Voces

lunes 25 oct 2021 | Actualizado a 04:21

Paro cívico, un atentado a la economía familiar

/ 11 de octubre de 2021 / 01:06

Mientras la economía boliviana va recuperándose y las familias bolivianas se esfuerzan diariamente por salir adelante y dejar atrás la crítica situación que el país vivió en 2020, un grupo de cívicos, políticos de oposición y algunos sectores amenazan con realizar un paro cívico este lunes 11 de octubre, que significa un completo atentado a la recuperación de la economía boliviana y, en particular, a la economía de los hogares.

La convocatoria al paro, que supuestamente pretende defender los derechos de la población, ha demostrado ser política. Por un lado, porque la propuesta del Gobierno nacional de la Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o No Convencionales, contra la cual se estarían movilizando, tiene únicamente fines de regular actividades ilícitas en el país y no vulnera los derechos constitucionales de la población, los cuales están garantizados.

Por otro lado, el tratamiento del proyecto de norma que se estaba realizando en la Asamblea Legislativa Plurinacional en pasadas semanas fue puesto en pausa y claramente el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, manifestó la apertura a recibir observaciones y sugerencias. De igual forma, las autoridades del Gobierno han estado socializando la medida y aclarando las dudas sobre la misma en varios departamentos del país y a diferentes sectores.

Por lo mismo, si hay intenciones constructivas en el rechazo a la norma, sería sensato de parte de los sectores movilizados remitir sus observaciones y consultas sobre la misma, y contribuir en este proceso, y no insistir en la paralización del país que lo único que logrará es una fuerte afectación en la economía, y no solo en los sectores movilizados sino fundamentalmente en la población más vulnerable, la que vive del día a día.

En efecto, un día de paro genera para el país una pérdida potencial de aproximadamente $us 112 millones — con los departamentos de Santa Cruz y La Paz como los más afectados, con una pérdida de más de $us 30 millones cada uno— y un serio impacto en las actividades de transporte, comercio, restaurantes, turismo, establecimientos financieros, otros servicios y la actividad productiva.

El mayor impacto del paro, no obstante, se evidenciaría en la economía de los hogares bolivianos más vulnerables; en aquellos sectores de cuentapropistas, vivanderos, comerciantes, entre otros; en la población que día a día lleva el sustento a su hogar y que por un día no trabajado se vería impedida de atender las necesidades básicas de sus familias.

Por lo tanto, querer realizar un paro en pleno proceso de reconstrucción de la economía, de lucha de los hogares por salir adelante y de las diferentes actividades por reactivarse, es un atentado contra el país, contra la economía nacional y contra la población que depende de sus ingresos diarios. El paro no tiene justificación y solo muestra fines políticos de grupos que han estado generando confusión y desinformación en la población, y que aprovechan este elemento para conseguir adeptos a sus intereses que son visiblemente políticos, y generar así una dura afrenta al proceso de recuperación económica y a las familias bolivianas.

Claudia Ramos es economista.

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La reconstrucción de la economía avanza

/ 25 de octubre de 2021 / 02:23

La economía boliviana continúa recuperándose, y uno de los principales indicadores que respaldan dicho avance es el repunte del nivel de ocupación urbana en el país, que entre agosto de 2020 y agosto de este año se incrementó en 917.225 bolivianos y bolivianas adicionales que tienen una fuente de empleo y generan ingresos. Estos resultados son innegables, contrariamente a lo que esperarían críticos a los indicadores de recuperación de la economía, como Gabriel Espinoza, que en una reciente publicación en redes sociales nuevamente arremete, esta vez contra las cifras de los avances en el ámbito laboral, con argumentos que no tienen validez técnica e insinuaciones de “manipulación de datos” y “desesperación” del Gobierno, que son completamente falsas.

Al margen de varias imprecisiones en el manejo de cifras y comparación de periodos por parte de Espinoza, el error fundamental de su razonamiento radica en intentar sumar el ascenso de la población ocupada y la tasa de desempleo, con el cual concluye un supuesto nivel de desocupación de alrededor de 22% el año anterior e insinúa que la cifra de incremento de la población ocupada señalada por el Gobierno no es cierta. Este planteamiento es técnicamente incorrecto.

Primero, es importante precisar la forma de cálculo de la tasa de desempleo, que corresponde al ratio entre la población desocupada y la Población Económicamente Activa (PEA), que en agosto llegó a 6,5%. Así, el resto, 93,5%, corresponde a la población ocupada. Es esta población ocupada la que mostró un incremento de 917.225 personas entre agosto de 2020 y agosto de 2021, desde 3.288.419 personas hasta 4.205.644, como se puede apreciar en las cifras del INE y que son de fácil acceso a la población a través de la página web de la institución. Así, añadir la proporción del incremento de ocupados a la tasa de desempleo no tiene lugar.

Una de las formas más precisas de ver esta relación sería, por ejemplo, calcular la diferencia de la proporción de la población ocupada respecto a la PEA en agosto de 2021 respecto a aquella en el mismo mes de 2020, que registra un ascenso de 4 puntos porcentuales, el cual está en línea con el descenso en los mismos 4 puntos porcentuales de la tasa de desocupación en el periodo mencionado.

El incremento de la población ocupada urbana en el país es evidente y varios sectores están mostrando esta recuperación. Por ejemplo, en el rubro de la industria manufacturera la ocupación creció en 28%, en el sector de comercio en 39%, en la construcción en 24%, en la actividad de alojamiento y servicio de comidas en 35% y en el sector de transporte en 17%. Igualmente, la tasa de desempleo se redujo desde el 11,6% que había alcanzado en julio de 2020 hasta 6,5% en agosto de este año, un significativo descenso.

A este resultado se suman muchos otros, como el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 9,4% en el primer semestre del año en relación al mismo periodo de 2020; el ascenso de la recaudación tributaria en 17% a septiembre, con un importante repunte de las recaudaciones del IVA mercado interno que crecieron en 32%, reflejo del dinamismo de la actividad económica interna; el crecimiento de las operaciones del sistema financiero, con el ahorro que ascendió interanualmente en 8% a septiembre y que muestra la recuperación de la capacidad de generación de ahorro e ingresos de la población, y la mejora de los créditos; entre otros, que configuran los resultados del proceso de recuperación que actualmente vive la economía, y que son innegables, a pesar de voces que al parecer preferirían, por posiciones políticas, que el país no se recuperara.

Claudia Ramos es economista.

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¿Responsables del ‘zafarrancho económico’?

Desde noviembre de 2019 el gobierno transitorio intentó desmontar el modelo dando como paso inicial la paralización de la inversión pública, una variable fundamental para dinamizar la economía.

/ 18 de diciembre de 2020 / 03:39

A poco más de un mes de haber recibido el país, el Gobierno nacional está realizando una serie de acciones encaminadas a la reactivación de la economía y al restablecimiento del modelo económico aplicado desde 2006, que fue interrumpido abruptamente en noviembre de 2019 y que significó el retroceso de los logros económicos y sociales que el país había alcanzado hasta ese momento, profundizándose aún más con el arribo de la pandemia.

En efecto, es importante recordar que desde 2006 el país aplicó el Modelo Económico Social Comunitario Productivo que permitió alcanzar logros económicos y sociales históricos. Durante este periodo el país registró un crecimiento sostenido de la economía —dinamizado por la demanda interna— y otros indicadores positivos que se tradujeron finalmente en avances sociales incuestionables como la reducción de la pobreza y la desigualdad, y la mejora de la calidad de vida de las y los bolivianos.

Este periodo no fue resultado total de un “súper ciclo” de precios de las materias primas como frecuentemente señalan los detractores del modelo como Carlos Jahnsen en un artículo de opinión. El positivo desempeño de las variables fue resultado del modelo y las políticas económicas y sociales aplicadas que permitieron aprovechar el favorable panorama de precios y aminorar el impacto en tiempos de contexto internacional adverso; efectivamente, aún en periodos de caída de precios internacionales la economía boliviana continuó creciendo y se posicionó por varias gestiones como la de mayor expansión en la región.

La situación actual de la economía boliviana, con variables deterioradas, como la contracción del PIB de 11% en el primer semestre y el elevado desempleo, son un resultado combinado del cambio de modelo y de la irrupción de la pandemia. Desde noviembre de 2019 el gobierno transitorio intentó desmontar el modelo dando como paso inicial la paralización de la inversión pública, una variable fundamental para dinamizar la economía. La economía ya estaba débil antes de la pandemia, en el primer trimestre de 2020 el PIB apenas creció en 0,6%, con un sector de la construcción que cayó en 20% y las demás actividades con bajo crecimiento. Obviamente la situación empeoró con la cuarentena total desde mediados de marzo y el crecimiento experimentó un retroceso histórico de 22% en el segundo trimestre y el consiguiente deterioro dramático de otras variables económicas.

Es preciso destacar también que los argumentos de “despilfarro del MAS” en el que tanto insistió el gobierno transitorio y sus seguidores, y que no lograron probar, y en el que aún insiste Jahnsen, no tienen justificación. El déficit fiscal observado en los últimos años del modelo fue resultado de la inversión pública, que se constituyó en uno de los impulsores del crecimiento. En este periodo se registraron superávits corrientes.

Sin duda, este año fue uno de los peores que ha vivido la economía y la población boliviana, azotadas no solo por la pandemia sino también por las acciones y omisiones de un gobierno de transición que intentó desmontar un modelo que había mostrado su efectividad en superar contextos externos desfavorables. Obviamente, la pandemia habría impactado en las actividades económicas, pero también se habrían aplicado medidas coherentes para su contención. La tarea está ahí, y ahora el nuevo Gobierno se encamina a restablecer el modelo y reactivar la economía, y de esta forma restablecer las condiciones de vida de la población boliviana.

Claudia Ramos es economista.

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