Voces

lunes 27 sep 2021 | Actualizado a 20:53

De gallinas, sótanos y otras ilusiones estadísticas

/ 5 de agosto de 2021 / 01:51

Organismos internacionales anticiparon que éste será un año de recuperación económica, no solo en Bolivia, sino en toda la región sudamericana. Lo anterior no quiere decir que la crisis sea plenamente superada pues la reactivación aún tomará su tiempo. A excepción de Chile, el resto de países no retornará a su nivel de PIB que tenía previo a la pandemia hasta 2022.

En Bolivia, las previsiones gubernamentales también mostraron un mayor optimismo al anunciarse que la economía había crecido un 5,3% en los primeros cuatro meses del año, incidida por las políticas que reanimaron la demanda interna. Recordemos que a finales del año pasado y comienzos de éste se anunció que el crecimiento económico para 2021 se situará alrededor de 4,4%, por lo que el reciente anuncio podría ser una señal de que la economía se va recuperando mejor de lo inicialmente esperado.

Esta probable recuperación vigorosa en 2021, también ha generado polémica. Desde el frente opositor, se ha contrarrestado el discurso oficialista dándose a la tarea de construir su propia lectura de las estadísticas con el fin de restarle méritos a las políticas de reactivación vigente.

Se pretende reciclar el viejo discurso del piloto automático, que abrazó la idea en años pasados que la economía boliviana crecía mecánicamente empujada por los ciclos alcistas de los precios de las materias primas. Años después, luego de su inminente caída y al constatarse que el crecimiento económico se mantuviera a tasas altas, esta afirmación fue trastocada por sus defensores. En un contexto como el actual donde el sector externo comenzó a recuperarse, después de varios años desfavorables, la hipótesis nuevamente fue revitalizada.

La conjetura del piloto automático se complementó con el relato del rebote estadístico. Según esta afirmación, en ciertas ocasiones las estadísticas podrían ser más engañosas que los propios analistas y políticos juntos. Para salir del oscurantismo en el que nos encontramos sumidos, según sus relatores, se han valido de sus dotes en aritmética y su habilidad para narrar historias con ejemplos de sótanos y gallinas para explicar al público de a pie en lenguaje profano porque los resultados en 2021 serían un espejismo numérico.

En realidad, la expansión económica es un hecho real y no una ilusión estadística como embusteramente se trata de interpretar. En 2020 la economía decreció en más de 8%, golpeada por las medidas de confinamiento rígido en abril y mayo. En 2021, en cambio, si bien la pandemia siguió su curso, no se determinó el cierre de la economía. No se requiere de una mente brillante de Harvard para que el ciudadano de a pie deduzca que, si un año no hubo producción y al siguiente sí la hubo, la tasa de crecimiento entre ambos años tendría que ser alta. Pero más allá del efecto estadístico que produce el comparar valores pequeños con grandes, lo relevante es que en 2021 se crearon más bienes de lo que hubo en 2020, lo cual es reflejo de la recuperación y un evento tangible mas no imaginario. La razón se debe a que en esta gestión no se recurrió a la cuarentena, lo que permitió que la recuperación no se vea perjudicada.

También, es incorrecto comparar íntegramente el nivel de la actividad de 2019 con el de la gestión 2021, simplemente porque en 2019 no había pandemia, peor aún es más deplorable concluir que el crecimiento solo suma si es mayor a 2019, omitiendo el análisis comparativo de 2020, sometiendo a que las estadísticas se pongan al servicio de la imaginación de los analistas.

Más allá del número que represente el crecimiento en 2021, se debe entender que la población no vive de ilusiones estadísticas, ni tampoco de análisis parcializados, sino de resultados concretos. La crítica no debiera hacerse a las estadísticas sino a los autodenominados analistas que hacen un mal uso de ellas. El hecho que la economía se encuentre en franca recuperación debiera ser tomada de forma positiva por todos los bolivianos, incluso para el más digno adversario, sin importar sus inclinaciones políticas.

Finalmente, se advierte que el debate en torno al crecimiento económico aún está carente de profundidad. El mayor interés debiera estar en la discusión sobre la tendencia y sostenibilidad del crecimiento de mediano plazo y no en el corto plazo, que hoy ocupa la agenda pública.

Omar Velasco Portillo es economista.

Comparte y opina:

La nueva normalidad laboral

/ 21 de septiembre de 2021 / 01:39

El INE publica cada mes estadísticas laborales en base a una encuesta nacional urbano-rural que cumple con todos los estándares internacionales. A julio se observa una notoria reducción del desempleo: desde su pico más alto de 11,6% en junio de 2020 a 6,4% en julio de 2021. Conocer las estadísticas de desempleo probablemente no te mantendrá fuera del desempleo, pero al menos entenderás por qué. Analicemos este guarismo laboral con mayor profundidad.

Es importante analizar el indicador de desempleo porque es un fiel reflejo de la actividad económica cuyo cómputo es más complejo en tiempos de pandemia. El vínculo del empleo con el sector real se debe a que cuando una persona pierde su trabajo deja de producir, reduciendo la capacidad productiva de toda la economía.

La tasa de desempleo es un indicador agregado que reúne diversas causas por las que los trabajadores interrumpen su actividad laboral. Por ejemplo, una parte del desempleo se debe al tiempo que demoran las personas en encontrar uno nuevo y la dificultad de las empresas en cubrir sus puestos vacantes. Este tipo de desempleo se conoce como “friccional” porque está en transición a ser absorbido y se lo considera de corto plazo, por lo que prescindiré de su análisis.

El desempleo también se crea cuando una economía entra en recesión y se lo denomina “cíclico” porque una vez superada la fase negativa, disminuye porque las personas recuperan su mismo puesto de trabajo. La tasa de crecimiento de la economía en 2020 fue negativa. La economía boliviana no atravesaba una recesión desde los años 80. La recesión redujo la demanda de bienes finales y obligó a las empresas a despedir trabajadores. Algunos de los sectores más golpeados en 2020 por la pandemia y las medidas de confinamiento fueron el comercio, el transporte y los servicios. Es natural que en 2021 estén entre los de mayor mejoría, aunque con empleos de menor calidad, pero su recuperación no debe ser confundida como un avance de la informalidad porque ya formaban parte de ella.

En 2021 el consumo doméstico se reactivó. Las empresas produjeron más y volvieron a recontratar a su personal cesante. Este comportamiento se reflejó principalmente en la construcción y la industria. En esta última se terciarizó y subcontrató personal. Pese a todo, el empleo formal creció 28%. La recuperación económica también vino del brazo de los hidrocarburos y la minería, destaca esta última por su incidencia en la demanda de trabajo que fue notoriamente alta.

Ahora bien, es posible que no todas las personas recuperen su fuente laboral una vez superada la fase recesiva, allí se produce un desempleo “estructural”. Durante la etapa de cuarentena, algunos empleados perdieron su fuente de ingresos y no volvieron a su puesto original luego de la reapertura económica, como fueron los rubros de turismo, algunos servicios de recreación y cultura, hotelería y restaurantes. Para evitar que el desempleo cíclico se convierta en uno estructural, se requiere que los dueños de los establecimientos afectados se contagien de un espíritu innovador y apoyados con las facilidades financieras del Gobierno, reinventen sus modelos de negocios.

El lado de la oferta de trabajo también se merece algunas consideraciones. El camino de regreso a la fuerza laboral para madres que no tienen con quién dejar a sus hijos puede ser más pedregoso. Es de esperar una gradual normalidad de la participación laboral femenina a medida que los centros educativos retornen a las modalidades presenciales o semipresenciales. La flexibilidad de horarios también forma parte de las nuevas preferencias de los trabajadores que, conscientes de las bondades del teletrabajo, prefieren esperar por puestos más cómodos desde el confort de su hogar. El miedo al contagio también es una fuente de inactividad laboral, que se irá reduciendo conforme avance la vacunación.

En síntesis, la evolución del mercado de trabajo muestra claras señales de recuperación económica que son plenamente consistentes con las estadísticas del IGAE por sector económico. Además del mercado laboral, existen otros indicadores microeconómicos que advierten dicha tendencia. Poner en duda las estadísticas económicas sin argumentos válidos y mellando la integridad técnica de quienes solo se dedican a compilarlas es aventurero y dice poco de la integridad del análisis económico que realizan. En Argentina, un conocido opinador económico ganó mucha fama valiéndose de anuncios de este tipo y hoy es candidato presidencial. En Bolivia parece tener sus imitadores.

Omar Velasco Portillo es economista.

Comparte y opina:

El modelo cruceño

El progreso cruceño comenzó con el apoyo del Estado, pero el excedente económico no se quedó con el Estado.

/ 19 de septiembre de 2021 / 18:34

DIBUJO LIBRE

Desde fines de la década de los 90, Santa Cruz se convirtió en el principal centro económico del país gracias al auge de la agricultura, la ganadería vacuna, la industria de alimentos, los hidrocarburos líquidos y los servicios financieros, lo que, en conjunto, desplazó al viejo modelo minero-occidental. Este pujante progreso situó al departamento en la tercera región con mayor riqueza por habitante y el de menor pobreza, razones por las que sus habitantes tienen mucho que celebrar en su 211 aniversario.

Detrás de estos elogiables resultados surgen algunas preguntas: ¿Cómo se forjó el modelo de crecimiento cruceño? Desde los círculos empresariales más altos del oriente se lo exhibe como un éxito inherente al sector privado, basado en la promoción de las exportaciones no tradicionales. ¿Cuán precisa es esta afirmación? Si es tan exitoso, como aparenta, ¿por qué no fue imitado en otras latitudes del país? Por otro lado, siendo una región económicamente próspera, ¿por qué su influencia en política es menos gravitante? El propósito de esta nota es reflexionar en torno a estos aspectos.

La mayor parte de la independencia, Santa Cruz vivió postergada y condenada al atraso por su lejanía y difícil conectividad con el occidente. El desarrollo de Santa Cruz surgió a partir de las conclusiones de una misión norteamericana en los años 40 del siglo XX, que elaboró un informe conocido como Plan Bohan. Este plan estableció la necesidad de transformar el oriente boliviano mediante el fomento a la producción agropecuaria, el desarrollo de los campos petroleros y la construcción de una red caminera fundamental entre oriente y occidente. En los años 70, la dictatura banzerista propició las mayores inversiones públicas en la región gracias al abundante financiamiento externo. El resto de departamentos no siguió la misma suerte porque la bonanza financiera se agotó luego de la crisis de deuda de los años 80.

El modelo neoliberal también dio un gran impulso al oriente boliviano utilizando el aparato estatal. Se promovió la concentración de tierras en grandes hacendados y contrariamente se prestó poca atención al saneamiento de tierras indígenas. Se otorgó financiamiento bancario subsidiado para algunas familias influyentes en el gobierno. Se aprobó un régimen laboral laxo, que abarataba costos. La apertura de mercados para las nuevas exportaciones fue mérito de los acuerdos de integración regional entre Estados. La subvención a los combustibles líquidos aminoró notoriamente los costos de transporte y que se mantienen en la actualidad.

Estas condiciones óptimas favorecieron el florecimiento de una clase empresarial privada, primero en la agroindustria y luego en la ganadería y la banca. Este sistema propició un sesgo hacia la explotación extensiva que, sin la necesidad de realizar grandes inversiones o la adopción de tecnologías más eficientes, podía obtener retornos aceptables. Dicho esto, no se debe dejar de mencionar algunos esfuerzos privados específicos como en la ganadería, que realizó un cruce selectivo de especies para mejorar la raza, con excelentes resultados y la ardua labor de erradicación de la fiebre aftosa.

Con sus cerca de 2 millones de habitantes, la capital oriental se convirtió desde hace más de una década en la ciudad más poblada de Bolivia. Santa Cruz se nutrió del esfuerzo de muchos bolivianos que migraron a esa región en busca de mejores oportunidades y cuyo suelo y gente los cobijaron gratamente. En los últimos años la construcción experimentó un gran auge de la mano del crecimiento demográfico, que ensanchó la mancha urbana, y del boom inmobiliario que hizo de San Cruz una cuidad cada vez más vertical.

En síntesis, el progreso cruceño comenzó con el apoyo del Estado, con la planificación económica, el financiamiento público, la construcción de infraestructura, las subvenciones y otras concesiones. Empero, el excedente económico no se quedó con el Estado, sino que es apropiado y concentrado para el disfrute de una reducida oligarquía que se beneficia de la inequidad en el acceso a los medios de producción, de las subvenciones estatales y la nueva infraestructura caminera, convirtiéndose éste en un modelo excluyente. Este modelo no proliferó en el occidente y centro del país porque la tenencia de la tierra está menos concentrada y porque las clases dominantes en estas regiones no gozaron de los mismos beneficios iniciales para su despegue.

Para preservar sus privilegios, las élites cruceñas necesitan sostener un eterno discurso que luzca al sector privado como eficiente pero limitado por un Estado que reprime la iniciativa privada a través del cobro de impuestos e incrementos salariales injustificados. También, necesitan tener un rol más activo en las decisiones nacionales. Empero, a pesar de su peso demográfico y económico, Santa Cruz mantiene una baja influencia en el plano político nacional, dominado por alianzas andinovallunas. Esta desproporción la han atribuido a la desigual distribución de escaños, cuando en realidad hay otras razones más profundas.

Las élites cruceñas representadas por sus líderes cívicos se han valido de un discurso regional para influir en el sentimiento ciudadano y producir acciones políticas con bastante efectividad, aunque sea a costa del engaño. La ciudad de Santa cruz ha demostrado tener una gran capacidad de movilización social y de repercusión nacional como ocurrió en el cabildo de 2004, que demandó las autonomías o el paro del 21 de octubre de 2019, que propició un golpe de Estado. Sin embargo, estas demandas no fueron trascendentes por culpa de su clase política. Con el transcurso de los años, el ribete autonomista se deslució al desmontarse como una estrategia política regional ante la baja efectividad de sus acciones competenciales. La lucha pitita también fue traicionada por los propios artífices del golpe, que revelaron sus verdaderas intenciones meses más tarde. En suma, la población resultó engañada.

Los líderes cruceños han apostado por un discurso regionalista y hasta separatista antes que otro de unidad nacional, que les permita construir un proyecto político y económico nacional desde el oriente. La escasa preferencia electoral en occidente por candidatos orientales es la cosecha de años de discursos regionalistas. En la última elección se observa una fragmentación del voto cruceño, en comparación con las mayorías occidentales, cuyas fuerzas políticas regionales son más dominantes.

Santa Cruz está en tránsito a convertirse en una de las ciudades más modernas de Latinoamérica para 2050, pero existen grandes desafíos para sus élites y líderes locales. Deben abandonar el discurso privado autosuficiente y que enarbola el modelo neoliberal como exitoso y buscar mayores canales de complementariedad con el sector público. El pueblo cruceño merece tener mayor gravitación en las decisiones de nacionales, pero para ello sus líderes deben superar su mentalidad cunumí (pequeña) que los ata a su región.

(*)Omar Velasco es economista

Comparte y opina:

Las asignaciones del FMI

/ 2 de septiembre de 2021 / 01:37

En días recientes, el Gobierno aseguró haber recibido $us 326 millones provenientes de una asignación otorgada por el FMI en su calidad de país signatario. El anuncio desató una gran polémica por el origen de los recursos, puesto que seis meses atrás había devuelto un monto similar contratado durante el gobierno de Jeanine Áñez, bajo el rotulo de Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR). En realidad, más allá que los mismos se efectuaron en la misma unidad de cuenta conocida como DEG con la que el FMI valoriza sus operaciones de préstamo y la suscripción de capital de sus miembros, ambas fuentes son financiera, económica y procedimentalmente distintas.

La distribución de DEG (Derechos Especiales de Giro) fue ante todo una operación financiera- contable que, por el lado del activo, su tenencia mejoró el nivel de las RIN y por el lado del pasivo, acrecentó la cuenta de asignaciones, de forma que ni la Posición de Inversión Internacional del país ni el resultado del balance del BCB debieron verse alterados. Asimismo, tanto las tenencias como las asignaciones del DEG devengan intereses, en el primer caso el país los recibe y en el segundo los paga, por lo que el efecto financiero neto de la última distribución fue nulo, es decir, su distribución fue gratuita.

El poseedor de los DEG tiene el derecho potencial a convertirlos en divisas de otro país miembro como dólares, empero, si la tenencia es menor a la asignación recibida podría generar un costo financiero, dado por la diferencia entre ambas posiciones, aunque no ha sido la práctica más usual en anteriores distribuciones. El país también podría optar por otras operaciones a término, canje de deuda o acuerdos de permuta.

Según las normas básicas del sistema de crédito público, una operación de crédito público consiste en una transacción con acreedores internos o externos basada en contratos de derecho público, sujeta a su repago. La distribución de DEG no tiene la obligación de reembolso o reconstitución de estos activos, que sí la hay en el IFR que estableció un cronograma de vencimientos y acarreó un pagaré, por lo que ameritaba la aprobación de la Asamblea. El rechazo a la ayuda financiera del FMI en 2020 no fue al organismo como tal, sino ante el incumplimiento de los requisitos para la contratación de deuda externa.

El proceso de aprobación también fue diferente. Para la distribución de DEG, la junta de gobernadores aprobó su otorgación y el país solo dio su anuencia. En contraste, con el IFR el gobierno gestionó su aprobación ante el directorio del FMI, a través de una carta de intenciones en la cual comprometió realizar ajustes macroeconómicos, de ser necesarios, para garantizar su reembolso. El hecho de soslayar esta sutil diferencia tiene una gran implicancia, porque la asignación de DEG a diferencia del IFR no condicionó el curso de las políticas.

Ambos financiamientos también persiguen finalidades distintas. Con el IFR se buscó dotar de liquidez al TGN para financiar los gastos de la pandemia; en cambio, la asignación de DEG tiene como fin fortalecer las RIN y su uso es solo de carácter precautorio para atender necesidades de liquidez, es por ello que son mantenidas en cuentas del BCB y no del TGN, como ocurrió con el IFR.

El propio FMI reconoce sus diferencias. El IFR es una nueva línea de crédito para países de bajos ingresos que enfrenten una urgente necesidad de balanza de pagos como la pandemia. En cambio, las asignaciones se consideran como la creación de activos de reserva internacional que se distribuyen a los países miembros en proporción a su cuota relativa. Es un financiamiento excepcional frente a una necesidad global de inyectar liquidez a gran escala, como se hizo en 2009, y su alcance es mayor al beneficiar a todos sus miembros en comparación al IFR, que es específico a cada país.

También hay una falsa polémica sobre el actuar del Gobierno actual, según la cual con una mano acusa y con la otra pide prestado. En realidad, no fue el Gobierno sino es el FMI el que ha moderado su posición ortodoxa. El Gobierno boliviano ha mantenido la misma línea discursiva de no condicionamientos con ningún organismo internacional. Eso no ha cambiado. Pero más allá de la interpretación al actuar del Gobierno o del Fondo, el éxito de una gestión reside en no dejarse llevar por fundamentalismos ideológicos sino más bien por pragmatismos políticos, más aún en tiempos de crisis. La aquiescencia a las asignaciones muestra que hay maneras más baratas para traer recursos externos al país.

Omar Velasco Portillo es economista.

Comparte y opina:

La tan esperada devolución de aportes

/ 19 de agosto de 2021 / 01:32

Hace cerca de un año se anunció, dentro de las promesas de campaña, una posible devolución de los aportes efectuados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Esta iniciativa busca que los asegurados que están desempleados puedan acceder de manera parcial o total a la devolución de sus aportes para así cubrir sus necesidades resultantes de la pandemia. En este artículo comparto mis impresiones al proyecto de Ley 078.

La posibilidad de retirar voluntariamente una parte de los aportes a la jubilación debe ser comprendida por la población como una decisión ante todo intertemporal y no de carácter coyuntural, motivada por la falta transitoria de ingresos.

Si a usted le propusieran entregarle Bs 1 el día hoy o recibir el doble dentro de 20 años, ¿qué elección realizaría? El sentido común probablemente le incline a tomarlos hoy, finalmente el mundo es incierto y uno no sabe lo que puede pasar mañana. Desde el análisis económico la respuesta es un poco más compleja, pues tiene que confrontarse el hecho de que el valor del dinero cambia en el tiempo y el carácter subjetivo que le otorgan los individuos al consumo a la hora de valorarlo en el tiempo. Por un lado, recibir el dinero hoy vale más porque el dinero tiene un costo de oportunidad. Por otro lado, los consumidores podrían valorar más el consumo actual que el futuro, lo que reflejaría un cierto grado de impaciencia, pero también es posible que haya consumidores pacientes que no gasten toda su renta para ahorrarla y consumirla en periodos futuros.

Lo más probable es que los trabajadores más jóvenes sean los primeros en retirar sus aportes dado que la tasa de impaciencia es mayor que la de los adultos cercanos a la edad de jubilación; sin embargo, los jóvenes deben tener menores saldos acumulados, lo cual generaría una especie de compensación en términos financieros.

Ahora bien, las familias tienen derecho a reactivar su economía a partir del uso de estos recursos, empero, se debe tomar en cuenta que, a pesar de que cada afiliado es propietario de sus fondos, éstos tienen como finalidad esencial otorgar una pensión de jubilación. La posibilidad de retirar tempranamente una parte de sus ahorros podría comprometer el cálculo final del monto de su jubilación. Para no caer en la miopía del consumidor impaciente, es imprescindible que quienes retiren esos recursos hagan un uso óptimo y sean conscientes de que deberán reponerlos en el futuro o en su defecto volver a cotizar pronto.

Según los datos del Gobierno, esta medida inyectará a la economía cerca de Bs 4.000 millones, que representa aproximadamente 1,4% del PIB y 4,3% del fondo global, y podrá alcanzar hasta el 60% de asegurados, de los cuales solo el 4% tiene cuentas mayores a Bs 100.000, lo que quiere decir que las devoluciones estarán bien focalizadas, al concentrarse en la población de menores aportes.

La norma no implica una descapitalización del fondo como confusamente se ha interpretado. Imagine que usted habría trabajado los últimos 10 años recibiendo un sueldo fijo de Bs 7.000 (omitiendo los incrementos salariales). Tendría en su cuenta individual un monto acumulado de Bs 84.000 más la rentabilidad que le paga la AFP, que para dicho periodo estuvo en 4% promedio, así el monto acumulado en su cuenta ascendería a Bs 103.104. Según el proyecto de ley, usted podría solicitar hasta Bs 15.000. Este somero cálculo muestra que la norma devolverá los intereses mas no el capital. La devolución total para saldos menores a Bs 10.000 podría estar motivada también por una estrategia de optimización de costos administrativos al finiquitar las cuentas menores.

Tampoco se debilita al sistema financiero porque la principal fuente de financiamiento serán recursos frescos y disponibles que no están en la banca. Pero, dado que las inversiones de las AFP son una fuente de recursos de los bancos, se podría pensar en exonerar el encaje legal de las operaciones financieras con las AFP considerando el horizonte de plazos en el que operan; ello ayudaría a aumentar la liquidez del sistema financiero.

Finalmente, si bien el financiamiento para devoluciones no compromete la actual rentabilidad del fondo, tampoco la mejora. Considerando los bajos rendimientos de los últimos años y las menores disponibilidades a corto plazo para inversiones más rentables, se debiera flexibilizar los criterios y límites a las inversiones nacionales e incentivar el diseño de instrumentos financieros alternativos en el sector público y privado que compiten por esos fondos.

Omar Velasco Portillo es economista.

Comparte y opina:

Censo 2022, autonomías a medias tintas

El entusiasmo por más recursos para las regiones a raíz de un nuevo censo solo revela su ‘rentismo’.

/ 1 de agosto de 2021 / 15:47

DIBUJO LIBRE

El reciente anuncio del Gobierno de realizar el Censo de Población y Vivienda el 16 de noviembre de 2022, ha despertado mucha expectativa en la opinión pública y muy en particular en políticos, líderes cívicos y autoridades regionales por sus implicancias políticas y financieras. Varios alcaldes se frotan las manos, pues comienzan a hacer cálculos, con la esperanza de que la nueva reconfiguración poblacional les permita acceder a más ingresos que les ayude a sanear sus debilitadas cuentas fiscales. La Ley de Participación Popular establece que una fracción de los impuestos nacionales se distribuya a las regiones en función del número de sus habitantes, reconocidos como impuestos coparticipables.

Empero, el pleno ejercicio de las funciones autonómicas no debería quedar reducido conceptualmente ni financieramente a la mera transferencia de recursos desde el nivel central. A 11 años de la promulgación de la Ley de Autonomías y Descentralización de julio de 2010, la finalidad de la Ley que buscaba la distribución de las funciones políticoadministrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible, se ha cumplido solo parcialmente.

Aún pesa sobre las entidades subnacionales la falta de experiencia técnico-administrativa para desempeñar completamente su mandato competencial, fortalecer sus capacidades institucionales y generar sus propios ingresos. Además, se advierte que existen fuertes asimetrías en la distribución del gasto no necesariamente asociado a reglas de priorización y sin una noción del costeo competencial, proceso que quedó inconcluso en la ley.

En Bolivia, los impuestos municipales apenas presentan el 1% del PIB, en un promedio de dos décadas. Los impuestos prediales solo recolectan una pequeña fracción de su potencial recaudatorio debido a que no se realizan actualizaciones catastrales ya sea por falta de capacidad técnica o por voluntad política de los burgomaestres. Como consecuencia, los ingresos propios de los municipios más grandes (con población mayor a 50.000 habitantes) solo representan 16% del gasto total que realizan. La situación es mucho peor en municipios pequeños (menores a 50.000 habitantes) los cuales recaudan entre 2% y 6% de sus gastos (cifras a 2019).

Para solventar el ejercicio de sus competencias, los municipios requieren de transferencias desde el nivel central. Por importante que fuera, la baja correspondencia fiscal entre los ingresos propios y los gastos totales no formó parte del debate del proceso autonómico.

Si bien los menores ingresos locales condicionan la acción autonómica, la solución no debería pasar por acentuar su dependencia de ingresos con el nivel central. La expectativa de algunas regiones de recibir más recursos de coparticipación tributaria solo reforzará su dependencia financiera con el gobierno central, no su autonomía, lo cual es un gran contrasentido a los fines reivindicativos de la demanda autonómica. A nivel agregado, la redistribución de los ingresos fiscales no resuelve las necesidades de recursos territoriales, porque lo que para algunos municipios significa una mejora de sus ingresos, para otros implicará una disminución. ¿Cómo encararán las funciones autonómicas las alcaldías que deban resignar recursos por su menor población?, ¿deberán exigir mayores recursos al Estado y así ampliar su dependencia? Claramente, el fortalecimiento de los ingresos subnacionales tampoco puede basarse a expensas de los ingresos del nivel central.

Los gobiernos autónomos deben realizar esfuerzos hacia adelante para fortalecer sus ingresos propios estables y reducir su dependencia fiscal a las transferencias centrales y a las rentas de ingresos extractivos.

Lo realmente primordial para las regiones con relación al nuevo empadronamiento es su importancia para identificar necesidades insatisfechas en el acceso a agua potable, alcantarillado, vivienda, salud, educación, entre otras que son tareas subnacionales. La información del censo debería ser el punto de partida para el rediseño de las políticas públicas regionales que mejoren la eficiencia asignativa y ayuden a dimensionar el costo competencial.

También, se requiere mayor claridad competencial entre niveles de gobierno para superar la falta de coordinación que, por ejemplo, se observó en la lucha contra la pandemia y resolver los conflictos de límites para que no se repitan hechos penosos como los sucedidos en Uyuni. El fortalecimiento institucional a nivel regional es crítico para lograr un proceso efectivo de descentralización.

Se debe abandonar el sentido político que se le ha dado al pacto fiscal, limitado a la simple repartición de recursos. El auténtico debate nacional debiera girar sobre cómo las entidades territoriales pueden reducir su dependencia fiscal a las transferencias centrales, para ganar una real autonomía financiera y cómo se puede aprovechar la nueva información del Censo 2022 para mejorar la gestión de políticas públicas territoriales.

(*)Omar Velasco P. es economista

Comparte y opina: