene. Así se infiere que hay que recurrir a un socio estratégico, quien pone sus propias condiciones. ¿Esto es lo que buscamos? Los proyectos de magnitud mundial se caracterizan por inversiones millonarias, explotación masiva y acelerada de productos primarios, para su industrialización en las metrópolis, tributación mínima, recuperación acelerada de la inversión del socio estratégico, y con amplios daños ambientales. Se suele citar los ejemplos de Perú y Chile; el flujo enorme de recursos no soluciona los problemas del país, más allá de alimentar a una burocracia tecno-política. Esta es una percepción que sus pueblos expresaron en las últimas elecciones.
En el periodo de transición del régimen neoliberal a la economía estatal, 2006-2014, se han creado situaciones ambivalentes por la vigencia de una legislación anterior y el surgimiento de una nueva. La no concreción de la nueva mantiene estos incordios, veamos. La Comibol no ha cambiado su razón social, sigue siendo la empresa pública dedicada a arrendar sus yacimientos en el marco de la ley de Sánchez de Lozada, por lo tanto no viabiliza los proyectos productivos propuestos. Algunos ejemplos:
La EMV ha encarado el montaje de una fundición moderna con capacidad de 20.000 TMF de estaño. Ha llegado a producir la mitad, sin demostrar rentabilidad, ni capacidad de pago de la inversión, recurriendo a fondos destinados para la compra de concentrados, para honrar sus obligaciones. Si no resuelve este problema, no puede plantearse otros proyectos.
Karachipampa requiere el cambio del horno Kivcet, no una reparación, mientras tanto tiene un plantel de 300 trabajadores que hay que mantener; hoy se lo hace al costo de descapitalizar a la empresa. Amayapampa, con 280 trabajadores, espera al socio estratégico desde hace tres años; han paralizado el proyecto de autosostenimiento de 200 TMB/día y se mantienen con subvención de la Comibol. En las oficinas de la Comibol, un plantel burocrático de más de 500 empleados cuida los activos de la vieja Comibol; dispone de los recursos del alquiler de sus yacimientos en proyectos que no tienen la solvencia necesaria.
Así la vieja Comibol es un elemento que conspira contra el proceso de cambio y el Estado no logra controlar al sector.
José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.