Voces

miércoles 20 oct 2021 | Actualizado a 11:56

Esperando el nuevo ciclo

/ 25 de septiembre de 2021 / 01:15

El presidente Arce fue elegido para enfrentar la crisis, ese fue el principal mandato de los votantes. Será en torno al desempeño de la economía que su gobierno será evaluado. Aunque esta es una problemática universal después de la gran contracción económica que ha acompañado la pandemia, esta tarea tiene particularidades, no menores, en el contexto boliviano.

Al contrario de otros países, en Bolivia ya se percibía, antes de la crisis múltiple del 2019-2020, la necesidad de pilotear un aterrizaje suave de una economía que se estaba acercando a sus límites macroeconómicos y que precisaba, para superarlos, renovar su motor de acumulación de renta.

No está de más recordar que la ecuación básica de la bonanza de 2007-2015 tuvo que ver con una expansión de la demanda interna y de la actividad, alimentadas por las rentas excepcionales por la exportación del gas y el buen precio de los minerales y la soya. Proceso en el cual se logró bajar la pobreza y la desigualdad. Ese esquema estaba alcanzando sus límites en los últimos años del gobierno de Morales: había necesidad de reinventar y/o diversificar las fuentes de crecimiento y generación de excedente.

No era recomendable parar de golpe la máquina del crecimiento y de la demanda interna, realizando ajustes fiscales o cambiarios desmedidos, pero también se entendía que se debía ir racionalizando esos desequilibrios paulatinamente, transitando a una etapa macroeconómicamente menos exuberante, mientras se aceleraran las inversiones en el litio o en otras nuevas actividades. Reto nada evidente, no solo por su complejidad técnica, sino por sus dificultades políticas en una sociedad acostumbrada a la bonanza y con actores sociopolíticos reacios al cambio.

En medio de esas cavilaciones, llegaron las elecciones de octubre de 2019, el conflicto, la ruptura institucional y la pandemia. Es decir, el desafío económico fue superado por el torbellino político y luego por el episodio casi apocalíptico que nos hizo vivir el COVID-19.

El gobierno de Arce es heredero de esa extraña coyuntura. La pregunta de fondo sigue siendo la misma, pero los contextos psicológicos y sociales han variado y eso no es un dato menor. La sociedad ya ha experimentado una debacle económica que no esperaba: la pandemia y sus restricciones fueron realizadas de manera tan deficiente que hicieron colapsar parte de la demanda interna y provocaron pérdidas excesivas de ingresos y ahorro. Promovieron un empobrecimiento y un sufrimiento social que no hemos aún dimensionado y que influyen en la manera de evaluar la coyuntura y el futuro.

El derrumbe fue tan grande que la gran mayoría no aspira, por ahora, a recuperar lo que tenía previamente a la crisis, sino a que se le permita trabajar sin restricciones para conseguir los ingresos mínimos para su sobrevivencia. La agenda social se ha simplificado, el ajuste brutal ya se realizó. Descartar una nueva cuarentena rígida, impulsar la demanda y mantener la estabilidad macroeconómica son recetas eficaces en esta coyuntura. Me parece que Arce las ha comprendido, va por ahí y la paciencia ciudadana está más o menos contenida, por lo pronto.

Si a esto se agrega el inesperado mini boom de precios de las exportaciones, que alivia temporalmente el equilibrio externo y contribuye a la “pax cambiaria”, “sena, quina” diría un amigo. Se gana tiempo y paciencia social. Pero, atención, la clave es aprovechar ese oxígeno para encarar el problema de fondo: la transición a una macroeconomía más equilibrada o, al menos, que pueda financiar sus desbalances, mientras se viabiliza, al mismo tiempo, la emergencia de un motor exportador renovado.

Esa agenda exige solvencia técnica, pero sobre todo habilidad política, requiere claridad en las prioridades, cierta sofisticación y pragmatismo para aprovechar un contexto internacional y financiero que permite cosas que hace dos años eran impensadas, capacidad para construir expectativas sociales que superen las naturales inquietudes de la gente si percibe que la situación se está estancando y alianzas externas inteligentes con países e inversionistas privados que nos ayuden en esta nueva transformación.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

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Conviviendo con la polarización

/ 9 de octubre de 2021 / 02:03

La polarización política parece que seguirá siendo un dato de la política boliviana por mucho tiempo. Por tanto, el problema urgente no es tanto cómo podríamos superarla, aunque sería lo deseable, sino cómo (con)viviremos con ella sin que nos dañemos demasiado en el intento. Habrá pues que hacerse cargo realistamente de sus costos, sobre todo si, al mismo tiempo, hay que gobernar el país.

Cuando un fenómeno está tan extendido y es muy difícil de ser revertido, no puede ser tratado como una anomalía, se transforma casi en un elemento estructural del escenario sociopolítico. Que sea indeseable no lo hace menos ineludible para entender la coyuntura y para actuar sobre ella.

Podemos coincidir, muchos de nosotros, en el gran riesgo de un campo político dominado por polos con posiciones extremadamente contradictorias y cuya identidad se va construyendo a partir de una negación radical del adversario. Muchas veces, esas fuerzas ni siquiera suelen ser mayoritarias, pero al articular a minorías intensas y movilizadas son, al final, las que definen el ritmo de la opinión pública y el conflicto.

En una política dominada por esas estrategias, los matices y la complejidad desaparecen en cualquier discusión pública, todo es relativo, dependiendo de qué “lado” es interpretada, abonando el terreno para las fake news, la demagogia, la histeria mediática y la paranoia política, fingida o auténtica. Legislar, gobernar o construir algún acuerdo mínimo útil al colectivo se hace cuesta arriba.

Aunque mal de muchos, consuelo de tontos, este panorama no es tan inusual. Un estudio global de IPSOS, titulado Sentimiento de sistema roto: populismo, anti-elitismo y nativismo, muestra que ese fenómeno se ha transformado en un rasgo casi de época.

En Bolivia, estamos experimentando ahora mismo un nuevo espasmo, bastante previsible en su forma, del quiebre que venimos arrastrando sin resolver desde hace ya cinco años. Mismos o parecidos actores, similares rencores y vociferaciones, aplicación hasta el cansancio de estrategias de movilización y narrativas ya conocidas.

No tengo bola de cristal, pero me parece poco probable que esa agitación desemboque en una nueva ruptura institucional, como esperan en sus sueños húmedos algunos agitadores. Y eso no tanto por la prudencia de los actores políticos, sino porque no existe la combinación de factores internos y externos que desmadraron la política en 2019.

Es perceptible, por ejemplo, la fatiga de muchos frente a un episodio a contracorriente de su deseo de trabajar y tener algo de sosiego o la obvia falta de respaldo internacional que encontraría cualquier bizarra aventura rupturista o radical después de lo abollados que salimos del impresentable escenario político del 2019-2020. Como sugería Marx con ironía, cuando la historia se repite, la primera vez suele ser como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa.

Sin embargo, no hay que equivocarse, las pulsiones polarizadoras no son artificiales. Son el reflejo de sentimientos que se han ido instalando, de pasiones desbocadas, de agravios no resueltos y de querellas que no hemos sabido enfrentar. Estamos marcados por la crueldad y violencia de 2019 y 2020. Sanar no será fácil ni rápido. Mientras, tenemos que vivir con ese dato, manejarlo lo mejor que podamos.

Los polarizadores son los primeros que tienen que entender que sus victorias, si las hay, serán por lo general episódicas y parciales, que el otro seguirá ahí a la espera del siguiente round, y que la crispación permanente tiene costos y límites que se van acumulando día a día. En algún momento, esa factura será cobrada. El fastidio social y la desconexión con la realidad de las mayorías deberían ser sus peores pesadillas.

En síntesis, complacer únicamente a la barra puede ser reconfortante en el momento, pero podría impedir construir las mayorías futuras para acceder al poder. De igual manera, alentar el zafarrancho siempre es más fácil que hacerse cargo de sus efectos nocivos en la tarea de gobernar. Ante eso, no se vale quejarse de la irracionalidad del adversario. Hay que hacerse cargo de los desequilibrios que se ha alentado con una gestión política mínimamente ordenada, previsora y realista. Ese podría ser un primer paso, se les agradecería.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

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Ni muy muy, ni tan tan

/ 11 de septiembre de 2021 / 02:19

A casi un año del inicio de la presidencia de Arce, las percepciones de los ciudadanos sobre su gestión son mayormente positivas, pero sin entusiasmos desbordantes. Su legitimidad electoral no parece erosionada pese a la crispación política. Pero tampoco está logrando trascender más allá de sus fronteras partidarias. El saldo para las oposiciones es decepcionante, prácticamente son los mismos de siempre. Lo nuevo es la consolidación de un sentimiento de indiferencia frente a todos estos actores políticos.

Un par de encuestas, con metodologías robustas, revelan algunos rasgos de los sentimientos de las y los bolivianos frente al desempeño del presidente Luis Arce a pocos meses que se cumpla su primer año de mandato. Grosso modo, las opiniones positivas sobre el personaje y su desempeño se sitúan entre el 40-45% a nivel nacional, considerando áreas urbanas y rurales, los rechazos y opiniones negativas alrededor del 35% y la indiferencia en torno al 25%.

El balance no es malo, no tanto por su nivel de aprobación, que no supera el promedio de apoyos (alrededor del 50%) que Evo Morales logró mantener casi durante todo su mandato, salvo en los “accidentes” temporales provocados por el “gasolinazo”, el conflicto del TIPNIS y algunos de los coletazos de la querella reeleccionista, sino porque es superior a las desaprobaciones. Hoy, el apoyo al oficialismo sigue siendo mayoritario entre la población, ratificando la legitimidad electoral que le otorgó su 55% de octubre pasado.

Ahora bien, la cosa tampoco está para que los azules lancen cohetes de alegría, básicamente ese espaldarazo se concentra entre sus electores más leales: en los ciudadanos con mayores necesidades, de los barrios populares y periurbanos y los que habitan las localidades intermedias, pequeñas y rurales desperdigadas en el territorio nacional. Lugares en los que ya eran hegemónicos desde hace mucho.

Esa fortaleza, sin embargo, contrasta con la existencia de opiniones muy negativas del gobierno de Luis Arce en las grandes urbes y entre las clases medias. Hay un 35% de ciudadanos que no solo votan contra el MAS, sino que sistemáticamente piensan que todo lo que haga ese partido está mal. Sentimiento que viene de lejos pero que parece haberse intensificado. En resumen, es un segmento bastante estable en número, pero más enojado.

En pocas palabras, las fronteras electorales, que delimitan a los más decididos y politizados, han variado poco en los 10 meses de retorno del masismo al poder. La crispación y el debate histérico que alientan algunos medios han logrado ratificar las polarizaciones básicas, pero no parecen haber fracturado los bloques políticos ya establecidos en estos más de dos años de confrontación. Mucho ruido y pocas nueces, la verdad, en términos de cambios en las percepciones globales sobre el desempeño del Gobierno y al aprecio por el MAS.

Lo más interesante para mí es la persistencia de casi un cuarto de ciudadanos que no se pronuncian a favor o en contra del oficialismo, pero no únicamente en esa cuestión, sino también en otras muy presentes en el debate político, por ejemplo, con relación a la cuestión de fraude-golpe. Son indiferentes casi perfectos, ni siquiera neutrales o indecisos, más bien despolitizados, ocupados de sus cosas. Estos personajes aparecen en todas las clases sociales, localidades y regiones, aunque son algo más numerosos entre los segmentos medios emergentes urbanos y en los que viven en la gran conurbación cruceña.

A ratos, parecería que el oficialismo y la oposición han renunciado a ir más allá de sus espacios de comodidad, no quieren seducir, les cuesta entender a lo que es diferente a las ideas que se hacen sobre la sociedad que los rodea, parecen no pretender siquiera construir un atisbo de hegemonía, como lo supo hacer el masismo entre 2009 y 2015. Obviamente, se puede gobernar con una mayoría relativa y un montón de indiferentes que no le tiran pelota a nadie en el corto plazo, pero sospecho que es insuficiente para sostener un proyecto político y de desarrollo más ambicioso, y que no está exento de riesgos si se desata una crisis imprevista. Al tiempo, veremos.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

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Después del informe

/ 28 de agosto de 2021 / 02:34

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019 debería ser un parteaguas en la reflexión nacional sobre el estado de los derechos humanos y la convivencia social. Sus conclusiones no desaparecerán y tendrán impactos significativos en la dinámica política en el mediano plazo.

Quiero empezar manifestando mi molestia por la manera como este documento está siendo utilizado y discutido por parte de las dirigencias políticas y mediáticas. Demasiado rápido, el aspecto más relevante e histórico de este esfuerzo está pasando a segundo plano opacado por el tacticismo politiquero, la manipulación burda y la hipocresía a la enésima potencia.

El reporte es una imagen dolorosa de violaciones de derechos humanos en una escala intolerable para cualquier democracia. Contiene evidencias, difícilmente rebatibles, de que se produjeron “masacres” y “ejecuciones sumarias” por parte de fuerzas policiales y militares estatales. Aquí ya no hay “narrativa” que valga y hay que ser sinvergüenza para tapar, minimizar o manipular el sufrimiento de decenas de familias que deberían obtener una disculpa del Estado, de los políticos y motivar un esfuerzo colectivo para sancionar y reparar esas indignidades. De eso había que hablar primero, dejando claro que la convivencia no puede construirse sobre la impunidad y la evasión de responsabilidades.

Pese a la obscena manipulación que se observa en algunos comentaristas, medios y políticos, me parece que en el mediano plazo no lograrán tapar el sol con un par de portadas de periódico hipócritas. La fuerza del informe está en la tragedia que nos cuenta y certifica, y que, mal les pese, seguirá apareciendo en el espíritu de las mayorías sociales mientras no haya justicia. Por eso, la política no saldrá indemne de este hito y los políticos deberían pensar la cosa dos veces y encararla con seriedad e inteligencia.

Las oposiciones corren el riesgo, desde mi punto de vista, de profundizar su inviabilidad con su persistente asociación con Áñez y sus acólitos, asumiendo durablemente una identidad manchada por la corrupción, el clasismo, el racismo y la violación de derechos humanos. Porque no hay que engañarse, los atropellos y delitos del gobierno de la senadora beniana son nomás, guste o no, el centro del reporte del GIEI. Por tanto, tarde o temprano, en jurisdicción nacional o internacional esas responsabilidades deberán ser dilucidadas y el rey aparecerá en toda su sórdida desnudez. En consecuencia, difícilmente un proyecto de centro derecha liberal con alguna pretensión popular podrá ser creíble si esa asociación emotiva se consolida en los espíritus de las mayorías. Se quedarán con su 25% de recalcitrantes.

Tampoco me parece que las cuentas oficialistas sean tan fáciles. No basta con subirse en la ola del desprestigio de la derecha, imponer la “narrativa” es insuficiente, sobre todo si sus métodos de comunicación y persuasión son tan desprolijos. El masismo es gobierno, se le exige justicia, pero también que construya previsibilidad y certidumbre. La gente requiere horizontes, tranquilidad y saber a dónde va y cómo acabarán las cosas. El vértigo permanente no es buen negocio para ningún oficialismo.

Cumplir los mandatos del GIEI exige, por lo tanto, un diseño político y comunicacional ordenado, un proceso con reglas ciertas, tiempos claros y con un cierre razonable. Implica articular secuencias y tiempos, por ejemplo, de una ineludible reforma de la justicia, de juicios de responsabilidades con mayorías legislativas y de una pedagogía permanente sobre sus razones.

Por lo pronto, el Gobierno aparece empantanado en un manejo reactivo, como el mago que abrió la marmita, desatando los demonios y que espera que ésta se cierre por inercia después de comerse a sus adversarios. Cuidado que esos fantasmas e incertidumbres terminen también comiéndose al ingenuo aprendiz de brujo. La amenaza fantasma para los azules no es la decrépita y esperpéntica oposición sino la fatiga social y la tentación antipolítica, sobre todo si las dirigencias no parecen resolver bien ni siquiera algo tan dramático como las heridas de 2019.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

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Fatigados

/ 14 de agosto de 2021 / 02:26

El país necesita esclarecer la verdad histórica acerca de la crisis política de 2019-2020 y sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos que se produjeron en esos años. Esa tarea tendría que realizarse con madurez, pedagogía y con una acción institucional sobria, eficaz y respetuosa del debido proceso. Entendiendo, además, que es uno de los componentes de una agenda más amplia de problemas públicos que la política debe tratar.

En amplios segmentos de la población empieza a aparecer una preocupante desconexión, confusión e incluso cierta fatiga por el giro que está tomando el debate en torno a la cuestión de si hubo fraude electoral o un golpe durante la crisis de 2019.

Debo aclarar que considero que la pretensión de algunos de olvidar lo que sucedió en esos días aciagos no solo es injusta sino imposible. Tampoco se pueden evadir las graves violaciones de derechos humanos y excesos que se cometieron, con particular intensidad en el gobierno de Áñez, nada los justifica. Su investigación, sanción y reparación son una obligación moral y política del Estado.

En síntesis, la dimensión sociopolítica y sentimental de lo que pasó en 2019-2020 fue tan grande que sería un error evitar su discusión en nombre de una reconciliación improbable, que, en todo caso, no será viable si unos y otros no escuchan lo que sus adversarios sufrieron, sintieron o percibieron en medio del conflicto. Ejercicio naturalmente polémico, contradictorio y hasta doloroso.

Estas eran cuestiones que iban a emerger, tarde o temprano, en la agenda política. Pensar lo contrario, fue una gran ingenuidad. La cuestión crítica era la manera como ese proceso se iba a desarrollar y resolver. Los peligros que acechaban en esa ruta tampoco eran desconocidos: las debilidades de nuestro incorregible sistema judicial, las desatadas pasiones de los radicales, la simplificación que fomentan cotidianamente redes sociales y medios partidizados y nuestro gusto por un discurso plagado de excesos verbales.

A meses de iniciado el debate, el panorama no es el mejor, los peligros descritos han aparecido en mayor o menor grado, reforzados, además, por una secuencia de eventos que aturde. Entre revelaciones varias, sucesos imprevistos, reportes de toda laya, idas y venidas de voceros esforzados en imponer “sus narrativas”, operaciones mediáticas de desinformación e instrumentalizaciones diversas, se hace cada vez más difícil al ciudadano común ubicarse en el embrollo. Se instala poco a poco la duda.

Por si esto no fuera poco, todo se está produciendo en un momento en el que la pandemia persiste en sembrar incertidumbre y en el que las angustias cotidianas sobre aspectos prácticos de la vida siguen siendo intensas. Es, en consecuencia, comprensible el aburrimiento o la irritación de muchos frente a una imagen mediática de una política y una élite dirigente que parece obsesionada en un monotema, el cual está además resultando ilegible y alejado de las preocupaciones mayoritarias debido a la confusión y exhibicionismo con el que está siendo discutido y tratado.

Si estos sentimientos se instalan durablemente, no únicamente se habrá erosionado la confianza en toda la clase política y el Gobierno, sino se habrá debilitado la oportunidad para construir el imprescindible consenso histórico y diálogo sobre lo que nos pasó como sociedad en 2019-2020.

No se trata de dejar de debatir la cuestión del fraude-golpe o tapar los delitos de los violadores de derechos humanos, sino recuperar algo de la prudencia, la pedagogía y la empatía que el discurso público parece haber olvidado en el fragor de la polarización, alentar un funcionamiento razonable de la justicia y sus operadores, y obviamente atribuirle similar pasión y movilización a las preocupaciones prácticas de los bolivianos y bolivianas de a pie, que, a ratos, se sienten atrapados en una crisis sin salida.

La cosa se pondrá fregada cuando la gente se canse de esperar, se hastíe del espectáculo y llegue a la conclusión de que la culpa de ese malestar no es la pandemia, sino sus dirigencias insensibles. Estamos, creo, a tiempo de evitarlo.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

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La política de la ‘nueva normalidad’

/ 31 de julio de 2021 / 01:36

Las condiciones globales y locales para el funcionamiento de la economía se han modificado sustantivamente en estos años de crisis. Frente a una transformación socioeconómica que será inevitable, estamos ante dos desafíos, precisar los contornos de una nueva agenda de crecimiento y distribución y construir una arquitectura política realista que la viabilice.

Por encima del furor de una coyuntura política nacional saturada por la obsesión por lo episódico, el planeta se está internando en un incierto mundo pospandémico caracterizado por una economía en los albores de una gran mutación y sociedades dislocadas por la pandemia y otras rupturas ambientales y tecnológicas.

Lo que viene no es menor, se trata de gestionar la conjunción de, al menos, dos grandes fuerzas de cambio: la transición a una economía digitalizada y basada en otra matriz de energías, y la persistencia en el largo plazo de los impactos sociales y psicológicos de una catástrofe sanitaria mundial de la que aún no hemos salido del todo.

El auge de la movilidad y de los dispositivos basados en energía eléctrica, la adaptación al cambio climático, la masificación de la digitalización, el retorno de la intervención del Estado en la economía incluso en los países liberales, la expansión de la deuda y el crédito público, el surgimiento de nuevas desigualdades, la coexistencia contradictoria de un renovado soberanismo y la cooperación multilateral para enfrentar males universales, la urgencia de impulsar una economía de servicios sanitarios, educativos y de protección, y un largo etcétera de fenómenos, son algunos de los síntomas de esta evolución.

Los desafíos de adaptación para un país periférico como Bolivia son enormes, no escaparemos a esos cambios, tendremos que decidir si deseamos y/o podemos participar de ellos con algo de autonomía y sentido estratégico: ¿Cuáles serán los sectores, viejos y nuevos, que impulsarán un crecimiento que sustente la redistribución social y modernización infraestructural? ¿Cómo renovar nuestro vital sector extractivo, pensando en que habrá grandes oportunidades para su desarrollo pero que, al mismo tiempo, se deberá considerar sus impactos medioambientales? ¿De qué manera evitaremos la catástrofe en capacidades humanas y desigualdades que implica el cuasi parón de dos años de los sistemas educativos? ¿Cómo prepararse para la próxima pandemia?

Si de por sí, esa agenda es terriblemente desafiante, intelectual y prácticamente. La cuestión política complica aún más la ecuación pues ninguno de esos problemas se resolverá sin la emergencia de un consenso ideológico básico acerca de los contenidos de esas nuevas políticas, de alianzas sociales que las sostengan y de una mínima eficacia y eficiencia burocrática en el Estado para hacerlas realidad.

No voy a cometer la ingenuidad de reclamar un fantasmagórico diálogo o consenso nacional para estas tareas que logre componer a todas las diferencias existentes en la plurinación, me conformo con la constitución de una masa crítica de ideas que puedan seducir a una mayoría suficiente de la sociedad para impulsar esas transformaciones, sostenerlas políticamente y mitigar los seguros conflictos que traerá su despliegue.

El actual Gobierno será el primero que deberá encarar esta nueva etapa, su tarea es lograr que el cohete despegue. No basta pues con reactivar el viejo aparato productivo y mitigar la pobreza y desigualdad que trajo la crisis, aunque sin eso todo lo otro será una ficción, sino poner las bases de una renovación sustantiva del manejo económico y la política social. Se cuenta con activos que ayudan, su capacidad de contener a las mayorías sociales del país, la modernización reciente de la economía y la sociedad que lideró, su nacionalismo económico que parece coherente con el mundo multipolar en que vivimos, pero hay otras cosas que tendrá que (re)inventar, empezando por la coalición interna de actores sociales y económicos y la red de relaciones exteriores que deberían sostener estos esfuerzos, las cuales sospecho que deberán ser mucho más plurales y sofisticadas que la que sostuvieron el modelo neodesarrollista en los últimos 14 años.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

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