Resultado de las denuncias y pronunciamientos interpuestos por actores educativos al vergonzoso proceso de institucionalización a cargos directivos del Sistema Educativo Plurinacional (SEP), de las gestiones educativas 2021, 2022 y 2023, el Ministerio de Educación, acorralado por la presión, desarrolló auditorías especiales.
Por consiguiente, el pasado 16 de agosto, el viceministro del Subsistema Regular, Bartolomé Puma Velásquez, y la viceministra de Educación Alternativa y Especial, Sandra Cristina Cruz Nina, emitieron el instructivo IT/VEAE 0049/2021, exhortando al director departamental de La Paz, Carmelo López Valda, al cumplimento de las recomendaciones de la auditoría especial.
En el documento, el ministerio establece textualmente que se evidenció algunas observaciones al proceso ejecutado en la Dirección Departamental de Educación de La Paz, en relación de postulantes a direcciones de unidades educativas, centros de educación alternativa y especial. En consecuencia, se exige asumir las acciones correspondientes para subsanar las irregularidades identificadas en la auditoría.
A la par, se identificó la falta de firmas en los formularios de calificación de méritos, presentación y defensa del proyecto de gestión institucional por parte de la Comisión Evaluadora Interinstitucional. Además, expedientes y documentos presentados por los postulantes que no están foliados, ni cuentan con la firma correspondiente.
Asimismo, se determinó que algunos expedientes no adjuntan los documentos indispensables para la calificación de méritos, vale decir, cédula de identidad, título de maestro en provisión nacional, licenciatura en Educación, libreta de servicio militar, ejercicio actual en el SEP, cinco años de servicio, cuarta categoría, 120 puntos como mínimo en currículum (hoja de vida) y certificaciones que acrediten no contar con procesos penales, administrativos, disciplinarios, violencia ejercida contra la mujer, imputación formal por acoso y violencia sexual contra estudiantes, aparte de solvencia fiscal al momento de la posesión.
En consecuencia, todas las acciones asumidas de los casos observados por la Dirección Departamental de Educación de La Paz deberán ser detalladas en un informe, adjuntando todos los respaldos necesarios y remitidos a los viceministerios correspondientes del Ministerio de Educación.
No obstante, las acciones carecerán de los principios de transparencia e imparcialidad porque la Comisión Evaluadora Interinstitucional para las direcciones de unidades educativas, centros de educación alternativa y especial, estuvo integrada por tres representantes de la dirección departamental en cuestión y un representante de cada federación del magisterio urbano y rural.
Por tanto, los indicios de corrupción identificados en el proceso de institucionalización desarrollados por esta dirección departamental pueden ser similares o en mayor dimensión en las restantes ocho direcciones departamentales del país. Es urgente que los actores educativos exijan una verdadera auditoría externa, que determine el inicio de procesos administrativos y/o penales para los autores intelectuales y materiales.
Luis Callapino López es magister en Políticas de Formación Docente.