El Observatorio de Justicia Fiscal, conformado por diversas organizaciones de mujeres, ha presentado la semana pasada el Ranking de Inversión, Igualdad y Equidad de Género de la gestión 2020. Esta herramienta que se desarrolla desde 2015 es un ejercicio anual que realizan las organizaciones de mujeres para visibilizar la inversión pública en los gobiernos municipales y así identificar cómo los discursos, que suelen ser muy emotivos el día de la mujer, se transforman en decisiones concretas para el cumplimiento de sus derechos.
El ranking clasifica a los 339 Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) como resultado del análisis y medición de presupuestos ejecutados, en base a la información proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y corresponde a los datos presentados por los gobiernos municipales tanto en su planificación como en su ejecución real. No se mide lo invertido en mujeres, como muchos creen, sino cuatro categorías estratégicas para avanzar en el cierre de brechas de desigualdad: inversión en cuidado de la familia y reproducción de la fuerza de trabajo; inversión que promueva cambios estructurales en el sistema patriarcal; inversión en la atención, prevención y protección contra la violencia de género; e inversión en la autonomía económica de las mujeres.
Un primer dato significativo del informe revela la caída de forma sostenida de toda la inversión pública desde 2016. Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la inversión pública cayó de un máximo $us 5.065 millones en 2016 a solo $us 1.784 millones en 2020. La inversión social de igual forma se redujo de $us 1.192 millones en 2016 a $us 711 millones en 2020.
Un segundo dato desalentador es que 2020 presenta una caída histórica de la inversión en equidad. Entre 2016 y 2019, más del 50% de los municipios tuvieron un desempeño bueno en su inversión de género, llegando al 3% de su presupuesto total; y esto ocurría incluso con la caída general en la inversión pública. El mejor año fue 2018, cuando el 61,8% de los municipios tuvo un comportamiento por lo menos aceptable. Sin embargo, en 2020, con los problemas relacionados con la pandemia del COVID- 19 y una menor programación presupuestaria en el tema, solo 21% de los municipios fueron calificados con una inversión aceptable. Es decir, en 2020 el 79% de los municipios registró una inversión municipal menor a 3% del total. El peor nivel observado en los últimos años.
Pero vale la pena destacar las desviaciones positivas. A pesar de todas las restricciones presupuestarias, la pandemia y los conflictos políticos que afectaron el desempeño administrativo municipal, algunas autoridades municipales de San Joaquín (Beni), Caquiaviri (La Paz) GAIOC de la Nación Uru Chipaya (Oruro), Pojo (Cochabamba) y Soracachi (Oruro) tuvieron un desempeño destacado invirtiendo más de 10% de su presupuesto en equidad.
En el otro extremo encontramos a las grandes ciudades como Cochabamba (1,26%), La Paz (1,23), y la peor, Santa Cruz (0,79) con indicadores muy por debajo de la media nacional que este año se ubica en 1,55%. Por encima de la media encontramos a las ciudades de El Alto (2,13), Tarija (2,38) y Sucre (2,28), aunque ninguna cercana al 3%, que era lo esperado hasta 2019.
Sin duda se trata de una fotografía muy desalentadora. Sobre todo, si constatamos que otras partidas presupuestarias se han mantenido estables, y más bien la que ha sufrido reducciones tiene que ver con una disminución de los ya escasos recursos destinados a la equidad. Seguramente las organizaciones de mujeres, muchas de ellas actualmente parte de los concejos municipales, deben expresar su protesta para evitar que la crisis agrave los nudos estructurales de la desigualdad de género en Bolivia.
Lourdes Montero es cientista social.