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El modelo afgano de intervención

La salida del último avión de las fuerzas armadas de EEUU del aeropuerto de Kabul el penúltimo día de agosto me dejó como economista una pésima sensación. Los EEUU, en decisión unilateral, sin autorización de Naciones Unidas ni de su Consejo de Seguridad, se metieron hace 20 años en Afganistán, comprometieron a los países de la OTAN en una intervención armada y después se salen, como si no hubiera pasado nada en la historia de la humanidad.

Los medios de comunicación muestran las labores caritativas para ayudar a escapar a los refugiados afganos ante el terror de los talibanes, a los que en una época los EEUU ayudaron y apoyaron con armamento para combatir la intervención de los rusos, hasta que los invadieron para sacarlos del poder con la excusa de los atentados a las Torres Gemelas, pese a que hasta ahora no es pública toda la información de lo que pasó realmente, según denuncia de los familiares de los muertos de ese atentado.

Las terribles imágenes dan la impresión de que son parte de una mala película de guerra con un final infeliz, sin el típico héroe tipo Rambo y sin la soberbia del jefe militar a cargo del desastre.

La primera preocupación que me saltó es que alguien debería hacer algo en el tema de las intervenciones militares. En un mundo aparentemente multilateral, Naciones Unidas tendría que ser la autoridad mundial que debería hacer algo, aparte de sus comunicados extemporáneos. Ahora, como sucede en la realidad, en un mundo unilateral en lo relativo al poder militar, bajo la hegemonía de los EEUU, debería por lo menos sujetarse las intervenciones a algunas reglas del juego bajo la Corte Internacional de La Haya, donde van a parar acusaciones de genocidio a gobernantes.

No me imaginé el tremendo costo de la guerra; más de $us 900.000 millones, equivalente según mis cálculos al 4% del PIB de los EEUU, más o menos $us 45.000 millones por año, mucho más que el PIB de Bolivia. Ese dinero, o por lo menos una parte, podía haberse utilizado para ayuda al desarrollo, administrado por Naciones Unidas, para combatir la pobreza y el deterioro del medio ambiente.

Se supone que con tan elevado gasto la economía afgana sería una de las más desarrolladas en 20 años de ayuda. Lamentablemente, la intervención, según la BBC Mundo, dejó una economía más dependiente y atrasada. La ayuda externa representaba el 75% del financiamiento del gasto público y era equivalente a más del 20% del Ingreso Nacional Bruto. Lo más preocupante es que después de 20 años de intervención directa de los EEUU, Afganistán concentra el 80% de la producción mundial del opio, que contribuía al 11% de la economía del país y cuyo tráfico generaba entre $us 1.000 y 2.000 millones anuales, y que yo sepa EEUU nunca “descertificó” a Afganistán, hasta ahora, como amenaza hacer a Colombia, Perú y Bolivia. La política antidroga la maneja a su conveniencia.

Por último, está el papel del FMI, que en noviembre de 2020 aprobó un Servicio de Crédito Extendido (Extended Credit Facility) por $us 370 millones y que antes, por el tema del COVID-19, había aprobado un Servicio de Crédito Rápido (Rapid Credit Facility) por $us 220 millones. Hoy en día esos recursos están congelados por el cambio de administración, ya que la declaración escueta del FMI dice: “Actualmente hay una falta de claridad dentro de la comunidad internacional con respecto al reconocimiento de un gobierno en Afganistán, como consecuencia de lo cual el país no puede acceder a los Derechos Especiales de Giro (DEG) u otros recursos del FMI”.

Para terminar con un broche de oro, según noticias de prensa, se bloquearía la parte de los $us 9.000 millones que tiene las reservas del Banco Central afgano fuera del país, puesto que el gobierno de Joe Biden indicó que los talibanes no tendrían acceso a las reservas que se hallan en su territorio.

En síntesis, el desastre de Kabul es la peor carta de recomendación de los EEUU para intervenir en los asuntos de un país. Ojalá la lección sirva para algunos políticos de la región que claman por su intervención, como la carta de los 20 diputados bolivianos en abril de 2019, pidiendo a Trump “tenga a bien interceder”.

Gabriel Loza Tellería es economista, cuentapropista y bolivarista.