Voces

viernes 26 nov 2021 | Actualizado a 22:37

Vecinas

/ 29 de agosto de 2021 / 00:27

Esta semana mis vecinas se han puesto más ruidosas que nunca. Desde el lunes han golpeado cacerolas, cantado estribillos, reventado petardos. No tienen ventanas que den a la calle, pero a través de las redes han hecho saber el motivo de su protesta: hace mucho que no hay justicia en el sistema carcelario. Pero ahora, además, nos han quitado también la igualdad.

Vivir cerca de la cárcel de mujeres no es tan malo como suena. El edificio es pequeño y anodino, sin rejas, sin carteles, nadie diría que es un recinto penitenciario. Desde lo alto de los edificios aledaños se ve, como mucho, ropa multicolor tendida a secar en azoteas y techos. Las señoras ahí recluidas lavan ropa para el vecindario y tejen lindas prendas que se venden a precios muy módicos.

Alguna vez mi trabajo audiovisual me llevó a visitarlas, a escuchar sus historias y saber que son como casi todas las mujeres en Bolivia: fuertes, sabias, resilientes, solidarias. La mayoría dice estar presa por su mala suerte, unas pocas reconocen sus errores, todas lamentan la injusticia.

Es una comunidad sui generis. Hay, como en todas partes, rencillas y miramientos, peleas y amistades, lágrimas y maledicencias. Como es común en las cárceles bolivianas, la organización es la clave de la convivencia. Si bien nunca faltan las desavenencias, en general las decisiones se toman en conjunto y se cumplen entre todas. La amalgama que sostiene la convivencia pacífica es la relativa horizontalidad de la vida cotidiana.

Claro: no todas vienen de la misma clase social, ni tienen la misma trayectoria. Hay todo tipo de historias, que se cargan como cadenas invisibles y marcan las relaciones, las costumbres y las confianzas. Pero una vez adentro del penal, las diferencias se disuelven relativamente: todas necesitamos sobrevivir, todas compartimos el sol, el frío, el cansancio y la pena. Todas estamos, finalmente, presas.

Por eso la rabia de estos días: se ha roto esa mínima norma de convivencia entre mis vecinas. Lo dicen en sus gritos: “Jeanine, no mientas, vives como reina”. Lo dicen en su carta: “Nosotras también somos mujeres, madres, hijas… nosotras también estamos con depresión severa, diabetes, cáncer, hipertensión, migrañas y por culpa de la señora Áñez ya no contamos con un consultorio médico para nuestra atención. Pedimos un trato igualitario, sin privilegios para nadie porque todas somos iguales”.

Muchas veces se confunde justicia e igualdad, y son dos cosas distintas aunque relacionadas. Justo es lo que corresponde, y hemos aprendido a creer que a todos nos corresponde lo mismo. Igual trato, iguales derechos, iguales obligaciones, iguales castigos. Si ambas estamos presas por haber cometido un delito, lo justo sería que tú y yo tengamos iguales condiciones de encierro. Quizás una de las dos esté presa más tiempo que la otra, de acuerdo con el crimen cometido y su sentencia. Pero fuera de esa diferencia, la cárcel se supone que nos iguala.

Pero sabemos que eso nunca pasa. Nuestras cárceles tienen pabellones diferenciados de acuerdo con cuánto pagas por tu “celda”. Hay presos que tienen refrigerador y televisión por cable, y otros que duermen a la intemperie. Hay presos que para comer deben trabajar de mensajeros o guardaespaldas, y quienes al no tener recursos para comprar su seguridad están sujetos a todo tipo de violencias. Nuestras cárceles son tan injustas y crueles como nuestra sociedad misma.

Lo justo sería que se iguale la situación de todos los presos hacia los estándares que Jeanine tiene. Celda individual con baño privado, visitas diarias de sus hijos, preocupación por su salud mental, además de la atención médica necesaria. Nadie debería estar tan desesperada como para pensar en suicidio. Ni la señora Áñez, ni ninguna de mis vecinas.

Verónica Córdova es cineasta.

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Masacre

/ 21 de noviembre de 2021 / 00:32

Parece solo una palabra, tan útil o anodina como cualquier otra en el diccionario. Si no tuviera una vigencia de apenas dos años, quizás podríamos ignorarla y seguir con nuestras vidas. Como si nada. Pero hay un muro en Senkata. Hay un árbol en la cima de una lomita en Pedregal. Hay un puente en Huayllani. Y hay cientos de padres, hermanos, madres, hijos, esposas, novias para quienes esos lugares están marcados de tragedia. Hay decenas de ajayusque se quedaron prendidos a esos espacios.

Cuando levantaron el cuerpo de uno de ellos, todavía tenía en las manos su bolsa con verduras. A otro lo escondieron los vecinos, lo taparon con un plástico entre los matorrales al pie de un árbol. A algunos les dispararon a mansalva mientras huían entre el humo. Hubo quien murió meses después, cuando ya no era más que piel y huesos.

Hace muy poco estuvieron aquí, visitándonos. Vinieron con una caña de azúcar en las manos, utilizando un corcel o una escalera para sortear la distancia que los separa de nosotros. Vinieron contentos, encarnados en una t’anta wawa o en un insecto, y se detuvieron a las doce a beber la chicha y comer los maicillos que los esperaban en los mast’akus.

Me pregunto qué pensarán al vernos (¡dos años después!) profiriendo los mismos insultos, repitiendo las mismas consignas, cultivando los mismos rencores. Acaso sentirán otra vez el latigazo del odio. Acaso vivirán otra vez el deconsuelo de saber que les dispararon sin asco y la indignidad de ver sus cadáveres gasificados. Me pregunto qué dirán al ver los murales, los homenajes, las pancartas clamando (¡todavía!) una justicia que no llega.

No son los primeros muertos, ni los únicos, de esta nuestra Bolivia tan dulce y violenta. Quizás allá, al otro lado del río, ellos también han formado una asociación, una federación, un sindicato. Quizás se reúnen en ampliados para discutir cómo ayudar a que aquí, entre los vivos, podamos finalmente reconciliarnos.

Cada que se produce una masacre (en Catavi, en Amayapampa, en la Harrington, en los campos de María Barzola…) clamamos justicia y exigimos que no se repita nunca. Pero siempre nos pasa de nuevo. Podemos culpar a la policía, al ejército, a los políticos. Y claro: quien aprieta el gatillo y quien ordena disparar son ambos responsables y deben ser sancionados. Es también responsable quien firma decretos que autorizan a matar sin temor a represalias. Pero hay una responsabilidad adicional, repartida en la sociedad, que hace posible que alguien dispare. Es la incapacidad de ver al otro como a un igual, como a un boliviano, como a un hermano. Es la facilidad con la que insultamos, encasillamos, juzgamos, defenestramos. Es la rapidez con la que somos capaces de pasar de las palabras a las manos, de la protesta a la agresión, de la intolerancia a la violencia.

La escritora ucraniana Svetlana Alexievich cuenta en su libro Últimos testigos cómo el odio puede convertir una comunidad diversa en una zona de guerra: “Todos eran como yo, todos éramos soviéticos. Pero súbitamente nos quitaron la Patria. Despertamos una mañana, miramos por la ventana y había una nueva bandera. De pronto estábamos en otro país. De pronto éramos extranjeros. Vivíamos en un edificio de nueve pisos. Una mañana, nos llevaron a todos los que éramos de otra región al patio. Los demás nos rodearon y cada uno nos golpeó con algo. Recuerdo un niño de cinco años golpeándome con una pala de plástico”.

El odio hace eso. Que todo se derrumbe de pronto. Que seamos enemigos de un día para el otro. Que la palabra “masacre” no nos indigne. Ya es hora de hacer justicia. Ya es hora de tender puentes. Ya es tiempo de superar el odio. Nuestros muertos lo demandan.

Verónica Córdova es cineasta.

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Dos vidas

/ 7 de noviembre de 2021 / 00:45

Hay una niña en Yapacaní a la que han violado muchas veces, en cuerpo y en derechos. Primero violaron su derecho a la familia, al ser abandonada por un padre al que nadie menciona. Después violaron su derecho a la protección, al dejarla al cuidado de un pariente que violó su cuerpo en repetidas oportunidades. Cuando quedó encinta, el personal del hospital violó su derecho a la intimidad filtrando su caso a la prensa y permitiendo que la Iglesia Católica violara su derecho a terminar legalmente su embarazo. Aprovechando su vulnerabilidad y la de su madre, la Iglesia violó además su derecho a la salud, sacándola de un centro médico para trasladarla a un hogar de acogida. De acuerdo a la denuncia de la Defensoría del Pueblo, ese recinto no cuenta con las condiciones necesarias para atender un embarazo de alto riesgo, como es el de cualquier niña. A los 11 años, tiene cinco veces más posibilidades de morir como consecuencia del embarazo. Es decir que se está violando también su derecho a la vida.

La retención de una niña por parte de quienes no tienen potestad legal sobre ella es una forma de secuestro. La propia madre admitió que los responsables del centro de acogida no le permiten entrar a verla. La ONU señaló que impedir la interrupción legal del embarazo de una menor violada puede ser calificado como tortura. Por eso afirmo que la Iglesia ha secuestrado a una niña para poder torturarla durante los meses que faltan para dar a luz a otro niño, que nace sin el primero y fundamental de sus derechos: el derecho a nacer deseado.

Dice la madre que su hija no quiere criar al niño que la están obligando a parir. ¿Alguien puede sorprenderse de eso? Así como una niña de 11 años no está físicamente lista para parir un hijo, tampoco está emocional ni psicológicamente lista para criar a nadie. Entonces la madre afirma que “ya verán después” si lo dan en adopción o lo cría ella. Ambas opciones son malas.

Estoy haciendo un enorme esfuerzo para no juzgar a la señora porque no sé nada de ella, de su vida ni de sus experiencias. Es muy probable que, como siete de cada 10 mujeres en Bolivia, también haya sido víctima de violencia. Es evidente que es una persona vulnerable, a quien la Iglesia ha podido fácilmente manipular con amenazas y promesas. Es fácil deducir que, si no pudo proteger a su hija de la violación primero y del secuestro y la tortura después, no está calificada para criar a otra guagua. Y en cuanto a la adopción, es importante recordar que en 2020 solo seis niños fueron adoptados, quedando 5.678 niños en lista de espera. Dice la Iglesia y sus abogados que la niña de Yapacaní sufriría un trauma si aborta. ¿Y no es traumático para cualquier persona saber que has parido una guagua para abandonarla en un orfanato, sometida a quién sabe qué abusos y estrecheces?

Se ha reportado que, a cambio de firmar el desistimiento al aborto, la Iglesia ofreció a la madre un empleo con Bs 2.000 de sueldo y promesas de cuidar a su hija por los cuatro meses que faltan hasta que la guagua nazca. ¿Y los cientos de meses que vienen después? ¡Qué fácil es forzar tus creencias en la vida de otros, dejándoles a ellos que se encarguen después de las consecuencias!

Como bien dice la Iglesia, en esta historia estamos hablando de dos vidas. La vida de una niña de 11 años y la vida de un violador. Mientras la vida de ella ha sido agredida, su infancia truncada y su futuro puesto en cuestión, de la vida de él se dice muy poco. Sabemos que es de la tercera edad. Sabemos que está bajo detención preventiva. Y sabemos que puede perfectamente caer dentro de la estadística: solo el 6% de las denuncias por violencia sexual llegan a juicio y menos del 2% de los violadores son condenados en firme. Quizás muy pronto este señor salga de la cárcel y se reincorpore a la casa familiar de la niña. Pero de eso, nadie dice nada.

Hay dos vidas que están en juego en esta historia. Los abogados de la Iglesia alegan que el Estado no puede elegir entre los derechos de una niña y los de un bebé, que tiene también derecho a la vida. Y en ese aspecto, desde lo estrictamente legal, la Iglesia está en lo correcto. Debido a la presión de grupos religiosos y a la cobardía de legisladores y asambleístas, la Constitución y las leyes han generado un absurdo: al definir que la vida comienza en la concepción, se determina que el feto es un sujeto de derechos. Como consecuencia, tenemos una niña nacida hace 11 años cuyos derechos están siendo violados para defender los derechos de un ser que aun no ha nacido. Por tanto, si algo bueno puede salir de este terrible drama, es reabrir una discusión que se cerró por cobardía. Ya basta de parches leguleyos y de tratar de estar bien con todos. Es tiempo de discutir, de pelear y de aprobar para Bolivia una verdadera despenalización del aborto.

Verónica Córdova es cineasta.

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Criar cuervos

/ 24 de octubre de 2021 / 01:11

Así como en las películas de vaqueros los buenos llevan el sombrero blanco y los malos el sombrero negro, en la mitología europea medieval el negro cuervo era de mal agüero, mientras la blanca paloma era la mensajera de Dios. La cultura occidental ha sido pródiga en ese tipo de encasillamientos: todo lo oscuro es peligroso, sucio, malvado; todo lo blanco es bello, puro y angélico. En ese proceso mientras la paloma es símbolo de paz, el pobre cuervo ha terminado siendo símbolo de cobardía, de envidia y de traición.

Por eso resulta especialmente problemático que el señor Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, se haya referido a ciertos habitantes de ese departamento como “cuervos”. Ante el revuelo que se produjo, afirmó después que lo habían sacado de contexto. Vamos, pues, a poner sus palabras en contexto.

La declaración estaba específicamente referida a los habitantes de Santa Cruz que participarían de la movilización de desagravio a la wiphala convocada por el Gobierno. A ellos los calificó como “gente malagradecida que viene a esta tierra buscando mejores días”, les solicitó que no vayan “en contra de la tierra que les da de comer” y les advirtió “que no sean cuervos”.

Hace poco más de un año, el mismo señor hizo unas declaraciones parecidas. Esa vez, en el contexto de los bloqueos de caminos exigiendo la realización de elecciones, llamó a quienes bloqueaban carreteras en Santa Cruz “bestias humanas indignas de ser llamados ciudadanos”. Afirmó además que se trataba de “colonos que muerden la mano de la tierra que les abre sus brazos para que salgan de la pobreza”.

En ambas declaraciones el insulto y la advertencia va dirigido a un grupo específico: los habitantes de Santa Cruz que no han nacido en tierras cruceñas. Esas personas, para Calvo, deberían estar agradecidas por tener el privilegio de ser aceptadas en su territorio, que además les da de comer y las ha sacado de la pobreza. Esos bolivianos, para Calvo, son por definición “colonos”.

Más allá de su significado en el diccionario, esa palabra tiene en Bolivia importantes referencias históricas. Se llamó colonos a los migrantes de todo el país que se trasladaron a Santa Cruz en los años 50 como parte de un plan de diversificación económica llamado “la marcha al Oriente”. Con el tiempo, la palabra colono se usó como sinónimo de peón para referirse a los trabajadores rurales que no poseen tierra propia y trabajan para un patrón. Llamar a todo migrante a Santa Cruz colono implica jerarquizarlo como peón de la “tierra que les da de comer” y, por extensión, de quienes se autoproclaman sus “líderes morales” (o sea, su Comité Cívico).

Asumiendo que las definiciones de Calvo se aplicaran a toda Bolivia, de mí podría decirse que soy una colona, puesto que nací en Cochabamba pero vivo en La Paz. ¿Deberían entonces los paceños nacidos en La Paz advertirme que no sea cuerva? ¿Deberían sus autoridades pedirme agradecimiento porque se han dignado recibirme? Que yo sepa, como boliviana tengo el derecho de vivir en cualquier ciudad o departamento, que es tan mío como el lugar donde he nacido. Desde que soy mayor de edad, además, nadie “me da de comer” — menos una ciudad o un departamento. Yo misma, con mi esfuerzo personal, genero mis propios ingresos y de paso contribuyo al bienestar común al pagar impuestos.

Que yo sepa, solo en Santa Cruz hay quienes se atribuyen la propiedad del territorio nacional y se atreven a jerarquizar a sus habitantes de acuerdo al lugar de su nacimiento. Al menos yo, en La Paz nunca he sentido que me traten como a peón o colono. Todo boliviano es tan dueño de Santa Cruz, tiene tanto derecho a habitarla y quererla, a vivir allí y contribuir a su desarrollo, como lo tiene Calvo. Aquí los únicos cuervos son quienes se apropian de lo que es de todos.

Verónica Córdova es cineasta

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Símbolos

/ 10 de octubre de 2021 / 00:14

Durante estas semanas hemos sido testigos de un interesante debate acerca de la validez, la historia y la pertinencia de símbolos como la wiphala y la flor/bandera de patujú. El detonante de este debate fue el 24 de septiembre, cuando sucedieron dos eventos estrechamente relacionados: el Gobernador cruceño cambió intempestivamente el programa del acto cívico de homenaje a Santa Cruz, con el fin de impedir el uso de la palabra al Vicepresidente del Estado y en ese momento presidente en ejercicio David Choquehuanca. Inmediatamente después, la wiphala, símbolo patrio explícitamente reconocido en la Constitución e izado por el propio Vicepresidente, fue retirada del mástil y de la plaza. Días más tarde, y como consecuencia del revuelo, un joven miembro de la Juventud Cruceñista intentó izar una bandera con la flor de patujú en la plaza Murillo. La Policía lo impidió.

Hay muchos símbolos, sentidos y significados que se hilvanan en este debate, algunos más relevantes que otros. La validez de la wiphala como símbolo en el oriente recibió mayor atención que lo verdaderamente importante: la falta de respeto a la investidura del Presidente en ejercicio y la connotación adicional que puede tener debido a la identidad indígena del Vicepresidente.

Seguro habrá quienes descalifiquen mi duda como una especulación quisquillosa, pero igual me pregunto: ¿El gobernador Camacho le habría hecho el mismo desplante al presidente Arce? No es que en otra persona el gesto maleducado habría tenido otro valor u otro calibre, sino simplemente porque hay siglos de historia detrás de la negación de la palabra al indio por parte de quienes se creen “blancos”.

Tanto en el desplante descrito como en palabras y gestos antes y después del acto cívico mencionado, el gobernador Camacho ha demostrado de forma clara su desprecio señorial hacia quienes considera “otros”: los masistas, los indígenas y los collas —tres categorías que el vicepresidente Choquehuanca representa a mucha honra.

Gabriel René Moreno lo dijo en el siglo XIX y la ideología encarnada en el Comité pro Santa Cruz lo expresa a diario: “Los enemigos del alma (cruceña) son el colla, el camba y el portugués”. Cuando René Moreno dice “camba” se refiere al cruceño rural, al indígena de tierras bajas, al peón, aquél a quien la élite llamaba camba despectivamente antes de que esa palabra se resignificara como una marca de identidad regional. Cuando dice “portugués” se refiere al extranjero que amenaza el poder local. Cuando dice colla se refiere al boliviano nacido fuera de Santa Cruz, sea o no sea indígena. Para el “alma” regionalista cruceña el colla siempre es un “otro”, aunque viva en Santa Cruz por décadas.

Más allá de sus atributos personales, Camacho simboliza esa actitud cruceñista, señorial y patrona. Choquehuanca representa lo indígena, lo colla y lo subalterno. Cuando uno niega al otro la palabra y le hace un desplante público en un evento oficial, lo está haciendo no contra el individuo que comparte con él la palestra, sino contra los millones que éste representa. Aunque el desplante haya tenido objetivos meramente políticos, es imposible no leerlo en términos regionales y étnicos.

La iza de la wiphala en el acto cívico cruceño se puede también leer como un intento de sentar presencia indígena y colla en el centro del poder político de Santa Cruz. La iza de una bandera con el patujú tiene la misma intención: sentar presencia cruceña en la plaza Murillo. Ninguna de estas dos acciones reviste demasiada importancia, pero han concentrado visualmente una confrontación política y discursiva que se sigue intensificando.

Verónica Córdova es cineasta.

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Vienen los indios

/ 12 de septiembre de 2021 / 00:33

En La Paz hay una ausencia ensordecedora de memoriales, mojones, monumentos o marcas que recuerden el evento más traumático que vivió la ciudad: el Cerco de Tupaj Katari y Bartolina Sisa en 1781. En los museos municipales solo encontramos un diorama que muestra a Katari atado de pies y manos a cuatro caballos a punto de salir corriendo; y una pintura de Florentino Olivares pintada en 1888.

La pintura es prácticamente un mapa de la ciudad en la época, visto desde arriba. Las calles de la ciudad española están desiertas. Solo se ve vida a lo lejos, en los barrios de indios, las laderas circundantes y en la Ceja de El Alto: grandes batallones de rebeldes embanderados, caballos, ganado, tiendas de campaña. Todos miniaturizados por la distancia, esbozados, sin detalle, amenazantes y difusos como sombras.

Extraño memorial que no retrata el hambre ni el sufrimiento de los asediados, solo el miedo. No representa el heroísmo de los vencedores, solo el acecho. No ensalza, ni lamenta, ni explica, ni recuerda: solo congela en el tiempo la disposición de los actores en el escenario de la contienda. Abajo, en la ciudad blanca, ordenada, dispuesta en manzanos diáfanos, los “ciudadanos” se esconden bajo los techos colorados de sus viviendas. Arriba, en las laderas y las montañas, acecha la multitud sin forma, el desorden natural, los “salvajes”.

Un episodio tan espectacularmente dramático como el Cerco, en cualquier otro contexto sería insistentemente memorializado en los discursos simbólicos que conforman una ciudad. Pero eso no sucede en La Paz. El discurso oficial de la historia, como el cuadro de Olivares, cuenta los eventos desde arriba: en una perspectiva fría, deshumanizada, arquitectónica. Las marcas del Cerco se han borrado de la ciudad porque su historia se ha erigido sobre un punto de vista colonial. Los habitantes de La Paz republicana y los habitantes contemporáneos, al recontar los hechos del Cerco se identifican con los españoles y criollos asediados, nunca con los indígenas triunfantes. Tupaj Katari es el Otro, el peligroso, el salvaje. Sus ejércitos, lejos de ser patriotas que luchan contra el dominio español, son hordas irracionales que simbolizan peligro, hambre y muerte.

En noviembre de 2019 La Paz y sus habitantes revivieron y dramatizaron ese cerco mental, que nos ha enseñado a mirarnos a nosotros mismos con ojos de españoles. En la tarde del 11 de noviembre el periódico Página Siete publicó que “una turba de ponchos rojos al grito de ‘guerra civil’ se aproxima al centro de La Paz”. Bajo esa alarma se evacuó a los legisladores de la Asamblea Plurinacional y se estableció un bloqueo perimetral que impidió a los asambleístas del MAS regresar a sus curules, propiciando que la sucesión presidencial del 12 de noviembre se diera en su ausencia. Bajo esa alarma la Policía, afirmando haber sido rebasada, pidió ayuda al Ejército para controlar la situación social. Bajo esa alarma se justificaron las maniobras conjuntas entre ambas fuerzas, con el resultado de decenas de muertos y centenares de heridos en Sacaba y Senkata.

Durante la noche de ese mismo lunes 11 de noviembre, circularon en redes sociales mensajes desesperados clamando que “turbas masistas” y “hordas de El Alto” se aproximaban a los barrios de la ciudad. Vecinos histéricos tocaban los timbres y golpeaban las puertas pidiendo que salgan todos a las barricadas. Que traigan maderas y calaminas, que quemen llantas, que se organicen para defender su casa y a su familia. ¿Defenderse de quién? ¿De qué? ¿Qué pensaban de sus vecinos los habitantes de la ciudad blanca, ordenada, dispuesta en manzanos diáfanos? ¿Qué intención le atribuían a los “ponchos rojos” o a los “alteños” o quien fuera que vive y acecha desde las laderas y las montañas que rodean la ciudad?

La disposición de los actores en el escenario sigue congelada en el tiempo. Ese miedo ancestral, congelado en la pintura de Olivares, reproducido en el silencio sobre el Cerco de 1781, cíclicamente resucitado y transmitido de generación en generación, es lo que nos impide superar el racismo que corre por nuestras venas.

Cuando miramos el diorama con Katari a punto de ser descuartizado por cuatro caballos ¿qué sentimos? ¿Miramos con horror, con lástima, con el nudo en la garganta que genera la injusticia? ¿O miramos con un breve destello de victoria en la mirada? ¿Se lo merecía por alzado, nos decimos? ¿Se lo merecía por terrorista, porque quería hacer estallar la planta de Senkata?

Verónica Córdova es cineasta.

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