La política internacional ha registrado en los últimos años acontecimientos de mucho impacto en lo que tiene que ver con el fenómeno migratorio, la región no ha sido ajena a ello, todo lo contrario, en la primera línea de las relaciones exteriores, esta realidad con tan alto contenido humanitario e integracionista se ha agudizado y en buena hora ha sido afrontada con valiente liderazgo por los presidentes Iván Duque y Luis Arce.

Nuestros países han asumido el papel que la historia les asignó en este complicado escenario.

El Presidente de Colombia informó el pasado 20 de agosto que el país se sumaba al grupo de naciones dispuestas a recibir, temporalmente, a ciudadanos afganos vinculados a los esfuerzos que por más de 20 años los Estados Unidos realizó por la pacificación del pueblo afgano y que se encuentran en el proceso de traslado migratorio hacia Norteamérica.

Esta admisión humanitaria concede a quienes se acojan a ella una condición jurídica especial, dimensiona el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los que se ven obligados a migrar y requiere de un exigente ejercicio de comprensión que marca con rigurosidad el deber de sobreponer al concepto de perspectiva nacional e ideologías el superior derecho del hombre a la vida, a una vida digna, sin amenazas e independientemente de los términos utilizados para identificar las causas del fenómeno y los términos con los que se le califique.

La situación de Afganistán, en un repaso rápido, se describe como insostenible, con un marco de libertades afectadas, con grupos poblacionales especialmente vulnerables como la mujer que ve cómo se le somete a la pérdida de conquistas de equidad y justicia logradas globalmente, el mundo reclama hoy la garantía a esos derechos y rechaza con vigor la discriminación laboral, social, cultural y muchas otras.

El pasado 18 de agosto y en perfecta coordinación con la política exterior trazada con éxito por el presidente Iván Duque Márquez, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, desde Necoclí, uno de los 11 municipios que forman parte del Urabá Antioqueño, en el marco de una sesión extraordinaria de la Comisión II del Senado de la República de Colombia, explicó con especial detenimiento las acciones que la Cancillería colombiana ha implementado para hacer frente a la emergencia humanitaria causada por el alto flujo migratorio. Allí afirmó que se hace necesario y urgente adoptar un mecanismo de cooperación que permita enfrentar las mafias transnacionales de trafico de migrantes y desarrollar una política de atención, integración e inclusión de las personas en movilidad humana plasmada en la nueva Ley de Política Integral Migratoria, cuyos principales marcos normativos son los que se aplican actualmente a la población migrante dentro y fuera del territorio colombiano.

Esta nueva ley, la 2136 del 4 de agosto de 2021, “por medio de la cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria del Estado Colombiano”, pretende ordenar la política migratoria y consular protegiendo los derechos de todos los migrantes, incluyendo mecanismos para atender, apoyar, acompañar a los colombianos en el exterior y además ayudar a quienes entran al país por razones humanitarias y poder así, tener mayor control sobre los fenómenos migratorios que aquejan a muchas regiones de nuestra querida Colombia.

Colombia ha sido tradicionalmente un país emisor de migrantes, sin embargo, hoy es también receptor y lugar de tránsito, agudizado por el ingreso de más de 1.800.000 ciudadanos venezolanos que buscan mejores condiciones económicas, asistencia y protección social ante la difícil situación política y social que vive el hermano país. Para ellos, Colombia expidió el Estatuto de Protección Temporal (EPT), que refleja el compromiso del gobierno del presidente Duque con la protección de los derechos humanos.

Este estatuto es un mecanismo para desarrollar soluciones que trasciendan en el tiempo, basado en el comportamiento del fenómeno migratorio y la protección de los derechos humanos de la vulnerable población migrante.

Válido y oportuno anotar que el posicionamiento internacional de Colombia como país de oportunidades para la inversión y para el turismo, sustentado en la política de legalidad, equidad y emprendimiento del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque, se refleja en el aumento gradual y progresivo de extranjeros que buscan en nuestro país mejores oportunidades de negocios, estudio y trabajo, y reclaman un marco regulatorio articulado y flexible para promover y garantizar una migración segura, ordenada y regular.

Por su parte, el Estado Plurinacional de Bolivia, con el liderazgo del presidente Arce Catacora y del canciller Rogelio Mayta Mayta, ha mirado también, con especial énfasis en el compromiso que han asumido de convertirse en un referente regional en política migratoria, hacia la población vulnerable que de manera permanente o en tránsito busca en Bolivia mejores condiciones de vida, nuevas oportunidades laborales, de estudio y de protección social, atraída por las potencialidades de este hermoso país y su especial posicionamiento geográfico.

El Gobierno nacional acaba de promulgar el Decreto Supremo 4576, que autoriza de forma excepcional la regularización migratoria para personas extranjeras que residen en suelo boliviano en situación irregular. El mismo, tiene por objeto “permitir de manera excepcional la regularización migratoria de personas extranjeras, que se encuentran en territorio boliviano en situación irregular, así como establecer sus condiciones y requisitos”, tal es el dictado del artículo primero del decreto supremo.

Con esta norma que recoge el compromiso humanitario del gobierno del presidente Arce son muchos los extranjeros que podrán regularizar su permanencia en Bolivia con todas las implicaciones de bienestar social y mejoramiento de las condiciones de vida de éstos. Esta iniciativa tiene que ser aplaudida y destacada por todos los sectores, señala el norte de la posición que la región debe asumir frente a la defensa y protección de los derechos humanos, especialmente en población vulnerable y sin lugar a duda aporta significativamente a la consolidación de una política pública de inclusión en el horizonte del fortalecimiento de la capacidad laboral en el proyecto de desarrollo productivo con marcado énfasis en las conquistas sociales. Noble propósito, gran compromiso, repito, regularizar es sinónimo de humanismo, desarrollo social y crecimiento económico.

Concluyo pues, celebrando que dos países hermanos, con una riqueza inmensa, con un potencial humano también inmenso, con un compromiso sagrado con la historia y con un futuro promisorio se encuentren y avancen en el propósito de proteger y promover la defensa del concepto de universalidad y humanismo del tema migratorio.

Aníbal José Ariza Orozco es embajador de la República de Colombia ante el Estado Plurinacional de Bolivia.