Golpes legítimos

“Si alguien le quiere dar un golpe de Estado a Fernández, López Obrador, Arce o Maduro, contarán con nuestro apoyo. Métanle nomás.” Eso es lo que acaba de comunicarle la Organización de Estados Americanos (OEA) al resto del mundo, a través de su último pronunciamiento sobre la imposibilidad de considerar la reelección indefinida como un derecho humano. Para los detractores de Morales, que seguramente se sienten muy satisfechos con esta última resolución del organismo internacional, este mensaje de entre líneas pasó desapercibido, en el mejor de los casos, o incluso fue celebrado, en el peor.
Lo preocupante de esta noticia no tiene nada que ver con el expresidente. Es más, dicha sentencia es completamente irrelevante debido a que estamos muy lejos de otras elecciones generales (al menos eso esperemos). El peligro reside en que, al declarar que la mayor amenaza para las democracias de la región no es el rompimiento abrupto del orden constitucional, sino la erosión paulatina de las salvaguardas democráticas a manos de un régimen autoritario, lo que acaba de hacer la OEA es establecer los fundamentos axiomáticos de una lógica perversa: “es legítimo derrocar a gobiernos que no coincidan con nosotros”.
Y se pone peor: “incluso si éste es electo mediante elecciones populares”, en referencia a un supuesto régimen autoritario. Es decir, “se puede derrocar a un gobierno que no piense como nosotros incluso si éste cuenta con respaldo legítimo de las urnas”. Si pasarse por alto los resultados del 21 de febrero de 2016 fue un error que le dio a la oligarquía agroexportadora de Santa Cruz la excusa perfecta para negociar con policías y militares un golpe de Estado, decir que el rompimiento abrupto del orden constitucional no es lo peor que le puede pasar a una democracia, desde una plataforma internacional como la OEA, equivale a hacer de toda Constitución un elemento accesorio y secundario para el sostenimiento del Estado de derecho.
Se acaba de proferir una amenaza en contra de todo gobierno que pueda considerarse como autoritario desde el punto de vista de la OEA. ¿Y cuál es su punto de vista? Pues cualquiera que no contradiga los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en la región. Y con los antecedentes que tiene ese país en cuanto a intervenciones diplomáticas, económicas y militares, toda Latinoamérica debería considerarse en peligro, pues lo que se considere un régimen democrático depende mucho de quién lo diga, de quién mida la democracia.
Es bien sabido que los actuales parámetros que se utilizan para medir la calidad de una democracia en la región no son imparciales ni mucho menos objetivos. Basta con revisar los reportes de los últimos dos años del The Economist Intelligence Unit Democracy Index para saber que no todos los países serán medidos con la misma vara. En 2019 y 2020, este prestigioso medio le otorgó mayores calificaciones a Chile y Colombia, que durante ese lapso reprimieron dura y excesivamente a manifestantes antigubernamentales hasta acumular decenas de muertes, y, de hecho, en Colombia han sido asesinados más de 100 líderes sociales solo en lo que va de este año. Pero aparentemente, para los encargados de elaborar estos informes, ciertas “democracias” pueden darse el lujo de no cumplir con el requisito de garantizar derechos políticos y civiles para ser consideradas como tales.
Condenar el último pronunciamiento de la OEA no es una obligación solo para los zurdos que habitamos este continente, sino también de todo demócrata liberal comprometido, pues lo que la OEA pretende con su pronunciamiento es sentar las bases para una doctrina de los “golpes legítimos”, necesarios para restablecer la democracia en la región, mediante la imposición de estados de excepción en los que se reprima y elimine a todo aquel que se considere como una amenaza para la paz y el orden, y decenas de muertos, de ser necesario.
Carlos Moldiz Castillo es politólogo.