En días recientes, el Gobierno aseguró haber recibido $us 326 millones provenientes de una asignación otorgada por el FMI en su calidad de país signatario. El anuncio desató una gran polémica por el origen de los recursos, puesto que seis meses atrás había devuelto un monto similar contratado durante el gobierno de Jeanine Áñez, bajo el rotulo de Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR). En realidad, más allá que los mismos se efectuaron en la misma unidad de cuenta conocida como DEG con la que el FMI valoriza sus operaciones de préstamo y la suscripción de capital de sus miembros, ambas fuentes son financiera, económica y procedimentalmente distintas.
La distribución de DEG (Derechos Especiales de Giro) fue ante todo una operación financiera- contable que, por el lado del activo, su tenencia mejoró el nivel de las RIN y por el lado del pasivo, acrecentó la cuenta de asignaciones, de forma que ni la Posición de Inversión Internacional del país ni el resultado del balance del BCB debieron verse alterados. Asimismo, tanto las tenencias como las asignaciones del DEG devengan intereses, en el primer caso el país los recibe y en el segundo los paga, por lo que el efecto financiero neto de la última distribución fue nulo, es decir, su distribución fue gratuita.
El poseedor de los DEG tiene el derecho potencial a convertirlos en divisas de otro país miembro como dólares, empero, si la tenencia es menor a la asignación recibida podría generar un costo financiero, dado por la diferencia entre ambas posiciones, aunque no ha sido la práctica más usual en anteriores distribuciones. El país también podría optar por otras operaciones a término, canje de deuda o acuerdos de permuta.
Según las normas básicas del sistema de crédito público, una operación de crédito público consiste en una transacción con acreedores internos o externos basada en contratos de derecho público, sujeta a su repago. La distribución de DEG no tiene la obligación de reembolso o reconstitución de estos activos, que sí la hay en el IFR que estableció un cronograma de vencimientos y acarreó un pagaré, por lo que ameritaba la aprobación de la Asamblea. El rechazo a la ayuda financiera del FMI en 2020 no fue al organismo como tal, sino ante el incumplimiento de los requisitos para la contratación de deuda externa.
El proceso de aprobación también fue diferente. Para la distribución de DEG, la junta de gobernadores aprobó su otorgación y el país solo dio su anuencia. En contraste, con el IFR el gobierno gestionó su aprobación ante el directorio del FMI, a través de una carta de intenciones en la cual comprometió realizar ajustes macroeconómicos, de ser necesarios, para garantizar su reembolso. El hecho de soslayar esta sutil diferencia tiene una gran implicancia, porque la asignación de DEG a diferencia del IFR no condicionó el curso de las políticas.
Ambos financiamientos también persiguen finalidades distintas. Con el IFR se buscó dotar de liquidez al TGN para financiar los gastos de la pandemia; en cambio, la asignación de DEG tiene como fin fortalecer las RIN y su uso es solo de carácter precautorio para atender necesidades de liquidez, es por ello que son mantenidas en cuentas del BCB y no del TGN, como ocurrió con el IFR.
El propio FMI reconoce sus diferencias. El IFR es una nueva línea de crédito para países de bajos ingresos que enfrenten una urgente necesidad de balanza de pagos como la pandemia. En cambio, las asignaciones se consideran como la creación de activos de reserva internacional que se distribuyen a los países miembros en proporción a su cuota relativa. Es un financiamiento excepcional frente a una necesidad global de inyectar liquidez a gran escala, como se hizo en 2009, y su alcance es mayor al beneficiar a todos sus miembros en comparación al IFR, que es específico a cada país.
También hay una falsa polémica sobre el actuar del Gobierno actual, según la cual con una mano acusa y con la otra pide prestado. En realidad, no fue el Gobierno sino es el FMI el que ha moderado su posición ortodoxa. El Gobierno boliviano ha mantenido la misma línea discursiva de no condicionamientos con ningún organismo internacional. Eso no ha cambiado. Pero más allá de la interpretación al actuar del Gobierno o del Fondo, el éxito de una gestión reside en no dejarse llevar por fundamentalismos ideológicos sino más bien por pragmatismos políticos, más aún en tiempos de crisis. La aquiescencia a las asignaciones muestra que hay maneras más baratas para traer recursos externos al país.
Omar Velasco Portillo es economista.