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lunes 27 sep 2021 | Actualizado a 20:43

Desempeño económico de La Paz

/ 31 de julio de 2021 / 01:31

El 16 de julio se conmemora la Revolución de La Paz, realizada en 1809. Aquel día los insurgentes se levantaron en contra del dominio español; Pedro Domingo Murillo se reunía con otros revolucionarios, inspirados en la semilla emancipadora que habían sembrado la revolución francesa, la independencia estadounidense y el cerco a La Paz encabezado por Túpac Katari en 1781, para organizar lo que sería el levantamiento revolucionario y la proclamación de libertad.

La Paz como sede de gobierno del Estado Plurinacional ha demostrado que en los últimos años es uno de los departamentos que aporta más al crecimiento económico; no obstante, y ante la ruptura del orden constitucional y la toma de mando del gobierno de facto, se interrumpió el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), mediante determinaciones de políticas neoliberales y en contra de los logros alcanzados por el modelo, impactando negativamente en el desarrollo del departamento y del resto del país.

Hasta la gestión pasada los principales indicadores económicos de La Paz disminuyeron, y más aún con el arribo del COVID-19 y la pésima administración pública del gobierno de facto; sin embargo, al primer cuatrimestre de 2021 se empiezan a recuperar dichos indicadores con las medidas adoptadas por el gobierno de Luis Arce para la reconstrucción de la economía, con pilares basados en el restablecimiento del MESCP, las política de sustitución de importaciones y de redistribución de ingresos, la reactivación de la inversión pública, el restablecimiento de la generación de excedentes de las empresas públicas y el plan estratégico de lucha contra el COVID-19.

Las recaudaciones tributarias registraron un incremento de Bs 4.964 millones (mayo 2020) a Bs 6.481 millones (mayo 2021), con un aumento del 31%; asimismo, si bien la inversión pública registró una caída del 51% en 2020, hasta abril de 2021 se registra un crecimiento de 52%, es decir de $us 51 millones a 77 millones, lo que se plasma en la reactivación de la economía de La Paz con la ejecución de proyectos de carácter productivo y de infraestructura.

Los depósitos en el sistema financiero registraron un alza del 3% hasta abril de 2021 respecto a abril de 2020, de $us 13.839 millones a 14.289 millones; la cartera crediticia reportó un incremento del 3%, de $us 6.682 millones a 6.893 millones, en el periodo señalado, en apoyo principalmente a las unidades productivas del departamento. Las exportaciones crecieron en 109%, de $us 331 millones a 691 millones, destacando el sector de manufacturas y ventas de minería, lo cual coadyuva al resultado positivo de la balanza comercial del país.

En los pilares basados en el restablecimiento del MESCP, en 2020 el pago del bono Juancito Pinto benefició a 545.518 estudiantes de los niveles primario y secundario de establecimientos públicos y de convenio, evitando la deserción escolar y apoyando a la conclusión de su formación académica; la Renta Dignidad se entregó a 355.829 personas de la tercera edad en La Paz, para aliviar gastos familiares y cubrir necesidades básicas de este grupo vulnerable; el bono Juana Azurduy benefició a 52.250 madres y niñas y niños menores de dos años; y el Bono contra el Hambre benefició a 1.421.605 personas en La Paz, a mayo de este año.

Los paceños en su aniversario pueden estar orgullosos de pertenecer a uno de los principales departamentos que aporta a los resultados positivos a la economía del país, permitiendo el retorno a la senda del crecimiento sostenido, al restablecimiento de políticas sociales y la mejora de la calidad de vida.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

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Presupuesto público boliviano

/ 16 de septiembre de 2021 / 01:30

La Constitución Política establece que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto; en este contexto, el Presupuesto General del Estado (PGE) se constituye en el instrumento más importante de la política fiscal para reconstruir y reactivar la economía boliviana, priorizando la asignación de recursos a la inversión pública, así como los gastos en los sectores de salud y educación, políticas sociales, alimentos, servicios básicos, entre otros programas de interés social y de necesidad poblacional.

Desde una perspectiva estructural, Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, por lo que el PGE incorpora a las empresas públicas, entidades de seguridad social, universidades públicas, entidades descentralizadas, los Órganos del Estado; gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales, indígenas originarios campesinos y entidades de control y defensa del Estado, entidades públicas financieras y no financieras, los cuales suman 579 instituciones que elaboran su presupuesto institucional de manera anual, en el marco del modelo económico, social, comunitario y productivo (MESCP) y la normativa presupuestaria vigente.

Al respecto, el PGE se compone de dos grupos de cuentas. Por un lado, los ingresos, que corresponden a la estimación de recursos que podrían ser captados por las actividades que realiza cada entidad, ingresos por recaudación tributaria, regalías, donaciones y otras fuentes financieras. Y por el otro lado, los gastos, que constituyen las erogaciones recurrentes basadas principalmente en la administración y operación de la institución pública, como ser sueldos y salarios, servicios básicos, materiales y suministros, impuestos, así como gastos destinados a proyectos de inversión orientados a la creación o adquisición de bienes de capital, como ser la compra de maquinaria, construcción de edificios, entre otros que contribuyen a la formación bruta de capital fijo.

En el periodo neoliberal (1985- 2005), los gobiernos de turno elaboraban el Presupuesto General de la Nación (PGN), el cual respondía a un modelo neoliberal y tenía carácter regulador, discrecional y solo administrativo del Estado, cuyo principal objetivo era reducir la participación pública en la economía local en beneficio de las empresas transnacionales que operaban en el país.

Asimismo, el PGN se elaboraba con base en las recetas dictadas por los organismos internacionales, no existía claridad en los gastos, presentaban constantes déficit, y otras deficiencias, por ejemplo los gastos no se transparentaban, evidenciando la existencia de los gastos reservados, cuyos recursos económicos eran asignados al Ministerio de Gobierno sin fiscalización, o el pago de sobresueldos a ministros, viceministros y otras autoridades estatales, con dinero proveniente del exterior; otro ejemplo, en dicho periodo se recurría a préstamos externos para el pago de salarios o aguinaldos de los empleados del sector estatal, maestros del magisterio fiscal y trabajadores en salud.

A partir de 2006, el PGE refleja el impacto de la intervención del Estado en la economía boliviana, asumiendo con responsabilidad el papel protagónico para la implementación y aplicación del MESCP, convirtiendo al sector estatal en planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, promotor y banquero del país, a cuyo efecto, el PGE consolidado y agregado para la gestión mencionada alcanzaba a Bs 46.332 millones y Bs 59.834 millones, respectivamente. Para la presente gestión fiscal, el PGE aprobado asciende a Bs 228.357 millones (consolidado) y Bs 295.600 millones (agregado), es decir que, el presupuesto público en los últimos años ha cuadruplicado sus cifras.

Sin duda, este aspecto incremental del PGE ha permitido a nuestro país la obtención de los siguientes logros: crecimiento económico sostenido, acumulación de niveles récord de reservas internacionales, reducción de la deuda externa, inflación controlada, bolivianización de la economía, incrementos de los depósitos y créditos en el sistema financiero, aumentos salariales, nivel de ejecución alta de inversión pública, reducción de la pobreza extrema, redistribución del excedente económico a sectores desprotegidos, disminución del desempleo y de la desigualdad económica.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

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Vamos a salir adelante

/ 21 de agosto de 2021 / 02:40

En los últimos años, Bolivia alcanzó niveles históricos de crecimiento económico al cuadruplicar su Producto Interno Bruto (PIB) por la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), logrando el liderazgo de la región sudamericana, aspecto que posibilitó la generación de estabilidad económica y mejoramiento en el nivel de vida de la población boliviana, ostentando una economía que iba creciendo más que el resto de América Latina.

Sin embargo, tras los conflictos sociales y políticos de octubre y noviembre de 2019, que desencadenaron en la disrupción del orden constitucional y la toma de mando del gobierno de facto, se inició en el país un periodo de incertidumbre con terribles impactos en la economía del país, deteriorando la calidad de vida de los bolivianos, sumado a este complejo escenario el arribo del COVID-19.

Desde noviembre de 2019, el gobierno de facto marcó la interrupción abrupta del MESCP, mediante determinaciones de políticas neoliberales y en contra de los logros alcanzados por el modelo, paralizando principalmente la inversión pública y las operaciones de las empresas públicas, entre otras medidas que impactaron negativamente en la economía del país.

En consecuencia, en la gestión 2020 la economía boliviana mostró su más grande contracción, alcanzando una tasa negativa de 8,2% hasta noviembre según cifras del Índice Global de Actividad Económica (IGAE), con una fuerte caída de la demanda interna, lo cual incidió en la disminución del consumo de hogares, reducción de la inversión pública y el retroceso de las actividades económicas, adicionando la pésima administración pública y medidas improvisadas.

Por otra parte, y con la asunción de un gobierno elegido democráticamente, comandado por el presidente Luis Arce Catacora desde noviembre de 2020, el Gobierno se enfocó en la implementación de medidas para la reactivación y reconstrucción de la economía boliviana, con pilares basados en el restablecimiento del MESCP y la lucha contra el COVID-19.

En este contexto, entre enero y abril de 2021, la economía boliviana logró un crecimiento estimado del 5,3% con una importante dinámica de la minería, construcción, hidrocarburos, industria manufacturera y comercio, entre los principales rubros, según datos estimados del IGAE; no obstante, durante el mismo periodo de 2020 dicho indicador mostraba una variación acumulada negativa de -7,5%.

Actualmente, se registra una recuperación de los indicadores de comercio exterior, donde las exportaciones, en promedio, llegaron a $us 3.096 millones, con un crecimiento de 34%, mientras que las importaciones alcanzaron a $us 2.643 millones, con un ascenso de 15,8%, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), logrando una balanza comercial positiva; asimismo, el índice de desempleo bajó 4 puntos porcentuales, de 11,6% registrado en julio de 2020 a 7,6% en abril de 2021.

Con relación a la lucha contra el COVID-19 y de acuerdo con el plan estratégico, el Gobierno asignó recursos adicionales por Bs 1.709,7 millones para la compra de insumos, equipamiento y personal médico, a cuyo efecto se tiene ocho millones de vacunas garantizadas, ampliando el rango de edad de vacunación desde los 18 años.

En el marco del Programa Fiscal Financiero 2021, suscrito por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia, se proyecta un crecimiento de la economía de 4,4% para la presente gestión, estimación que es ratificada por organismos internacionales como el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y el Fondo Monetario Internacional, que proyectaron un crecimiento para Bolivia de 4,7%, 5,1% y 5,5%, respectivamente, ubicando a Bolivia entre los 10 países que más van a crecer en América Latina.

Finalmente, con la aplicación del MESCP y la soberanía de las políticas económicas y financieras, queda demostrado que Bolivia está retornando a la senda del crecimiento económico, a través del fortalecimiento de la industrialización, sustitución de importaciones, promoción de la actividad económica y la redistribución de los ingresos en favor de la población más vulnerable, garantizando a los bolivianos que vamos a salir adelante.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

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SOAT-C: Seguro para obreros de la construcción

/ 13 de julio de 2021 / 01:58

En el marco de la Ley de Seguros, el seguro se define como un contrato donde el asegurador está obligado a indemnizar un daño o a cumplir la prestación convenida, al producirse la eventualidad prevista, y el asegurado a pagar la prima.

Es necesario recordar que, mediante Ley 1155 de 12 de marzo de 2019 y Decreto Supremo 4058 de 15 de octubre de 2019, se creó y reglamentó el Seguro Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en el Ámbito de la Construcción (SOAT-C), para garantizar la cobertura de los gastos médicos y la indemnización por muerte y/o incapacidad total permanente, a todo trabajador de dicho rubro que sufra un accidente al prestar, ejecutar o realizar un trabajo de manera directa en toda edificación de obras.

No obstante, debido a los conflictos sociales y políticos de octubre y noviembre de 2019, los cuales desembocaron en la ruptura del orden constitucional y la toma de mando del gobierno de facto, se inició un periodo de incertidumbre en la economía y en la calidad de vida de la población, aspecto que conllevó a la paralización de esta medida social.

El sector de la construcción es muy importante, no solo por su aporte al crecimiento económico, sino porque es un sector que genera miles de fuentes de empleo y contribuye en la dinamización de la economía, por cuanto a abril de 2021 existen 423.000 personas que se dedican a esta actividad en obras públicas y privadas, según el Instituto Nacional de Estadística. Asimismo, el rubro presenta una tasa de accidentabilidad más alta comparada con otros como el agrario y el de industria, por cuanto esta labor implica costos humanos fatales, por ejemplo, muchas veces las personas trabajan en alturas, expuestas a sufrir algún tipo de accidente grave o mortal.

En este sentido, y con el retorno de un gobierno elegido democráticamente, liderado por el presidente Luis Arce, se continuó con este fin social, ya que existe voluntad política para apoyar a los trabajadores. En mayo de esta gestión se entregó el primer seguro, marcando un hito histórico para el sector de la construcción. Al respecto, para 2021 el costo del seguro asciende a Bs 150 y tiene una vigencia por 12 meses a partir de la fecha de su contratación, cuya cobertura alcanza hasta Bs 7.000 para gastos médicos, en caso de lesiones o accidentes en su fuente de trabajo, y una indemnización de Bs 70.000 en caso de muerte o incapacidad total y permanente del trabajador, cuya administración y comercialización a nivel nacional es efectuada por la Entidad Pública de Seguros (EPS).

Se aclara que todo establecimiento de salud en el territorio boliviano está en la obligación ineludible de atender a las víctimas de los accidentes laborales de los trabajadores de la construcción; asimismo, toda persona natural o jurídica del sector público o privado, que contrate y/o subcontrate trabajadoras y trabajadores que presten, ejecuten o realicen un trabajo de manera directa en toda construcción de obras, debe verificar que todos ellos cuenten con el SOAT-C y que se encuentre vigente, constatando tal hecho a través del certificado de cobertura emitido por la EPS; caso contrario, de producirse un accidente, será la persona contratante quien asuma las responsabilidades y sanciones, con al menos las mismas condiciones estipuladas por el seguro.

Finalmente, y ante versiones erróneas emitidas por opinadores sobre la aplicación del SOAT-C, es necesario manifestar que es compatible con cualquier otro seguro que cubra a personas en relación con accidentes, independientemente del origen o naturaleza del evento cubierto por el seguro.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

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Recursos y ausencia de gestión pública de las ETA

/ 21 de junio de 2021 / 02:04

La gestión pública es el conjunto de actividades que se desarrollan a través de los procesos de planeación, ejecución y evaluación con el fin de atender necesidades y solucionar problemas con la población, mediante la generación de bienes y la prestación de servicios, con base en objetivos acordados democráticamente, y de acuerdo con la Constitución Política del Estado (CPE), su seguimiento y evaluación debe efectuarse en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas (ETA).

En este contexto, y al haber transcurrido más de un mes de la posesión de las nuevas autoridades subnacionales, periodo en el cual algunos gobernadores y alcaldes solo se dedicaron a declarar que los presupuestos asignados en 2021 son muy reducidos con relación a gestiones anteriores, aduciendo la imposibilidad de atender la contingencia sanitaria de la pandemia del COVID-19, son aspectos que conllevan a mal pensar a la población que dichas entidades no cuentan con recursos económicos suficientes para equipar los centros de salud y las unidades de terapia intensiva, adquirir medicamentos, oxígeno, entre otros insumos.

No obstante, se hace notar al lector que, en el marco de la CPE y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, las entidades territoriales tienen como fuentes principales de financiamiento: regalías departamentales, impuestos de carácter departamental, tasas y las contribuciones especiales, patentes departamentales por la explotación de los recursos naturales; ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios y la enajenación de activos; donaciones, créditos y empréstitos internos y externos; transferencias por participación en la recaudación en efectivo del Impuesto Directo a los Hidrocarburos y del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados.

Por ejemplo, emergente de la coparticipación tributaria en el periodo de enero a abril de 2021, el municipio de La Paz recibió transferencias por Bs 196,5 millones, con un aumento de 25,8% con relación a 2020; el municipio de Tarija recibió por transferencias Bs 71 millones, con un incremento del 8%; el municipio de Cochabamba tuvo Bs 183 millones, con un crecimiento de 24%; y la Alcaldía de Santa Cruz con Bs 416 millones, con un aumento de 25%. Adicionalmente, los gobiernos locales tienen a su disposición recursos en saldos de caja y bancos por Bs 3.745 millones en sus cuentas fiscales.

Asimismo, es necesario señalar que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, al frente del presidente Luis Arce Catacora, efectúa el esfuerzo fiscal para transferir los recursos económicos a las ETA por concepto de coparticipación en función a la recaudación efectiva, que son abonados automáticamente por el Tesoro General de la Nación a las cuentas fiscales de las gobernaciones y municipios, a cuyo efecto las transferencias se realizan de manera oportuna e inmediata, dejando al descubierto ciertas declaraciones mentirosas sobre que dichos procedimientos son lentos.

Finalmente, como es de conocimiento público, las ETA son cuestionadas por su ineficiencia e ineficacia en la gestión como en el logro de sus objetivos, aspecto que se evidencia con su baja ejecución del 25,9% hasta abril de 2021. Al efecto y considerando que se debe atender con premura la contingencia sanitaria de la pandemia, corresponde a las nuevas autoridades subnacionales extremar esfuerzos para lograr una correcta administración financiera de los ingresos y gastos que ejecutan, en concordancia a sus planes operativos anuales, y a través de procesos de contratación ágiles y oportunos enmarcados en la normativa vigente, por cuanto están garantizados los recursos económicos y existe un Plan Estratégico de Lucha con el COVID-19 para atender la demanda de la población, detectar de forma oportuna a los pacientes con el virus y brindar un tratamiento adecuado para preservar la vida de los bolivianos.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

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Reactivando la economía con la inversión pública

/ 27 de enero de 2021 / 02:07

Dentro de la literatura económica convencional, el rol de la Inversión Pública (IP) sostiene la existencia de efectos directos sobre el incremento del stock de capital y la productividad de los factores de producción de las empresas. En el caso de Bolivia y en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), la IP se define como todo uso de recursos públicos destinados a crear, ampliar, reponer, mejorar y/o recuperar capacidades productivas, económicas, sociales, ambientales y/o culturales para fortalecer la economía plural y el vivir bien. 

Haciendo memoria a los lectores, en periodos neoliberales de 1993 a 2005, las cifras en promedio de la IP registraban apenas $us 556 millones, descuidando la demanda interna y con medidas orientadas únicamente a favorecer a las grandes empresas privadas, paralizando la economía del país. La IP de ese entonces fue financiada en 53% con recursos externos y 47% con recursos internos. Además, la inversión de ese periodo era financiada mayormente con recursos externos (créditos y donaciones), condicionados a la aplicación de determinadas políticas.

A partir de 2006, el Gobierno del Estado Plurinacional (GEP) incrementó la IP cuantiosamente de $us 629 millones en 2005 a $us 4.011 millones en 2021, que representa un aumento del 538%, lo cual se constituye en un eje importante de dinamización de la economía boliviana, cuyo financiamiento se debe mayoritariamente a los recursos económicos internos. En el periodo de 2006 a octubre de 2019, la composición de la inversión del Estado en promedio fue financiada en un 74% con recursos internos y tan solo un 26% con recursos externos, resultado que se debe a la aplicación del MESCP.

Lamentablemente, desde noviembre de 2019 a octubre de 2020, durante la administración transitoria de Jeanine Áñez muchas obras en diferentes regiones del país fueron paralizadas y se dejó de pagar a las empresas contratistas, lo cual afectó al sector y tuvo efecto multiplicador negativo en la economía boliviana, donde el objetivo del gobierno de facto era quebrar y privatizar las empresas estatales, bloqueando el desarrollo económico boliviano al intentar reponer el viejo modelo neoliberal que privilegió a grandes empresas privadas sobre el público.

En este contexto, y considerando que la IP se ha constituido en el principal instrumento de política económica y ha generado importantes cambios en la economía nacional, el gobierno del presidente Luis Arce ha procedido a realizar ajustes al Presupuesto General del Estado (PGE) de la gestión 2021.

El PGE inicial, elaborado por el gobierno de transición, proyectaba una menor tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, reducía la IP, se perfilaba mayor inflación y acentuaba la incertidumbre con la ejecución de políticas neoliberales orientadas a favorecer a ciertos grupos de poder en desmedro del pueblo, y planteaba una IP por $us 3.442 millones.

El PGE ajustado contempla $us 4.011 millones para IP, lo que representa un aumento del 17% con relación al PGE inicial. El mencionado importe se compone de 61% con recursos internos y 39% con recursos externos; consiguientemente, del total de la IP programada el 36,2% se destinará a proyectos de infraestructura, el 34,9% será para el sector productivo, el 24,9% se destinará al sector social y 4% se asignará a proyectos multisectoriales. Dicho PGE impulsará la industrialización de los recursos naturales, como la urea en la planta de Bulo Bulo, el potasio en Uyuni con el proyecto estatal del litio, los residuos sólidos en el ámbito nacional, la exportación de electricidad, la fábrica de cemento, la salmuera del salar de Coipasa de Oruro, así como hospitales de tercer nivel, escuelas, complejos hidroeléctricos, el corredor de exportación bimodal Ichilo-Mamoré, construcción y mantenimiento de carreteras de la Red Vial Fundamental, entre otros.

Finalmente, con la reactivación de la IP se está retomando el camino al desarrollo sostenible y prosperidad del pueblo, administrando de forma responsable los recursos del Estado y con la aplicación del MESCP se dinamizará el crecimiento económico a través de la industrialización, obras de desarrollo productivo, infraestructura y proyectos sociales, con generación de empleo y reducción de la pobreza, garantizando a los bolivianos que ¡Vamos a salir adelante!

    Fernando Chuquimia es especialista financiero.

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