La informalidad y el contrabando deben ser tema central de la economía nacional, porque son males que repercuten en ella, afectando tanto al empresario del sector formal, porque no puede competir con los precios de los productos importados ilegalmente, y a los trabajadores que están en un permanente riesgo del cierre de su fuente de trabajo.
El problema de la informalidad se agrava con la creciente actividad del contrabando, que aprovecha la necesidad de trabajo de muchas personas, para tenerlas como sus vendedores, sin la cobertura del seguro social y menos los aportes para la jubilación y otros beneficios que tiene el trabajador del sector formal.
Nuestro país encabeza el ranking de empleos en el sector informal de su economía. Según un reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), existe casi 85% de informalidad laboral en el país, señala un documento del CEDLA. Como lo remarca el investigador Bruno Rojas, “antes de la pandemia, ocho de cada 10 personas ocupadas tenían empleos precarios, inestables, sin seguridad social”.
La Cámara de Comercio destacó que el contrabando llega al 7,5% del PIB. Se estima que el valor de los productos internados ilegalmente alcanza a $us 3.000 millones. Es cierto que nuestras fronteras con los cinco países vecinos tienen una extensión de aproximadamente 7.000 kilómetros, lo que dificulta el control.
A esto debemos sumar la normativa que favorece al contrabando. En la reforma a la Constitución se lo tipifica como delito económico. Pero con la legislación vigente resulta casi imposible un proceso.
El contrabando ha pasado de ser una actividad ilícita, conocida como transporte hormiga, a una con muchos recursos económicos, técnicos y armas, que son un verdadero peligro para todos. Está considerada como parte de la economía informal. Según la CEPAL, el término sector informal abarca “las acciones de los agentes económicos que no adhieren a las normas institucionales establecidas o a los que se niega su protección”. Incluye todas las actividades generadoras de ingresos no reguladas por el Estado. Con el término genérico de economía informal se distingue las siguientes subformas: 1) La economía no declarada, que comprende la realización de acciones que “soslayan o evaden las normas impositivas establecidas en los códigos tributarios”. El monto de los ingresos que deberían declararse a las autoridades impositivas, pero no se declaran, representa un ejemplo sumario de este tipo de economía subterránea. 2) La economía no registrada, en la que están las actividades que transgreden los requisitos de los organismos estadísticos del Estado en materia de declaración. Su medida estricta es el monto de los ingresos que deberían registrarse en los sistemas de cuentas nacionales, pero no se registran. 3) La economía sumergida, donde están las actividades económicas que hacen caso omiso del costo que supone el cumplimiento de las leyes y las normas administrativas que rigen las “relaciones de propiedad, el otorgamiento de licencias comerciales, los contratos de trabajo, el crédito financiero y los sistemas de seguridad social”.
Se estima que para reducir la informalidad se debe promover la creación de fuentes de empleo, con incentivos tributarios, reduciendo la carga laboral y facilitando financiamiento a los emprendimientos innovadores, porque las generadoras de empleo formal son las empresas privadas.
Rolando Kempff es economista, presidente de la Cámara Nacional de Comercio.