Cada efeméride nacional llega acompañada de anuncios grandilocuentes y promesas de logros importantes por parte del gobierno de turno, este ejercicio de buenas intenciones ya no tiene repercusiones más allá de los ámbitos oficiales y de los grupos políticos. La gente común, generalmente adopta una posición ambigua o ignora los anuncios, que no tienen nada que ver con la lucha cotidiana de sobrevivencia de la mayoría del pueblo boliviano. La inversión estatal de miles de millones de dólares en proyectos del sector extractivista de la economía (upstream en minería e hidrocarburos) es reiterativa en la economía nacional del último siglo; no tuvo buenos resultados precisamente porque no se acompaña de la inserción del país a los flujos de capital y a los mercados donde se generan. Tampoco hay relación con la infraestructura industrial existente o planeada para añadir valor a lo que se produce ni con la infraestructura vial, de servicios y de comercialización; esto produce un intrincado esquema de distribución del excedente, en actividades paralelas comerciales y de servicios, dejando para el operador primario y para el Estado, un reducido margen de ese excedente. Así hemos dilapidado nuestro potencial en plata, estaño, wólfram, bismuto, etc.; lo estamos haciendo con el oro y hemos convertido al país en un enclave de generación de materia prima y exportador de capitales. No parece coherente seguir en este camino, ¿verdad?
Los paradigmas económicos, sociales y ambientales en la minería actual, tienen que ver con un nuevo esquema de precios y costos, la preeminencia de la minería de metales tecnológicos, la transición energética en el sector, la lucha de los gobiernos por una mayor participación del excedente minero, la demanda de responsabilidad social empresarial (RSE), la escasez de profesionales y mano de obra calificada con nuevas habilidades tecnológicas y financieras, y el riesgo país. Nuestra legislación sectorial (Ley 535), en contrasentido, plantea una minería de actores diversos y de amplia participación social, con muchos derechos y muy pocas obligaciones, alienta la minería de pequeña escala e informal, ahuyenta inversiones empresariales y prohíbe el juego bursátil como fuente de financiamiento de nuevos proyectos. Las instituciones del sector, que fueron destruidas en los periodos de lo que se llamó neoliberalismo en los años 80 y 90, languidecen todavía a la espera de mejores días que no llegan por la elevada injerencia política en su administración. Así las cosas, pareciera aventurado emprender un programa de inversiones del calibre que se anuncia sin correr los riesgos inherentes a este tipo de proyectos. No olvidemos los anuncios de años anteriores de “un mar de gas” o de “un lago de petróleo” que desembocaron en rotundos fracasos de los programas de exploración de YPFB o las idas y venidas de la minería estatal por resucitar elefantes blancos como el Mutún o Karachipampa.
Hay un marcado desfase entre las tendencias actuales de la minería en el mundo, preocupada en el upstreamy el suministro de metales para garantizar la energía verde del futuro (v.g. Platinoides, tierras raras, cobre, grafeno, etc.) y los planes ya añejos que se quiere actualizar en el país, la Comibol se dedica al estaño, zinc, plomo y plata, soñamos con reabrir minas de antaño como Mesa de Plata en los Lípez y dejamos para la minería informal de pequeña escala, yacimientos aluviales de oro del noreste del país. Todo en aras de la reactivación económica, a cualquier precio y de la mano de lo que se llama democracia participativa.
Parafraseando a Octavio Paz: “…en nuestra región la democracia no necesita echar alas, lo que necesita es echar raíces. Antes de vender tiquetes al paraíso, preocupémonos primero por consolidar nuestras endebles instituciones”.
Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.