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lunes 25 oct 2021 | Actualizado a 04:14

La sempiterna bruma del mar

/ 14 de octubre de 2021 / 00:59

Hace tres años, la Corte Internacional de Justicia rechazó la pretensión boliviana de establecer la existencia de una obligación de negociar un acceso soberano al mar con Chile. Tesis jurídica que emergió como el resultado de más de 100 años de negociaciones, encuentros y promesas de reparación incumplidas por La Moneda y que de acuerdo con la opinión de eminentes juristas internacionales podía convertir a los Estados en fideicomisarios de la paz y desarrollo conjunto (Eyal Benvenesti), facilitar la solución de controversias de larga data (Karel Wellens) e incluso servir como un modelo de paz para la solución de temas complejos como las cuestiones de Gibraltar, Malvinas, Palestina y el Tíbet.

Incluso en 2014, nuestra demanda inspiró a otro Estado —las Islas Marshall— a presentar una demanda contra las ocho potencias nucleares del mundo, demandando la “obligación de negociar” el desarme nuclear basada en el Tratado de No Proliferación. No obstante, ambas demandas fueron rechazadas, sufrieron la apoteósica profecía de Tucídides: “Los fuertes hacen lo que quieren y los débiles sufren lo que deben”, ya que ambas pretensiones osaron tocar la médula espinal que rige las relaciones internacionales: el status quo.

No obstante, este esfuerzo histórico se constituyó en una fuerza centrípeta que logró cohesionar a todos los estratos sociales y políticos de Bolivia en torno a una nueva posibilidad, tal y como desde 1879 varias generaciones lo intentaron. Quizás aún más importante, la actual generación entendió que la cuestión de la “reivindicación” no debe basarse en ningún sentimiento revanchista o patriotero, sino en la incuestionable evidencia científica sobre su impacto negativo en el comercio y desarrollo de nuestro país. Así, Bolivia debe convertirse en el líder y portavoz de los más de 40 países que no poseen acceso al mar y sufren la pérdida de su crecimiento económico (entre 1 y 2 puntos porcentuales por año), la reducción a más de la mitad de su competitividad en el comercio internacional (por los altos costos de fletes, tarifas y servicios portuarios) y que también son privados de su acceso a los recursos naturales del Alta Mar, zona que según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es “Patrimonio Común de la Humanidad”.

Cruzada que asimismo nos permitió reconstruir la memoria histórica de nuestra demanda, establecer una institucionalidad especializada de defensa legal del Estado (inexistente hasta ese entonces) e identificar varios ejes estratégicos para la Nueva Política Marítima boliviana, es decir: el corredor bioceánico, la apertura de nuevas rutas para el comercio boliviano, la creación de un foro multilateral para proteger los derechos de los Estados sin litoral, la aplicación de otros mecanismos de solución de controversias para cumplir el párrafo 176 de la sentencia de 2018 y lograr el cumplimiento efectivo de los derechos del Tratado de 1904, hoy devaluados por La Moneda.

Por supuesto, la derrota del 1 de octubre debe asumirse con humildad e hidalguía y no soslayar que hubo desaciertos, pero al mismo tiempo también con esperanza, sabiendo que esta oportunidad nos permitió abrir un nuevo ciclo para estrategias pragmáticas, creativas y ambiciosas.

Franz Zubieta Mariscal es abogado especialista en Derecho Internacional.

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El poder catártico de la demanda boliviana

Los gobernantes de Chile terminarán dándose cuenta de que el reconocimiento moral y jurídico de la realidad es inevitable, que Bolivia goza de un derecho innegable a su reencuentro soberano con el mar.

/ 23 de abril de 2017 / 04:00

Desde el punto de vista de la psicología, la catarsis es un proceso de liberación o purificación de las emociones negativas que subyacen reprimidas en el inconsciente; proceso liberador que es logrado gracias a revivir y aceptar eventos traumáticos, permitiendo su confrontación a fin de solucionarlos conscientemente. Sin duda, la demanda marítima presentada por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (“la Corte”) posee un poder catártico sobre el Gobierno de Chile que inevitablemente debe confrontar el trauma irresuelto emergente de su invasión en 1879, superar su negación de las deudas pendientes hacia Bolivia y así, finalmente, reconocer y cumplir sus promesas gracias a la asistencia terapéutica de la Corte. En este camino de reencuentro con la verdad y la justicia, el Gobierno de Chile transita por cuatro fases.

La primera fase puede ser caracterizada como un negacionismo escéptico acompañado de un exceso de confianza. Así, ante el anuncio del presidente Evo Morales de acudir ante tribunales internacionales, la administración chilena respondió incontinente que entre ambos países “no existen asuntos territoriales pendientes. Ellos quedaron definitivamente resueltos por el Tratado de Paz y Amistad de 1904” (Sebastián Piñera, 2011); rechazo que fue acompañado de un menosprecio a nuestros fundamentos legales calificados de “interpretación legal equivocada” (Piñera, 2013), incluso llegando a afirmarse que si Bolivia tomaba este camino iba a “sufrir las consecuencias” (canciller Alfredo Moreno, 2011), lo que hoy ciertamente es incuestionable.

No obstante, con la emisión de la sentencia de la Corte en septiembre de 2015, el Gobierno de Chile ingresó a una segunda fase de introspección reveladora caracterizada por un baño frío de realidad y una desarticulación de su discurso defensivo. Este “baño” se dio gracias a la sentencia de la Corte que juzgó y declaró que (a) “Bolivia tenía una costa sobre el océano Pacífico, que tenía una extensión de varios cientos de kilómetros”, (b) que “Chile ocupó el territorio costero de Bolivia” y (c), fundamentalmente, que “las disposiciones del Tratado de Paz de 1904 (…) no hacen referencia expresa ni tácita de la cuestión de una obligación de Chile de negociar con Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico. En consecuencia, la Corte considera que los asuntos en litigio no se encuentran “resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional” ni “regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto [Pacto de Bogotá]”. Afirmaciones del más Alto Tribunal Mundial que desarmaron los mitos creados por la historiografía chilena, desmontaron su discurso oficial y que echaron por el suelo “la convicción de que la demanda boliviana carece de toda base” (Michelle Bachelet, 2015). Como consecuencia, el escudo de defensa chileno ante la demanda boliviana se cayó a pedazos; porque ya no es creíble que “el Tratado de 1904 resolvió todas las cuestiones” (Heraldo Muñoz, 2015) entre ambos países.

Dada la evidencia histórica y jurídica establecida por la Corte y la desnudada pobreza argumentativa del equipo chileno, desde aquel entonces y hasta el día de hoy el Gobierno de Chile ingresó a una tercera fase de nerviosismo y ataques espasmódicos de agresión. Lo que es claramente comprobado por las declaraciones destempladas y contradictorias de su altas autoridades, y esencialmente por su estrategia de defensa retorsiva hacia Bolivia al haber perdido base legal en el caso.

Esto último queda demostrado por la asfixia comercial que sufre el comercio exterior boliviano por pasos fronterizos y puertos chilenos que continuamente son bloqueados ante la inacción estatal de aquel país, por la denuncia de convenios bilaterales para la exención de visas de autoridades de Bolivia en sus viajes a Chile y, recientemente, por la detención ilegal y contraria al derecho internacional de nueve servidores del Estado que se encontraban reprimiendo el delito transnacional del contrabando. Medidas que se encuentran al “margen del orden internacional, del orden legal que rige las relaciones entre Estados democráticos y soberanos” (Álvaro García, 2016) y que lamentablemente están teñidas de actos de discriminación fundados en razón de nacionalidad.

No obstante, este proceso catártico deberá concluir tarde o temprano en una fase final epifánica que en último término obligará a los gobernantes de Chile a darse cuenta de que el reconocimiento moral y jurídico de la realidad es inevitable, que Bolivia goza de un derecho innegable a su reencuentro soberano con el mar y que al resolver nuestra histórica demanda, ambas naciones ingresarán a una nueva era de paz, integración y amistad perpetua.

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