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miércoles 20 oct 2021 | Actualizado a 12:49

¿Industrializar o no industrializar…?

/ 21 de septiembre de 2021 / 01:26

Con el llamado del Presidente y la Central Obrera Boliviana se vienen desarrollando Cumbres Productivas en todo el país, insistiendo en la implementación de un modelo de sustitución de importaciones e industrialización. Sin embargo, la estructura de los talleres da para todo, el resultado es un pliego petitorio. En Potosí se remarcó la importancia de la refinería de zinc.

Desde que se dio al Estado la posibilidad de encarar la planificación productiva entró en el debate: ¿por dónde ir? En la década de 1960 el dilema, al decir de René Zavaleta, fue: Industria pesada o Desarrollo pastoril: se adoptó la marcha al Oriente. El costo fue enorme: más de 120.000 collas fueron a “colonizar” Santa Cruz y el Norte de La Paz. Esta colonización consistía en abrir brecha asediados por el mariguí, las víboras, el paludismo, la fiebre amarilla. La mayor inversión de ese periodo fue el plan de colonización y la vertebración caminera. Así se fueron postergando los procesos de fundición e industrialización de la minería, la fuente de acumulación para la expansión económica. El resultado lo vemos ahora, un desarrollo que no superó el atraso y la dependencia.

El debate sobre la importancia de la refinación del zinc es de vieja data. En 1966, cuando se desmontaba la minería nacional, diputados como David Áñez Pedraza y Marcelo Quiroga Santa Cruz lograron insertar un candado en el contrato de arrendamiento de la mina Matilde para que la Phillips Brothers construyera una refinadora de zinc, compromiso que nunca se cumplió.

Son varios eventos y documentos elaborados en el gobierno del “proceso de cambio” que insisten en el carácter estratégico de la fundición de los minerales: Decálogo del Programa del MAS, Plan Nacional de Desarrollo, Constitución Política del Estado, Agenda Patriótica, Ley de la Empresa Pública, Ley de Minería y Metalurgia. En estos documentos se señala que más del 50% de valor de los minerales se queda en el exterior como costo de realización, realidad para que muchas minas estén paralizadas y para que el productor minero apenas sobreviva: no es suficiente identificar yacimientos sino hacerlos rentables. En este caso, el problema no es tanto encontrar la solución (que ya fue identificada), sino actuar con la oportunidad debida.

Anteriormente fuimos reflexivos en nuestras frustraciones, las que nos ratifican a seguir en el empeño. Pero estas adversidades no son exclusivas de la minería, lo mismo ocurrió con la urea y el amoniaco, cuando la oligarquía, montada en el poder, desahució la factoría y la cerró para hundirla. Los argumentos esgrimidos, sin ninguna base, fueron económicos y técnicos, cualquier cosa para justificar una decisión política, cerrar el paso a la industrialización y continuar siendo consumidores de productos del primer mundo. ¿Dónde está el espíritu nacional?

Lo propio ocurrió con el litio. El desarrollo del proyecto tuvo muchas dificultades, por ser nuevo en nuestra práctica productiva, pero se superaron las etapas de laboratorio y pilotaje con óptimos resultados, lo que conllevó a la formación de profesionales capaces y el desarrollo de una tecnología adecuada, así se pasó a la etapa industrial. La oposición “cívica” pretendió limpiarse la boca antes de comer pidiendo mayores regalías, el gobierno de facto lo cerró sin argumento alguno. Hoy el proyecto continúa paralizado y su “actualización” está en manos de una consultora extranjera. ¿Qué patriotismo podemos pedirles a estos señores?

La falta de capacidad organizativa de las regiones y de los trabajadores impidió una acción para evitar estos exabruptos. Hoy el costo es cuantificable en varios millones de dólares, pero peor, se ha dañado el proceso de industrialización en proyectos estratégicos, poniendo cizaña en los que están en marcha.

En el momento menos esperado y con mano invisible y artera se matan los proyectos de la industrialización. En la lucha por las fundiciones de estaño se llegó al asesinato de dos técnicos comprometidos para hacerlas realidad, la oligarquía nunca tuvo reparos en el crimen para cuidar sus intereses.

Ante semejante enemigo, no queda sino preparar una fuerza superior: la organización del pueblo para emprender el camino de la industrialización. Sin embargo, sin el concurso decidido del Gobierno no se logrará superar estos difíciles pasos. Las Cumbres debieran buscar un resultado mayor: la voluntad política, que se logra con una amplia discusión, el convencimiento racional, que crean el compromiso y la acción vigilante de los sectores sociales. Es decir una democracia directa y participativa.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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El ‘fraude’ que justifica el golpe

/ 19 de octubre de 2021 / 01:03

El 10 de octubre se recordó la recuperación de la democracia, el 18 se diría lo mismo. En nuestra azarosa vida política la democracia es un concepto resbaladizo; según el ojo con que se mira, su conceptualización va desde un mecanismo de elección de gobierno, un sistema de dominación o una forma de convivencia ciudadana. Entre estos conceptos, la acción política oscila de un extremo a otro.

Desde 1964 las dictaduras apelan a este concepto para justificar la titularidad del poder. Barrientos, arguyendo el prorroguismo de su presidente Víctor Paz, dio un golpe de Estado para luego entrar por la puerta ancha del Palacio de Gobierno, en unas elecciones con un movimiento sindical proscrito y la vigencia del pacto militar-campesino. Ovando, en cumplimiento de un mandato de las Fuerzas Armadas, sacó el Ejército de las minas, dio la libertad sindical, nacionalizó el petróleo: el movimiento obrero le dio su apoyo afirmando que era un gobierno democrático. La juventud universitaria impuso el examen de competencia para optar a la cátedra, el gobierno respetó la autonomía universitaria. Banzer y su sector consideraron que se cedía demasiado al castro- comunismo, golpeó a nombre de una civilización occidental, cristiana y democrática, su tarea era enseñarnos a ser democráticos mientras ellos acumulaban riqueza tal como corresponde a una clase dirigente.

La experiencia demostró que la dictadura tenía la virtud de unir a un amplio espectro de la ciudadanía, en su contra. Con el asomo de la victoria sandinista en Nicaragua, Estados Unidos cambió de estrategia. Así surgió la “democracia controlada”. Banzer, como alumno aplicado, llamó a elecciones en noviembre de 1977, la llave maestra: no podían participar en ellas 500 ciudadanos. Una huelga masiva de hambre impuso la amnistía general el 18 de enero de 1978, el sector popular considera que ese día se recuperó la democracia.

La transición no fue fácil: nueve presidentes en menos de cuatro años, entre golpes, elecciones, fraudes, sucesiones constitucionales. El proceso llevó a un gobierno de izquierda, que en las elecciones de 1980 había logrado un 55%, pero para ese entonces se mostraba dividida. La alianza de izquierda, temor de la derecha, estaba liquidada después de la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz; se dejó en la impunidad a Banzer. La salida fue el Congreso de 1980, que se concretizó el 10 de octubre de 1982. Así Siles se convirtió en heredero del desastre económico, prisionero de un Congreso opositor y asediado por las promesas electorales. La renuncia a un año del final del mandato de Siles-Paz Zamora fue la capitulación de la izquierda y la consolidación del sistema de partidos, en el cual importaba más el equilibrio para el disfrute del poder, que el sustento de visiones de país y sociedad.

En agosto de 1985 se inició el período neoliberal y de la democracia pactada que aniquilaría el sustento de la nacionalidad: el movimiento obrero-popular. Con la ley en la mano, fueron necesarios sucesivos estados de sitio para liquidarlo, todo con la consabida defensa del Estado de derecho y las prerrogativas del poder. A título de la democracia se engendró a las más aberrantes criaturas, cruzando puentes de sangre, alterando los resultados electorales, renunciando y olvidando las promesas y ofensas electorales, todo con el afán de aprovechar la oportunidad de disfrutar el poder. La voluntad popular expresada en el voto contra el neoliberalismo de pronto se negociaba para garantizar la paz y gobernabilidad de los neoliberales. Tanto oprobio provocó revueltas populares que pusieron fin al sistema de la democracia pactada, una ficción de democracia.

Llegó el 18 de diciembre de 2005, elecciones generales que dieron como resultado una contundente victoria que enterró a los partidos y los pactos; esa masa plebeya obligaba a cumplir las promesas y programas electorales: nacionalización de hidrocarburos y Asamblea Constituyente.

Se emprendió la construcción del Estado Plurinacional, objetivo sancionado con voto popular que nunca fue aceptado por la élite. Su acción opositora no se empeñó en la construcción de los nuevos tiempos, fue una constante conspiración para retrotraerse al pasado oligárquico. Finalmente, cuando el gobierno se apoltronaba en la burocracia, la oligarquía sacó sus mañas, retomando el fraude para justificar el golpe.

Será la memoria histórica que brotará en los bloqueos y paros de agosto de 2020 que reencauzará la construcción del Estado democrático, que no sabemos cómo será, pero sin duda captará el deseo de las inmensas masas que se pronuncian en asambleas, las carreteras, las marchas. Democracia directa y participativa.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Aprovechamiento del oro: ¿quimera o realidad?

/ 5 de octubre de 2021 / 00:51

La prensa se ha desbordado en dar la noticia de que el oro superó en exportaciones al sector de hidrocarburos en el primer semestre del año. La verdad es que el sector minero-metalúrgico lo viene haciendo hace rato: para este año está previsto más de $us 5.000 millones frente a los 2.800 millones del sector de hidrocarburos. Esta noticia sería buena si beneficiara al país, pero la renta al Estado en hidrocarburos es del 82%, mientras en minería no llega al 10%.

Las contribuciones a las reservas internacionales que ingresan al Banco Central de Bolivia (BCB) solo provienen de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la fundición de estaño de Oruro y las remesas de compatriotas que viven en el exterior. Al fugarse del país, la acumulación se da en el exterior. Recordemos que Patiño hizo su imperio en Europa y Estados Unidos, con bancos, fundiciones y minas —en Bolivia introdujo enclaves modernos para explotar las minas—, todo financiado por el estaño boliviano.

El caso del oro es muy especial. Las minas nacionalizadas en la provincia Larecaja de La Paz nunca pasaron al Estado: la fuerza social y los intereses particulares fueron más fuertes, sin embargo se mantuvo un control en el área de la comercialización con el Banco Minero. Esta situación cambió con las medidas neoliberales de la libertad de comercialización de los minerales, que cerraron el banco y dieron vida a las comercializadoras de minerales, ligadas a las transnacionales.

La Ley 1777, del 27 de marzo de 1997, suprimió la regalía minera y creó el Impuesto Complementario Minero (ICM), que era acreditado al Impuesto de Utilidades de las Empresas (IUE) fijado en 25%. Esta misma ley estableció la alícuota de ICM en función de una escala de precios, el límite máximo para el oro era de $us 700 por onza troy, debiendo pagar una alícuota máxima del 7% sobre el valor del oro.

En 2007, el Gobierno repuso la regalía minera, suprimiendo el ICM, y estableció la alícuota adicional al IUE en épocas de precios altos. Sin embargo, en realidad las cooperativas solo pagan la regalía minera; además se estableció la categoría de oro marginal y producido en pequeña escala que paga con 2,5%. La Ley de Minería 535 mantiene esta escala. La ausencia de una reglamentación impide determinar qué es oro marginal y cuál el rango de la producción de pequeña escala. Todas las cooperativas auríferas se benefician de esta situación y las empresas buscan convertirse en cooperativas.

Contra los principios del cooperativismo se da la comercialización individual, creándose la paradoja que no se sabe quiénes producen ni dónde; así el beneficio de salud establecido en convenio con la Caja Nacional de Salud, que recibe un aporte global del 1,8% de la producción, solo beneficia a los que se afiliaron a la Caja como socios, que no pasan de 10.000, mientras que los que producen son 140.000, a decir de los dirigentes.

La liberalidad de la legislación y la ausencia del Estado a lo largo del país han permitido la presencia de extranjeros en la actividad aurífera. En 2010, el Gobierno realizó una serie de operativos contra esta actividad, que estaba en alianza con cooperativas; se expulsó a los extranjeros y paralizaron operaciones, lo que creó un problema social que fue superado con el compromiso de entrega de la producción a una comercializadora estatal. Así la Comibol creó la Empresa Boliviana del Oro, que inició sus actividades en Riberalta (Beni) y San Ramón (Santa Cruz). Al hacer las liquidaciones se introdujo los descuentos de ley: regalía 2,5%, salud 1,8%, impuesto a las transacciones 4%, aporte cooperativas y Federación 1%; la Comibol entregaba el oro al BCB. La aventura duró poco, por la competencia de una comercializadora de los cooperativistas, creada con el apoyo del Gobierno, que eludía el pago del impuesto a las transacciones.

El ejemplo citado ilustra la complejidad del problema, pero su solución es de urgencia por cuanto el oro, como todos los recursos naturales, debe servir al desarrollo del país y las regiones productoras. En este sentido requiere una acción concertada entre todos: el Gobierno en sus áreas de minería, economía, medio ambiente y defensa, y las autoridades subnacionales, pero ante todo la sociedad civil: productores mineros, población civil, comunidades agrarias y todos los ciudadanos que pretendemos construir un Estado Plurinacional en la búsqueda del buen vivir. Concepto grande que tenemos que poner en la agenda cotidiana.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Cumbre productiva

/ 7 de septiembre de 2021 / 01:34

El 27 y 28 de agosto se realizó en la ciudad de Oruro la cumbre productiva del departamento. Fue el presidente Luis Arce Catacora quien inauguró el evento. La parte central de su discurso precisó la importancia de dar valor agregado a nuestras materias primas —vender productos para el consumo—, pues solo de esta manera se genera riqueza, para poder redistribuirla al pueblo boliviano.

Pude escuchar el informe del Ministerio de Minería que se mostró optimista al proyectar una exportación del sector minero de $us 5.000 millones este año, tanto por el aumento de la producción como por el alza de precios de los minerales. Sin embargo, no aclaró que lo que exportamos son concentrados de mineral, que al ser refinados en el exterior nos reducen el 50% de su valor; la única producción que exportamos en lingotes de 99,99% de pureza es de estaño, que no deja de ser materia prima. Esta es una realidad preocupante que ha llevado a plantear, desde las regiones, la necesidad de construir refinerías de zinc y plomo, los minerales que más se exportan actualmente.

Esta preocupación ha llevado a que, desde el Estado, se busque soluciones al respecto. En 2011, se autorizó que la Comibol construya una refinería de zinc, condicionada al financiamiento del proponente. En 2012, se adjudicó la obra, pero no se pudo firmar el contrato, dado que para el cumplimiento de la obra el contratista exigía una boleta de garantía al proponente, quien en este caso era también el financiador.

Se llamó a una segunda licitación, realizando previamente un seminario con la participación de universidades y empresas, para determinar el proceso que se ajuste a los requerimientos de la Comibol: recuperación de todos los minerales agregados como el cadmio, indio, oro, estaño, etc., y compatible con el medio ambiente. Se estableció que la planta debería usar la tecnología hidrometalúrgica; además, con la experiencia pasada, se exigió que el proponente deposite una boleta de garantía de $us 800.000. Esta licitación también se cayó, a pesar de la garantía, porque la empresa no pudo presentar la documentación requerida en el tiempo establecido. Hay que señalar que esta vía era por demás complicada por los vacíos legales y porque se ataba la contratación a un solo país —China— por la línea de crédito abierta a Bolivia.

La situación económica de la Comibol en 2017 era bonancible, por lo que se decidió aceptar una propuesta de pilotaje cuyo costo no implicaba mayores gastos, y la construcción de la planta con capacidad de 40.000 TM/año no pasaba de los $us 40 millones. Los resultados fueron ampliamente positivos: se podía recuperar siete elementos, zinc, plata, estaño, indio, cadmio, fierro, azufre; y la inversión se podía reponer en dos años. Se construiría en Eucaliptos (Oruro), por tener a disposición ácido sulfúrico y gas natural, elementos básicos junto con el amoniaco que se produce en Bulo Bulo. La construcción tomaría menos de dos años. Presentados los resultados, el directorio de la Comibol aprobó su ejecución. Como la Comibol no ha recuperado aún su autonomía, se puso la propuesta en consideración del Ministerio de Minería, que presentó otro proyecto, de la Empresa Metalúrgica Vinto. Este era un proceso pirometalúrgico, es decir, fundición con fuego. En el seminario mencionado se había establecido que los problemas de este proceso eran la volatilización de muchos elementos y la emisión de monóxido de carbono; además, el proyecto tenía otro problema, la producción de ácido sulfúrico. Ante la pregunta de dónde se utilizaría o acumularía el ácido, la respuesta fue regalarlo a Chile. En esa reunión —2018— se desechó el proyecto de la Comibol.

Esta rememoración es válida porque se presentó en la Cumbre el mismo proyecto, la novedad es que se vendería el ácido a Brasil; el precio internacional del ácido industrial es de $us 65 la tonelada, mientras solo el flete de Oruro a la frontera con el Brasil es de $us 200. Los otros detalles son que tendría una capacidad de 150.000 TM/año y un costo de $us 350 millones, sin contar el capital de operaciones, básicamente para comprar concentrados de mineral.

Estamos en lo mismo: insistir en algo, para luego no hacerlo.

La refinación e industrialización de nuestros minerales es estratégica, es de soberanía e independencia nacional; contra ellas están las grandes transnacionales de los minerales, cuyos agentes internamente se mueven sigilosa y astutamente: representantes, abogados, socios, empresarios, técnicos, consultores, asesores, políticos, etc. El problema es una cuestión de Estado y se lo debe manejar en esa dimensión.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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50 años: ¿y qué?

/ 24 de agosto de 2021 / 00:46

El 4 de noviembre de 1964, se inició el pisoteo de la democracia; en gran parte de Latinoamérica se imponían dictaduras militares. La muerte inesperada de Barrientos en abril de 1969 desbordó en un proceso de apertura democrático-popular: a la frustración en el Nacionalismo Revolucionario, la alternativa el socialismo; a la democracia cupular, la Asamblea del Pueblo; a la marginalidad de los obreros en el proceso productivo, la cogestión obrera; a la academia señorial, la universidad del pueblo; al tutelaje militar, la organización independiente del campesinado. Semejante osadía tuvo una respuesta de la misma dimensión: la dictadura banzerista (21-08-1971).

A punta de metralla se tomaron las ciudades y cerraron las universidades, se acalló la prensa popular, los partidos políticos populares fueron proscritos; luego haría lo propio con sus aliados, el MNR y la FSB. Los campamentos mineros fueron ocupados militarmente, se nombró a dirigentes desde el palacio, el rechazo a ser coordinador significó el encarcelamiento; finalmente se prohibió la actividad sindical y sus dirigentes fueron apresados, exiliados. El saldo represivo fue de 500 muertos y desaparecidos, 4.000 detenidos, presos, confinados y exiliados. A palo, la dictadura se dio 20 años para enseñar al pueblo a ejercer la democracia en base a los valores occidentales y cristianos.

La dictadura utilizó el modelo de capitalismo de Estado, para crear una burguesía con la explotación de la tierra y los recursos mineros; consolidaba el modelo extractivista en función de los intereses de las metrópolis sedientas de materias primas, utilizó el alza de los precios del petróleo, estaño, algodón, azúcar, para exportar a manos llenas el excedente económico, sin acumulación interna. Las cifras positivas de exportación le permitieron ser sujeto de crédito para endeudar al país, 10 veces más de lo que se debía en 1971.

La dictadura y el saqueo avivaron la rebeldía. Se llegó al convencimiento de que no había otra alternativa que la resistencia para poner fin a tanto oprobio. La organización social tomó nuevas formas: juntas de vecinos, sindicatos clandestinos, grupos de derechos humanos, comités de base estudiantiles: la lucha social no se paró, se reacomodó. Además, la acción excluyente de la dictadura botó al campo popular a la clase media, viendo cerradas sus posibilidades de ascenso social en un Estado retaceado por los ahijados de la dictadura.

El imperialismo mismo tuvo que reflexionar: la derrota de Vietnam y el avance victorioso de los sandinistas hicieron que cambie su estrategia de dominación, había que volver a la democracia. La visita de Banzer a Washington y su entrevista con la administración de Jimmy Carter trajo la nueva receta: democracia sí, pero controlada. Banzer anunció elecciones en noviembre de 1977, condicionadas: en ellas no podrían participar 500 personas “indeseables”. La rendija estaba abierta. La huelga de hambre de diciembre 1977-enero 1978 rompió el dique de contención para lograr la amnistía.

La transición no fue del agrado de quienes se sentían predestinados a dirigir al pueblo, ni mucho menos que éste asuma su conducción y sancione a los usurpadores de la voluntad popular. El denominador común fue la impunidad, el acuerdo político para cruzar ríos de sangre; Marcelo Quiroga Santa Cruz, que quiso enjuiciar a Banzer, fue ejecutado extrajudicialmente. Sin justicia se pierde la memoria y se alienta la repetición del crimen.

La democracia liberal como instrumento de dominación se convirtió en un arte para convencernos que vivíamos en libertad y de respeto a la voluntad popular. El pueblo aprendió a cuidar su voto, pero era incapaz de controlar a la clase política que desde el Parlamento decidía. Así se sacó a Siles, sin que cumpliera su periodo constitucional, se nombró presidentes a los perdedores, se buscaba sumar dos tercios sin ningún escrúpulo. Se asombraron a sí mismos; buscaron retoques: los uninominales, la cuota de género, la reforma de los partidos y del sistema judicial, etc. Una ingeniería; para que no se caiga, se cambiaron las formas pero no a la nueva rosca del poder.

Las insurrecciones populares buscaron acumular fuerzas y encontrar otras formas de participación democrática. La elección directa de Evo Morales en 2005 rompió la era de los votos de oro. Se avanzó con la Asamblea Constituyente, se determinó una democracia participativa y directa.

Antes de superar las vacilaciones en aplicar plenamente la Constitución se nos vino un quiebre constitucional (noviembre 2019), con agentes internos y externos, con los mismos mezquinos intereses, con la élite política como director de orquesta, con la misma bestialidad represiva, con la bendición de un decreto, con la pretensión de retrotraer la historia. Solo el pueblo movilizado y su voto lograron recuperar la democracia.

Los desafíos siguen pendientes: construcción del Estado Plurinacional (ante todo, mandato popular), soberanía y justicia, ¡ya!

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Amayapampa

/ 10 de agosto de 2021 / 01:11

La Constitución Política del Estado Plurinacional consagra el contrato minero, una relación entre el Estado y el operador minero para la realización de actividades en la minería: se trata de un proyecto, de un plan de trabajo, un cronograma y la inversión comprometida. Este modelo busca que la operación minera se implemente de inmediato, por lo cual quien suscribe el contrato opera directamente (artículo 369). Esta disposición espera que el contrato no sea un elemento de especulación, lucrando con un bien del pueblo boliviano, como antes se hacía, “engordando” las concesiones o poniéndolas en la bolsa de valores.

En 2017, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) suscribió un contrato administrativo con la Autoridad Jurisdiccional Minera (AJAM) para la explotación del yacimiento de Amayapampa, que fue aprobado con la Ley 1023 del 27 de diciembre de 2017. Esta determinación se la tomó cuando la empresa concesionaria del yacimiento desapareció, dejando abandonados a los trabajadores. Son ellos y la Federación de Mineros los que pidieron que se reviertan las concesiones y sean transferidas a la Comibol para su explotación.

Esta medida loable, por el interés social y patriótico para fortalecer a la estatal minera, tuvo tropiezos: el acuerdo se firmó en octubre de 2016, cuando la aprobación del presupuesto de 2017 se había realizado en septiembre; se trabajó con aportes presupuestarios de otras partidas. El acuerdo traspasaba a la Comibol una planilla con 280 trabajadores, la que se debía cubrir sin que se haya iniciado la explotación, obligándole a buscar recursos de inmediato; esto llevó a la implementación de una producción artesanal, mientras se encaraba un proyecto de autosostenimiento, explotando 200 toneladas por día. La estructura actual de la Comibol neoliberal no tiene la capacidad para encarar proyectos con la solvencia técnica, la urgencia de la situación y el respaldo financiero necesario. Esto creó un ambiente de incredulidad entre los trabajadores que, azuzados por un empresario, plantearon en diciembre de 2018 la necesidad de buscar un socio estratégico, mientras se paralizaba el proyecto de la Comibol, aunque no sus obligaciones salariales.

Está claro que la búsqueda de socio estratégico, para traspasarle la responsabilidad de las operaciones, viola el acuerdo suscrito entre la AJAM y la Comibol. La oferta hecha a los trabajadores no se concretó por la insolvencia de la empresa; su gerente técnico pasó a ser presidente de la Comibol en el gobierno de facto, el que insistió en llevar a cabo el arriendo de Amayapampa, con otras empresas. La actual administración insistió en este mismo camino, dando a conocer el resultado la anterior semana. Nos permitimos analizar el contenido del acuerdo, sin dejar de resaltar que esta intención es ilegal.

El acuerdo con Phoenix Mining SA se justifica por el hecho que era la mejor oferta, no se dice nada sobre las expectativas que tenía la Comibol, las que debieran ser pre-requisitos para considerar cualquier propuesta. Entre ellas podemos citar: la recuperación de la inversión realizada por la Comibol cuando estuvo a cargo del yacimiento, quién cubriría las obligaciones sociales adquiridas en este periodo, cuál el destino de la producción, sabiendo que la Comibol está obligada a entregar su producción de oro al Banco Central de Bolivia.

En cuanto a la propuesta económica: Amayapampa es una mina rica de oro, con una reserva de 1,79 millones de onzas. Al precio, conservador, de $us 1.500 por onza, el valor del yacimiento es de $us 2.685 millones. Sin embargo, lo que se podría recuperar de este oro y venderlo, sería solo el 84%, lo que arrojaría unos ingresos de $us 2.255 millones. El acuerdo da a la Comibol una participación del 9% sobre este valor de ventas, equivalente a $us 203 millones; el departamento de Potosí, por regalías, recibiría $us 157,8 millones. La utilidad después de pagar los costos de operación ($us 576 millones), las regalías y la participación de la Comibol serían de $us 1.318 millones, por lo que el impuesto a las utilidades con la alícuota adicional por los precios altos sería de $us 494,33 millones. El Estado, en total, recibiría $us 855,13 millones (37,9%) y la empresa, $us 1.399,87 millones (62,1%) del valor del oro recuperado.

La Constitución habla de una asociación con los privados con una participación mayoritaria y/o equilibrada para el Estado, acá la migaja no tiene nada de esto.

Hace poco, la Asamblea Legislativa realizó una investigación sobre los procesos de capitalización y privatización; en el caso de la minería, para minas de zinc, plomo y plata —no de oro— los contratos de alquiler eran de 9% para la Comibol, contratos que la Asamblea consideró leoninos en contra del Estado. De todos modos, como cualquier contrato sobre recursos naturales debe pasar, para su consagración, por el ente legislativo, esperamos que actúen en consecuencia.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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