Voces

domingo 26 sep 2021 | Actualizado a 12:15

Elitistas frustrados

/ 3 de agosto de 2021 / 01:44

Recuerdo las palabras de un analista que comentaba los resultados preliminares la noche de las elecciones del 20 de octubre de 2019: “Bolivia es un país urbano”. Confiaba, seguramente, que con esas palabras reforzaría la convicción de amplios sectores de las clases medias entonces descontentas con el MAS, de que la impronta nacional popular de Bolivia comenzaba a superarse, reduciendo particularmente la influencia de las áreas rurales sobre el destino del país. A unos meses de consumado el golpe, adicionalmente, algunos analistas comenzarían a cuestionar, sin respaldo alguno, “la desproporcionada representación electoral del área rural”. La intención no declarada de estas personas era restituir un modelo de representación política particularmente excluyente con indígenas y campesinos que añoraban nostálgicamente desde el primer día en que Evo Morales asumió la presidencia de Bolivia.

Pero la realidad es terca, y aún sin la participación del dirigente cocalero, el MAS-IPSP se impuso en las elecciones de octubre del año siguiente, con árbitro elegido por las propias clases medias y acomodadas después de que un grupo de empresarios y políticos fracasados eligieran a Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia. La victoria del partido esencialmente campesino demostró que las áreas rurales todavía son determinantes dentro de las reglas impuestas por un régimen político democrático liberal. Excluir a dicho sector de la población de toda forma de participación política era la única forma a través de la cual podrían imponer clases medias y empresarios su proyecto de país, quienes en un solo año desfalcaron las arcas del Estado con desesperación propia de un drogadicto bajo los efectos de la abstinencia. Llevaban tanto tiempo sin tocar los privilegios del Estado… ¡pero tendrán que esperar todavía más!

Así, aun cuando insistan en presentarse como demócratas convencidos, en realidad su comportamiento revela que las clases acomodadas en Bolivia, y las clases medias que las siguen, son portadoras de un espíritu esencialmente antidemocrático, quizá por su carácter minoritario, pero sobre todo por su desprecio a las mayorías, a lo que llaman “populismo”. ¡Ay, la plebe! La indiferencia, en el mejor de los casos, y satisfacción, en el peor, frente a las masacres de Senkata y Sacaba, y la sistemática violación de los derechos humanos de indígenas y campesinos, a quienes se estigmatizó como “vándalos” y “terroristas” después del Estado de excepción impuesto a partir del 12 de noviembre de 2019, los desenmascaran: falsos liberales; elitistas frustrados y ensimismados en Achumani, Sopocachi y Equipetrol, a cuyos márgenes les gustaría reducir al resto del país.

Ahora, una nueva investigación demuestra que no hubo tal “fraude monumental”, sino un manejo negligente del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que, por favor recuerden, ¡no tenía validez legal alguna! Mucho antes, otro trabajo a partir de datos recolectados por el New York Times (no castrocomunista), y elaborado por académicos de renombradas universidades, titulado Do shifts in late-counted votes signal fraud? Evidence from Bolivia (que puede traducirse a ¿Señalan fraude los cambios de votos contados tarde? Evidencia de Bolivia), demuestra que dos variables, región y ruralidad, fueron determinantes para explicar el aumento de votos a favor de Morales al finalizar el conteo de la votación en octubre de 2019. En otras palabras, los votos del campo llegan tarde, ¡y cuentan pues! ¿Qué fraude?

Las élites bolivianas, y sus clases a medias, harían bien en admitir, como lo hizo Sócrates, que no les gusta la democracia, que no confían en el criterio de las mayorías, pero aun así tendrían que someterse: ¡Mayoría manda!

¡No desesperen! Todavía pueden arrodillarse en las puertas de los cuarteles, fundar su propio país o simplemente migrar. Siempre hay opciones en la vida… Salvo ganar una elección, no creo que puedan. ¡Suerte!

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

Comparte y opina:

Porvenir

/ 14 de septiembre de 2021 / 00:43

La mañana después de la guerra, de Boris Miranda, es uno de los libros que más disfruté durante mis últimos años de universidad y también una pieza clave en la bibliografía de mi tesis de licenciatura: Pando antes y después de 2008: élite política y régimen provincial híbrido, cuyo objetivo era saber qué tanto se había democratizado aquel departamento luego del desplazamiento de Leopoldo Fernández del poder regional. No puedo decir que estoy orgulloso de aquel trabajo, del cual lo único que puedo rescatar es el entusiasmo que me despertó por estudiar el norte amazónico boliviano, gracias a la ilustre guía de una entrañable maestra y la oportunidad de visitarlo gracias a otra amiga.

La investigación de Miranda, ejemplo de verdadero periodismo, desnudó las intenciones del movimiento cívico que durante aquellos días de septiembre se volcó o tomar instituciones del gobierno central enarbolando la bandera de las autonomías en los departamentos del oriente: escindir el territorio boliviano para entregarle una de sus mitades a una oligarquía que se opuso al proyecto de país que se perfilaba desde octubre de 2003: en pocas palabras, y aunque el autor no lo dice, un golpe de Estado. Sí aclara, no obstante, que uno de los objetivos de este movimiento encabezado por las logias de Santa Cruz, era sumar a los militares a su bando después de provocar varias muertes. Y mientras estaban en eso, borrar todo avance en el saneamiento y distribución de tierras ordenada por la reciente Ley de Reconducción Comunitaria, para perpetuar los privilegios de la casta terrateniente.

Las élites agroexportadoras, aquella oligarquía, habían decidido arrojarse a la aventura secesionista después de los resultados del referéndum revocatorio de agosto de ese año, que fortaleció la legitimidad de Morales y golpeó duramente al bloque cívico prefectural con la defenestración de dos de sus aliados, Pepelucho y El Bombón. Se quitaron los guantes decididos al todo o nada: ¡Y nada fue lo que obtuvieron! Su derrota, nos cuenta Miranda, no se debió tanto a una brillante estrategia conducida por el gobierno, de cuyo gabinete algunos miembros ya se mostraban dispuestos a dimitir, sino más a la resuelta movilización de las organizaciones sociales y campesinas aliadas al “proceso de cambio”. Sacrificaron 13 vidas para evitar el golpe. Su heroísmo hizo posible la aprobación de la nueva Constitución y la fundación del Estado Plurinacional.

Hasta entonces, Pando, tanto como Beni o Santa Cruz, eran territorios controlados por un reducido grupo de familias que disponían a su antojo de todas las oportunidades y recursos regionales, lo que las convertía en los principales soportes de lo que algunos llaman autoritarismos subnacionales, de los cuales el cacique Fernández era solo un exponente caricaturesco. Sin duda alguna, el esforzado macho de la Cristo en Santa Cruz cuenta con el respaldo de una red de patrimonialismo mucho más densa y aceitada ahora como gobernador. En todo caso, los soberbios cívicos saldrían mal parados de su intentona golpista en 2008, viéndose obligados a bajar la cabeza y pactar su rendición frente al gobierno, con Costas a la cabeza; algo que resultaría humillante para las logias cruceñas, que por alguna razón fueron aceptadas como aliadas estratégicas por el propio MAS tiempo después. Un innombrable diputado oficialista se encargaría de abrirle la puerta, incluso, a miembros de las pandillas unionistas.

Esto último resulta más incomprensible cuando se considera que la masacre de Porvenir dejó al descubierto la verdadera naturaleza de la clase que deseaba recuperar el poder perdido desde el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada: ociosa, al extremo que una mínima reforma agraria constituía para ella una seria amenaza para su reproducción económica; rentista, celosamente atenta a los ingresos provenientes del IDH y dependiente de los mismos para financiar su reproducción política desde los gobiernos subnacionales; y autoritaria, qué duda cabe, dispuesta a movilizar verdaderas hordas de salvajes arrojados a golpear a cuanto campesino y pollera se les cruzara en el camino. ¡Acuérdense del jeep rojo con la esvástica sobre el cual los jovencitos cruceñistas agitaban sus porras llenas de clavos! La masacre de aquel 11 de septiembre no sería la última. ¿A qué más está dispuesta esta clase sin porvenir? Once meses de dictadura desprovista de sutilezas son suficientes para convencer a Bolivia de que no puede arrojarse con ellos al vacío.

Carlos Moldiz es politólogo.

Comparte y opina:

¿Dónde están los vándalos?

/ 31 de agosto de 2021 / 01:38

Como no podía ser de otra forma, hoy hablaré acerca de las conclusiones del informe presentado por el GIEI. Por favor, querido lector, no se aparte. Estoy seguro de que ya debe estar hastiado de escuchar en los medios todo lo que se dice al respecto; como los políticos tratan de aprovechar cada línea de ese documento para demostrar que tienen la razón. No le pido que empatice con ellos, eso sería lo último. Le pido que le importe, porque el problema acá es justamente ese: su indiferencia.

Los días que inmediatamente le siguieron a la renuncia de Morales fueron confusos para todos, debido a la cobertura sesgada y hasta malintencionada de la prensa sobre los eventos que se desarrollaban ante nuestros ojos, salvo honrosas excepciones, claro. Era difícil saber en ese momento lo que sucedía, ¿fraude o golpe? Seguiremos discutiendo sobre ello por mucho tiempo. Pero lo que ya no podemos debatir es si se cometieron atrocidades en aquel lapso, porque si algo demuestra ese informe es eso: una violación sistemática de los derechos humanos de bolivianos (e incluso extranjeros) a manos de agentes del Estado.

Medios como Página Siete confundieron tanto a la población como para inducirnos a la duda, pero después de tantos informes, y tras las contundentes conclusiones del equipo de expertos internacionales, no hay espacio para escepticismo alguno. Una investigación preparada por Fernando Molina y Susana Bejarano, La transformación restauradora del campo mediático: El alineamiento de los medios de comunicación con el bloque de poder postevista en noviembre de 2019, despeja toda duda acerca del papel que dicho periódico jugó en uno de los momentos más críticos de nuestra historia reciente. ¿Periodismo neutral, objetivo e imparcial? Ya quisiera yo. Me conformo con que no oculten la verdad.

Hubo asesinatos durante los últimos días del gobierno masista, sí, pero no perpetrados por policías o militares, sino en conflictos que, aunque debían ser evitados por la fuerza pública, fueron protagonizados exclusivamente por civiles. La firma del Decreto 4078, por otro lado, sí hizo posible que literalmente se masacren a ciudadanos bolivianos. Y no solo masacres, sino también ejecuciones extrajudiciales, detenciones injustificadas, torturas y hasta delitos sexuales. Para los columnistas de Página Siete ese es un dato irrelevante.

“Se lo merecían”, dirán algunos. “Iban a volar una planta de gas”, añadirán otros. Pues no, la pesquisa del GIEI demuestra que no había tal intención ni tampoco la capacidad de hacerlo. Por lo que se puede decir que aquellas personas murieron para que usted pueda cocinar tranquilamente. ¿Estaba rica la comida? Mientras que los muertos de Sacaba se muestran como asesinatos mucho más arbitrarios, puesto que no se podía recurrir a una coartada como la esgrimida en el caso de la ciudad de El Alto. “…si no contenían a los vándalos que querían hacer volar Senkata, se incendiaba La Paz”, escribió Jimena Costa en una sus columnas de opinión. Por favor, lea el informe y lea el nombre de cada uno de los masacrados en Senkata, ¿dónde están los vándalos?

Chaparina y la represión contra los discapacitados ciertamente fueron decisiones censurables y condenables, pero el ejercicio de la fuerza en esos casos no excedió los límites del derecho a la vida. Se pudo haber reprimido en Sacaba y Senkata sin tener que matar. Camiones neptuno, gases lacrimógenos, o incluso golpes y patadas. Pero se usaron balas. Y después de las balas, se persiguió, encarceló y torturó a personas que independientemente de su orientación política merecían un trato justo, o por lo menos humano.

Amparo Carvajal derrama lágrimas por Áñez. ¿Dónde estaba cuando Patricia Hermosa perdió a su hijo? Jeanine merece un juicio justo, pero no escapar de la Justicia. Después del derrocamiento del masismo aquel noviembre, se cometieron crímenes, de todos los tipos. Robert Brockmann no dirá nada al respecto, estoy seguro. Y me sigo preguntando, ¿dónde están los vándalos? No lo sé, pero sí sé dónde están los mentirosos.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

Comparte y opina:

Golpes legítimos

/ 17 de agosto de 2021 / 01:29

“Si alguien le quiere dar un golpe de Estado a Fernández, López Obrador, Arce o Maduro, contarán con nuestro apoyo. Métanle nomás.” Eso es lo que acaba de comunicarle la Organización de Estados Americanos (OEA) al resto del mundo, a través de su último pronunciamiento sobre la imposibilidad de considerar la reelección indefinida como un derecho humano. Para los detractores de Morales, que seguramente se sienten muy satisfechos con esta última resolución del organismo internacional, este mensaje de entre líneas pasó desapercibido, en el mejor de los casos, o incluso fue celebrado, en el peor.

Lo preocupante de esta noticia no tiene nada que ver con el expresidente. Es más, dicha sentencia es completamente irrelevante debido a que estamos muy lejos de otras elecciones generales (al menos eso esperemos). El peligro reside en que, al declarar que la mayor amenaza para las democracias de la región no es el rompimiento abrupto del orden constitucional, sino la erosión paulatina de las salvaguardas democráticas a manos de un régimen autoritario, lo que acaba de hacer la OEA es establecer los fundamentos axiomáticos de una lógica perversa: “es legítimo derrocar a gobiernos que no coincidan con nosotros”.

Y se pone peor: “incluso si éste es electo mediante elecciones populares”, en referencia a un supuesto régimen autoritario. Es decir, “se puede derrocar a un gobierno que no piense como nosotros incluso si éste cuenta con respaldo legítimo de las urnas”. Si pasarse por alto los resultados del 21 de febrero de 2016 fue un error que le dio a la oligarquía agroexportadora de Santa Cruz la excusa perfecta para negociar con policías y militares un golpe de Estado, decir que el rompimiento abrupto del orden constitucional no es lo peor que le puede pasar a una democracia, desde una plataforma internacional como la OEA, equivale a hacer de toda Constitución un elemento accesorio y secundario para el sostenimiento del Estado de derecho.

Se acaba de proferir una amenaza en contra de todo gobierno que pueda considerarse como autoritario desde el punto de vista de la OEA. ¿Y cuál es su punto de vista? Pues cualquiera que no contradiga los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en la región. Y con los antecedentes que tiene ese país en cuanto a intervenciones diplomáticas, económicas y militares, toda Latinoamérica debería considerarse en peligro, pues lo que se considere un régimen democrático depende mucho de quién lo diga, de quién mida la democracia.

Es bien sabido que los actuales parámetros que se utilizan para medir la calidad de una democracia en la región no son imparciales ni mucho menos objetivos. Basta con revisar los reportes de los últimos dos años del The Economist Intelligence Unit Democracy Index para saber que no todos los países serán medidos con la misma vara. En 2019 y 2020, este prestigioso medio le otorgó mayores calificaciones a Chile y Colombia, que durante ese lapso reprimieron dura y excesivamente a manifestantes antigubernamentales hasta acumular decenas de muertes, y, de hecho, en Colombia han sido asesinados más de 100 líderes sociales solo en lo que va de este año. Pero aparentemente, para los encargados de elaborar estos informes, ciertas “democracias” pueden darse el lujo de no cumplir con el requisito de garantizar derechos políticos y civiles para ser consideradas como tales.

Condenar el último pronunciamiento de la OEA no es una obligación solo para los zurdos que habitamos este continente, sino también de todo demócrata liberal comprometido, pues lo que la OEA pretende con su pronunciamiento es sentar las bases para una doctrina de los “golpes legítimos”, necesarios para restablecer la democracia en la región, mediante la imposición de estados de excepción en los que se reprima y elimine a todo aquel que se considere como una amenaza para la paz y el orden, y decenas de muertos, de ser necesario.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

Comparte y opina:

Cubanos en el espacio

/ 20 de julio de 2021 / 01:05

Cruzan los dedos el coro de falsos liberales que hoy se preocupan por los derechos de los disidentes que protestaron hace poco en las calles de La Habana, pero que nunca objetaron el criminal bloqueo económico que el gendarme democrático del norte impuso unilateralmente sobre la isla, y que explica en gran parte las dificultades que hoy debe soportar el pueblo cubano en su vida cotidiana.

¿Dónde estaba su empatía cuando se expulsó a las brigadas de doctores de aquel país sin consideración alguna por sus derechos humanos en noviembre de 2019? La dictadura de Áñez se robó hasta los equipos médicos que se encontraban en la Clínica del Colaborador, sin que ello indignara en lo más mínimo a estos defensores de la democracia, la libertad y la propiedad privada. Silencio cómplice con una vulgar tropa de atracadores, encabezados en aquel entonces por el aspirante a gánster de Luis Fernando Camacho.

No debe sorprendernos, pues, que las plumas de estos escritores se hagan de la vista gorda frente a las incontables acciones terroristas que las sucesivas administraciones estadounidenses perpetraron contra el pueblo de Cuba: la invasión mercenaria contra su territorio en 1961, la voladura de un avión de Cubana de Aviación con 73 civiles dentro en 1976, y la detonación de otra bomba en el hotel Copacabana ubicado en La Habana en 1997, entre otros cientos de actos criminales. El servilismo de estos acólitos del imperio les impide reconocer y diferenciar, incluso, una acción política de un delito.

Y eso es porque en el fondo lo que les irrita del ejemplo cubano no es el socialismo, sino su dignidad y soberanía. Palabra esta última que relativizan y menosprecian, en nombre de un supuesto mundo sin fronteras, ejércitos o Estados. Confunden la necesaria autodeterminación de los pueblos con chovinismo tribal porque les hubiera gustado nacer en New York o Los Ángeles, para sentirse como cualquier cosa menos como bolivianos, para salvarse del Tercer Mundo.

Por ejemplo, son reacios a aceptar la creciente influencia china en la región, no porque les preocupe sus efectos sobre el desarrollo del país, sino porque creen, de verdad creen, que es preferible la dominación yanqui. No es el liberalismo político lo que defienden en realidad, sino el tutelaje norteamericano sobre el continente. “Tratar de buscar un nuevo amo no es cuestión de política: es el primer movimiento psicológico del liberto desconcertado”, dijo alguna vez Sergio Almaraz.

A Cuba se le puede criticar infinidad de cosas, pero no sin antes criticárselas también al resto de los países latinoamericanos, pero con una diferencia: sus aciertos y equivocaciones son producto de sus propias decisiones, y no de la sugerencia de ningún encargado de negocios o embajador yanqui. Y les ha dado buenos resultados. Permítanme nomás mencionar lo siguiente:

Dijo alguien alguna vez que libertad es en realidad la capacidad de poder optar por un estilo de vida entre otras opciones de manera efectiva. Hace unos meses el mundo entero rindió tributo al ruso Yuri Gagarin, primer cosmonauta en la historia de la humanidad. Pero pocos recuerdan que en 1980 un hombre llamado Arnaldo Tamayo se convirtió en el primer latinoamericano en abandonar el globo terráqueo. Era cubano, y no de La Habana. No era hijo de ningún diplomático o general, sino un muchacho pobre de Baracoa, un hermoso pueblito ubicado en el oriente de Cuba, sin más privilegio que contar con dos brazos y dos piernas. Era, además, negro. Tanta libertad no puede menos que provocar incomodidad e indiferencia para los detractores del modelo cubano.

¿Cuánto no quisiera yo que cualquier habitante de Charaña o Magdalena en Bolivia tuviera las mismas oportunidades para ser doctor, ingeniero o abogado que un residente de La Paz o Santa Cruz? Aquella igualdad de oportunidades solo es posible en un país con el coraje de distribuir tanto la riqueza como la miseria, frente a los ojos del imperio más grande que haya visto la humanidad.

Cuba no necesita su solidaridad, señores.

Carlos Moldiz es politólogo.

Comparte y opina:

El dilema de los petro-monos

/ 6 de julio de 2021 / 02:41

Amediados de 2018, el Panel Internacional contra el Cambio Climático (IPCC) público Calentamiento Global de 1.5ºC, uno de los más escalofriantes documentos que alguna vez haya leído.

El reporte adelantaba que reducir nuestras emisiones de carbono hasta 1ºC por encima de los niveles preindustriales ya era casi imposible, y concluía con una advertencia ominosa: quedan 12 años —es decir, hasta 2030— para reducir significativamente el tamaño de nuestra huella ecológica. La advertencia inequívoca estaba fundamentada por más de un centenar de investigaciones que daban cuenta de los catastróficos efectos que tendría el continuar con el actual estilo de vida de la civilización capitalista sobre el futuro de la humanidad: el nivel del mar se elevará por encima de los 7 metros, más de 190 millones de personas morirán por causas relacionadas a la escasez de agua o de alimentos y cerca del 65% de la biodiversidad planetaria quedará extinta. Apocalipsis.

Inmediatamente pensé en aquella coyuntura que le resultó tan cara al “proceso de cambio”: el episodio TIPNIS, que dejó al descubierto la inercia extractivista del gobierno de Morales. La hipócrita indignación ecologista de los blanquitos sopocachenses me hizo subestimar el problema. Debemos aclarar, pero, inercia intrínseca a la matriz productiva de nuestro país, por lo cual sería injusto condenar a su gestión solamente. Si bien la intención inicial de aquellos tiempos era superar nuestra condición de meros productores de materias primas, la división internacional del trabajo, dato objetivo de nuestra historia, hacía de tal aspiración una sumamente dificultosa.

Así, mientras el discurso oficial de la izquierda internacional demandaba superar la dependencia de las energías fósiles, el crecimiento y la sostenibilidad económica de nuestro Estado nos empujaban hacia la dirección opuesta. Las políticas redistributivas tan necesarias para evitar el desgarramiento del tejido social de Bolivia por la presión de la desigualdad eran posibles solo a partir del control soberano sobre nuestros recursos naturales, que tenían que ser, necesariamente, explotados. Si no, ¿por qué más murieron los mártires de la “guerra del gas”?

Un par de años antes de aquellas distópicas predicciones, Naomi Klein produjo un libro y un documental titulados Esto lo cambia todo: el capitalismo contra el clima, denunciando que la solución al predicamento del calentamiento global no podía darse dentro de los márgenes impuestos por el capitalismo neoliberal, dentro del cual la adopción de energías renovables es virtualmente imposible mientras una de las principales industrias mundiales sea la extracción de petróleo. Nuevamente me invadió una pregunta: ¿será que el extractivismo de sello estatal será peor que uno ejercido por empresas privadas multinacionales? El incendio de la Chiquitanía que se dio luego, en 2019, dejaba poco espacio para la duda: no, la iniciativa privada no es menos devastadora para el clima que el desarrollismo estatalista. ¿Qué hacemos entonces, cuando las dos caras de la moneda nos condenan, aunque de diferente forma? Me viene a la cabeza ese cuento de Eduardo Galeano, en el cual un cocinero les pregunta a las gallinas cómo prefieren ser cocinadas: ¿hervidas o fritas? “Pero nosotras no queremos ser cocinadas”, responden. “Eso está fuera de cuestión”, sentencia el chef.

Pero dado que el tiempo pasa tan rápido y es, al mismo tiempo, tan escaso, tal vez lo mejor es dejar de preocuparse por lo que sucederá en un par de décadas. Total, tal vez, muy probablemente, ya no esté acá para presenciar la catástrofe. Luego veo a mi hermanita de 10 años viendo novelas en su computadora. “¿Esta es la última generación que tendrá una oportunidad para resolver este problema?”, pienso yo despreciativamente. Y luego me respondo: “no, idiota, esa era la tarea de la tuya”. Me doy cuenta de que, a pesar de los avances de mi tiempo, nuestra especie no ha evolucionado más allá del rudimentario homo sapiens, inmediatista como es. No, ahora somos petrohomos, o, peor, petro-monos.

Hace algunos años se puso muy de moda hablar sobre el “vivir bien”, que aspiraba a ser algo más que una propuesta de desarrollo, si no, más bien, una alternativa al mismo. ¿extractivismo nacionalista o extractivismo multinacional?

Carlos Moldiz es politólogo.

Comparte y opina:

Últimas Noticias