Voces

miércoles 20 oct 2021 | Actualizado a 12:46

Aportes de jubilación

/ 20 de septiembre de 2021 / 01:13

Esta semana se promulgó la ley de devolución de aportes a las AFP, como parte de un paquete de medidas del Gobierno para contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID-19. Recordemos que esta medida fue propuesta en la campaña para las elecciones generales de octubre de 2020; de esta manera, se convierte en una promesa cumplida.

Las estimaciones iniciales dan cuenta de que 1,4 millones de personas podrían beneficiarse bajo tres modalidades: la primera, el retiro de hasta un 15% del saldo acumulado si este es menor o igual a los Bs 100.000; la segunda, el retiro de hasta Bs 15.000 para quienes tienen más de Bs 100.000 de saldo acumulado y hasta el 100% del saldo acumulado para quienes tienen un saldo acumulado igual o menor a Bs 10.000 y sean mayores de 50 años.

De esta manera, se podría inyectar un monto que oscile entre los $us 500 y 1.500 millones a la economía boliviana, una cifra poco despreciable. El efecto sobre la recuperación económica sería inmediato y contundente.

Un rápido balance muy personal, que no pretende ser exhaustivo, me da el siguiente resultado: A favor, tenemos que incrementa la demanda agregada y que podría convertirse en un pequeño impulso de capital para quienes tienen un emprendimiento o desean arrancar con uno o, finalmente, para pagar deudas o algún tipo de consumo inmediato para los beneficiarios.

Pero, por otro lado, tenemos que el efecto macro del consumo que podría generar esta medida por naturaleza sería un impulso temporal y sin mayores efectos de largo plazo; para quienes usen el dinero en su emprendimiento, la medida podría tener un beneficio limitado, en ausencia de una perspectiva de mercado, asistencia técnica y mejora de los procesos de producción. Finalmente, es importante considerar que el retiro de los aportes va en detrimento de la renta de vejez.

Seguramente esta realidad es la que ha llevado a las autoridades a recomendar mucha cautela a la población que decida realizar sus retiros y que se considere esta como la última opción posible.

Más allá de todo, es pertinente señalar que el modelo de jubilación de AFP, de contribución individual, se impuso como un esquema de solución para el agotamiento del anterior modelo de jubilación enmarcado en el sistema de reparto. En el fondo del asunto está el problema de la evolución del mercado de trabajo y del financiamiento de la seguridad social —en este caso, la de largo plazo— únicamente a partir del contrato “regular” de trabajo, una rareza cada vez más infrecuente.

Pero las AFP, en el marco de las condiciones del país y de la regulación a la que deben sujetarse, no muestran una rentabilidad que haga posible proyectar una pensión de jubilación atractiva para la mayoría de los afiliados e, incluso, para una gran cantidad de población, los montos a recibir en la fase pasiva de la vida son insuficientes. Los abundantes ejemplos de gente que se jubila y que a la vez mantiene una actividad laboral —regular o no— son elocuentes al respecto.

Si atendemos a los supuestos bajo los que se realizó la reforma de pensiones, la idea era enterrar un sistema insostenible desde el punto de vista de las finanzas públicas. Pero el reemplazo trajo un sistema que no cumple el objetivo para el que fue implementado y que, a su vez, corre el riesgo de ser insostenible para muchos afiliados.

Estas contradicciones nos deberían obligar a exprimir el cerebro y pensar más allá del acceso a la seguridad social basado en el contrato regular de trabajo e imaginarnos un esquema de seguridad social verdaderamente universal.

Para ello, el tipo de financiamiento también debería ser universal. Esto implica una reforma de fondo al sistema actual de pensiones, pero eventualmente, también al sistema impositivo; implica contar con algún tipo de contribución adicional para que quienes tengan más, contribuyan solidariamente con quienes tienen menos; e implica marcar un conjunto de reglas para conciliar un derecho universal con algunas preferencias individuales.

La pregunta es si estamos listos para tener esta conversación.

Pablo Rossell Arce es economista.

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La economía y los paros

/ 18 de octubre de 2021 / 00:28

La semana pasada tuvimos un paro cívico que intentó ser nacional, pero que se sintió con fuerza en Santa Cruz, luego esporádicamente en algunas esquinas de La Paz, otro tanto en Potosí y pare de contar.

El paro cívico del lunes pasado fue realizado en contra de la aprobación de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que ya se encontraba para su tratamiento en la Cámara de Senadores. Contando con la desinformación de un lado y la escasa comunicación del otro, la propuesta de norma sumó, además, el rechazo militante de varias organizaciones gremiales, sindicatos de cooperativas mineras y alguna que otra asociación de transportistas. De hecho, a último minuto, los cívicos cruceños compartieron la tarima de cierre de su paro con un dirigente gremial. La norma fue finalmente retirada por el Presidente, lo cual deja a la población esperando a ver cuál será el próximo evento de encuentro entre oposición y oficialismo.

Mi percepción personal es que, por un lado, era muy difícil realizar una protesta masiva que implique paros para la población que, en este momento tiene, sí, la emocionalidad muy polarizada entre los dos extremos —y las redes sociales son un termómetro de este fenómeno—, pero en la práctica, la gente necesita aprovechar el envión económico de la recuperación post 2020 para conseguir un empleo, volver a arrancar el negocio que estaba parado o simplemente para recuperar las ventas y los ingresos perdidos por la pandemia. Recordemos, además, que todos los diferimientos bancarios decretados durante las primeras olas de la pandemia ya fenecieron. Por lo tanto, para mucha gente es momento de retomar el pago de sus créditos y para eso se necesitan ingresos constantes y —de ser posible— estables.

Pero, por otro lado, la desinformación y la falta de una campaña de comunicación por parte del Gobierno que llegue a la gente hasta la puerta de su percepción —que hoy en día son las redes sociales— hizo casi imposible sumar adhesiones. El resultado, lo vimos el lunes.

Como sea, a pesar de la fortaleza relativa del paro a nivel regional, la economía en su conjunto no se vio afectada. Y esa es la clave, tanto del permanente clima de trifulca que tiene el país, como de la evolución actual de la economía. No se tocan, excepto tangencialmente.

Por un lado, el país puede sufrir cualquier cantidad de conflictos que sea, pero mientras éstos no afecten la actividad económica, el país no para. Por otro lado, la gente —especialmente en la ciudad de La Paz— ya está acostumbrada al conflicto. Pero, más importante, la gente de negocios — de todos los tamaños y todos los pelajes— sabe moverse en medio del permanente caos político boliviano. En cualquier lugar. Y mejor aún, saben ganar dinero en este contexto. Gestionan bien lo que se llama el “costo Bolivia”.

De modo que, a menos que nos caiga un evento tipo meteorito, nuestra economía está encaminada al 4,4% proyectado por las autoridades o al 4,7% proyectado por el FMI.

En épocas pasadas, cuando la venta de minerales bordeaba el 70% del total de las exportaciones, una convocatoria a huelga general por parte de la COB era suficiente para paralizar literalmente toda actividad económica, sin contar con las masivas movilizaciones de obreros del sector, munidos de cachorros de dinamita, que interrumpían severamente la circulación de una La Paz geográficamente y poblacionalmente más pequeña y vulnerable.

Hoy en día, la minería sindicalizada estatal mantiene su capacidad de movilización y de disrupción de los espacios urbanos en la sede de gobierno, pero pese a que el peso de la exportación de productos mineros ha subido considerablemente, la minería estatal está contribuyendo con menos del 10% del total de las exportaciones sectoriales. El efecto de las movilizaciones de los sindicalizados estatales es meramente político. Ya no detienen el país, ni interrumpen el flujo de las exportaciones sectoriales.

Este fenómeno está en línea con los dramáticos cambios en las fuerzas sociales bolivianas: de contar con un puñado de sindicatos fuertes que en su momento dirigían las fuerzas de la mayoría de la población, tenemos ahora un conjunto más grande y heterogéneo de actores políticos quienes, para lograr paralizar el país, interrumpir las exportaciones y —consecuentemente— asfixiar el aparato estatal como antaño hacían los sindicatos, necesitan de la articulación de identidades regionales y sectoriales muy diversas, con una consigna política de mínimos comunes muy potentes y liderazgos que sobrepasen lo regional/sectorial. Y eso, en un terreno de crisis generalizada.

La política boliviana no está pasando por su peor momento, pero está lejos de una crisis generalizada; la economía se recupera a su ritmo, que no necesariamente es el ritmo de las expectativas de la gente, pero se recupera. Estamos lejos de otro momento tipo 2019, pero estamos muy cerca de presenciar movilizaciones de intensidad media, de corta duración y de frecuencia más o menos intensa.

Pablo Rossell Arce es economista.

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Agenda de conflictos

/ 4 de octubre de 2021 / 01:52

Hace ya varias semanas anticipé en esta columna que los meses finales del año estarían marcados por conflictos de baja intensidad, caracterizados por la proliferación de demandas de tipo sectorial o regional.

Bolivianos y bolivianas tenemos ya la costumbre de presenciar y sortear las marchas y manifestaciones como quien sortea un día de lluvia intensa, especialmente en La Paz. Esta proliferación de demandas sectoriales y regionales solo añade horas a esa sensación de mal clima, pero —a mi juicio— hace más insensible a la opinión pública sobre los acontecimientos que suceden fuera de las preocupaciones cotidianas de la gente de a pie.

La agenda de los conflictos de la última semana está marcada por la marcha de los indígenas —que llegó a Santa Cruz, sin pliego—; las casi dos semanas de conflictos de los cocaleros por Adepcoca y el mercado de la coca de Villa Fátima, en La Paz; la disputa por el 45% de la coparticipación del IDH en el Chaco y alguna otra cuestión más, con poca difusión en los medios de comunicación masiva.

Existen amenazas de movilizaciones por parte de gremiales y otros sectores, en oposición al proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. La materialización de estas amenazas depende críticamente de que la dirigencia consiga convencer al grueso de los gremiales —cuyas cuentas no están bancarizadas prácticamente en absoluto— que sus dineros están en riesgo. Al mismo tiempo, vale cuestionarse si el sector más golpeado por la pandemia, y que más urgentemente requiere de una recuperación de la actividad, se va a poner en pie por algo que todavía puede sonar abstracto.º

Por un lado, la agenda de conflictos —de por sí caótica y desordenada— refleja la ausencia de una causa aglutinadora a nivel nacional, de liderazgo articulador de organizaciones. Aparentemente las grandes causas que motivan adhesiones más allá del territorio y del sector, han quedado atrás en el tiempo.

Por otro lado, desde el lado del Gobierno se evidencia que los esfuerzos por organizar las respuestas están todavía en proceso; un síntoma de aquello está dado por la prolongada duración del conflicto sobre Adepcoca y, a su vez, la gasificación —innecesaria— a la marcha de las feministas que se manifestaron hace poco para exigir sus derechos, no en plan de confrontación.

Como quiera que sea, en este momento, ninguno de los conflictos en curso está afectando la cotidianidad de la ciudadanía; mal que bien, todos estamos saliendo a trabajar, a consumir, a hacer vida social y la vida sigue. Es por eso que ninguno de los conflictos pone en riesgo la actividad económica en ningún lugar del país.

De hecho, si el flujo económico está detenido en algún lugar es en Arica, escenario de un conflicto administrativo entre el puerto de Arica y Bolivia, por el incremento injustificado de las tarifas del servicio para las importaciones bolivianas.

Sobra decir que la evolución de los distintos conflictos depende de la capacidad de respuesta del Gobierno. De todos los mencionados, el único que podría escalar es el de la marcha indígena. Y la única manera en que este conflicto pudiese escalar es en un escenario en el que no se llegue a ningún acuerdo con el Gobierno y la marcha salga de Santa Cruz para llegar a La Paz, con la expectativa de que —gracias al sufrimiento de los protagonistas, más la suma de quienes le tienen antipatía al Gobierno— la población vaya sumándose a la causa, primero emocionalmente y luego materialmente.

Esto implicaría una especie de segunda parte de la marcha por el TIPNIS. Mi apuesta personal es que es muy difícil que esto se logre. Las segundas partes no suelen repetir el éxito de las primeras. ¿Puede haber por ahí un cisne negro que me contradiga? Por supuesto, pero lo creo poco probable.

En resumen, lo más seguro es que el tiempo corra a favor de las autoridades de gobierno, especialmente si ningún conflicto logra encender el fervor ciudadano —hoy por hoy poco inclinado a grandes movilizaciones que paren la economía—. El plazo es noviembre, casi a la vuelta de la esquina. Estaremos observando.

(N. del A. Luego de escribir este texto, los cívicos convocan a un paro nacional contra la ley para impedir ganancias ilícitas. Si bien es el primer intento de movilización nacional, es dudoso que logren sumar suficiente fuerza.)

Pablo Rossell Arce es economista.

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Latinoamérica bajo la lupa

/ 6 de septiembre de 2021 / 01:05

La CEPAL, bajo el liderazgo de la economista mexicana Alicia Bárcena, ha publicado hace pocos días uno de sus informes bandera: el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021. El tema de este año es la “dinámica laboral y políticas de empleo para una recuperación sostenible e inclusiva más allá de la crisis del COVID- 19”. Personalmente presto mucha atención a los lanzamientos de estas publicaciones porque creo que nos ayudan a elevar la mirada por encima de las tres o cuatro frases que se repiten y circulan alrededor de un aburrido carrusel, cuando se trata de discutir sobre la economía boliviana y sus posibilidades.

Bárcena nos ha acostumbrado durante los últimos años a análisis regionales de alta calidad y pertinencia, profundizando el análisis de las tendencias estructurales de la economía latinoamericana y haciendo esfuerzos importantes por encontrar salidas mediante propuestas intelectualmente innovadoras y técnicamente sólidas. Aprovechando los recursos tecnológicos actuales y el alcance de las redes sociales y las plataformas multimedia, Bárcena nos ha ayudado a ver lo que pasaba con la región durante el tumultuoso 2020, con informes ágiles y datos certeros.

Regresando al estudio, el documento arranca con un análisis de la economía mundial y regional. Argumenta que este año la región observará un crecimiento positivo del 5,9% en gran medida por efecto “rebote” pero que para 2022, las limitaciones estructurales reducirán el crecimiento a un 2,9%. En ese contexto, Bolivia logrará un 5,2% este año y un 3,5% en 2022.

En el frente externo, el parón económico de 2020 tuvo como consecuencia inesperada, un leve superávit comercial para la región, cosa no vista desde 2007. Con el fin de las cuarentenas y otras medidas de restricción de la circulación, la actividad económica ha regresado y, con ella, se reactiva el comercio exterior. Los buenos precios de las exportaciones latinoamericanas impedirán que la región tenga una brecha externa muy abultada, pero de que habrá déficit externo, lo habrá y el “Estudio” lo estima en un 0,2%. Para nuestro país la situación es otra y más bien se espera un modesto superávit comercial.

Las cuentas fiscales de todos los países de la región sufrirán déficits, pero éstos serán levemente menores a los de 2020, en gran parte gracias a la recuperación de los precios de los productos primarios de exportación —en otras palabras, gracias a la renta de los recursos naturales—.

El estudio nos invita a poner nuestra mirada más allá de la coyuntura y a observar los patrones estructurales regionales: los bajos niveles de inversión, el lento avance de la productividad, el bajo ritmo de crecimiento observado luego del fin del “superciclo” de precios de productos primarios y el desproporcionado efecto del desempleo sobre mujeres y jóvenes.

Las nuevas políticas propuestas por el “Estudio” para salir adelante, giran alrededor de la reactivación del turismo sostenible, la transición hacia energías renovables, la movilidad urbana sostenible, la revolución digital, la manufactura de la salud, la bioeconomía, la economía circular y la importantísima economía del cuidado.

Los temas transversales propuestos tienen que ver con una mayor inversión para la universalización de los servicios básicos, inversión para mejorar las condiciones de empleabilidad de jóvenes y de mujeres, y políticas de reactivación para Pymes.

Todo esto cuesta dinero, por supuesto. Para ello, el estudio propone combatir la evasión fiscal —estimada en más del 6% del PIB regional—; consolidar el impuesto a la renta de personas físicas y corporaciones, extender el alcance de impuestos sobre el patrimonio y la propiedad — impuesto a las grandes fortunas—; impuestos a la economía digital, ambientales y relacionados con problemas de salud pública; y revisar y actualizar de forma progresiva las regalías por la explotación de recursos no renovables.

Por otro lado, el estudio propone una política monetaria expansiva, reconoce la importancia de la última reasignación de DEG —que no deuda— del FMI como un elemento que alivia, pero llama a una acción conjunta de los países de la región para incidir multilateralmente en la armonización de instrumentos fiscales (impuestos a las personas y a las corporaciones) y monetarios.

En resumen: no es momento de hacer ajustes al gasto; de hecho, es momento de gastar más, pero afinando la puntería y destinando recursos a sectores innovadores; las políticas de reactivación deben enfocarse también en eliminar paulatinamente los desequilibrios de género y generacionales y, por último, es imprescindible que la región refuerce los mecanismos de acción conjunta: al igual que una golondrina no hace verano, es muy poco lo que se puede alcanzar mediante la acción individual.

Pablo Rossell Arce es economista.

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Horizonte 2022

/ 23 de agosto de 2021 / 01:23

En pocos días más arranca septiembre y con él, el último tercio del año. Parece un buen momento para hacer proyecciones acerca de lo que nos espera para el cierre de este agitado 2021. Para empezar, conviene recordar que la pandemia seguirá marcando el paso de las acciones cotidianas de la gente y de las autoridades. En un plano más general, se puede decir que la evolución de la pandemia y sus respuestas determinarán el ritmo de recuperación económica.

La gente, ya sea por desinterés, por una percepción de riesgo menor a la que realmente existe o por la necesidad de salir y trabajar, tener actividades sociales o lo que sea, está moviéndose en el país como si no hubiese pandemia. Por supuesto, en algunos lugares los cuidados y las precauciones se notan más que en otros, pero al final del día todos estamos saliendo más o menos regularmente. Y este comportamiento ha contribuido a la recuperación.

En ese orden de cosas, habrá que ver qué nos trae la previsible cuarta ola con la variante Delta, que podría ocurrir en los próximos meses. Los esfuerzos para dotar a toda nuestra población con vacunas han sido destacables, a pesar de los esfuerzos —también denodados— por instalar en la opinión pública la idea de que las vacunas estaban disponibles para cualquiera que tuviese suficiente dinero para comprarlas, como quien va a un supermercado… lo único que había que hacer era liberar su importación.

El resultado, al día de hoy, es que el Gobierno ha garantizado vacunas para más del 60% de la población meta. Pero he aquí que tropezamos con el problema de un declinante ritmo de inoculaciones, cuando no hemos llegado ni al 20% de la población con la segunda dosis. Los medios de comunicación dejaron atrás las historias y anécdotas acerca de las propiedades malévolas de las vacunas — que te convierten en hombre lobo, que te hacen impotente, que ya no puedes emborracharte más… y una larga lista de etcéteras.

Yo sospecho que los rumores siguen corriendo a lo largo y ancho de las redes sociales y de las cadenas de WhatsApp y que este tipo de esquemas de desinformación están siendo —al menos parcialmente— las causas por las que la población no acude a vacunarse. Valga la llamada de atención, para que nuestras campañas de comunicación se suban al tren del siglo XXI, porque las campañas de desinformación ya están ahí.

Con una población pobremente vacunada, la variante Delta puede tener consecuencias muy negativas. Si la cosa se pone muy dura, algunos gobiernos subnacionales pueden decidir implementar medidas de restricción a la circulación, con el consecuente freno a la recuperación económica.

El FMI ha publicado hace poco la actualización de su Panorama Económico Mundial (World Economic Outlook). En el documento, la gente del Fondo recalca la importancia de la vacunación como medio para lograr una recuperación económica más rápida. En esa línea, proyecta una recuperación más ágil para los países industrializados, que han logrado vacunar a cerca del 40% de su población. La distribución equitativa de vacunas es clave en este aspecto.

Las proyecciones del Fondo indican un cierre de año con un 6% de crecimiento para la actividad económica global este 2021, con un notable 5,6% estimado para las economías avanzadas — que estaban creciendo a una tasa inferior al 4% en la prepandemia. Los EEUU sobresalen en la proyección, con una tasa de crecimiento esperada del 7%, muy cercana al 7,5% estimada para las dinámicas economías asiáticas.

Pero detrás de las cifras se esconde un conjunto de factores que tienen que ver con la calidad del crecimiento económico. Para empezar, es bueno recalcar que, si bien estamos en la senda correcta, igual tendremos que esperar al menos un año (si no más) para recuperar los niveles de actividad económica de 2019.

Pero estamos a tiempo de mejorar la calidad de nuestro crecimiento: la pandemia ha obligado a los gobiernos del mundo a pensar fuera de la caja de herramientas usada hasta hace pocos años; subsidios directos, incremento del gasto fiscal, política monetaria flexible y expansiva, rescate de empresas y otras medidas anteriormente mal vistas, forman hoy parte del panorama de políticas económicas típicas. En ese sentido, yo veo perfectamente factible una serie de experimentos de encadenamiento de empresas públicas y privadas, con incentivos e instrumentos teledirigidos para, por ejemplo, empezar a sustituir importaciones de insumos y bienes intermedios de uso intensivo y que ya producimos en el país. Es que esos mercados no se van a crear solos.

Pablo Rossell Arce es economista.

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Entre la chicha y la limonada

/ 9 de agosto de 2021 / 01:48

La “nueva normalidad” que se está configurando en el país es una situación que yo describiría como una combinación de conflictividad tibia y recuperación económica gradual. La conflictividad acotada a algunos espacios sectoriales y territoriales, junto a una recuperación económica sostenida, pero para nada espectacular, parecen proyectarse como el signo de esta época, al menos en el futuro previsible.

En ausencia de grandes problemas ideológicos o identitarios, en ausencia de una visión de país radicalmente distinta a la actual (si alguna se presentó en las anteriores elecciones nacionales, no obtuvo mucho más del 1% de apoyo) y en ausencia de grandes liderazgos aglutinadores, estamos —en lo político— ante el surgimiento esporádico de expresiones sectoriales y/o territoriales de conflictividad. Repasemos algunos ejemplos.

Luego de que se abrió la vacunación masiva para toda la población mayor a 18 años, el problema de las vacunas —la instalación del problema en la opinión pública— transmutó hacia las noticias de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V que, efectivamente, no llega para la población que obtuvo su primera dosis. La solución ya está en camino: la Argentina va a aplicar las vacunas de Moderna y AstraZeneca como segunda dosis en sustitución de la Sputnik V, luego de hacer las correspondientes pruebas de campo. Este es un tema que no aglutina masas y saldrá de la agenda en cuestión de semanas —si no antes—.

El tema de la devolución de aportes de las AFP, como un apoyo a las familias que sufrieron pérdidas de ingresos y empleo en la cuarentena, estuvo levemente en las portadas de los periódicos e incluso hubo algún conato de protesta callejera, sin ninguna repercusión. El proyecto de ley de devolución de aportes está siguiendo su curso normal y este tema volverá a la agenda pública cuando se promulgue y se ejecute.

El conflicto de Uyuni llegó a las llamas, pero las cenizas podrían volver a albergar fuego. Mi sospecha personal es que lo de Uyuni no se acaba solo con los domos quemados. Es todavía prematuro decir qué se cocina ahí. Si la cosa se pone más seria, podríamos esperar otro rebrote de conflictos en esa región. En todo caso, lo que es seguro es que cualquier empresa que opere allí contabilizará —previsoramente— un monto adicional en sus costos. Y la empresa que no lo haga, tendrá que asumir la pérdida. Por uno u otro lado, la iniciativa de diversificar nuestras exportaciones con el litio potosino va a tener que esperar.

El más reciente conflicto —también regional— está ocurriendo en Santa Cruz, por el tema tierras. Mientras escribo estas líneas, la profusión de invitaciones y convocatorias a la marcha de los cívicos inunda las redes sociales. Además de la marcha, los cívicos anunciaron el bloqueo de caminos. Vale la pregunta: ¿por qué no optaron por un paro cívico? La intensidad del bloqueo programado nos dirá mucho acerca del potencial de crecimiento de este conflicto. Ojo que estamos hablando del bloqueo de la carretera por donde transita casi todo nuestro comercio con el Brasil (exceptuando el gas).

Así como hablamos de los problemas que están en agenda, también quiero llamar la atención sobre los problemas que no se trasladan a la agenda pública como conflictos.

En realidad, el problema de los incendios forestales —que también es regional—. En esta temporada, las voces de activistas brillan por su ausencia luego de la quema de miles de hectáreas en la Chiquitania boliviana. Ese silencio es elocuente también.

En el frente económico, tampoco tenemos grandes sobresaltos: la disponibilidad masiva de vacunas nos hace más confiados y la población y las autoridades van abriendo cada vez más espacios para el regreso paulatino a las actividades presenciales. Incluso la gente se está animando a viajar un poco más, lo cual podría ayudar al turismo.

Es en este frente en el que una crisis global, o una súbita interrupción de la recuperación, podría ocasionar problemas más serios, con cadenas de transmisión muy rápidas hacia lo político. Pero es en este frente también que se puede presentar otro golpe de efecto: el descubrimiento de un campo gasífero, una nueva iniciativa de impulso para el empleo y los ingresos o una innovación de impulso a la demanda con una nueva política de protección social. Tiempo de sobresaltos menores, tiempo “aburrido”, tiempo para proyectar el futuro, digo yo.

Pablo Rossell Arce es economista.

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